Comentario a la Ley de Hábitat en Buenos Aires

Este ley permitirá una adecuada mixtura entre familias de diversos ingresos lo cual mejorará la seguridad en los barrios

Ley de Hábitat en Provincia de Buenos Aires

Sancionaron la Ley de Hábitat en Provincia

El Senado bonaerense aprobó la ley que obliga a grandes emprendimientos inmobiliarios como countries y clubes de campo, de más de 5.000 metros cuadrados, a ceder un 10% de sus terrenos o su equivalente en efectivo, con destino a la construcción de planes de vivienda sociales.

La norma, que había sido aprobada el mes pasado en Diputados, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para "abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas" sobre la tierra.

La ley establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios de más de 5.000 metros cuadrados deberán ceder el 10% del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social y prevé un aumento adicional del 50% del Impuesto Inmobiliario Urbano a los baldíos y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten como consecuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan los municipios.

El proyecto fue promovido por el kirchnerismo a través de diputados de La Cámpora, Nuevo Encuentro y Miles, el sector que lidera Luis D`Elía, y generó una fuerte polémica a partir del rechazo expresado por desarrolladores inmobiliarios que afirman que se terminará desalentando la inversión.

La norma no tiene efectos retroactivos sino que comenzará a aplicarse una vez que sea reglamentada por el gobierno de Daniel Scioli.

Los cruces sobre los alcances de la ley quedaron plasmados en el recinto del Senado, donde legisladores vinculados a Francisco De Narváez votaron en contra, mientras que también se escucharon objeciones parciales del radicalismo y del peronismo disidente.

No obstante, el proyecto terminó siendo aprobado por la mayoría con la que cuenta el Frente para la Victoria, acompañado por el Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo.

En ese contexto, el oficialista Jorge Ancona sostuvo que la nueva ley brinda "una oportunidad histórica no sólo para terminar con una norma de la dictadura sino porque es darle a la democracia una herramienta que toma en serio la necesidad de los sectores populares y medios del acceso a la vivienda digna o un terreno para construir su casa".

Pero la senadora denarvaísta Nidia Moirano consideró: "Debatimos un proyecto que esboza en su título conceptos que sin duda todos compartimos pero que en su articulado y fundamentos nada hace en pos del acceso justo al hábitat, y enfatizó que "no dará solución al problema habitacional de los bonaerenses, por el contrario, pondrá más presión sobre los hombros de la ciudadanía aumentando, superponiendo y creando nuevos impuestos y gravámenes; promoviendo las usurpaciones y avasallando la propiedad privada".

En términos políticos, el Senado dio sanción a la primera ley que promovieron los kirchneristas puros a través de Unidos y Organizados y que apunta básicamente a conseguir terrenos donde desarrollar los planes de viviendas lanzados por la Casa Rosada a través del plan ProCreAr.

• Voto joven, postergado

La Cámara de Senadores bonaerense postergó el tratamiento del proyecto de ley que habilita a votar a los jóvenes a partir de los 16 años en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la ley sancionada por el Congreso Nacional.

La iniciativa, de los diputados del Frente para la Victoria, Juan de Jesús y Graciela Rego, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y sería tratada en la sesión que tiene previsto realizar el Senado el próximo 13 de diciembre, informó una fuente legislativa.

La iniciativa modifica dos artículos de la Ley Electoral de la Provincia permitiendo que los jóvenes de entre 16 y 18 años tengan el derecho a votar, aunque no están obligados como ocurre con los mayores de 70.

"Los desafíos políticos que nos propone la Presidenta de la Nación nos obligan a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en una provincia que siga el camino de ampliación de derechos que lleva adelante el Gobierno Nacional", sostuvo Juan De Jesús en los fundamentos.

Fuente: Diario Ambito Financiero

Revista Mas Vida Colombia

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PUNTOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT

Impulsada por legisladores, intendentes,

organizaciones sociales, académicos y colegios profesionales, el proyecto propone:

1. Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios.

2. Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional; desalentando las prácticas especulativas.

3. Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan reducir procesos especulativos. Incorporar herramientas a nivel municipal como la participación en las Valorizaciones Inmobiliarias.

4. Resolver la situación de familias con pobreza crítica y necesidades especiales. Ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios; creación del “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Urbanos”.

5. Desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos o asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas o urbanizaciones completos a través de un desarrollo progresivo priorizando contar con infraestructura, servicios, reservas de equipamiento comunitario y espacios verdes.

6. Impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales; fomentar créditos para la mejora del hábitat creando un fondo fiduciario que, a través de las organizaciones sociales, financiará a aquellos que no puedan acceder al crédito bancario.

7. Recuperar, rehabilitar y/o refuncionalizar edificios y sectores urbanos residenciales en proceso de degradación, preservando el valor del patrimonio histórico y social.

8. Ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, de equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos.

9. Asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución como bien de familia.

10. Atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular la provisión de suelo fiscal a los fines de su incorporación al Fondo Fiduciario Público (PRO.CRE.AR.).

11. Incentivar la asociación entre el sector público y el privado como un actor prioritario para impulsar proyectos de urbanización o edificación.

12. Actualizar decreto- ley 8912/77, artículos 84 al 90 y 92.

Fuente: Diario Ambito Financiero

Fuente: Diario Ambito Financiero

Fuente: Diario Ambito Financiero

El suelo para el Proyecto Barrio Escuela

ECONOMIA › ARGENTINA CARECE DE UNA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO LAS DE BRASIL O EUROPA

Sin Estado, el suelo es para el mercado

El problema de la vivienda tiene como una causa la dificultad para acceder al suelo en sectores populares. La falta de regulación estatal lleva a que proliferen barrios cerrados y se construyan edificios como reserva de valor.

 Por Javier Lewkowicz

La falta de regulación estatal sobre el mercado del suelo expulsa a los sectores populares de las ciudades y los obliga a asentarse bajo condiciones muy precarias, además de perjudicar a las actividades productivas. Esas conclusiones se desprenden de un informe muy detallado que realizó el Ministerio de Planificación en conjunto con varios organismos especializados. Ese documento fue el principal insumo del anteproyecto de ley de ordenamiento territorial confeccionado por el Consejo Federal de Planificación, que suscitó críticas de la oposición por un supuesto ataque a la propiedad privada y una posterior aclaración del ministro Julio De Vido. La cuestión de fondo, que es el desmanejo en el ritmo de producción y ocupación del suelo a partir de la lógica mercantil, no emergió en ese debate.

El suelo es una mercancía escasa, cuyo precio se forma a partir de la renta que genera, que a su vez depende del tipo de actividad que allí se instala. La tierra urbana tiene un valor diez veces mayor que la tierra rural. Con ese panorama, es comprensible la lógica especulativa con el terreno ocioso: sin mover un dedo, un propietario puede beneficiarse de una ganancia de capital del 900 por ciento si se extiende la mancha urbana hasta su lote, fenómeno muy vinculado con la extensión de los servicios básicos por parte del Estado. También implica un mayor precio una zona apta para comercios en relación con una en la que sólo haya viviendas. Es la lógica del inmueble como reserva de valor. En la ciudad de Buenos Aires, la construcción registró un boom al tiempo que se estima que el 30 por ciento de las viviendas están deshabitadas y la mitad del aumento en su población (55 mil sobre 114 mil) son habitantes de villas.

En el otro extremo de la pirámide de ingresos, “las urbanizaciones cerradas son el producto inmobiliario más novedoso y de mayor impacto territorial”, indica el documento oficial “Planificación Estratégica Territorial (PET)”, realizado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública con la colaboración del Instituto de Urbanismo (ISU) de la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). “Su localización periférica y sin continuidad con la trama urbana existente contribuye a generar grandes vacíos no urbanizados y a elevar los precios de los suelos aledaños”, indica el informe, de lo que se deriva que “el periurbano de las grandes ciudades refleja una disputa por el acceso al suelo entre los sectores de ingresos medios y altos y la población de menores recursos”.

El resultado de la ocupación de una superficie enorme de suelo por los countries o establecimientos similares, junto a la retención especulativa del suelo, es que riberas de cursos de agua sujetas a inundaciones o aludes, terrenos emplazados sobre áreas de relleno de antiguos basurales o con pasivos ambientales de antiguas explotaciones primarias y bordes de autopistas, que es la oferta que no gravita en el mercado, sea el suelo del que disponen los sectores más desfavorecidos. Bariloche es, junto a la región metropolitana, un ejemplo palpable de ello.

Problemas derivados de la asignación de suelo a través de la lógica mercantil también hay en la esfera de la producción. En el aglomerado Neuquén-Plottier “cientos de hectáreas de las antiguas chacras frutihortícolas que bordeaban el río Limay fueron progresivamente abandonadas y compradas por firmas que están construyendo urbanizaciones cerradas para los sectores de mayor poder adquisitivo de la región”, describe el trabajo de Planificación. También en el Alto Valle, en Río Negro, y en la Rioja se observan casos de expansión de la mancha urbana que amenaza con afectar la provisión de recursos hídricos a la producción.

La falta de ordenamiento territorial se refleja en el crecimiento de los “vacíos urbanos”. El aumento de la mancha urbana entre 1989 y 2008 en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) muestra un 40 por ciento de vacíos dentro de su trama, mientras que Gran Posadas, Venado Tuerto, La Rioja y General Pico presentan porcentajes entre el 10 y el 19 por ciento, según el PET. La producción de suelo urbano de modo disperso también implica un aumento de costos en las redes de infraestructura básicas.

En Estados Unidos, Europa y países de la región, el Estado tiene un rol más activo en el ordenamiento territorial. La ley del suelo española, del año 1956, avala la recuperación de plusvalías en los terrenos generada por la acción de la obra pública, al igual que Gran Bretaña, desde 1990. Ambos exigen a los desarrolladores que destinen un porcentaje de la tierra a los municipios o a inversión en vivienda social. En Italia y Francia, en tanto, se diferencia el derecho de propiedad con el derecho de construir. Colombia, en 1997, y Brasil, en 2001, han implementado a su vez mecanismos para la recuperación de plusvalías. En la Argentina, Venado Tuerto, Trenque Lauquen y Bariloche tienen incipientes disposiciones municipales que van en ese sentido.

Fuente: Diario Página/12

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El saber en el territorio

UNIVERSIDAD › EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROYECTO DE HABITAT POPULAR

El saber en el territorio

El trabajo conjunto del Instituto del Conurbano (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, junto a otros actores, generó la propuesta que el mes que viene será presentada en la Legislatura bonaerense.

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Decir que las universidades son islas separadas de la realidad social no parece adecuado en este caso. Buena parte del proyecto de ley de hábitat popular que ingresará en septiembre a la Legislatura bonaerense fue concebido en el ámbito universitario. Proviene de un trabajo conjunto entre el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, entre otros actores. Uno de los impulsores del proyecto, el docente y urbanista Eduardo Reese, lo explicó ante Página/12: “Es que la investigación y la enseñanza en la universidad no se entienden sin una vinculación con las problemáticas del territorio”. Reese acaba de presentar la iniciativa a las casas de estudio que conforman la Red de Universidades del Conurbano.

El proyecto de Promoción del Hábitat Popular tiene tres objetivos claros, dependientes, a su vez, de una única misión de fondo: garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, preceptos que rezan en el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la iniciativa se propone facilitar y promover la construcción de barrios y loteos sociales, además de regularizar los ya establecidos. En segundo término busca abordar la demanda habitacional, fomentando nuevos y variados programas de vivienda, tales como microcréditos para sectores populares que necesiten refaccionar sus casas. El tercer objetivo –que promete polémica con el sector privado– es conseguir mayores recursos por la vía del castigo a la especulación inmobiliaria y a través de la cesión de tierras de parte de los “emprendimientos suntuosos”.

Lleva dos años de elaboración y dieciséis versiones distintas; ahora, ya listo y antes de ser elevado a la Legislatura, el proyecto fue presentado a la Red de Universidades del Conurbano, de la que forma parte la UNGS. El secretario de investigación de la casa, Pablo Bonaldi, describió el proceso de trabajo: “La UNGS ha tenido un protagonismo fuerte en el armado del proyecto, y nos interesaba poder movilizar el apoyo de las universidades que integran la red, incluso invitamos a otras que no la incluyen, como el caso de La Plata”. En cuanto al trabajo al interior de la universidad, Bonaldi agregó: “La UNGS no está conformada en facultades, sino a partir de institutos. Uno de ellos es el del Conurbano, que se ocupa de la transformación de las áreas metropolitanas. Allí hay un equipo específico de urbanismo que viene trabajando, junto a las organizaciones sociales, la cuestión del hábitat”.

“Es una deuda que tiene la provincia –sostuvo Reese–. A pesar de que los indicadores sociales y económicos han mejorado, la gente no puede acceder a un lote. En la provincia tenemos un promedio de una toma por semana”, dijo. El proyecto cuenta con dos referencias, que intenta superar. La ley provincial de ordenamiento territorial (la 8912, sancionada en 1977) que, en palabras del Reese, es de carácter “elitista”, ya que “opera sobre una porción reducida de la población” y “no tiene una sola frase respecto de la vivienda y los loteos sociales”; el otro antecedente es la creación del Instituto de la Vivienda bonaerense, “que se limitó únicamente a crear el instituto”, según el docente.

La resistencia a la propuesta proviene de los grandes emprendimientos inmobiliarios de la provincia, a los que exige la cesión obligada del 10 por ciento de sus terrenos con destino exclusivo para viviendas sociales. Entran en la categoría los countries, barrios cerrados, clubes de campo, cementerios privados y los hipermercados y shoppings que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados. La cesión de tierras ya divide las aguas al interior de la Legislatura bonaerense: “Los legisladores de La Juan Domingo –dijo Reese– acaban de presentar una ley idéntica, pero sin los artículos más controvertidos. Ya tiene número de expediente, es una copia de nuestro proyecto, pero sin sus artículos más importantes. Sin estos instrumentos, la ley no tiene mucho sentido; nosotros vamos a presentarla tal como se discutió en los foros con los barrios”.

Informe: Agustín Saavedra.

Fuente: Diario Página/12

la vivienda es un derecho humano

Opinión: La vivienda es un derecho humano

Sábado, 11 de Agosto de 2012 11:55

Reconquista, 06 de agosto de 2012

La vivienda es un derecho que se defiende.

La vivienda es un DERECHO HUMANO

Documento de posición de las organizaciones sociales e instituciones que integran el Espacio por los Derechos Humanos, a casi dos meses de las tomas de tierra en Reconquista, Santa Fe.

La historia de vida y la toma de tierras en Barrio Luján, en 2007 –donde afortunadamente no hubo represión ni desalojos violentos, aunque sí constantes insistencias a abandonar las tierras y judicialización a las familias–, debería habernos dejado la enseñanza de comprender a nuestros hermanos obligados a tomar esas medidas. Pero en cambio, gran parte de la sociedad, en vez de analizar la situación desde el lugar de quien carece de oportunidades, reproduce el discurso de criminalización de la pobreza. Por ello, y por el hecho de que no se trata de un proceso aislado[1], es que desde el Espacio Encuentro por los Derechos Humanos y las organizaciones que adhieren, queremos manifestar nuestra posición mediante este documento.

Las más de 600 familias que toman hoy los terrenos en los barrios Belgrano y Guadalupe Sur y Oeste, La Cortada y La Loma, están conformadas por trabajadores pobres/desocupados/explotados/sin tierra y vivienda, de nuestra ciudad. Algunas de ellas provienen del campo; la generación anterior a las familias jóvenes que hoy toman las tierras son changarines o peones rurales que emigraron a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades –que no encontraron-.

Entonces ¿cuál es la metodología que funcionarios municipales, concejales en su gran mayoría y parte de esta sociedad repudian? ¿La pobreza? ¿El proceso de expulsión de la gente del campo? ¿La infancia y la niñez robada de los chicos y chicas de los asentamientos? ¿La de más de 30 años de gobiernos democráticos que fallaron en su obligación de dar respuestas a uno de los derechos humanos fundamentales, que es el de la vivienda digna, el de una tierra para vivir?
La vivienda digna y la tierra para vivir, para muchos, queda reducida a una necesidad de “casa”, a un techo y cuatro paredes, obviando lo que implica el derecho al hábitat, a espacios y equipamientos colectivos como agua, luz, transporte, cloacas, salud, educación, empleo genuino, esparcimiento, entre muchos otros.

El derecho a la vivienda es un derecho humano

En nuestro país se ha ido incrementando de forma notoria el déficit habitacional en los sectores más pobres. Para el mercado se trata, obviamente, de sectores no rentables, el crecimiento de los sectores inmobiliarios y de la construcción que se ha operado en los últimos años se asentó en la lógica de la inversión en construcción residencial privada suntuosa, en general vivienda comprada sin crédito[2] y no en unidades habitacionales para los sectores populares. Mientras que, por su parte, la inversión del Estado en vivienda, que rondaba el 5,9 por ciento del Producto Bruto Interno a principios de los años cincuenta, en los últimos diez años apenas alcanza el 0,3 por ciento[3].

Pero en esta dialéctica de lo público y lo privado, debemos tener en cuenta que lejos de compararse con el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda es un derecho humano, y se encuentra, en nuestro país, ampliamente reconocido por numerosos instrumentos jurídicos. Entre ellos, podemos mencionar a la Constitución Nacional Argentina, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos últimos son textos internacionales que nuestro Estado ha ratificado y que desde la reforma constitucional de 1994 gozan de jerarquía constitucional.

Al ratificar textos de carácter obligatorio, los Estados parte se comprometen voluntariamente a armonizar la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con sus obligaciones jurídicas internacionales vigentes. También asumen (formalmente) una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás Estados parte en el mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, puesto que se comprometen solemnemente a respetar y asegurar los derechos y libertades consagrados en esos documentos.

La organización de las familias

Mientras tanto, y aunque falte la experiencia en hacer ejercicios de sus derechos, en las diversas tomas de Reconquista las familias se organizan. Los ocupantes marcan calles, lotes, dejan lugar para futuras salitas de primeros auxilios, plazas o escuelas, salones comunitarios, piensan formas de regularizar la situación. Demuestran a la sociedad que con organización y un poco de coraje se pueden conseguir cosas, conquistar derechos, esperando activamente que llegue la regularización de los lotes.

El Estado ha asumido una obligación de hacer, de intervenir, de diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a hacer efectivo el derecho a la vivienda de todas las personas.

Sin embargo, la situación de déficit habitacional de Reconquista oscila entre las cuatro mil familias inscriptas en el Registro Único de Inscripción Permanente, y las 6 u 8 mil que estarían necesitando vivienda –según estimaciones oficiosas de los funcionarios del área[4]–, mientras que la respuesta estatal en el último año no llegó a las 150.

La situación actual de pobreza y marginalidad, donde la falta de trabajo o el trabajo precario son problemas que aquejan a gran parte de la población, sumada a una política pública ineficiente en materia de vivienda y hábitat, incapaz de desvincular el costo del acceso a la tierra de los precios de mercado y la especulación inmobiliaria, han generado que sean muchas las familias que encuentran como única solución a su problema habitacional la ocupación de tierras, privadas o fiscales, para establecerse allí, construyendo una vivienda.

En la mayoría de los casos la “apropiación” de estos terrenos es la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros “mecanismos o circuitos legales”.

Ante esto, la respuesta del estado, hasta ahora de gran incumplimiento -150 viviendas hechas ante una demanda de 4000- no debe ser con actitud represiva. No se puede judicializar solo la ocupación de terrenos, debe someterse a justicia la situación de las familias. Y las fuerzas públicas, como la policía, debe velar en primer lugar, por la integridad física de las personas.

Es decir, surge evidente que con lo primero que nos encontramos es con una obligación estatal incumplida, al menos con respecto a estas familias: la realización del derecho a la vivienda. Ante esta situación, quienes tenían sus derechos básicos vulnerados, tomaron la decisión, y la practicaron, de “hacerse” de un pedazo de tierra, que por lo general se ubica en sectores desfavorecidos.

Un problema que comienza en el campo

Por otra parte, como ya lo hemos mencionado, este no es un problema específico de los ámbitos urbanos, sino que se origina en parte en el modelo de desarrollo rural. El documento de la Mesa de Tierras, actualizado en el año 2008, da cuenta del problema de la concentración de tierras para la producción de cultivos industriales a gran escala, que deja a numerosas familias sin posibilidades de subsistir en el campo y no sólo se genera un problema de déficit habitacional, sino que al mismo tiempo se convierten en mano de obra barata y explotada:

“Hay un cambio de ‘modelo agrario’ basado en un alto uso de capital, aplicación de paquetes tecnológicos que incluye grandes maquinarias y la utilización de semillas genéticamente modificadas. ¿A dónde van las familias obligadas a salir del campo? A las grandes ciudades.

“No hay política urbana capaz de contener la magnitud de esta situación. No estamos hablando de Buenos Aires y su conurbano. Hablamos de Posadas, de Corrientes, de Resistencia, de Formosa, por citar ciudades próximas a nosotros”.[5]

Es inexcusable que las políticas agrarias, de exportación de la materia prima, celebrada por su rentabilidad impactan en las arcas gubernamentales. Pero es necesario ponerse a pensar seriamente en que al mismo tiempo que unos se enriquecen, otros se empobrecen cada vez más y son sujetos de políticas sociales de asistencia.

“En los últimos 10 años la concentración de la tierra ha agravado las profundas desigualdades sociales en el campo. Entre el 88 y el 2002 han desaparecido 160.000 explotaciones agropecuarias en su gran mayoría con un tamaño menor a 200 ha, es decir pequeños productores.

“El 82% de los productores (campesinas, indígenas y trabajadores rurales) ocupan sólo el 13% de la tierra. Mientras el 4% de las llamadas “explotaciones agropecuarias” ocupan casi el 65 % de la tierra utilizada para la producción. Mientras menos de mil personas o grupos económicos poseen un promedio de 35.000 has cada uno, hay 137.000 agricultores a quiénes sólo les tocan 15 ha cada uno. Campesinos y pueblos originarios son obligados a desalojar sus campos.-

Casi el 40 % de los poblados rurales están en riesgo de desaparecer. En estas poblaciones viven cerca de 300 mil habitantes. Hay más de 120 pueblitos o parajes que prácticamente no han crecido en los últimos 10 años: 90 de ellos ya no figuran en los últimos censos. Mientras que 8 de cada 10 personas que viven en el conurbano bonaerense provienen del campo. La razón: la actividad económica que les dio vida ya no existe”.[6] 

Cuando el Estado no está, es obligación de nosotros y nosotras como sociedad, hacerlo presente día a día, en alianza sin recelos con todos aquellos que quieran compartir el camino.

Este es un gran desafío para re-imaginar nuevas relaciones y parir una nueva sociedad, donde todos entremos en la barca, o en la que al menos se repartan mejor los espacios, incluyendo definitivamente a los excluidos y las excluidas.

Llamamos a toda la sociedad reconquistense a entender que muchos de estos problemas nos fueron delegados, pero que no debemos quedarnos de brazos cruzados, sino pensar en acciones que busquen el bien común. En los tiempos que vivimos, es necesario mostrar a las generaciones que vienen que vale la pena, que no hay mayor orgullo ni dignidad posible que ocuparse no sólo del propio destino sino de los sueños colectivos.

Y que estos sueños colectivos se inscriban con fuerza en el horizonte de las posibilidades humanas.

“La justificación de las tomas de tierra tiene que recuperar su densidad histórica, ya que es una recuperación de lo robado por parte del poderoso al débil”.Periódico “Tierras para Vivir”, 2010.

Encuentro por los Derechos Humanos:
Cátedra Abierta sobre Derechos Humanos del ISP 4
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Frente Gremial “4 de Abril” – Departamento Gral. Obligado
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Mesa de Gestión Barrio Virgen de Guadalupe
Partido Obrero
Periódico “Edición 4”, Reconquista
Proyecto Sur Reconquista
Grupo de Vecinos y productores rurales de La Lola
Colectivo de Mujeres


[1] Hay otras experiencias dolorosas que sucedieron en otras partes del país, como la del Parque Indoamericano en Buenos Aires y la toma de tierras en el predio de Ledesma de Jujuy, donde muchas personas han sido privadas no sólo de sus derechos, sino también despojados de sus vidas, por luchar por un pedazo de tierra.

[2] “Lo vivido hasta el momento es un régimen de crecimiento sin cambio estructural”, entrevista a Claudio Lozano, Revista Desafío Exportar, mayo 2012, Buenos Aires.

[3] La ciega, Colectivo de Abogadxs Populares, Documento “Tierra para vivir. Derecho a la vivienda”, octubre de 2010. Disponible en http://laciegalp.blogspot.com.ar/2010/10/tierra-para-vivir.html

[4] En diciembre del año pasado, el titular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda estimaba, en declaraciones a la prensa, que la cifra de 4.000 inscriptos “aumenta significativamente cuando se analiza la situación de familias que, por diversos motivos, no se inscriben en el registro, y que rondaría las 2 mil. De esta manera, el total de familias que esperan contar con el techo propio en Reconquista llega a los 6 mil”. Unos meses antes, el secretario de Obras Públicas había dicho que el número de familias necesitadas de vivienda pero no registradas en el registro duplicaba al sí inscripto: “Es así que 8 mil familias no pueden acceder a la vivienda propia.” (http://infrapublica.com/noticias/diciembre-2011/en-reconquista-6-mil-familias-esperan-una-vivienda.html)

[5] Documento de la Mesa de tierras del Norte Santafesino: “PARA QUE EL DERECHO A LA TIERRA SEA UNA REALIDAD PARA TODOS EN NUESTRA PROVINCIA”. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO, REGULARIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA. Reconquista, 09 de mayo de 2008.

[6] Idem.

Fuente: Edición 4 Reconquista Santa Fé Argentina http://www.edicion4.com.ar/index.php/component/content/article/36-online/2885-opinion-la-vivienda-es-un-derecho-humano.html

La arquitectura como infraestructura

Visita este sitio http://www.architectmagazine.com/sustainability/architecture-as-infrastructure.aspx para apreciar como la arquitectura puede aplicarse a la construcción de infraestructura donde las familias puedan prosperar

POLÍTICA HABITACIONAL | ASENTAMIENTOS

Miles de familias deben pasar de villas a barrios

 

Domingo 12 de Febrero de 2012 | Según datos oficiales, 3.300 grupos familiares del Gran San Miguel de Tucumán deben ser reubicados por el Instituto de la Vivienda. El Estado prevé invertir este año más de $150 millones en las zonas vulnerables. Usurpaciones que complican todo.

Empujados por la pobreza o envalentonados por punteros políticos. Con lo puesto o con lo poco que tenían, se instalaron donde pudieron. Alzaron sus hogares amontonando chapas, plásticos, cartones o -en el caso de los más afortunados- ladrillos. Años después, sus decisiones les costaron, y también al Estado. Según datos oficiales, en el Gran San Miguel de Tucumán hay al menos unas 3.300 familias que deben ser reubicadas porque se asentaron en terrenos en los que no pueden permanecer. El hacinamiento, la inundabilidad, la propiedad privada y la cercanía con las vías del tren son algunos de los factores que convierten a las mudanzas en las únicas opciones.

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) implementa dos programas para trasladar a los grupos familiares hacia barrios nuevos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Si bien los asentamientos son dinámicos, estima que los que ya están relevados pueden erradicarse durante los próximos 15 años.

Costoso y complejo

Las 40 manchas de colores en el plano que exhibe el titular del Ipvdu, Gustavo Durán, muestran los puntos donde proliferaron villas de emergencia en terrenos usurpados. La mayoría de ellas se ubica en la capital. "Si bien el mapa no es exacto, es una aproximación cercana a la realidad", advierte Durán al explicar que el relevamiento les llevó más de seis meses y contó con la colaboración del municipio capitalino. En el esquema también sobresalen puntos rosas, que marcan los asentamientos en propiedades fiscales, dado que de las 3.300 familias, 2.842 habitan en terrenos del Estado. Los lugares más codiciados son márgenes de ríos y canales y las orillas de las vías del ferrocarril. Mientras que unos señaladores de color naranja marcan las 465 que se encuentran en propiedades de particulares.

"La verdadera política habitacional es mejorarles la vida. En algunos lugares es imposible que se queden porque los terrenos son privados y la situación está judicializada. En cualquier momento puede salir un desalojo ¿Por qué no anticiparnos a la problemática?", manifiesta.

El funcionario cataloga a la reubicación de los asentamientos como una tarea sumamente compleja: es costosa e implica un intrincado trabajo social. "La gente siempre se resiste a abandonar sus casas. Hasta que la llevamos a ver las nuevas, y cuando aprecian cómo va quedando el barrio, se van convenciendo. También se hace un acompañamiento tras el traslado. Hay vecinos de los barrios de destino que, en ocasiones, los rechazan, pero con el tiempo tratamos de que se conviva en armonía", describe conforme. Las casas que se les asignan cuentan con todos los servicios y son pagadas por los programas habitacionales. Es decir que las familias reubicadas no deben pagarlas. "Es difícil explicarle al resto de la gente que a ellos no les cuesta nada. Pero es gente que realmente no puede afrontar una cuota. Se trata, en su mayoría, de desocupados o indigentes", consigna.

Prevenir, antes que curar

Durán advierte que la prioridad en políticas habitacionales para los próximos años será invertir en los sitios donde hay mayor déficit. "No ganamos nada con hacer miles de viviendas si no atacamos el déficit y la necesidad. Hay que estudiar, con la misma plata, dónde hacer y cómo hacer", plantea.

El número es contundente. Este año, entre proyectos, obras en ejecución o a licitar, se prevé invertir $ 150 millones en barrios vulnerables. La tarea más emblemática -y costosa- será la de la reurbanización de la ribera del Salí. Se trata de 10 barrios que serán reordenados, con un costo de $ 100 millones.

Los programas mediante los que se están aplicando los cambios son el Promeba (Programa nacional de Mejoramiento de Barrios) y el FedVilla. Ambos son similares, pero el primero es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el segundo, por la Nación.

Muchos barrios comienzan siendo asentamientos precarios y, con los años, se regularizan. "Esto le cuesta más al Estado", sentencia Durán. De acuerdo con sus cálculos, construir infraestructura donde ya hay habitantes sale aproximadamente el doble que en sitios despoblados. "Un desagüe pluvial soterrado cuesta el doble que hacerlo a canal abierto. En el otro extremo se encuentra Lomas de Tafí, que fue planificada", ejemplificó.

Asegura que el objetivo del Ipvdu en los próximos años es urbanizar descampados y formar una especie de "banco de tierras". De esta manera podrían adelantarse a la demanda, lo que implicaría un ahorro significativo. Por último, el funcionario instó a los vecinos de la ciudad a no tomar tierras para evitar inconvenientes a futuro. "Las usurpaciones causan siempre mucho daño -remarcó-. A la larga, todos salen perjudicados: vecinos y Estado".

                                  

En suspenso

De acuerdo con información del Instituto, la construcción de alrededor de 446 viviendas se encuentra demorada debido a usurpaciones en dos predios que poseen. En ambos casos, están ocupadas por sembradíos. "Tenemos obras por contrato en terrenos en El Manantial en los que tenemos problemas judiciales. Nos usurparon agricultores. El otro caso es en en Aguilares", detalló Durán.

Fuente: La Gaceta Tucumán Argentina

Parisi necesita 300 millones extra para el plan de viviendas

El titular del IPV depende del financiamiento que el gobernador consiga en su próximo viaje a Estados Unidos. Las alternativas

Reingeniería, loteo, consenso municipal y dinero nacional e internacional son las claves de Francisco Pérez y del titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Omar Parisi, quienes presentarán el plan integral cuando el gobernador regrese de Estados Unidos, es decir, durante la primera quincena de febrero.

Allí tiene una misión clave para el futuro habitacional de la provincia: conseguir parte de los 300 millones extra que el gobernador necesita para financiar casas nuevas, sobre todo para la clase media, sector privilegiado por la campaña justicialista. Esta oferta es la que financiará el Fondo para la Transformación, organismo que se encargará de entregar, a las familias tipo, créditos individuales, los cuales serán solventados "por los fondos emergentes en el mundo".

"No hay que romperse mucho la cabeza: con 100 millones de dólares podés volcar las inversiones en el circuito y bajar sensiblemente el déficit habitacional", explicó días atrás el gobernador, quien el 30 viajará a Washington para entrevistarse con financistas internacionales.

Para poder cumplir con un plan que aseguran será "mucho más ambicioso", el mandatario intentará gestionar unos 300 millones más en prestamos de bancos, del sector empresarial y en fideicomisos. Por eso el cierre del plan depende de lo que consiga Pérez en Washington, concretamente en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La otra pata del plan que se presentará el mes que viene es la de utilizar los 400 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) con los que se aspira a licitar, en la primera etapa, más de 1.500 viviendas sociales. Parisi tiene que definir cuánto dinero entrará a través de los planes nacionales, entre ellos, el Plan Federal 1, 2 y Plurianual.

No obstante, el titular del IPV aclaró que "es necesario cumplir con las 11 mil soluciones habitaciones que quedaron insatisfechas en las gestiones anteriores y que pertenecen a muchos de estos planes". Tanto es así que, más allá de las casas que construya este gobierno, buena parte de este año se deberán cubrir los baches históricos y agudizados con la administración del ahora embajador de Colombia, Celso Jaque.

Sin embargo, el punto más innovador del programa se conversará en ronda con los intendentes justicialistas y radicales ya que serán los principales protagonistas. La idea del gobernador es conseguir lotes, urbanizarlos con fondos provinciales y vender esos lotes con fideicomisos municipales.

"Ese producido de la venta de ese lote cae al fideicomiso y con eso empezás a financiar otras casas", explicaron desde el IPV. De hecho, éste es el punto más complicado de solucionar, según detalló Parisi ya que "la construcción propiamente dicha es lo más liviano". Como serán fideicomisos municipales, la propuesta deberá tener el visto bueno de los 18 caciques. La noticia es que de los 90 mil lotes sin edificar que existen en la provincia y que están en manos de los privados, el Ejecutivo ya tiene autorizados "10 mil", muchos de los cuales pertenecen a cooperativas que se asociarán con el IPV para levantar casas.

"El lote con urbanización lo entregaremos con la escrituración. Esto no es menor porque hoy entregamos escrituras que debieron entregarse hace 27 años. Que le des a una persona un lote con escritura le das libertad para que ella gestione su financiamiento o se construya la casa propia", aclararon desde Gobierno. Aunque todos los departamentos están en plena revisión, son Godoy Cruz y Capital donde realmente escasean los terrenos.

Además, serán las familias con niños las que tendrán prioridad a la hora de acceder a este sistema de loteo, el cual se sumará a la adquisición de terrenos fiscales. Esta última tarea la está gestionando el asesor de la Gobernación, Rodolfo Lafalla, quien aseguró: "Ya hemos encontrado muchísimos".

Las estadísticas del Censo 2010 reveló que sólo en el Gran Mendoza, en la zona urbana, existen 140 hectáreas de terrenos fiscales (es decir del Estado provincial). Como para terminar, el gobierno aspira a elevar los índices de cumplimiento ya que, si bien el índice de recupero económico está por encima del 86 por ciento, esta nueva gestión buscará elevarlos con programas más cortos de financiamiento.

"Cobrar 30 pesos por mes durante 40 años no es un buen negocio para nadie. Hay que tratar de que se cancelen las viviendas cuanto antes y tener ese dinero dentro de las arcas del IPV", explicó el ex intendente de Luján.

Fuente: Diario Los Andes Mendoza Argentina