Por Jorge Rivas *
Alrededor de 16 millones de
personas, lo que equivale a unos 4 millones de familias, carecen de una
vivienda digna en la Argentina, y son demasiado numerosas las que viven en
terrenos sobre los que no tienen títulos legalmente válidos. El artículo 14 bis
de nuestra Constitución Nacional, sin embargo, establece que el Estado debe
garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una
vivienda digna.
No tenemos dudas acerca de que el
actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales
sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas
otras carencias de las clases más desprotegidas. Es por eso que quienes
integramos “Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la
tierra, la vivienda y el hábitat”, un espacio plural en el que hemos confluido
legisladores, académicos y organizaciones sociales, hemos querido aportar una
herramienta más para avanzar en este problema específico.
No otra cosa es el proyecto de
ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se
declare la emergencia habitacional de villas y asentamientos poblacionales y se
ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a
promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del
país.
El proyecto caracteriza a las
villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana
donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con
alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han
sido construidas con materiales precarios o de desecho y la precaria
infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.
Los asentamientos, por su parte,
se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser
regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre
tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas
y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos
para plazas y otros equipamientos y se han ido incorporando paulatinamente
redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del
Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra y convertirse en propietarios.
En las villas y asentamientos, el
crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo
crónico y la precariedad laboral completan un escenario que plantea
dificultades de difícil solución. Es a sus habitantes a quienes se postula como
destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.
Como requisito previo a la
regularización, los que aspiren a ella deberán acreditar la posesión pública,
pacífica y continua, durante al menos tres años de los inmuebles o fracción de
inmuebles de que se trate, que además deberán tener como destino principal el
de casa habitación única y permanente o constituir una unidad productiva
familiar.
La gestión y presencia del Estado
en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones
provinciales y municipales, constituyen un objetivo central de nuestra
propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover
instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las
distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser
parte de la solución del problema e intervenir activamente en el mejoramiento
de su barrio.
Estamos convencidos de que tanto
la falta de información pública acerca de estos temas como la carencia de los
recursos e instrumentos necesarios para enfrentar los procesos establecidos por
el orden jurídico actual privan a la población afectada de la posibilidad de
acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una
vivienda digna. Es por eso que el Estado, con políticas activas, debe
investigar, proponer y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles.
Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las
desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional,
popular y democrático no queremos renunciar.
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