Reingeniería,
loteo, consenso municipal y dinero nacional e internacional son las claves de
Francisco Pérez y del titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV),
Omar Parisi, quienes presentarán el plan integral cuando el gobernador regrese
de Estados Unidos, es decir, durante la primera quincena de febrero.
Allí tiene
una misión clave para el futuro habitacional de la provincia: conseguir parte
de los 300 millones extra que el gobernador necesita para financiar casas
nuevas, sobre todo para la clase media, sector privilegiado por la campaña
justicialista. Esta oferta es la que financiará el Fondo para la
Transformación, organismo que se encargará de entregar, a las familias tipo,
créditos individuales, los cuales serán solventados "por los fondos
emergentes en el mundo".
"No
hay que romperse mucho la cabeza: con 100 millones de dólares podés volcar las
inversiones en el circuito y bajar sensiblemente el déficit habitacional",
explicó días atrás el gobernador, quien el 30 viajará a Washington para
entrevistarse con financistas internacionales.
Para poder
cumplir con un plan que aseguran será "mucho más ambicioso", el
mandatario intentará gestionar unos 300 millones más en prestamos de bancos,
del sector empresarial y en fideicomisos. Por eso el cierre del plan depende de
lo que consiga Pérez en Washington, concretamente en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La otra
pata del plan que se presentará el mes que viene es la de utilizar los 400
millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) con los
que se aspira a licitar, en la primera etapa, más de 1.500 viviendas sociales.
Parisi tiene que definir cuánto dinero entrará a través de los planes
nacionales, entre ellos, el Plan Federal 1, 2 y Plurianual.
No
obstante, el titular del IPV aclaró que "es necesario cumplir con las 11 mil
soluciones habitaciones que quedaron insatisfechas en las gestiones anteriores
y que pertenecen a muchos de estos planes". Tanto es así que, más allá de
las casas que construya este gobierno, buena parte de este año se deberán
cubrir los baches históricos y agudizados con la administración del ahora
embajador de Colombia, Celso Jaque.
Sin
embargo, el punto más innovador del programa se conversará en ronda con los
intendentes justicialistas y radicales ya que serán los principales
protagonistas. La idea del gobernador es conseguir lotes, urbanizarlos con
fondos provinciales y vender esos lotes con fideicomisos municipales.
"Ese
producido de la venta de ese lote cae al fideicomiso y con eso empezás a
financiar otras casas", explicaron desde el IPV. De hecho, éste es el
punto más complicado de solucionar, según detalló Parisi ya que "la
construcción propiamente dicha es lo más liviano". Como serán fideicomisos
municipales, la propuesta deberá tener el visto bueno de los 18 caciques. La
noticia es que de los 90 mil lotes sin edificar que existen en la provincia y
que están en manos de los privados, el Ejecutivo ya tiene autorizados "10
mil", muchos de los cuales pertenecen a cooperativas que se asociarán con
el IPV para levantar casas.
"El
lote con urbanización lo entregaremos con la escrituración. Esto no es menor
porque hoy entregamos escrituras que debieron entregarse hace 27 años. Que le
des a una persona un lote con escritura le das libertad para que ella gestione
su financiamiento o se construya la casa propia", aclararon desde
Gobierno. Aunque todos los departamentos están en plena revisión, son Godoy
Cruz y Capital donde realmente escasean los terrenos.
Además,
serán las familias con niños las que tendrán prioridad a la hora de acceder a
este sistema de loteo, el cual se sumará a la adquisición de terrenos fiscales.
Esta última tarea la está gestionando el asesor de la Gobernación, Rodolfo
Lafalla, quien aseguró: "Ya hemos encontrado muchísimos".
Las
estadísticas del Censo 2010 reveló que sólo en el Gran Mendoza, en la zona
urbana, existen 140
hectáreas de terrenos fiscales (es decir del Estado
provincial). Como para terminar, el gobierno aspira a elevar los índices de
cumplimiento ya que, si bien el índice de recupero económico está por encima del
86 por ciento, esta nueva gestión buscará elevarlos con programas más cortos de
financiamiento.
"Cobrar
30 pesos por mes durante 40 años no es un buen negocio para nadie. Hay que
tratar de que se cancelen las viviendas cuanto antes y tener ese dinero dentro
de las arcas del IPV", explicó el ex intendente de Luján.
