POLÍTICA HABITACIONAL | ASENTAMIENTOS
Miles de familias deben pasar de villas a barrios
Domingo 12 de Febrero de 2012 | Según datos oficiales, 3.300
grupos familiares del Gran San Miguel de Tucumán deben ser reubicados por el
Instituto de la Vivienda. El Estado prevé invertir este año más de $150
millones en las zonas vulnerables. Usurpaciones que complican todo.
Empujados por la pobreza o envalentonados por punteros
políticos. Con lo puesto o con lo poco que tenían, se instalaron donde
pudieron. Alzaron sus hogares amontonando chapas, plásticos, cartones o -en el
caso de los más afortunados- ladrillos. Años después, sus decisiones les
costaron, y también al Estado. Según datos oficiales, en el Gran San Miguel de
Tucumán hay al menos unas 3.300 familias que deben ser reubicadas porque se
asentaron en terrenos en los que no pueden permanecer. El hacinamiento, la
inundabilidad, la propiedad privada y la cercanía con las vías del tren son
algunos de los factores que convierten a las mudanzas en las únicas opciones.
El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano
(Ipvdu) implementa dos programas para trasladar a los grupos familiares hacia
barrios nuevos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Si bien los
asentamientos son dinámicos, estima que los que ya están relevados pueden
erradicarse durante los próximos 15 años.
Costoso y complejo
Las 40 manchas de colores en el plano que exhibe el titular
del Ipvdu, Gustavo Durán, muestran los puntos donde proliferaron villas de
emergencia en terrenos usurpados. La mayoría de ellas se ubica en la capital.
"Si bien el mapa no es exacto, es una aproximación cercana a la
realidad", advierte Durán al explicar que el relevamiento les llevó más de
seis meses y contó con la colaboración del municipio capitalino. En el esquema
también sobresalen puntos rosas, que marcan los asentamientos en propiedades
fiscales, dado que de las 3.300 familias, 2.842 habitan en terrenos del Estado.
Los lugares más codiciados son márgenes de ríos y canales y las orillas de las
vías del ferrocarril. Mientras que unos señaladores de color naranja marcan las
465 que se encuentran en propiedades de particulares.
"La verdadera política habitacional es mejorarles la
vida. En algunos lugares es imposible que se queden porque los terrenos son
privados y la situación está judicializada. En cualquier momento puede salir un
desalojo ¿Por qué no anticiparnos a la problemática?", manifiesta.
El funcionario cataloga a la reubicación de los
asentamientos como una tarea sumamente compleja: es costosa e implica un intrincado
trabajo social. "La gente siempre se resiste a abandonar sus casas. Hasta
que la llevamos a ver las nuevas, y cuando aprecian cómo va quedando el barrio,
se van convenciendo. También se hace un acompañamiento tras el traslado. Hay
vecinos de los barrios de destino que, en ocasiones, los rechazan, pero con el
tiempo tratamos de que se conviva en armonía", describe conforme. Las
casas que se les asignan cuentan con todos los servicios y son pagadas por los
programas habitacionales. Es decir que las familias reubicadas no deben
pagarlas. "Es difícil explicarle al resto de la gente que a ellos no les
cuesta nada. Pero es gente que realmente no puede afrontar una cuota. Se trata,
en su mayoría, de desocupados o indigentes", consigna.
Prevenir, antes que curar
Durán advierte que la prioridad en políticas habitacionales
para los próximos años será invertir en los sitios donde hay mayor déficit.
"No ganamos nada con hacer miles de viviendas si no atacamos el déficit y
la necesidad. Hay que estudiar, con la misma plata, dónde hacer y cómo
hacer", plantea.
El número es contundente. Este año, entre proyectos, obras
en ejecución o a licitar, se prevé invertir $ 150 millones en barrios
vulnerables. La tarea más emblemática -y costosa- será la de la reurbanización
de la ribera del Salí. Se trata de 10 barrios que serán reordenados, con un
costo de $ 100 millones.
Los programas mediante los que se están aplicando los
cambios son el Promeba (Programa nacional de Mejoramiento de Barrios) y el
FedVilla. Ambos son similares, pero el primero es financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el segundo, por la Nación.
Muchos barrios comienzan siendo asentamientos precarios y,
con los años, se regularizan. "Esto le cuesta más al Estado",
sentencia Durán. De acuerdo con sus cálculos, construir infraestructura donde
ya hay habitantes sale aproximadamente el doble que en sitios despoblados.
"Un desagüe pluvial soterrado cuesta el doble que hacerlo a canal abierto.
En el otro extremo se encuentra Lomas de Tafí, que fue planificada",
ejemplificó.
Asegura que el objetivo del Ipvdu en los próximos años es
urbanizar descampados y formar una especie de "banco de tierras". De
esta manera podrían adelantarse a la demanda, lo que implicaría un ahorro
significativo. Por último, el funcionario instó a los vecinos de la ciudad a no
tomar tierras para evitar inconvenientes a futuro. "Las usurpaciones
causan siempre mucho daño -remarcó-. A la larga, todos salen perjudicados:
vecinos y Estado".
En suspenso
De acuerdo con información del Instituto, la construcción de
alrededor de 446 viviendas se encuentra demorada debido a usurpaciones en dos
predios que poseen. En ambos casos, están ocupadas por sembradíos.
"Tenemos obras por contrato en terrenos en El Manantial en los que tenemos
problemas judiciales. Nos usurparon agricultores. El otro caso es en en
Aguilares", detalló Durán.
