FERIA INTERNACIONAL DE MATERIALES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION
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viernes, 7 de octubre de 2011
jueves, 6 de octubre de 2011
miércoles, 5 de octubre de 2011
Los números de la emergencia
SOCIEDAD › EN EL CONURBANO BONAERENSE HAY 864 VILLAS Y ASENTAMIENTOS
Un informe de la organización Un Techo para Mi País reveló que en el Gran Buenos Aires viven 508 mil familias en esa situación. La Matanza es el partido donde hay más villas; lo siguen Quilmes y Moreno. El 22 por ciento de los barrios está cerca o encima de un basural.
Más de 508 mil familias residen actualmente en 864 villas y asentamientos del Gran Buenos Aires, el 83 por ciento de esos barrios no cuenta con acceso a la red de gas y el 21 por ciento se ubica sobre o cerca de un basural. “La realidad es que son más de cuatro millones de personas excluidas por la sociedad”, afirmó Agustín Algorta, director social de Un Techo para Mi País (Utpmpa) Argentina, organización que realizó el relevamiento del que surgen las cifras anteriores. Para una de las directoras del estudio, Maredes Falcón, los resultados dan cuenta de “la persistencia de villas y asentamientos, y su crecimiento”. “Es un fenómeno estructural que avanza pese a los esfuerzos y, aun en contextos económicos favorables”, sostuvo.
El relevamiento realizado en abril de 2011 concluye que, en los 30 partidos que conforman el conurbano, hay 633 asentamientos y 192 “villas miseria”, además de 39 cuyas características no pudieron ser precisdas. En total, son 864 “barrios informales” entendidos como “un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas que no cuenten con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado público) y que se encuentren en una situación irregular de tenencia del terreno”, señala el informe.
La distinción entre villa y asentamiento se basa esencialmente en la configuración espacial e histórica. La codirectora del relevamiento, María Laura Raffo, explicó a Página/12 que “entender el fenómeno de las estrategias ocupacionales populares necesariamente precisa ser enmarcado social, política y económicamente”. El surgimiento de las villas “es más espontáneo, tiene que ver con un proceso de migración interna a las ciudades que comenzó en la década de 1930”, marcó.
Por su parte, Falcón explicó que las villas son un “conjunto altamente hacinado de viviendas precarias que no cuentan con espacios verdes y en las que el espacio de circulación es el pasillo”, mientras que el asentamiento, que nace en los años ’80, “es una forma más planificada, se respeta el trazado de calles y se reserva espacio para una plaza o escuela. Eso hace más posible que accedan a la regulación dominial”.
De los 864 “barrios informales” registrados, un 35,3 por ciento se encuentra ubicado de forma contigua a un arroyo, ribera de río o canal, un 33,6 por ciento cerca de un camino de alto tráfico y el 21,9 por ciento al lado o encima de un basural. El relevamiento muestra que los partidos con mayor cantidad de barrios informales del GBA son La Matanza, con 120 asentamientos y 29 villas; el partido de Quilmes con 47 asentamientos y 14 villas; y Moreno, con 47 asentamientos y una villa.
En cuanto a la composición, dos tercios de las villas y asentamientos registrados son de al menos cien familias. En el 68,1 por ciento conviven distintos grupos migratorios provenientes del interior del país, en su mayoría de Chaco (19,5 por ciento), Santiago del Estero (16,2 por ciento), y Corrientes (15,6 por ciento). Mientras que en el 82,8 por ciento viven grupos migratorios provenientes de países limítrofes de los que el 55,3 por ciento es de Paraguay y el 32,5 por ciento es de Bolivia.
Un Techo para Mi País es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes voluntarios que trabajan en 19 países de Latinoamérica junto a familias en situación de extrema pobreza. Su intervención es en tres instancias: construcción de viviendas de emergencia, habilitación social y generación de una comunidad sustentable. “Nosotros tenemos dos cosas claras”, delineó Algorta: “Que esta realidad que vivimos hay que cambiarla y que eso no se puede lograr si no es con articulación de todos, incluido el Estado, pero también la sociedad civil”.
Los terrenos sobre los que se ubican villas y asentamientos del GBA son en más de la mitad de los casos tierras únicamente fiscales, el 59,9 por ciento es de jurisdicción municipal, el 26 por ciento provincial y el 17,3 por ciento nacional. En tanto, el 22,9 por ciento se ubica sobre lotes únicamente privados. En ese marco, afirmó Algorta, uno de los “grandes desafíos” es la regulación de tierras que “dificulta la obtención de servicios y la construcción de viviendas” ya que “siempre se teme el desalojo”.
En el relevamiento “participaron más de mil voluntarios” de Utpmpa, explicó Magdalena Masseroni, integrante de la ONG. “Primero se hizo un relevo para ubicar los referentes de cada barrio y el 9 y 10 de abril se hizo la encuesta masiva”, agregó su compañera, Sabrina Prieto.
“Comprobamos que siguen ocurriendo procesos informales de ocupación del suelo por parte de los sectores populares”, afirmó Falcón. “Eso –destacó– significa que no se superó la brecha para el igual acceso a la ciudad.”
Informe: Rocío Magnani.
Fuente: página/12
Un informe de la organización Un Techo para Mi País reveló que en el Gran Buenos Aires viven 508 mil familias en esa situación. La Matanza es el partido donde hay más villas; lo siguen Quilmes y Moreno. El 22 por ciento de los barrios está cerca o encima de un basural.
Más de 508 mil familias residen actualmente en 864 villas y asentamientos del Gran Buenos Aires, el 83 por ciento de esos barrios no cuenta con acceso a la red de gas y el 21 por ciento se ubica sobre o cerca de un basural. “La realidad es que son más de cuatro millones de personas excluidas por la sociedad”, afirmó Agustín Algorta, director social de Un Techo para Mi País (Utpmpa) Argentina, organización que realizó el relevamiento del que surgen las cifras anteriores. Para una de las directoras del estudio, Maredes Falcón, los resultados dan cuenta de “la persistencia de villas y asentamientos, y su crecimiento”. “Es un fenómeno estructural que avanza pese a los esfuerzos y, aun en contextos económicos favorables”, sostuvo.
El relevamiento realizado en abril de 2011 concluye que, en los 30 partidos que conforman el conurbano, hay 633 asentamientos y 192 “villas miseria”, además de 39 cuyas características no pudieron ser precisdas. En total, son 864 “barrios informales” entendidos como “un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas que no cuenten con acceso regular a al menos uno de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado público) y que se encuentren en una situación irregular de tenencia del terreno”, señala el informe.
La distinción entre villa y asentamiento se basa esencialmente en la configuración espacial e histórica. La codirectora del relevamiento, María Laura Raffo, explicó a Página/12 que “entender el fenómeno de las estrategias ocupacionales populares necesariamente precisa ser enmarcado social, política y económicamente”. El surgimiento de las villas “es más espontáneo, tiene que ver con un proceso de migración interna a las ciudades que comenzó en la década de 1930”, marcó.
Por su parte, Falcón explicó que las villas son un “conjunto altamente hacinado de viviendas precarias que no cuentan con espacios verdes y en las que el espacio de circulación es el pasillo”, mientras que el asentamiento, que nace en los años ’80, “es una forma más planificada, se respeta el trazado de calles y se reserva espacio para una plaza o escuela. Eso hace más posible que accedan a la regulación dominial”.
De los 864 “barrios informales” registrados, un 35,3 por ciento se encuentra ubicado de forma contigua a un arroyo, ribera de río o canal, un 33,6 por ciento cerca de un camino de alto tráfico y el 21,9 por ciento al lado o encima de un basural. El relevamiento muestra que los partidos con mayor cantidad de barrios informales del GBA son La Matanza, con 120 asentamientos y 29 villas; el partido de Quilmes con 47 asentamientos y 14 villas; y Moreno, con 47 asentamientos y una villa.
En cuanto a la composición, dos tercios de las villas y asentamientos registrados son de al menos cien familias. En el 68,1 por ciento conviven distintos grupos migratorios provenientes del interior del país, en su mayoría de Chaco (19,5 por ciento), Santiago del Estero (16,2 por ciento), y Corrientes (15,6 por ciento). Mientras que en el 82,8 por ciento viven grupos migratorios provenientes de países limítrofes de los que el 55,3 por ciento es de Paraguay y el 32,5 por ciento es de Bolivia.
Un Techo para Mi País es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes voluntarios que trabajan en 19 países de Latinoamérica junto a familias en situación de extrema pobreza. Su intervención es en tres instancias: construcción de viviendas de emergencia, habilitación social y generación de una comunidad sustentable. “Nosotros tenemos dos cosas claras”, delineó Algorta: “Que esta realidad que vivimos hay que cambiarla y que eso no se puede lograr si no es con articulación de todos, incluido el Estado, pero también la sociedad civil”.
Los terrenos sobre los que se ubican villas y asentamientos del GBA son en más de la mitad de los casos tierras únicamente fiscales, el 59,9 por ciento es de jurisdicción municipal, el 26 por ciento provincial y el 17,3 por ciento nacional. En tanto, el 22,9 por ciento se ubica sobre lotes únicamente privados. En ese marco, afirmó Algorta, uno de los “grandes desafíos” es la regulación de tierras que “dificulta la obtención de servicios y la construcción de viviendas” ya que “siempre se teme el desalojo”.
En el relevamiento “participaron más de mil voluntarios” de Utpmpa, explicó Magdalena Masseroni, integrante de la ONG. “Primero se hizo un relevo para ubicar los referentes de cada barrio y el 9 y 10 de abril se hizo la encuesta masiva”, agregó su compañera, Sabrina Prieto.
“Comprobamos que siguen ocurriendo procesos informales de ocupación del suelo por parte de los sectores populares”, afirmó Falcón. “Eso –destacó– significa que no se superó la brecha para el igual acceso a la ciudad.”
Informe: Rocío Magnani.
Fuente: página/12
Los programas para urbanizar las villas
“El problema de vivienda es un problema, primero, de acceso al suelo”, afirmó a este diario el subadministrador del Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVBA), Eduardo Reese. “En los últimos nueve años, el empleo aumentó y la economía creció, pero al mismo tiempo el mercado inmobiliario continuó especulando con los precios de manera indiscriminada. Y eso sobre los sectores populares tiene un efecto devastador”, puntualizó.
En villas y asentamientos el gobierno provincial trabaja de manera coordinada con Nación y los municipios. Entre los principales programas se destacan, para el vicepresidente del organismo, el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), financiado por el Gobierno y el Banco Internacional de Desarrollo (BID). “Opera con un recorte socioterritorial en áreas que tienen el 75 por ciento de familias con necesidades básicas insatisfechas y encara esta problemática en casi todas las perspectivas: regulación dominial, construyendo infraestructura, mejorando vivienda, con un programa específico de desarrollo ambiental y con el fortalecimiento de organizaciones comunitarias”, apuntó Reese. El programa Mejor Vivir también se involucra a través del mejoramiento de viviendas.
Además, se trabaja en la aplicación del subprograma federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que financia y ejecuta la construcción de viviendas. También, a través del Programa Federal de Construcción de Vivienda, que abarca los barrios irregulares, “se construyeron en el último año alrededor de 15 mil viviendas en el Gran Buenos Aires”, informó al diario.
El IVBA también participa en la compra de tierras ocupadas para luego darles su titularidad a las familias que viven en el predio. “Así se hizo en Campo Tongui, que nació en 2008 como 17 de Noviembre, fecha de entrada al predio, y que hoy cuenta con más de tres mil familias”, señaló.
Informe: R. M.
Fuente: diario página/12
En villas y asentamientos el gobierno provincial trabaja de manera coordinada con Nación y los municipios. Entre los principales programas se destacan, para el vicepresidente del organismo, el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), financiado por el Gobierno y el Banco Internacional de Desarrollo (BID). “Opera con un recorte socioterritorial en áreas que tienen el 75 por ciento de familias con necesidades básicas insatisfechas y encara esta problemática en casi todas las perspectivas: regulación dominial, construyendo infraestructura, mejorando vivienda, con un programa específico de desarrollo ambiental y con el fortalecimiento de organizaciones comunitarias”, apuntó Reese. El programa Mejor Vivir también se involucra a través del mejoramiento de viviendas.
Además, se trabaja en la aplicación del subprograma federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que financia y ejecuta la construcción de viviendas. También, a través del Programa Federal de Construcción de Vivienda, que abarca los barrios irregulares, “se construyeron en el último año alrededor de 15 mil viviendas en el Gran Buenos Aires”, informó al diario.
El IVBA también participa en la compra de tierras ocupadas para luego darles su titularidad a las familias que viven en el predio. “Así se hizo en Campo Tongui, que nació en 2008 como 17 de Noviembre, fecha de entrada al predio, y que hoy cuenta con más de tres mil familias”, señaló.
Informe: R. M.
Fuente: diario página/12
martes, 20 de septiembre de 2011
sábado, 17 de septiembre de 2011
El apoyo del CELS
“Lo que quedó claro, a partir de las preguntas de los jueces, es que con la concesión de amparos (a personas que reclaman subsidios habitacionales) no hay una intromisión del Poder Judicial de la Ciudad en acciones de gobierno, sino para garantizar el derecho a la vivienda”, opinó Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante una consulta de Página/12. El especialista en el tema habitacional destacó la importancia de la audiencia pública como “una oportunidad para que la Corte fije un contenido sobre el derecho a la vivienda y un criterio sobre cómo debe actuar el Gobierno de la Ciudad en esa materia”.
“Las preguntas de los jueces fueron más allá del caso concreto, por lo que la resolución final podría comprender la situación de los más de 1200 casos que quedan pendientes”, subrayó Morales. Y comparó esta causa con la de contaminación del Riachuelo o la llamada Causa Verbitsky, sobre la situación en las cárceles.
Fuente: Página/12
El derecho a la vivienda, un debate supremo
El tribunal convocó a funcionarios porteños y a la demandante. El gobierno porteño defendió los límites a los subsidios, cuestionó los amparos y, pese a que subejecuta su propio presupuesto, aseguró que la Nación no aporta para vivienda.
Por Eduardo Videla
El gobierno de Mauricio Macri defendió ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, los límites temporarios que aplica a la asistencia habitacional a personas sin techo, cuestionó las medidas judiciales que lo obligan a mantener los subsidios al menos hasta que los afectados resuelvan su situación, volvió a quejarse por la “presión de demanda” que, en materia de vivienda, se ejerce en la Ciudad “por efecto de las migraciones”, tanto “de provincias” como “de extranjeros”, y cuestionó la falta de aportes a la Ciudad del Plan Federal de Vivienda, del gobierno nacional. Lo hizo en la audiencia convocada por el máximo tribunal para tratar uno de los 37 litigios que llegaron hasta allí para determinar cómo y durante cuánto tiempo el Estado debe asistir a las personas en situación de calle o a las que están en emergencia habitacional. La gestión PRO estuvo representada por la ministra de Desarrollo Social y vicejefe electa, María Eugenia Vidal, y el procurador, Ramiro Monner Sans.
Para la Corte, éste puede ser un caso testigo. Debe resolver casos similares, planteados por limitaciones para acceder al derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos que aportó la defensora adjunta de la Ciudad, Graciela Chiste, en la audiencia, hay otros 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. Un indicio de que el máximo tribunal, además de expedirse sobre el caso, podría establecer un criterio general, es el tenor de las preguntas a los funcionarios porteños. “¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó sin rodeos la jueza Elena Highton de Nolasco. La ministra Vidal admitió que era así.
La Corte eligió tal vez el caso más dramático, el que involucra a Sonia Quisbeth Castro, una inmigrante boliviana que vive en el país desde hace once años, y a su hijo de seis, que padece una discapacidad. Ella trabajó en un taller de costura hasta que nació el niño; su pareja no se hizo cargo y la mujer con su hijo quedaron en situación de calle. Estuvo alojada en hogares, paradores y hoteles, hasta que, por la aplicación del decreto 690/06 que fija un límite de diez meses para la asistencia, dejó de percibir un subsidio de 450 pesos, que tampoco le alcanzaba para pagar un hotel. Quedó literalmente en la calle, con su pequeño hijo que por entonces tenía dos años. El chico padece una encefalopatía congénita que le afecta la visión, la audición, la motricidad y, como consecuencia, toda su vida social.
Vivía en Brasil y Pichincha cuando recibió la asistencia legal de la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad. Con su patrocinio logró que la jueza Alejandra Petrella le ordenara al gobierno la renovación de la asistencia. La Ciudad apeló y la Cámara volvió a fallar a favor de Sonia. La gestión PRO, entonces, recurrió al Tribunal Superior de Justicia porteño que, esta vez sí, dictaminó a favor del Ejecutivo, afirmando que la asistencia habitacional no podía ser indefinida. Por esa razón, la Defensoría porteña presentó un recurso extraordinario ante la Corte, en virtud del cual se convocó a la audiencia pública de ayer.
La defensora adjunta, Graciela Chiste, tras hacer una reseña del caso de Sonia, cuestionó “la tergiversación que el Gobierno de la Ciudad hace del derecho a la vivienda cuando da respuestas mediante programas del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a atender contingencias”, como desalojos, que “no constituyen soluciones para personas en situación de pobreza estructural”, como en el caso de Sonia. Relató que el subsidio que recibía la mujer “era insuficiente para el pago de un hotel, ya que los hoteleros suelen subir las tarifas cuando los que concurren son familias con niños” y precisó que tras la demanda la Justicia fijó la suma en 1700 pesos mensuales, después de pedir tres presupuestos. Afirmó que Sonia no tiene posibilidades de tener un trabajo estable, ya que debe atender a su hijo en forma casi permanente. Este año acudió al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y presentó una solicitud pero le exigían un ingreso de 2000 pesos.
Luego expuso Julián Langevín, defensor oficial ante la Corte, en representación del niño. Contó que visitó el lugar donde vive Sonia con su hijo, “un cuarto de tres metros por tres, sin ventanas, con baño, pero sin cocina ni lugar para jugar. Ambos defensores reclamaron que Sonia y su hijo deben acceder a una vivienda digna. En su defecto, al menos, se le debe mantener el subsidio, con el monto actual, que le permita seguir viviendo bajo techo.
Cuando llegó el turno de los funcionarios porteños, Vidal habló de una “creciente demanda de vivienda” en la ciudad, que atribuyó a que “la población en villas creció en un 20 por ciento, mientras que en toda la ciudad el aumento fue de un 4 por ciento”. Agregó que de acuerdo con el último censo “el 30 por ciento de la población no es oriunda de la ciudad”, que “el 26 por ciento proviene de distintas provincias y el 10 por ciento son extranjeros”. Respecto del caso de Sonia, defendió el cumplimiento de los plazos de diez meses de subsidios, dijo que se le ofreció ir a un parador y que se le otorgó el crédito solicitado, aunque no aclaró sus términos.
Los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, efectuaron numerosas preguntas a la funcionaria: si el gobierno porteño equiparaba paradores con viviendas; cómo se compadece el aumento de la demanda de viviendas con la subejecución presupuestaria –en 2010 se gastó sólo el 44 por ciento del dinero previsto para el IVC– y si, ante los límites de los subsidios, a las familias necesitadas no les quedaba otra que judicializar el reclamo.
Vidal respondió que la vía de los amparos representaba “una enorme inequidad con quienes no acceden al sistema judicial”. Probablemente se haya sentido agobiada, ya que, tras contestar la pregunta, dio media vuelta y ya se iba cuando el presidente del tribunal le advirtió que el cuestionario seguía. Fue entonces cuando Lorenzetti deslizó: “Usted dice que no se debe judicializar, que hay bastante judicialización, pero esto indica que hay un problema, que la gente está insatisfecha” con el programa tal como funciona.
Vidal argumentó que la Ciudad es el único distrito del país con “oferta social más amplia” para personas sin techo, admitió que los programas sociales no son sólo de esta gestión sino de gobiernos anteriores, pero advirtió que su vigencia “genera mayor demanda” y reclamo que “el cumplimiento “del derecho (a la vivienda) sea compartido con otras jurisdicciones”, en especial alusión a la Nación. “Pero mientras no se ponen de acuerdo (Nación y Ciudad) hay una situación de inmediatez, la gente recurre a un juez porque no puede esperar”, concluyó el presidente de la Corte. Luego pasó a un cuarto intermedio. Según voceros del tribunal, los ministros no se tomarán demasiado tiempo para dar a conocer su resolución.
Fuente: Página 12
domingo, 11 de septiembre de 2011
miércoles, 7 de septiembre de 2011
Convocan a una audiencia que no tiene techo
EL PAIS: LA CORTE CITO A UN DEBATE PUBLICO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA DE UNA MUJER Y SU HIJO DE SEIS AñOS Y ENFERMO
En una decisión inédita, la Corte convocó a una audiencia pública para debatir sobre el derecho a la vivienda de una mujer boliviana y su hijo de 6 años, que se encuentran en situación de calle. El gobierno de Macri niega que la vivienda sea un derecho.
Por Irina Hauser
Sonia Yolanda Quisbeth Castro y su hijo de 6 años vivían en la calle. Ella es una madre sola, de nacionalidad boliviana. El nene padece una discapacidad causada por una encefalopatía crónica. Cuando consiguieron el subsidio para familias en situación de calle pudieron irse a vivir a una habitación, pero la ayuda sólo duraba diez cuotas (meses) de 450 pesos cada una, según un decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y después? Para esa pregunta no había respuesta. En 2008 estaban otra vez a la intemperie, en la intersección entre Pichincha y Brasil. Por eso Sonia, representada por la Defensoría Pública, pidió con un recurso de amparo que se le garantizara “el derecho a una vivienda adecuada”: ganó en primera y segunda instancia, pero todo se dio vuelta en el Superior Tribunal porteño. Su apelación finalmente llegó hasta la Corte Suprema, que, sorpresivamente, resolvió ayer convocar a una audiencia pública para el 15 de septiembre. Allí la Defensoría tendrá que explicar las razones del reclamo y el gobierno de Mauricio Macri deberá decir por qué sostiene que no hay un derecho irrestricto a la vivienda e invoca un límite presupuestario (a pesar de que subejecuta las partidas destinadas a resolver el problema habitacional). Pero la convocatoria, más allá del peliagudo debate, anuncia una decisión de los jueces supremos de intentar definir si, en definitiva, existe tal “derecho a la vivienda” y cómo se garantiza.
El defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, informó a Página/12 que hay cientos de demandas en trámite similares a la de Sonia. Cerca de cuarenta, señaló, ya están en la Corte. En su mayoría reclaman lo mismo: la garantía del derecho a una vivienda adecuada o, en el caso de que se los incorpore a un plan habitacional, que el subsidio permita efectivamente acceder a pagar el costo íntegro de un alojamiento. Y el reclamo judicial suele venir ante la falta de una respuesta política (o de política habitacional) que no se ciña a dar subsidios limitados en tiempo y montos, como sucede en la actualidad. O a ofrecer los “paradores” para pernoctar, que no admiten grupos familiares y algunos están denunciados por falta de condiciones mínimas de higiene. El reclamo de Sonia tiene el agravante de que su hijo es menor de edad y padece una enfermedad que requiere tratamiento específico. En el máximo tribunal admiten que, aunque se trate de un planteo individual, la solución judicial que le proporcione podría convertirse en “caso testigo” para todos los demás, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias y a nivel nacional.
La Corte suele convocar a audiencia pública cuando tiene un tema a estudio con implicancias políticas y/o sociales, como éste, y cuya discusión seguramente dará que hablar. El hecho de abrir el debate ante la sociedad pondrá al gobierno de Mauricio Macri en la situación de tener que sincerar una posición que hasta ahora viene traduciendo en decisiones como: haber gastado apenas el 19 por ciento del dinero destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad en el primer semestre de este año, o sea que la tendencia a la subejecución (el año pasado ejecutó 44 por ciento) no cambió ni después de las muertes en el Parque Indoamericano en diciembre; fomentar los desalojos y acompañar con frases tales como la que pronunció el propio Macri tras el desalojo en el Indoamericano, cuando culpó a “la inmigración descontrolada”.
A la audiencia del jueves de la semana próxima están convocados, a las 10 de la mañana, representantes de la Defensoría Pública (seguramente irá Graciela Christe, quien se ocupa del caso de Sonia y su hijo), funcionarios del Gobierno de la Ciudad y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El procurador porteño, Ramiro Monner Sans, le dijo a este diario que aún no tienen definido quién irá en nombre de la administración PRO. Consultado por su posición (ya plasmada en la causa), dijo: “Recién empezamos a analizar el caso; a veces quienes reclaman piden cifras no previstas en los subsidios, y a veces lo hacen porque ya cobraron la totalidad y se les terminó, si después de eso no hay otra respuesta u ofrecimiento es una decisión política”.
Sonia había conseguido que en primera instancia la jueza Alejandra Petrella le concediera una medida cautelar en la que disponía que a ella y su hijo se los debía incluir en “un programa de emergencia habitacional que asegurara la unidad del grupo familiar”, y luego ordenó al gobierno porteño que le diera “adecuada asistencia habitacional” mientras continuara su situación de calle, mediante los subsidios previstos por decreto o cualquier otro plan equivalente “que resguarde los fines habitacionales perseguidos”. La administración de Macri apeló: uno de los argumentos que utilizó es que no hay un derecho liso y llano a la vivienda y que existe un límite presupuestario que maneja el Poder Ejecutivo local sobre el cual la Justicia no puede opinar. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sí avanzó en el análisis del monto del subsidio y señaló que ante la “acreditada situación de vulnerabilidad” del grupo familiar, incluso las cuotas de 700 pesos (fijado por el decreto 960 del 2008, que a su vez añadió exigencias para recibirlos) “podrían resultar insuficientes”. Condenó entonces otra vez al Gobierno de la Ciudad a “proveer un subsidio que asegure a la parte actora un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad (...) hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de necesidad ha cesado”.
Después de ese fallo, Macri llevó el tema al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde encontró una respuesta favorable. El fallo no hizo más que remitirse a uno anterior, conocido como “Alba Quintana Pablo, c/GCBA”, con el que la Corte porteña sentó su jurisprudencia en la materia. En resumidas cuentas, dice que las normas que regulan la cuestión habitacional no brindan “un derecho inmediato e irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter parcial y temporario, sin que corresponda a los jueces asignarlos”. Aunque lo consideraron un asunto que excede la órbita judicial, dijeron de todos modos que los paradores que ofrece el gobierno porteño para pasar la noche constituyen una respuesta suficiente. El caso “Alba Quintana” es uno de los tantos que se encuentran en la Corte Suprema. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema en el que cuestionan los términos de la resolución del tribunal porteño.
“El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional”, dijo Diego Morales, del CELS, para explicar su planteo. “O se sostiene el subsidio mientras dura la emergencia habitacional o se planifican alternativas para cada grupo familiar, desde construir casas hasta promover créditos. Hay que buscar una salida definitiva pero hasta ahora no ha habido una política que piense en la solución a este problema”, advirtió.
La Defensoría y las ONG recibieron con elogios la decisión de la Corte de llamar a una audiencia pública. Luego, a sus señorías se les viene encima un debate de lo más complejo: definir los alcances del llamado derecho a la vivienda; qué pasa con quienes siguen en situación de calle cuando se les termina el subsidio (los excluidos del sistema); hasta qué punto la Justicia puede meterse con las políticas de un gobierno y sus prioridades presupuestarias; qué pasa –como en este caso– cuando hay un menor que para colmo padece una enfermedad y, un punto sensible, qué pasa cuando quien reclama es una ciudadana de otro país que vive en territorio argentino
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176250-2011-09-07.html
En una decisión inédita, la Corte convocó a una audiencia pública para debatir sobre el derecho a la vivienda de una mujer boliviana y su hijo de 6 años, que se encuentran en situación de calle. El gobierno de Macri niega que la vivienda sea un derecho.
Por Irina Hauser
Sonia Yolanda Quisbeth Castro y su hijo de 6 años vivían en la calle. Ella es una madre sola, de nacionalidad boliviana. El nene padece una discapacidad causada por una encefalopatía crónica. Cuando consiguieron el subsidio para familias en situación de calle pudieron irse a vivir a una habitación, pero la ayuda sólo duraba diez cuotas (meses) de 450 pesos cada una, según un decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y después? Para esa pregunta no había respuesta. En 2008 estaban otra vez a la intemperie, en la intersección entre Pichincha y Brasil. Por eso Sonia, representada por la Defensoría Pública, pidió con un recurso de amparo que se le garantizara “el derecho a una vivienda adecuada”: ganó en primera y segunda instancia, pero todo se dio vuelta en el Superior Tribunal porteño. Su apelación finalmente llegó hasta la Corte Suprema, que, sorpresivamente, resolvió ayer convocar a una audiencia pública para el 15 de septiembre. Allí la Defensoría tendrá que explicar las razones del reclamo y el gobierno de Mauricio Macri deberá decir por qué sostiene que no hay un derecho irrestricto a la vivienda e invoca un límite presupuestario (a pesar de que subejecuta las partidas destinadas a resolver el problema habitacional). Pero la convocatoria, más allá del peliagudo debate, anuncia una decisión de los jueces supremos de intentar definir si, en definitiva, existe tal “derecho a la vivienda” y cómo se garantiza.
El defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, informó a Página/12 que hay cientos de demandas en trámite similares a la de Sonia. Cerca de cuarenta, señaló, ya están en la Corte. En su mayoría reclaman lo mismo: la garantía del derecho a una vivienda adecuada o, en el caso de que se los incorpore a un plan habitacional, que el subsidio permita efectivamente acceder a pagar el costo íntegro de un alojamiento. Y el reclamo judicial suele venir ante la falta de una respuesta política (o de política habitacional) que no se ciña a dar subsidios limitados en tiempo y montos, como sucede en la actualidad. O a ofrecer los “paradores” para pernoctar, que no admiten grupos familiares y algunos están denunciados por falta de condiciones mínimas de higiene. El reclamo de Sonia tiene el agravante de que su hijo es menor de edad y padece una enfermedad que requiere tratamiento específico. En el máximo tribunal admiten que, aunque se trate de un planteo individual, la solución judicial que le proporcione podría convertirse en “caso testigo” para todos los demás, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias y a nivel nacional.
La Corte suele convocar a audiencia pública cuando tiene un tema a estudio con implicancias políticas y/o sociales, como éste, y cuya discusión seguramente dará que hablar. El hecho de abrir el debate ante la sociedad pondrá al gobierno de Mauricio Macri en la situación de tener que sincerar una posición que hasta ahora viene traduciendo en decisiones como: haber gastado apenas el 19 por ciento del dinero destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad en el primer semestre de este año, o sea que la tendencia a la subejecución (el año pasado ejecutó 44 por ciento) no cambió ni después de las muertes en el Parque Indoamericano en diciembre; fomentar los desalojos y acompañar con frases tales como la que pronunció el propio Macri tras el desalojo en el Indoamericano, cuando culpó a “la inmigración descontrolada”.
A la audiencia del jueves de la semana próxima están convocados, a las 10 de la mañana, representantes de la Defensoría Pública (seguramente irá Graciela Christe, quien se ocupa del caso de Sonia y su hijo), funcionarios del Gobierno de la Ciudad y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El procurador porteño, Ramiro Monner Sans, le dijo a este diario que aún no tienen definido quién irá en nombre de la administración PRO. Consultado por su posición (ya plasmada en la causa), dijo: “Recién empezamos a analizar el caso; a veces quienes reclaman piden cifras no previstas en los subsidios, y a veces lo hacen porque ya cobraron la totalidad y se les terminó, si después de eso no hay otra respuesta u ofrecimiento es una decisión política”.
Sonia había conseguido que en primera instancia la jueza Alejandra Petrella le concediera una medida cautelar en la que disponía que a ella y su hijo se los debía incluir en “un programa de emergencia habitacional que asegurara la unidad del grupo familiar”, y luego ordenó al gobierno porteño que le diera “adecuada asistencia habitacional” mientras continuara su situación de calle, mediante los subsidios previstos por decreto o cualquier otro plan equivalente “que resguarde los fines habitacionales perseguidos”. La administración de Macri apeló: uno de los argumentos que utilizó es que no hay un derecho liso y llano a la vivienda y que existe un límite presupuestario que maneja el Poder Ejecutivo local sobre el cual la Justicia no puede opinar. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sí avanzó en el análisis del monto del subsidio y señaló que ante la “acreditada situación de vulnerabilidad” del grupo familiar, incluso las cuotas de 700 pesos (fijado por el decreto 960 del 2008, que a su vez añadió exigencias para recibirlos) “podrían resultar insuficientes”. Condenó entonces otra vez al Gobierno de la Ciudad a “proveer un subsidio que asegure a la parte actora un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad (...) hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de necesidad ha cesado”.
Después de ese fallo, Macri llevó el tema al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde encontró una respuesta favorable. El fallo no hizo más que remitirse a uno anterior, conocido como “Alba Quintana Pablo, c/GCBA”, con el que la Corte porteña sentó su jurisprudencia en la materia. En resumidas cuentas, dice que las normas que regulan la cuestión habitacional no brindan “un derecho inmediato e irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter parcial y temporario, sin que corresponda a los jueces asignarlos”. Aunque lo consideraron un asunto que excede la órbita judicial, dijeron de todos modos que los paradores que ofrece el gobierno porteño para pasar la noche constituyen una respuesta suficiente. El caso “Alba Quintana” es uno de los tantos que se encuentran en la Corte Suprema. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema en el que cuestionan los términos de la resolución del tribunal porteño.
“El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional”, dijo Diego Morales, del CELS, para explicar su planteo. “O se sostiene el subsidio mientras dura la emergencia habitacional o se planifican alternativas para cada grupo familiar, desde construir casas hasta promover créditos. Hay que buscar una salida definitiva pero hasta ahora no ha habido una política que piense en la solución a este problema”, advirtió.
La Defensoría y las ONG recibieron con elogios la decisión de la Corte de llamar a una audiencia pública. Luego, a sus señorías se les viene encima un debate de lo más complejo: definir los alcances del llamado derecho a la vivienda; qué pasa con quienes siguen en situación de calle cuando se les termina el subsidio (los excluidos del sistema); hasta qué punto la Justicia puede meterse con las políticas de un gobierno y sus prioridades presupuestarias; qué pasa –como en este caso– cuando hay un menor que para colmo padece una enfermedad y, un punto sensible, qué pasa cuando quien reclama es una ciudadana de otro país que vive en territorio argentino
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176250-2011-09-07.html
viernes, 27 de mayo de 2011
FW: Las "ciudades fantasma" de la burbuja fascinan a la prensa extranjera
Esta noticia, extraída de elmundo.es, te ha sido enviada por barriosyescuelas@gmail.com.
La puedes encontrar completa en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/27/suvivienda/1306518138.html
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Viernes, 27 de mayo de 2011
Seseña y Yebes, los ejemplos más evidentes
Las "ciudades fantasma" de la burbuja fascinan a la prensa extranjera
Saca los colores a la banca española recorriendo las
urbanizaciones desiertasEstas ciudades son sólo "la punta
del iceberg del problema inmobiliario español"
Elmundo.es
La prensa internacional saca los colores a la banca recorriendo
las urbanizaciones desiertas o fallidas que salpican España.
El colapso del ladrillo español es un tema recurrente que
fascina en la prensa internacional. La proliferación de
'ciudades fantasma', es decir, planeamientos pensados para ser
habitados por miles de familias que apenas cuentan con unas
decenas de vecinos -es el caso de Seseña (Toledo) y Ciudad
Valdeluz (Guadalajara)- es un fenómeno que choca a los ojos de
los medios de comunicación extranjeros, como lo demuestran
varios reportajes de New Tork Times o The Guardian que glosan la
pesadilla de los hipotecados atrapados sin remedio en este tipo
de urbanizaciones desoladas o despobladas.El último en hacer
leña del estallido y desplome del sector ladrillero en España ha
sido el californiano The Business Insider, esta vez a vista de
pájaro, aportando vistas de satélite del estado actual de las
urbanizaciones arriba mencionadas y de otras como Horche (junto
a Ciudad Valdeluz, en el municipio alcarreño de Yebes), las de
Quer, Alovera y Chiloeches (también en Guadalajara), Yuncos
(Toledo), La Serena (Murcia) o la promoción granadina de Ojo del
Salado y Chimborazo, en el distrito del Genil.El reportaje obvia
otros conocidos planeamientos urbanos de futuro incierto que
salpican la geografía peninsular como Costa Miño (A Coruña), La
Muela (Zaragoza), El Toyo en Almería, Costa Esuri (Ayamonte,
Huelva), parte del Señorío de Illescas (Toledo) o La Torre Golf
Resort (de Polaris) en Murcia. Fracaso de la bancaEl texto
afirma que cada uno de estos ejemplos de ciudades fallidas
muestran el desastroso panorama que presenta la banca española,
que reconoce una exposición al sector inmobiliario de 250.000
millones de dólares y que "probablemente sea más".El diario 'on
line' norteamericano se apoya en las reflexiones de Rafael
Valderrábano, director de Básico Homes, para decir que las
ciudades fantasma son sólo la punta del iceberg del problema
inmobiliario español porque "más que las ciudades fantasma, el
problema real es que existe un gran número de pequeños barrios
fantasma alrededor de las grandes ciudades".
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(c) 2011, elmundo.es (http://www.elmundo.es/)
La puedes encontrar completa en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/27/suvivienda/1306518138.html
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Viernes, 27 de mayo de 2011
Seseña y Yebes, los ejemplos más evidentes
Las "ciudades fantasma" de la burbuja fascinan a la prensa extranjera
Saca los colores a la banca española recorriendo las
urbanizaciones desiertasEstas ciudades son sólo "la punta
del iceberg del problema inmobiliario español"
Elmundo.es
La prensa internacional saca los colores a la banca recorriendo
las urbanizaciones desiertas o fallidas que salpican España.
El colapso del ladrillo español es un tema recurrente que
fascina en la prensa internacional. La proliferación de
'ciudades fantasma', es decir, planeamientos pensados para ser
habitados por miles de familias que apenas cuentan con unas
decenas de vecinos -es el caso de Seseña (Toledo) y Ciudad
Valdeluz (Guadalajara)- es un fenómeno que choca a los ojos de
los medios de comunicación extranjeros, como lo demuestran
varios reportajes de New Tork Times o The Guardian que glosan la
pesadilla de los hipotecados atrapados sin remedio en este tipo
de urbanizaciones desoladas o despobladas.El último en hacer
leña del estallido y desplome del sector ladrillero en España ha
sido el californiano The Business Insider, esta vez a vista de
pájaro, aportando vistas de satélite del estado actual de las
urbanizaciones arriba mencionadas y de otras como Horche (junto
a Ciudad Valdeluz, en el municipio alcarreño de Yebes), las de
Quer, Alovera y Chiloeches (también en Guadalajara), Yuncos
(Toledo), La Serena (Murcia) o la promoción granadina de Ojo del
Salado y Chimborazo, en el distrito del Genil.El reportaje obvia
otros conocidos planeamientos urbanos de futuro incierto que
salpican la geografía peninsular como Costa Miño (A Coruña), La
Muela (Zaragoza), El Toyo en Almería, Costa Esuri (Ayamonte,
Huelva), parte del Señorío de Illescas (Toledo) o La Torre Golf
Resort (de Polaris) en Murcia. Fracaso de la bancaEl texto
afirma que cada uno de estos ejemplos de ciudades fallidas
muestran el desastroso panorama que presenta la banca española,
que reconoce una exposición al sector inmobiliario de 250.000
millones de dólares y que "probablemente sea más".El diario 'on
line' norteamericano se apoya en las reflexiones de Rafael
Valderrábano, director de Básico Homes, para decir que las
ciudades fantasma son sólo la punta del iceberg del problema
inmobiliario español porque "más que las ciudades fantasma, el
problema real es que existe un gran número de pequeños barrios
fantasma alrededor de las grandes ciudades".
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(c) 2011, elmundo.es (http://www.elmundo.es/)
lunes, 2 de mayo de 2011
Hábitat popular
En vista a la presentación, por parte del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, de un proyecto de ley referido a cuestiones impostergables de la agenda social y política bonaerense, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Instituto de Estudios Urbanos, declara:
1. La crisis habitacional de nuestro país, cuya profundidad y amplitud es arrastrada desde décadas, no puede ser superada sólo con las fuertes e inéditas inversiones en producción de nuevas unidades que se desplegaron desde el año 2003 sino que requiere no sólo de mayores esfuerzos presupuestarios y enérgicas voluntades políticas sino de instrumentos legales y herramientas que permitan disponer de todas las potencialidades presentes en la sociedad argentina en su conjunto. La trascendencia del déficit bonaerense en la estructura social argentina es proporcional a la población de sus centros mayores urbanos, que representan el 38,8 por ciento de la población del país.
2. En este contexto, es oportuno y necesario dictar un marco regulatorio adecuado para orientar la política urbana y especialmente la de la vivienda sobre conceptos alineados con las recomendaciones de Un-Hábitat, que hoy son aplicadas en las más importantes ciudades y regiones de América latina y el mundo, como los principios expresados en el art. 5 del proyecto: a) El derecho a la ciudad y a la vivienda; b) La función social de la propiedad; y c) La gestión democrática de la ciudad.
3. Una política de hábitat así definida será la expresión territorial de la “inclusión social”, hoy incorporada concretamente a la discusión política de primer nivel. El proyecto ampliaría el concepto de “vivienda” al de “hábitat”, al incluir en su seno a las políticas de suelo y de provisión de servicios e infraestructura.
4. Esta ley incorporará derechos y proveerá herramientas de última generación, imprescindible para ordenar y reconstruir el hábitat popular, producir y financiar diversas respuestas específicas (conforme la diversa demanda existente) y abordar el desarrollo urbano de nuestras ciudades con expectativas de reorientarlo con equilibrio y equidad. Si se sanciona esta ley, la provincia de Buenos Aires se colocará a la cabeza de la innovación en materia de políticas públicas, conforme a su tradición.
5. Esta ley implica replantear los alcances del derecho de propiedad del suelo urbano, y los costos y rentas de la urbanización privada, por lo que puede ser objeto de críticas interesadas de parte de los sectores comprometidos con las rentas inmobiliarias. En este sentido no se escapa a las vigentes discusiones respecto de la universalización de los derechos de todo tipo.
6. Este proyecto debe merecer un tratamiento adecuado en las comisiones del Poder Legislativo para enriquecer su texto actual y ajustar detalles (por ejemplo, la constitución del Consejo Asesor definido en el art. 37 en la que no incluye a los colegios profesionales) y deberá utilizar instancias participativas de discusión no menos amplias que las previstas en su Sección 9, “Gestión democrática y participación”.
Por todo ello, el Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, que reúne a los profesionales con competencia en la materia, adhiere en general a la iniciativa y se compromete a aportar todos sus recursos humanos y técnicos para impulsar su debate y tratamiento.
Adolfo Canosa
Presidente Capba
domingo, 13 de marzo de 2011
Un pedido
pidamos más viviendas y más trabajo para todas las familias argentinas
El 25 de febrero de 2011 23:21, Maria Angela Suarez<mariangela62@hotmail.es> escribió:
sres directivos de casas y escuelas,me dirijo a ustedes con el mayor respeto que se merecen pidiendoles que por favor me imformen de que manera me puedo anotar en el plan de vivienda de la fundacion hebe de bonafini,he escrito cartas a la sra presidenta y al sr sergio massa y sra contandole mi situacion de vivienda,me he anotado en casa de tierra y en la fundacion sagrada familia pero hasta ahora no podido conseguir nada,he leido en un diario de la zona sobre el plan de vivienda de la fundacion presidida por la madre hebe de bonafini,es por eso que me dirijo a ustedes si por favor podrian imformarme de como hacer,sin ofender a nadie no pido que me regalen nada pero si acceder a un plan o a un terrenito que pueda ir pagando por mes,no puedo acceder a un credito bancario o hipotecario pues el recibo del padre de mi hijo es de 1600$ yo en mi casa vendo sandwiches de milanesa y empanadas caseras y tengo una abuelita de 98 años,como veran somos una familia humilde y trabajadora,tengo un hijo de 8 años que tiene un problemita de salud pero que lo vamos sacando de esto con tratamiento,sres directivos espero sepan disculparme por el atrevimiento que he tomado en enviarle este pedido pero he golpeado puertas y nada he logrado como les dije no pidon qwue nos regalen nada tampoco nos sobra pero si lograr de conseguir una vivienda digna para mi hijo,en mi afan de lograr un techo para mi familia hemos sido estafados por personas inescrupulosa que se dedican a jugar con el sueño de las personas mas vulnerables y que deseamos tener algo paranuestros hijos,sin quitarles mas su valioso tiempo me despido de ustedes y desde ya muchas gracias por el solo hecho de leer este escrito,estare ansiosa de esperar alguna contestacion sea por lo que sea,que el todopoderoso iluminen sus caminos.
saludo atte, maria a. suarez dir estercita 1536 e/ventanita florida y sans souci,barrio enrique delfino,loc pacheco,pdo de tigre telf 4740-4903= 1551172580
Especulación inmobiliaria
Por Alfredo Zaiat
Economía Opinión Página/12 Domingo 13/3/2011
La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.
Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.
El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.
Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:
- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.
- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.
- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.
La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.
Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.
En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.
Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.
azaiat@pagina12.com.ar
sábado, 8 de enero de 2011
Tarifas subsidiadas
Economía | Sábado, 8 de enero de 2011
Panorama económico
Tarifas subsidiadas
Por Alfredo Zaiat
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, anunció a fin de año un aumento del 83 por ciento en las naftas. Evo Morales asumió la responsabilidad del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. El Estado subvencionaba la nafta y el gasoil a un precio equivalente de 27 dólares el barril de petróleo en el mercado interno. En la plaza internacional cotiza cerca de los 90 dólares. El gobierno boliviano afirmó que esos valores estimulaban el contrabando hormiga a países vecinos y estimó que por esa vía sufría una pérdida de unos 150 millones de dólares en las cuentas públicas. Esa decisión de Evo Morales de reducir subsidios es la política que en Argentina es alentada por economistas y analistas ortodoxos y no pocos heterodoxos. El resultado fue una revuelta popular y el deterioro de la imagen positiva de Evo, quien en forma oportuna dio marcha atrás con ese fuerte ajuste de tarifas. Esta traumática experiencia boliviana es un ilustrativo antecedente al momento de considerar propuestas sobre tarifas y subsidios en el país.
Existe un concepto básico en ese debate que en general no se expone: cualquier nivel de tarifas es político. Es una definición básica que brinda un marco conceptual más nítido para comprender la dinámica de los precios de servicios públicos. Son decisiones políticas fijar tarifas altas para financiar la expansión del sistema energético o la red de transporte, o bajas subsidiadas con el objetivo social de proteger el poder adquisitivo de la población financiando las inversiones necesarias con recursos públicos. En esta cuestión ha sido bastante absurdo, una contradicción en los términos, pretender que existan tarifas no políticas cuando son definidas por la acción del Estado.En muchas ocasiones representantes de la corriente conservadora, con estrechos lazos económicos con grupos privados interesados en el sector, sostienen la necesidad de tarifas "justas y razonables". Afirman que éstas deberían asegurar la prestación del servicio al mínimo costo compatible con una tasa de rentabilidad acorde con el riesgo del negocio para incentivar las inversiones. Pese a esa seductora definición de marketing, tarifas más altas no implican necesariamente mayores inversiones: por caso, en Santa Fe y en Córdoba las tarifas eléctricas son bastante más elevadas que las de Capital y eso no se traduce en expansión y estabilidad de la red. Tampoco se verificó ese comportamiento virtuoso en la década del noventa, cuando tarifas caras sólo sirvieron para que los grupos privados recuperaran rápido los fondos destinados a la compra de las compañías públicas, así como también para acelerar el giro de utilidades a sus casas matrices.
"Justas y razonables" es una idea bastante gaseosa que no reconoce la complejidad estructural, coyuntural y política involucrada en las tarifas, puesto que esa propuesta de consigna fácil sólo encierra la meta de incrementar la rentabilidad privada. Además de suponer que el volátil precio internacional de commodities, activos atrapados de movimientos financieros especulativos, debe definir el precio doméstico. Es una obviedad que esta cuestión no es igual para un país importador de petróleo, que no tiene otra opción que aceptar el precio internacional aunque puede no trasladarlo en su totalidad a su población mediante subsidios aportados de fondos públicos, que un país productor, que tiene más margen para definir qué tipo de estructura de tarifas pretende según objetivos de desarrollo económico y social.
Existen varios aspectos relacionados con el impacto de las tarifas y los subsidios en la economía. Uno de ellos merece una consideración especial para luego avanzar en otros también importantes, como mejorar la transparencia de la asignación de ese dinero, la eficacia para evitar el despilfarro y la captura por sectores sociales y grupos económicos que no los necesitan. El punto clave de los subsidios en tarifas de servicios públicos desde 2003 fue que ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los salarios. En un informe de agosto del año pasado de la consultora del economista Miguel Bein se presentaron elocuentes datos que muestran la relevancia de esa estrategia. Se precisa que los precios de las tarifas de energía eléctrica, gas y transporte público de pasajeros incluidas en el Indice de Precios al Consumidor aumentaron en promedio 31 por ciento desde fines de la convertibilidad, cuando el resto de bienes y servicios lo hicieron en mucha mayor magnitud. Bein realiza un ejercicio hipotético de actualizar las tarifas a los precios relativos de 1993, previos a las privatizaciones de los '90. Esto implicaría un ajuste promedio de 65 por ciento, alza que ubicaría el salario real promedio de la economía 2 por ciento por debajo de los niveles de fines de 2001. También efectúo otro cálculo de actualización tomando en este caso la eliminación de los subsidios a la luz, el gas y el transporte: el aumento de tarifas debería alcanzar el 180 por ciento, por lo que el salario real resultante sería 7 por ciento más bajo que antes del estallido del régimen monetario 1 a 1. En una o en otra situación, toda la recuperación de los ingresos de los trabajadores se esfumaría por esa hipotética suba de las tarifas en búsqueda de un supuesto equilibrio de la ecuación económica pretendida por un difuso saber técnico.
Con criterio, en ese documento se destaca que se trata de una simple cuenta matemática que establece el precio que debería pagar el consumidor eliminando los subsidios y manteniendo todas las otras variables de la economía estables. Condición de imposible cumplimiento puesto que provocaría alzas en cadena en el resto de los precios y demandas salariales de compensación por esos ajustes. Bein lo considera al mencionar que "es evidentemente inviable políticamente ya que implica aumentos de 190 por ciento en el pasaje de colectivo, 170 por ciento en subtes y 500 por ciento en el de trenes". Para la energía eléctrica y gas, sin considerar los gastos de capital realizados directamente por el Estado, ni la deuda acumulada con las generadoras, ni los menores precios que perciben los productores locales en relación al precio de importación, "se requerirían aumentos de 160 por ciento en la tarifa eléctrica y 100 por ciento en la tarifa del gas".
Resulta llamativo que los analistas que más cuestionan el esquema de tarifas subsidiadas son quienes señalan la ausencia de una política antiinflacionaria. Si existe una estrategia oficial exitosa en ese frente conflictivo de domar la inflación se encuentra precisamente en el capítulo de las tarifas de servicios públicos. Bein estimó que el impacto sobre el IPC de un ajuste por la eliminación de subsidios a la energía y al transporte ascendería a 15 puntos porcentuales. Recuerda que el aumento de la carne, con una incidencia de 3,6 puntos porcentuales en la inflación de 2010, concentrada en el primer trimestre del año, espiralizó la evolución del resto de los precios de la economía. Las tensiones registradas por los aumentos durante el año que acaba de terminar se multiplicarían por cinco, con un desenlace político y social fácil de imaginar.
La política de tarifas subsidiadas es una medida antiinflacionaria e implica recursos equivalentes al 3,3 por ciento del PIB. Eugenia Aruguete indica en un documento publicado en Entrelíneas de la Política Económica (Nº 23, diciembre 2009, del Ciepyc), que es "una política que tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo, e indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada".
La relevancia de tarifas subsidiadas sobre la recuperación del poder adquisitivo del salario y como medida antiinflacionario no significa que no se requiera mayor transparencia en la distribución, precisión en la asignación de recursos públicos y examinar el esquema que pueda estar privilegiando a un sector social acomodado o a grupos económicos. Pero esa necesaria revisión, además de revisar las evidentes limitaciones de un modelo híbrido de gestión estatal-privado, exige partir de que el cuadro de tarifas es una decisión política y que los subsidios son una potente herramienta de redistribución de ingresos. En esa tarea no es sencillo eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas. Especialistas vinculados a conglomerados privados que manejan servicios públicos y economistas de la ortodoxia ocultan o desprecian los efectos positivos de tarifas subsidiadas. El antecedente reciente de la crisis padecida por Evo Morales ha sido bastante convincente para alejar consejos de una tecnocracia convencida que provocar convulsión social es un costo menor.
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jueves, 6 de enero de 2011
El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países - PAIS 24 | La verdad a diario
El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países - PAIS 24 | La verdad a diario
Capital Federal - El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmaron este jueves un convenio de cooperación internacional para difundir y llevar su plan de construcción de viviendas para familias humildes a otros países vecinos.
En un acto que tuvo lugar en la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, Timerman y Bonafini firmaron el convenio con el objetivo de llevar esta experiencia a otros países de la región. "El ministerio colaborará para difundir este plan en el exterior porque estos planes son parte del proyecto de país de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan los planes sociales de viviendas que alguna vez tuvo el Estado argentino", dijo Timerman.
El programa habitacional "Sueños Compartidos" ayuda a las familias más humildes a construir su propia vivienda, a través de capacitación en oficios, contribuyendo también a la reinserción social y económica de estos sectores excluidos.
Timerman destacó el trabajo que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo hace más de 30 años por los derechos humanos y el juicio a los represores, y "en democracia por la dignidad de los que menos tienen". "Queremos que la sociedad toda sea parte de la politica exterior argentina, que no pertenezca esta sólo a un sector de la sociedad sino que represente a todo el pueblo", dijo Timerman luego de firmar el convenio.
Por su parte, Hebe destacó la importancia de que la Cancillería de a conocer el plan en el exterior y recordó que "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner quien primero creyó en este proyecto". "Este es un gobierno único, sin este gobierno la misión Sueños Compartidos no hubiese sido posible", dijo. Además agregó que "el canciller Timerman abrió sus puertas a todos, y dejó atrás la sensación de que la Cancillería era de otros países".
Finalmente, Hebe de Bonafini dejó en claro que no le importaba "a qué intendente beneficia el plan, sino que beneficie al pueblo". "Si es de la ciudad de Buenos Aires, de la China, a mi no me importa, a nosotros nos importa que la población no sufra", remarcó la dirigente en referencia a los muchos proyectos de construcción de viviendas que se construyen en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri.
Según dijo, "si tenemos que sacar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, si tenemos la suerte, sería un premio para nuestros hijos, más que cualquier juicio, más que un milico preso". "Yo antes que un milico preso prefiero ver un niño feliz", consignó la titular de Madres de Plaza de Mayo.
Estos programas de viviendas son ejecutados con fondos provenientes de la Nación a través de la Subsecretaria de Obras Publicas, y son ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, utilizando un sistema constructivo no tradicional, denominado Emmedue o Cassaforma.
Todas las unidades habitacionales de la Misión Sueños Compartidos son entregadas con cocina, bajo mesada, ventiladores, termotanque, camas, colchones, placares, estufas, mesas, sillas, bañeras, cortinas y ventiladores de techo, sistema de elevación de agua potable con bomba y cisterna, red interna de agua, energía, iluminación externa, parquización, pozos absorbentes y biodigestores, cordón cuneta y ripio.
Jueves 06 de Enero del 2011 | 14:42
AVANZA EL PROYECTO
El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países
Esto se oficializó tras la firma de un convenio entre el canciller, Héctor Timerman, y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini. El acto se realizó en la Casa de las Madres.
Capital Federal - El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmaron este jueves un convenio de cooperación internacional para difundir y llevar su plan de construcción de viviendas para familias humildes a otros países vecinos.En un acto que tuvo lugar en la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, Timerman y Bonafini firmaron el convenio con el objetivo de llevar esta experiencia a otros países de la región. "El ministerio colaborará para difundir este plan en el exterior porque estos planes son parte del proyecto de país de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan los planes sociales de viviendas que alguna vez tuvo el Estado argentino", dijo Timerman.
El programa habitacional "Sueños Compartidos" ayuda a las familias más humildes a construir su propia vivienda, a través de capacitación en oficios, contribuyendo también a la reinserción social y económica de estos sectores excluidos.
Timerman destacó el trabajo que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo hace más de 30 años por los derechos humanos y el juicio a los represores, y "en democracia por la dignidad de los que menos tienen". "Queremos que la sociedad toda sea parte de la politica exterior argentina, que no pertenezca esta sólo a un sector de la sociedad sino que represente a todo el pueblo", dijo Timerman luego de firmar el convenio.
Por su parte, Hebe destacó la importancia de que la Cancillería de a conocer el plan en el exterior y recordó que "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner quien primero creyó en este proyecto". "Este es un gobierno único, sin este gobierno la misión Sueños Compartidos no hubiese sido posible", dijo. Además agregó que "el canciller Timerman abrió sus puertas a todos, y dejó atrás la sensación de que la Cancillería era de otros países".
Finalmente, Hebe de Bonafini dejó en claro que no le importaba "a qué intendente beneficia el plan, sino que beneficie al pueblo". "Si es de la ciudad de Buenos Aires, de la China, a mi no me importa, a nosotros nos importa que la población no sufra", remarcó la dirigente en referencia a los muchos proyectos de construcción de viviendas que se construyen en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri.
Según dijo, "si tenemos que sacar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, si tenemos la suerte, sería un premio para nuestros hijos, más que cualquier juicio, más que un milico preso". "Yo antes que un milico preso prefiero ver un niño feliz", consignó la titular de Madres de Plaza de Mayo.
Estos programas de viviendas son ejecutados con fondos provenientes de la Nación a través de la Subsecretaria de Obras Publicas, y son ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, utilizando un sistema constructivo no tradicional, denominado Emmedue o Cassaforma.
Todas las unidades habitacionales de la Misión Sueños Compartidos son entregadas con cocina, bajo mesada, ventiladores, termotanque, camas, colchones, placares, estufas, mesas, sillas, bañeras, cortinas y ventiladores de techo, sistema de elevación de agua potable con bomba y cisterna, red interna de agua, energía, iluminación externa, parquización, pozos absorbentes y biodigestores, cordón cuneta y ripio.
Fuente: Télam
Entregan 70 viviendas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en Almirante Brown
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| 15:00 - POLITICA Entregan 70 viviendas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en Almirante Brown El municipio de Almirante Brown entregó 70 viviendas a vecinos del distrito que fueron construidas en el marco del Plan de Construcción que lleva adelante la Asociación Madres de Plaza de Mayo con el apoyo del Gobierno nacional. |
Las 70 casas fueron realizadas en del Barrio 2 de Abril en la localidad de Ministro Rivadavia, de Almirante Brown. En el marco de la entrega, el intendente Darío Giustozzi destacó que "el operativo de traslado de las familias involucró a personas que viven hace más de treinta años junto al arroyo Las Piedras y que tienen más necesidades sociales". La idea de reubicar las familias surgió al inicio de la gestión cuándo se fijó como una de las prioridades solucionar el problema de la gente que vivía a la vera del arroyo y una de las cuestiones que se analizó es la relocalización de las familias en un barrio. "La zona del arroyo será alambrada y se transformará en un espacio público recuperado, con espacios verdes y calles pavimentadas. Además según adelantaron los trabajadores sociales está en marcha una asociación de vecinos agrupados para la defensa del medio ambiente", detalló el jefe comunal. |
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Firmaron un convenio para llevar a otros países el plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo
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| 14:00 - POLITICA Firmaron un convenio para llevar a otros países el plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmaron hoy un convenio de cooperación internacional para difundir y llevar su plan de construcción de viviendas para familias humildes a otros países vecinos. |
En un acto que tuvo lugar esta mañana en la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, Timerman y Bonafini firmaron el convenio con el objetivo de llevar esta experiencia a otros países de la región. "El ministerio colaborará para difundir este plan en el exterior porque estos planes son parte del proyecto de país de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan los planes sociales de viviendas que alguna vez tuvo el Estado argentino", dijo Timerman. El programa habitacional "Sueños Compartidos" ayuda a las familias más humildes a construir su propia vivienda, a través de capacitación en oficios, contribuyendo también a la reinserción social y económica de estos sectores excluidos. Timerman destacó el trabajo que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo hace más de 30 años por los derechos humanos y el juicio a los represores, y "en democracia por la dignidad de los que menos tienen". "Queremos que la sociedad toda sea parte de la politica exterior argentina, que no pertenezca esta sólo a un sector de la sociedad sino que represente a todo el pueblo", dijo Timerman luego de firmar el convenio. Por su parte, Hebe destacó la importancia de que la Cancillería de a conocer el plan en el exterior y recordó que "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner quien primero creyó en este proyecto". "Este es un gobierno único, sin este gobierno la misión Sueños Compartidos no hubiese sido posible", dijo. Agregó que "el canciller Timerman abrió sus puertas a todos, y dejó atrás la sensación de que la Cancillería era de otros países". Finalmente, Hebe de Bonafini dejó en claro que no le importaba "a qué intendente beneficia el plan, sino que beneficie al pueblo". "Si es de la ciudad de Buenos Aires, de la China, a mi no me importa, a nosotros nos importa que la población no sufra", remarcó la dirigente en referencia a los muchos proyectos de construcción de viviendas que se construyen en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri. Según dijo, "si tenemos que sacar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, si tenemos la suerte, sería un premio para nuestros hijos, más que cualquier juicio, más que un milico preso". "Yo antes que un milico preso prefiero ver un niño feliz", consignó la titular de Madres de Plaza de Mayo. Estos programas de viviendas son ejecutados con fondos provenientes de la Nación a través de la Subsecretaria de Obras Publicas, y son ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, utilizando un sistema constructivo no tradicional, denominado Emmedue o Cassaforma. Todas las unidades habitacionales de la Misión Sueños Compartidos son entregadas con cocina, bajo mesada, ventiladores, termotanque, camas, colchones, placares, estufas, mesas, sillas, bañeras, cortinas y ventiladores de techo, sistema de elevación de agua potable con bomba y cisterna, red interna de agua, energía, iluminación externa, parquización, pozos absorbentes y biodigestores, cordón cuneta y ripio. |
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lunes, 3 de enero de 2011
UNA HERRAMIENTA QUE A LARGO PLAZO RESUELVE MUCHO MÁS QUE EL PROBLEMA HABITACIONAL
Por
Según el CEDLAS, quienes los reciben invierten más en sus casas. El resultado es el descenso del número de personas viviendo bajo un mismo techo, una conformación familiar más nuclear y la mejora de la escolaridad de los hijos.
Un estudio revela que otorgar títulos de propiedad ayuda a combatir la pobreza
Publicado el 3 de Enero de 2011Según el CEDLAS, quienes los reciben invierten más en sus casas. El resultado es el descenso del número de personas viviendo bajo un mismo techo, una conformación familiar más nuclear y la mejora de la escolaridad de los hijos.
Otorgar títulos de propiedad de tierras a quienes se encuentran en la pobreza aumenta el nivel de inversión, tanto en la casa como en el capital humano que son sus hijos, lo que contribuirá a reducir la pobreza de las próximas generaciones”, señala entre sus conclusiones una investigación del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata.
El estudio, realizado por los doctores en Economía Sebastián Galiani y Ernesto Schargrodsky demuestra que “la titulación de tierra puede ser una herramienta importante en la reducción de la pobreza”. En diálogo con Tiempo Argentino, Galiani explica que “en el corto plazo no se puede esperar un efecto profundo”, pero destaca que sí pudieron encontrarse “dinámicas muy interesantes” en lapsos de tiempo más prolongados.
En este sentido, Galiani resalta que “las familias con nuevos títulos de propiedad incrementaron sustancialmente la inversión en vivienda, redujeron el tamaño del hogar (cantidad de personas viviendo en una misma unidad) y mejoraron la educación de sus hijos en relación con aquellos que no tienen el título de la tierra”.
En momentos en que las recientes tomas iniciadas con la ocupación del Parque Indoamericano abrieron el debate, y la sociedad se divide entre quienes reclaman el desalojo violento de los predios ocupados y quienes propugnan por proyectos que permitan enfrentar el déficit habitacional, el estudio del CEDLAS da cuenta del impacto que sobre la pobreza puede llegar a tener los planes habitacionales.
Galiani elige sin embargo la prudencia y advierte que, aunque en el largo plazo se pueden registrar estos beneficios, inicialmente impensados, en ningún caso esto puede ser tomado “como una solución a la pobreza”.
Para su estudio, Galiani y Schargrodsky tomaron como base el caso de una toma de tierras ocurrida en 1981 en San Francisco Solano, Quilmes. Unas 1800 personas ocuparon tierras que pertenecían a 13 dueños distintos. En 1984, el Estado provincial resolvió expropiar e indemnizar a los antiguos propietarios, de ellos cinco no aceptaron y continúan aún hoy en litigio por la ocupación de sus tierras. Así se originó una situación muy particular. Aquellos que habían ocupado las tierras de alguno de los ocho dueños originales que aceptaron la indemnización, obtuvieron los títulos de propiedad de lo que pasó ahora a ser su tierra. En cambio sus vecinos de las tierras aún en disputa legal continúan ocupándolas de manera precaria.
Más de 20 años después, los autores del trabajo encontraron grandes diferencias en la evolución de las familias que sí obtuvieron los títulos de aquellas que no.
“En concreto, lo que encontramos es que en un plazo de diez años los hogares que recibieron un título de propiedad invierten más en el hogar, entre un 30% y un 40% más, y eso les mejora la vida y afecta a la organización del hogar también, no sólo a la casa sino a la estructura familiar” dijo Galiani.
El docuemnto del CEDLAS destaca que “la superficie construida es un 12% mayor y el índice de calidad del hogar sube un 37%” entre quienes poseen el título de propiedad. La proporción de hogares con buena calidad de paredes y techos aumenta un 40% y 47% en los hogares con títulos y es un 16% mayor la cantidad de hogares con veredas de concreto. Asimismo, los hogares con título de propiedad tienen una menor cantidad de habitantes, unos 5,11 miembros contra 6,06, al tiempo que se trata de “familias nucleares” (padres e hijos solamente) viviendo bajo el mismo techo.
El estudio indica además que estas mejoras habitacionales y los hogares nucleares más reducidos redundan a su vez “en una mayor inversión en la educación de los hijos, lo que les permite alcanzar niveles educativos más altos que podrán permitirles lograr diferencias financieras a largo plazo” al acceder a empleos mejor remunerados. En las casas con títulos de propiedad se duplica la tasa de chicos que acuden a la educación secundaria, un 53% contra el 26% entre quienes viven en hogares sin la correspondiente titularidad.
Contra la extendida idea de que para elaborar un plan habitacional alcanza con otorgar tierras en la periferia de ciudades, Galiani aseguró que al encarar esta clase de programas los gobiernos deben ser muy cuidadosos “porque la principal razón que tiene la gente para vivir en una villa, además por supuesto del tema del dinero, es estar cerca del mercado de trabajo”, razón por la cual debe encararse la problemática desde una perspectiva integral que tenga en cuenta otros factores, como por ejemplo, los medios de transporte.
El estudio, realizado por los doctores en Economía Sebastián Galiani y Ernesto Schargrodsky demuestra que “la titulación de tierra puede ser una herramienta importante en la reducción de la pobreza”. En diálogo con Tiempo Argentino, Galiani explica que “en el corto plazo no se puede esperar un efecto profundo”, pero destaca que sí pudieron encontrarse “dinámicas muy interesantes” en lapsos de tiempo más prolongados.
En este sentido, Galiani resalta que “las familias con nuevos títulos de propiedad incrementaron sustancialmente la inversión en vivienda, redujeron el tamaño del hogar (cantidad de personas viviendo en una misma unidad) y mejoraron la educación de sus hijos en relación con aquellos que no tienen el título de la tierra”.
En momentos en que las recientes tomas iniciadas con la ocupación del Parque Indoamericano abrieron el debate, y la sociedad se divide entre quienes reclaman el desalojo violento de los predios ocupados y quienes propugnan por proyectos que permitan enfrentar el déficit habitacional, el estudio del CEDLAS da cuenta del impacto que sobre la pobreza puede llegar a tener los planes habitacionales.
Galiani elige sin embargo la prudencia y advierte que, aunque en el largo plazo se pueden registrar estos beneficios, inicialmente impensados, en ningún caso esto puede ser tomado “como una solución a la pobreza”.
Para su estudio, Galiani y Schargrodsky tomaron como base el caso de una toma de tierras ocurrida en 1981 en San Francisco Solano, Quilmes. Unas 1800 personas ocuparon tierras que pertenecían a 13 dueños distintos. En 1984, el Estado provincial resolvió expropiar e indemnizar a los antiguos propietarios, de ellos cinco no aceptaron y continúan aún hoy en litigio por la ocupación de sus tierras. Así se originó una situación muy particular. Aquellos que habían ocupado las tierras de alguno de los ocho dueños originales que aceptaron la indemnización, obtuvieron los títulos de propiedad de lo que pasó ahora a ser su tierra. En cambio sus vecinos de las tierras aún en disputa legal continúan ocupándolas de manera precaria.
Más de 20 años después, los autores del trabajo encontraron grandes diferencias en la evolución de las familias que sí obtuvieron los títulos de aquellas que no.
“En concreto, lo que encontramos es que en un plazo de diez años los hogares que recibieron un título de propiedad invierten más en el hogar, entre un 30% y un 40% más, y eso les mejora la vida y afecta a la organización del hogar también, no sólo a la casa sino a la estructura familiar” dijo Galiani.
El docuemnto del CEDLAS destaca que “la superficie construida es un 12% mayor y el índice de calidad del hogar sube un 37%” entre quienes poseen el título de propiedad. La proporción de hogares con buena calidad de paredes y techos aumenta un 40% y 47% en los hogares con títulos y es un 16% mayor la cantidad de hogares con veredas de concreto. Asimismo, los hogares con título de propiedad tienen una menor cantidad de habitantes, unos 5,11 miembros contra 6,06, al tiempo que se trata de “familias nucleares” (padres e hijos solamente) viviendo bajo el mismo techo.
El estudio indica además que estas mejoras habitacionales y los hogares nucleares más reducidos redundan a su vez “en una mayor inversión en la educación de los hijos, lo que les permite alcanzar niveles educativos más altos que podrán permitirles lograr diferencias financieras a largo plazo” al acceder a empleos mejor remunerados. En las casas con títulos de propiedad se duplica la tasa de chicos que acuden a la educación secundaria, un 53% contra el 26% entre quienes viven en hogares sin la correspondiente titularidad.
Contra la extendida idea de que para elaborar un plan habitacional alcanza con otorgar tierras en la periferia de ciudades, Galiani aseguró que al encarar esta clase de programas los gobiernos deben ser muy cuidadosos “porque la principal razón que tiene la gente para vivir en una villa, además por supuesto del tema del dinero, es estar cerca del mercado de trabajo”, razón por la cual debe encararse la problemática desde una perspectiva integral que tenga en cuenta otros factores, como por ejemplo, los medios de transporte.
Fuente: Tiempo Argentino
domingo, 2 de enero de 2011
Café de las ciudades
Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy
Conflictos y posibilidades. Por José Luis Basualdo
N. de la R.: Esta nota fue realizada tomando como base la exposición "La difícil relación de los Institutos Provinciales de Vivienda con la tierra - Apuntes para el armado de una agenda", realizada el día 12/12/06 en el marco del Seminario "Manejo de suelo urbano para la vivienda social en la Argentina", desarrollado del 11 al 13 de Diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Consejo Nacional de la Vivienda y patrocinado por el Lincoln Institute of Land Policy. Las fotografías que ilustran la nota corresponden a viviendas sociales realizadas en la ciudad de Corrientes, Argentina.
Vivienda financiada con un crédito del INVICO a través del programa Lote Propio, en terreno del beneficiario
1- Introducción
Este trabajo intentará explorar la relación que se ha establecido entre el suelo urbano -mejor dicho, entre los propietarios de ese bien- y los conformadores del espacio de las ciudades. Entre los principales actores que llevan a cargo esta construcción se debe dar un lugar preferencial a los organismos encargados de ejecutar el sistema estatal de provisión de vivienda social (Institutos Provinciales, Direcciones, Servicios, etc.), ya que estos son los mayores responsables de la expansión de las ciudades a través de la construcción de barrios de viviendas, y también de la regularización o urbanización de algunas de las villas y asentamientos. Pero esta responsabilidad en la construcción de las ciudades es compartida con otros actores sociales: los concesionarios de servicios públicos, los gobiernos locales, las empresas estatales de servicios, por citar solo algunos.
Postulamos que la problemática del suelo urbano se instala como problema central en la agenda pública en los últimos tres años, a partir del incremento de la obra pública; para esto trazaremos una breve reseña de los cambios sufridos por el Sistema del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI de ahora en adelante) desde la década del 90 a nuestros días. Posteriormente apuntaremos algunas cuestiones que consideramos necesarias para elaborar una agenda que contemple la cuestión del suelo; utilizaremos como insumos los aspectos más sobresalientes de esa problemática obtenidos durante los Talleres Regionales "Incorporación del Desarrollo Urbano en la implementación de los Programas Federales de vivienda", realizados entre Septiembre y Noviembre del año 2006 (implementados por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ,con la participación de as áreas de Planeamiento de los Institutos Provinciales de Vivienda y las Unidades Ejecutoras del Programa de mejoramiento de Barrios, PROMEBA) en varios puntos del país, ya que consideramos a esta serie de encuentros como un punto de inflexión en la forma de ejecutar políticas de vivienda social.
Creemos que la elaboración de esta agenda es un paso ineludible para salvar -aunque sea en parte- la tensión que existe entre los organismos de vivienda social y los demás actores que conforman el espacio urbano de nuestras ciudades.
Monobloques del Barrio 1000 viviendas; inaugurado en 1978 y en franco proceso de decadencia
2- Los cambios en el sistema, de los ‘90 a nuestros días
Son profundas las transformaciones que sufre la sociedad toda en esta década, marcada a fuego por el imaginario neoliberal; la fuga del Estado de gran parte de sus obligaciones, la política entendida como mero ejercicio del pragmatismo, la concentración de la riqueza en unos pocos, la mutación conceptual de ciudadano a consumidor y el desarme de la mayor parte de las instituciones constituyentes del alicaído Estado de Bienestar son solo algunos de los rasgos de la Argentina de los años noventa, que marcan lo que algunos autores definen como la transformación de la matriz socio política (en Repetto, Fabián, 2001, Gestión publica y desarrollo social en los noventa - Las trayectorias de Argentina y Chile, Buenos Aires, Prometeo Libros, encontramos como definición "…el abandono de la matriz socio política estado céntrica…"). El sistema estatal de provisión de vivienda social -más conocido como el FONAVI- no escapa a estos cambios, de los que se pueden citar como los más relevantes a los siguientes:
2.1.- En lo conceptual: bien sabemos el poder de prefigurar la realidad que tiene un discurso convincente que logra instalarse en la sociedad. En el marco de la implementación de una nueva matriz política, se van permeando nuevos conceptos en la discusión sobre la cuestión de la vivienda; en Cuenya encontramos que los términos enabling y partnership ("…enabling hace referencia a la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, en el cual los emprendimientos del sector privado, de las organizaciones sociales y de los individuos puedan desarrollar efectivamente el sector de la vivienda…", "…partnership, por su parte, alude a la creación de nuevos escenarios de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales , con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil") se empiezan a filtrar en los escenarios de implementación de políticas de vivienda. Esto se traduce en dos tendencias, una hegemónica y otra marginal. "…la primera esta representada por un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los países en desarrollo y que apuesta fuerte a que los mercados funcionen"; hasta aquí la primera tendencia, la segunda de ellas "…está representada por el conjunto de experiencias alternativas que, especialmente varios gobiernos locales, ponen en marcha en varias ciudades…Dentro de este grupo se incluyen los programas de regularización de loteos… los de regularización fundiaria…los de urbanización de asentamientos irregulares…" (postulamos que esta tendencia es la pata sectorial de lo que Repetto, 2001, llama la "estrategia acotada" de la Argentina en materia de políticas sociales y que se basa en la "…expansión desarticulada de programas focalizados…"). "Estos programas usualmente son tangenciales dentro de las agendas públicas y usualmente nunca superan el nivel de experiencias piloto…" (Cuenya, Beatriz, 2000, Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX; versión corregida del trabajo presentado en el Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales, organizado por la Maestría en Hábitat y Vivienda de la UNMdP el 18-y 19 de Noviembre de 1999, Rosario). Esto coincide con lo postulado por Ignasi de Solá y Morales (Solá y Morales, Ignasi de, 1996, "Presente y futuros. La arquitectura de las ciudades", Barcelona, en Recopilación de ensayos del Congreso Internacional de la UIA de Barcelona, España) cuando en 1996 postulaba como algunas de las principales tendencias a nivel mundial en materia de vivienda a la mercantilización de la totalidad o partes de la vivienda y a la supervivencia de experiencias alternativas de intervención, como un gesto de lo que es políticamente correcto. En resumen, la década de 1990 estuvo signada por una fenomenal embestida del mercado contra el sistema de provisión de vivienda popular, para poder apropiarse de los cada vez más menguados recursos del fondo; la supervivencia del mismo solo puede explicarse por la confluencia de intereses entre la burocracia del sistema y las empresas medianas y pequeñas de todo el país, que devino en una suerte de alianza estratégica implícita (parafraseando a Borges "…no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto…"). Ambas facciones pelearon por sus intereses, la eventual derrota implicaba la virtual desaparición de ambos a manos de las grandes empresas de construcción. Del mismo modo, y simétrica a esta tendencia de desarme del sistema universal de provisión de vivienda (si bien el FONAVI fue uno de los más claros exponentes del Estado de Bienestar, debe decirse que nunca llegó a fructificar como un sistema universal, y en esto es coherente con quienes definen como Estados de Bienestar incompletos o inconclusos a las experiencia latinoamericanas) florecieron durante ese período los programas focalizados, las más de las veces pre-formateados por organismos externos que ataban la aprobación de los créditos a la aplicación de esta forma de intervenir en el territorio.
2.2.- En lo institucional: los cambios en la forma de implementación del Fondo Nacional de la Vivienda (el FONAVI se conforma en los ´90 con un impuesto sobre los combustibles, tiene como objetivo la construcción de VIS en todo el territorio de la república y los órganos de aplicación son los institutos provinciales de vivienda), los más importantes son:
a) mediante Ley 24.130 de Agosto de 1992 e "…instrumenta la descentralización de los recursos (del FONAVI) hacia las provincias, que posteriormente es concretado por el Pacto Fiscal de agosto de 1992…", Rodulfo, 2003. Desde la implementación del FONAVI (año 1976, 1978 en el caso de la provincia de Corrientes) hasta agosto de 1992 se implementó un mecanismo fuertemente centralizado. Si bien las viviendas se licitaban en lo Institutos Provinciales y también se inspeccionaban, la aprobación de las carpetas técnicas y el libramiento de los fondos de cada certificado de obra se realizaba en la Secretaría de Vivienda de la Nación. A partir de la Ley 24.130 se delegan estas funciones en los IPV y la Secretaría se reserva el rol de auditoría.
b) Otro hito que marca un cambio es cuando "… en marzo de 1995 se crea por Ley 24.464 el Sistema Federal de Vivienda, que establece una nueva estructura organizativa del sector habitacional con carácter federal manteniendo como población destinataria el sector social con recursos insuficientes, tal como lo indica la Ley 21.581 (del año 1976, de creación del FONAVI)…", Rodulfo, 2003. El Sistema Federal de Vivienda se integra con los organismos ejecutores provinciales (que mantienen su rol de administradores y ejecutores) y un Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el que desempeña funciones de planificación y evaluación de resultados y se integra con un representante del Poder Ejecutivo Nacional (función desempeñada habitualmente por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda) y un representante por cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se tradujo en una descentralización la política de vivienda, ya que no solo quedó a cargo de las provincias la administración de los recursos que coparticipa el FONAVI a cada una de las jurisdicciones, sino que transfiere a estas gran parte de la decisión de cómo utilizar los mismos. Pero esta cesión de poder tuvo mucho de barrer los problemas afuera de la habitación; la última década del siglo pasado vio languidecer las transferencias de recursos desde la Nación a las provincias por cambios en la base imponible del impuesto. La combinación de recursos menguantes con el entorno inflacionario propio de la segunda mitad de la década fue un cóctel que atentó contra la capacidad concreta de acción de los organismos de cada jurisdicción.
2.3.- En lo económico: este desguace al que nos referíamos se tradujo en la retirada del Estado de las áreas más rentables de la economía a favor del capital privado. Venta de activos subutilizados, concesión de servicios públicos o creación de nuevas áreas de oportunidad, fueron las estrategias más utilizadas en aras de "aligerar" a un Estado que se comienza a probar las ropas de facilitador de la economía.
Otro aspecto de este cambio de rol se verifica en la reforma del mercado, esta transformación se manifestó de varias formas:
a) "…La previsibilidad de las decisiones financieras en sus efectos se expresó en el vertiginosos crecimiento de la oferta de crédito hipotecario en el mercado privado, favoreciendo a los grupos de ingresos medios insertos en el nuevo escenario económico…" (Rodulfo, María Beatriz (2003), La situación habitacional y las políticas publicas, Buenos Aires, versión preliminar - mimeo).
b) "…La reorganización del BHN (Banco Hipotecario Nacional), que se transformó primero en banco mayorista y luego en Sociedad Anónima privatizada…", Cuenya, 2000. Perdiéndose de esta manera una herramienta financiera formidable para la aplicación de políticas de vivienda y hábitat destinadas a los sectores medios.
c) "… La promoción del sector privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo plazo a través de la titulización de hipotecas…", Cuenya, 2000. Afortunadamente, estas últimas medidas no pasaron de ser iniciativas aisladas tomadas por algunos de los organismos provinciales de vivienda.
Vivienda colectiva en el Barrio San Gerónimo, realizado con un aporte del BHN garantizado por la titulización de hipotecas
2.4.- El sistema post 2001: es innegable que la salida de la convertibilidad financiera marcó un antes y un después en la sociedad argentina. El sistema estatal de vivienda no fue ajeno a esto y los doce meses posteriores al estallido de diciembre del 2001 pueden ser recordados en casi todas las provincias como el año de la paralización de las obras en marcha y la cancelación de obras a contratar. Fue necesaria una fuerte decisión política que asumiera esa realidad y decidiera hacer una fuerte apuesta en el sector con dos objetivos bien claros: atacar el déficit habitacional y generar una demanda de mano de obra que paliara (aunque sea parcialmente) los altos índices de desempleo imperantes. Así es que aparecen los programas "extracupo" (los programas extracupo tienen una financiación aparte de los recursos coparticipables habituales de los IPV con la particularidad de tener una asignación específica para cada obra y un fuerte contralor por parte de la Nación en lo referente a la ejecución de las mismas). Reactivación, Solidaridad, Federal Plurianual I y II, Mejor Vivir y de Provisión de Infraestructura son algunos de los programas que dieron nuevo impulso al sistema, pero el fuerte contralor impuesto por la Nación en la ejecución de los mismos se configuró en una suerte de "recentralización" del sistema, cambiando la mecánica de funcionamiento imperante desde la transferencia de recursos y funciones desde el año 1992. Creemos que es necesario subrayar como aspectos relevantes de esta nueva etapa el tremendo impulso que recibió la construcción de VIS -en perfecta concordancia con la reanudación de la obra pública en general- y la transferencia de gran parte del manejo de los planes habitacionales a favor de la Nación. Todos los programas "extracupo" bajaron a los IPV con rigurosos parámetros de aplicación, quedando en poder de las provincias la definición de la localización de las obras, la adjudicación de las mismas y el control del proceso de construcción.
2.5.- Una conclusión parcial: en este punto se hace necesario cruzar lo que hemos descrito hasta aquí con la dimensión del suelo que nos convoca. Si coincidimos que las características relevantes de la política habitacional de la década de 1990 -teniendo como marco los procesos que hemos comentado- han sido la disminución progresiva del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, de las remesas que recibieron las provincias; esto se tradujo en la disminución del poder de intervención de los IPV, que optaron por construir conjuntos de VIS de menor tamaño, ejecutar programas curativos de mejoramiento de villas y asentamientos -casi siempre "enlatados" de la mano de créditos internacionales- y poner en funcionamiento programas de créditos individuales (que se implementaron en la marco de la Ley 24.464/95) a fin de mantener en marcha el sistema, y en línea con los concepto de facilitación y asociación a los que ya hemos hecho referencia.
Tanto la escala como la modalidad de las políticas habitacionales implementadas en la última década del siglo pasado han hecho que la problemática del suelo urbano no se haya instalado como un problema central en la agenda del sistema.
Lo que sucede con posterioridad a la devaluación del año 2001 es bien diferente, se puede citar como característica relevante la fuerte decisión política de reposicionar al sistema como proveedor universal de soluciones habitacionales. Este fortalecimiento se logró implementando Programas Federales, que se adjudicaron a las provincias sin afectar las disminuidas coparticipaciones del FONAVI de cada jurisdicción. Algunas de las consecuencias de todo esto fueron el aumento de las inversiones en materia habitacional, el incremento de escala de los conjuntos de VIS, la "recentralización" del sistema -y destacamos como relevante la sujeción de los tiempos de ejecución de los programas a lo estipulado por la Nación para cada caso-. Todo esto se tradujo en una explosiva demanda de suelo urbano acotada en el tiempo, lo que ocasionó que en la actualidad el problema del suelo se instale como central en la agenda del sistema.
Vivienda del Barrio Ponce, recientemente entregada; pertenece al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
3- Hacia una agenda que contemple la cuestión del suelo
El mercado inmobiliario, cuando no está regulado, suele reaccionar con fuertes alzas ante demandas de importancia acotadas en el tiempo, esto es lo que ha sucedido en muchas ciudades de nuestro país cuando el Estado o las empresas constructoras salieron a buscar macizos de tierra en áreas periféricas para localizar conjuntos de vivienda.
¿Cómo se debería parar el Estado ante este problema, y cuales son las acciones que se pueden implementar para poder incidir -aunque sea parcialmente- en el mercado de suelos superando el rol de mero espectador?
3.1.- Los resultados de los talleres de Desarrollo Urbano: para tratar de responder estas cuestiones utilizaremos -en una primera instancia- lo producido en el marco de los talleres de Desarrollo Urbano al que hicimos referencia en la Introducción. A continuación se apuntan las cuestiones relacionadas con el suelo urbano consideradas como más relevantes por los asistentes a esos talleres:
Cuestiones de información: muchos de los IPV no cuentan con un relevamiento de las tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales) aptas para ser utilizadas en la construcción de VIS y equipamiento comunitario, así como tampoco de un mapa de precios actualizado para negociar la compra de tierras a privados.
Cuestiones de financiamiento: la coparticipación de los IPV es utilizada para obras complementarias, gastos de funcionamiento y completamiento de los fondos extracupo; no existe una línea de financiamiento para compra de tierras.
Cuestiones de gestión: los trámites para la cesión de tierras fiscales nacionales son engorrosos, debería buscarse la forma de agilizar el procedimiento.
Cuestiones de relación con entes de servicios: los contratos leoninos de concesión de algunas empresas privatizadas son parte de la "mochila" de los ´90. Los altos costos de urbanización de los conjuntos son solo una de las caras del problema.
Cuestiones de relación con gobiernos locales: la falta de financiamiento y debilidad de los cuadros técnicos de los municipios obliga a los IPV a trabajar en ausencia de reglamentaciones específicas o suplementando la acción municipal.
Cuestiones de relación con otros organismos estatales: se referencia especialmente el equipamiento de Salud, Educación y Seguridad. Se apuntó como deseable que los conjuntos contemplen la ejecución de este equipamiento comunitario desde el inicio de la programación para no trabajar sobre la emergencia, con el barrio ya habitado.
Cuestiones de temporalidad: sería deseable que la implementación de los programas en los distritos no estén excesivamente ligados a la agenda de la Nación, para asegurar la continuidad de las acciones en el territorio.
3.2.- Una agenda, ¿posible?: toda cuestión compleja -y la problemática del suelo urbano lo es- no acepta soluciones fáciles y se debe plantear un enfoque en varios aspectos. El Seminario "Manejo de Suelo Urbano para la Vivienda Social en la Argentina" fue una oportunidad de intercambio de experiencias y trabajó sobre la sensibilización generada por la experiencia de Talleres Regionales de Desarrollo Urbano y el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento de los IPV, implementados ambos por la SSDUV a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano. Esto es una señal de que se está conformado una masa crítica de discusión sobre el tema.
En lo referente a lo normativo jurídico es notoria la carencia de una Ley Nacional de Suelo, pero existe un rango de acción posible en la legislación existente y en la capacidad de gestión de las áreas político técnicas de los IPV.
De las falencias detectadas es posible trabajar sobre todo en lo que se refiere a la falta de información. Es posible implementar acciones concretas en lo referente al relevamiento de las tierras fiscales, del mapa de precios y de las herramientas jurídicas y de gestión. Por esto se considera indispensable continuar e incrementar el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento y Desarrollo Urbano de los IPV.
Es posible avanzar en la articulación con otros organismos apoyando la acción municipal y de las áreas de infraestructura de los ministerios de Salud, Educación y de Seguridad para poder construir más ciudad y no solo conjuntos habitacionales.
Se debe seguir atacando la cuestión del hábitat desde varios frentes: mejoramiento de barrios deficitarios, acciones curativas en villas y asentamientos, ampliación del área urbana y densificación de áreas a través de micro-intervenciones, en este sentido se considera conveniente promover más activamente la política de préstamos individuales a individuos y/o consorcios para acciones de completamiento y/o densificación de tejido urbano.
En ausencia de un marco normativo que regule la captación de plusvalías por parte del privado se pueden utilizar los instrumentos existentes o incorporar cláusulas en los pliegos de licitación para minimizar la captación de plusvalías.
La cuestión de la revisión de los términos de concesión de las empresas privatizadas es un objetivo de largo aliento, pero deberían revisarse los mismos para propender a una distribución más equitativa de cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización.
Una iniciativa concreta sería la implementación de un programa de compra o adquisición de tierra en macizo por parte de los IPV, con financiación de la Nación, articulando este programa con el de la provisión de infraestructura y equipamiento. Esto permitiría a los IPV disponer de tierra urbanizada apta para "bajar" programas diversos y no depender de las ofertas de las contratistas; además, esto daría la posibilidad de programar con tiempo tanto los aspectos físicos de las sucesivas intervenciones en el terreno como los sociales y económicos y se considera que -con un manejo adecuado- la inversión necesaria para la compra de tierra se compensarían con las economías en materia de provisión de infraestructura y por la cesión de plusvalías generados por el Estado a favor de privados.
Creemos que esta agenda que ponemos sobre la mesa puede pecar de preliminar, parcial o incompleta… pero si de algo estamos seguros es de que es posible implementarla en plazos razonables; están dadas todas las condiciones.
JLB
El autor es Arquitecto, Gerente de Planeamiento y Proyecto del Instituto de Vivienda de Corrientes, República Argentina, ex alumno y becario del Lincoln Institute of Land Policy.
Sobre políticas de vivienda en la Argentina, ver también en café de las ciudades:
Número 36 I Política de las ciudades (III)
Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat.
Número 22 I Economía
Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel
Sobre políticas de suelo en América Latina, ver también en café de las ciudades:
Número 23 I Economía
El impuesto predial como instrumento de urbanización I Los mitos sobre la política del suelo en Latinoamérica, en una entrevista con Martim Smolka.
Número 20 I Economía de las ciudades
"Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado" I Entrevista a Samuel Jaramillo: la gestión del suelo urbano en Latinoamérica.
Página de Inicio
Cultura de las ciudades (I)
Excursiones mínimas
Buenos Aires, de la mano de Sabugo y Minond.
Sin pretensiones semióticas explícitas, el texto genera así una posible multiplicidad de lectores insatisfechos que completarán y ampliarán ad infinitum los recorridos por Buenos Aires. Habrá turistas alemanes que, cantimplora en mano, empalmarán la calle Corrientes de las librerías con el Abasto "del Morocho", el monumento a Pugliese en Villa Crespo y el Conventillo de la Paloma, para seguir por Serrano hasta el Palermo de Borges. No faltará el arquitecto que prescindirá en San Telmo de la Plaza Dorrego y se encolumnará por Balcarce, el flâneur de domingo que a los palacios recoletos prefiera la Recova de Libertador, o el disidente que encarará el inventario de Devoto.
Arquitectura de las ciudades
El espacio de la ausencia
La Plaza de los Héroes del Ghetto, en Cracovia I Por Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste
Hacer de la construcción arquitectónica homenaje, metáfora construida de los recuerdos y los sentimientos de un tiempo convulso, de un recuerdo difícil de soportar y asumir, convierten a la tarea del arquitecto en una cuestión a resolver desde una implicación moral. Intentar no caer en referencias tópicas sino hacer un homenaje a las víctimas sin incurrir en la espectacularidad dramática o en la sublimación de la tragedia. Lewicki y Łatak sienten la necesidad de preservar la fuerte carga emotiva de un lugar sin desposeerlo del ritual del dolor, pero también sin querer hacer de él un lugar de cargas negativas que lo transformen en un espacio alienado.
Cultura de las ciudades (II)
Sustantivos Colectivos 1. Barrio
Semiótica de una intervención propuesta en el Barrio Alberdi de Córdoba I Por María Griselda Angelelli
La expansión de los nuevos modelos altera los modos sociales de interacción que habían sido construidos por el uso común, como cuando familias del barrio, a causa de su amistad, solían elegir terrenos contiguos donde construir sus viviendas, dejando una puerta en las medianeras para pasar cómoda y rápidamente de una casa a la otra. Aún en algunas casas de departamentos (como la de quien escribe) se festejan en común los acontecimientos de cada habitante como cumpleaños, llegada de parientes de otras provincias o del interior de Córdoba, logros personales como lo es conseguir trabajo, etc.; además de las fiestas tradicionales como Navidad o Año Nuevo.
Política de las ciudades (II)
El futuro de las ciudades
La relación entre Espacio y Estado en la Argentina I Por José Ariel Núñez
No es que la figura jurídico política del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio, ya que todos los tratadistas de la institución municipal afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto que ella es gobierno local. El Municipio nace urbano, por eso es una institución política, administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa organizarse jurídica y económicamente para satisfacer sus necesidades colectivas.
Lugares
Santiago a la vanguardia
Los claroscuros de una ciudad en desarrollo
Los amigables paseos del “Sanhattan”, el glamour de la calle Lastarria, los amenos bares de Bellavista, replican un patrón de ciudad europea contemporánea, ajeno hasta cierto punto a las miserias supérstites de la ciudad. ¿Cuál es la Santiago válida: la del smog y las poblaciones desangeladas o la de las calles sin miseria y los servicios universales? Como suele ocurrir, ambas posibilidades son válidas para caracterizar a Santiago. La ciudad contaminada, la metrópolis desigual donde la fragmentación social tiene expresión territorial, coexiste con la ciudad planificada donde el desarrollo parece estar al tiro del crecimiento sostenido.
Nuevo y exclusivo de café de las ciudades
Proyecto Mitzuoda I Una ficción metropolitana contemporánea (por entregas). I De Carmelo Ricot, con Verónicka Ruiz
Entrega 28: El buen ladrón
Una performance espontánea - Arte y Política se confunden en las calles - La amenaza - El Depredador completa su traición - Snobismo de un genio - ¿Revolución o anacronismo?
Mensajes al café
Consulta sobre la extensión del Corredor Verde del Oeste y carta abierta de Adolfo Res al Jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Café corto
Maestría en Planificación Urbana-Regional en la FADU – UBA - 9º Seminario Montevideo - Proyectar el espacio público en la Ciudad Central - Curso de Restauración de Edificaciones Históricas - Congreso de Arquitectura del Paisaje, en México DF - Financiamiento a documentales sobre ciudades latinoamericanas - Dott, innovación social y diseño - Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en La Habana - "La Salada ya es la mayor feria ilegal de América latina"
Master en Gestión de la Ciudad en el siglo XXI: café de las ciudades ha establecido con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "la universidad virtual", un acuerdo destinado a la difusión y promoción delMaster en Gestión de la Ciudad.en el siglo XXI. El desafío implícito en esta colaboración con la UOC es el que nos motiva desde el inicio de nuestro café:replicar en el espacio virtual la complejidad y la riqueza del territorio y la ciudad contemporáneos, confrontar miradas sobre la ciudad, contribuir a la generación de buenas políticas urbanas y a la formación de sus planificadores y gestores. Para mayor información dirigirse a cartas@cafedelasciudades.com.ar
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Conflictos y posibilidades. Por José Luis Basualdo
N. de la R.: Esta nota fue realizada tomando como base la exposición "La difícil relación de los Institutos Provinciales de Vivienda con la tierra - Apuntes para el armado de una agenda", realizada el día 12/12/06 en el marco del Seminario "Manejo de suelo urbano para la vivienda social en la Argentina", desarrollado del 11 al 13 de Diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Consejo Nacional de la Vivienda y patrocinado por el Lincoln Institute of Land Policy. Las fotografías que ilustran la nota corresponden a viviendas sociales realizadas en la ciudad de Corrientes, Argentina.
Vivienda financiada con un crédito del INVICO a través del programa Lote Propio, en terreno del beneficiario
1- Introducción
Este trabajo intentará explorar la relación que se ha establecido entre el suelo urbano -mejor dicho, entre los propietarios de ese bien- y los conformadores del espacio de las ciudades. Entre los principales actores que llevan a cargo esta construcción se debe dar un lugar preferencial a los organismos encargados de ejecutar el sistema estatal de provisión de vivienda social (Institutos Provinciales, Direcciones, Servicios, etc.), ya que estos son los mayores responsables de la expansión de las ciudades a través de la construcción de barrios de viviendas, y también de la regularización o urbanización de algunas de las villas y asentamientos. Pero esta responsabilidad en la construcción de las ciudades es compartida con otros actores sociales: los concesionarios de servicios públicos, los gobiernos locales, las empresas estatales de servicios, por citar solo algunos.
Postulamos que la problemática del suelo urbano se instala como problema central en la agenda pública en los últimos tres años, a partir del incremento de la obra pública; para esto trazaremos una breve reseña de los cambios sufridos por el Sistema del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI de ahora en adelante) desde la década del 90 a nuestros días. Posteriormente apuntaremos algunas cuestiones que consideramos necesarias para elaborar una agenda que contemple la cuestión del suelo; utilizaremos como insumos los aspectos más sobresalientes de esa problemática obtenidos durante los Talleres Regionales "Incorporación del Desarrollo Urbano en la implementación de los Programas Federales de vivienda", realizados entre Septiembre y Noviembre del año 2006 (implementados por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ,con la participación de as áreas de Planeamiento de los Institutos Provinciales de Vivienda y las Unidades Ejecutoras del Programa de mejoramiento de Barrios, PROMEBA) en varios puntos del país, ya que consideramos a esta serie de encuentros como un punto de inflexión en la forma de ejecutar políticas de vivienda social.
Creemos que la elaboración de esta agenda es un paso ineludible para salvar -aunque sea en parte- la tensión que existe entre los organismos de vivienda social y los demás actores que conforman el espacio urbano de nuestras ciudades.
Monobloques del Barrio 1000 viviendas; inaugurado en 1978 y en franco proceso de decadencia
2- Los cambios en el sistema, de los ‘90 a nuestros días
Son profundas las transformaciones que sufre la sociedad toda en esta década, marcada a fuego por el imaginario neoliberal; la fuga del Estado de gran parte de sus obligaciones, la política entendida como mero ejercicio del pragmatismo, la concentración de la riqueza en unos pocos, la mutación conceptual de ciudadano a consumidor y el desarme de la mayor parte de las instituciones constituyentes del alicaído Estado de Bienestar son solo algunos de los rasgos de la Argentina de los años noventa, que marcan lo que algunos autores definen como la transformación de la matriz socio política (en Repetto, Fabián, 2001, Gestión publica y desarrollo social en los noventa - Las trayectorias de Argentina y Chile, Buenos Aires, Prometeo Libros, encontramos como definición "…el abandono de la matriz socio política estado céntrica…"). El sistema estatal de provisión de vivienda social -más conocido como el FONAVI- no escapa a estos cambios, de los que se pueden citar como los más relevantes a los siguientes:
2.1.- En lo conceptual: bien sabemos el poder de prefigurar la realidad que tiene un discurso convincente que logra instalarse en la sociedad. En el marco de la implementación de una nueva matriz política, se van permeando nuevos conceptos en la discusión sobre la cuestión de la vivienda; en Cuenya encontramos que los términos enabling y partnership ("…enabling hace referencia a la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, en el cual los emprendimientos del sector privado, de las organizaciones sociales y de los individuos puedan desarrollar efectivamente el sector de la vivienda…", "…partnership, por su parte, alude a la creación de nuevos escenarios de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales , con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil") se empiezan a filtrar en los escenarios de implementación de políticas de vivienda. Esto se traduce en dos tendencias, una hegemónica y otra marginal. "…la primera esta representada por un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los países en desarrollo y que apuesta fuerte a que los mercados funcionen"; hasta aquí la primera tendencia, la segunda de ellas "…está representada por el conjunto de experiencias alternativas que, especialmente varios gobiernos locales, ponen en marcha en varias ciudades…Dentro de este grupo se incluyen los programas de regularización de loteos… los de regularización fundiaria…los de urbanización de asentamientos irregulares…" (postulamos que esta tendencia es la pata sectorial de lo que Repetto, 2001, llama la "estrategia acotada" de la Argentina en materia de políticas sociales y que se basa en la "…expansión desarticulada de programas focalizados…"). "Estos programas usualmente son tangenciales dentro de las agendas públicas y usualmente nunca superan el nivel de experiencias piloto…" (Cuenya, Beatriz, 2000, Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX; versión corregida del trabajo presentado en el Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales, organizado por la Maestría en Hábitat y Vivienda de la UNMdP el 18-y 19 de Noviembre de 1999, Rosario). Esto coincide con lo postulado por Ignasi de Solá y Morales (Solá y Morales, Ignasi de, 1996, "Presente y futuros. La arquitectura de las ciudades", Barcelona, en Recopilación de ensayos del Congreso Internacional de la UIA de Barcelona, España) cuando en 1996 postulaba como algunas de las principales tendencias a nivel mundial en materia de vivienda a la mercantilización de la totalidad o partes de la vivienda y a la supervivencia de experiencias alternativas de intervención, como un gesto de lo que es políticamente correcto. En resumen, la década de 1990 estuvo signada por una fenomenal embestida del mercado contra el sistema de provisión de vivienda popular, para poder apropiarse de los cada vez más menguados recursos del fondo; la supervivencia del mismo solo puede explicarse por la confluencia de intereses entre la burocracia del sistema y las empresas medianas y pequeñas de todo el país, que devino en una suerte de alianza estratégica implícita (parafraseando a Borges "…no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto…"). Ambas facciones pelearon por sus intereses, la eventual derrota implicaba la virtual desaparición de ambos a manos de las grandes empresas de construcción. Del mismo modo, y simétrica a esta tendencia de desarme del sistema universal de provisión de vivienda (si bien el FONAVI fue uno de los más claros exponentes del Estado de Bienestar, debe decirse que nunca llegó a fructificar como un sistema universal, y en esto es coherente con quienes definen como Estados de Bienestar incompletos o inconclusos a las experiencia latinoamericanas) florecieron durante ese período los programas focalizados, las más de las veces pre-formateados por organismos externos que ataban la aprobación de los créditos a la aplicación de esta forma de intervenir en el territorio.
2.2.- En lo institucional: los cambios en la forma de implementación del Fondo Nacional de la Vivienda (el FONAVI se conforma en los ´90 con un impuesto sobre los combustibles, tiene como objetivo la construcción de VIS en todo el territorio de la república y los órganos de aplicación son los institutos provinciales de vivienda), los más importantes son:
a) mediante Ley 24.130 de Agosto de 1992 e "…instrumenta la descentralización de los recursos (del FONAVI) hacia las provincias, que posteriormente es concretado por el Pacto Fiscal de agosto de 1992…", Rodulfo, 2003. Desde la implementación del FONAVI (año 1976, 1978 en el caso de la provincia de Corrientes) hasta agosto de 1992 se implementó un mecanismo fuertemente centralizado. Si bien las viviendas se licitaban en lo Institutos Provinciales y también se inspeccionaban, la aprobación de las carpetas técnicas y el libramiento de los fondos de cada certificado de obra se realizaba en la Secretaría de Vivienda de la Nación. A partir de la Ley 24.130 se delegan estas funciones en los IPV y la Secretaría se reserva el rol de auditoría.
b) Otro hito que marca un cambio es cuando "… en marzo de 1995 se crea por Ley 24.464 el Sistema Federal de Vivienda, que establece una nueva estructura organizativa del sector habitacional con carácter federal manteniendo como población destinataria el sector social con recursos insuficientes, tal como lo indica la Ley 21.581 (del año 1976, de creación del FONAVI)…", Rodulfo, 2003. El Sistema Federal de Vivienda se integra con los organismos ejecutores provinciales (que mantienen su rol de administradores y ejecutores) y un Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el que desempeña funciones de planificación y evaluación de resultados y se integra con un representante del Poder Ejecutivo Nacional (función desempeñada habitualmente por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda) y un representante por cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se tradujo en una descentralización la política de vivienda, ya que no solo quedó a cargo de las provincias la administración de los recursos que coparticipa el FONAVI a cada una de las jurisdicciones, sino que transfiere a estas gran parte de la decisión de cómo utilizar los mismos. Pero esta cesión de poder tuvo mucho de barrer los problemas afuera de la habitación; la última década del siglo pasado vio languidecer las transferencias de recursos desde la Nación a las provincias por cambios en la base imponible del impuesto. La combinación de recursos menguantes con el entorno inflacionario propio de la segunda mitad de la década fue un cóctel que atentó contra la capacidad concreta de acción de los organismos de cada jurisdicción.
2.3.- En lo económico: este desguace al que nos referíamos se tradujo en la retirada del Estado de las áreas más rentables de la economía a favor del capital privado. Venta de activos subutilizados, concesión de servicios públicos o creación de nuevas áreas de oportunidad, fueron las estrategias más utilizadas en aras de "aligerar" a un Estado que se comienza a probar las ropas de facilitador de la economía.
Otro aspecto de este cambio de rol se verifica en la reforma del mercado, esta transformación se manifestó de varias formas:
a) "…La previsibilidad de las decisiones financieras en sus efectos se expresó en el vertiginosos crecimiento de la oferta de crédito hipotecario en el mercado privado, favoreciendo a los grupos de ingresos medios insertos en el nuevo escenario económico…" (Rodulfo, María Beatriz (2003), La situación habitacional y las políticas publicas, Buenos Aires, versión preliminar - mimeo).
b) "…La reorganización del BHN (Banco Hipotecario Nacional), que se transformó primero en banco mayorista y luego en Sociedad Anónima privatizada…", Cuenya, 2000. Perdiéndose de esta manera una herramienta financiera formidable para la aplicación de políticas de vivienda y hábitat destinadas a los sectores medios.
c) "… La promoción del sector privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo plazo a través de la titulización de hipotecas…", Cuenya, 2000. Afortunadamente, estas últimas medidas no pasaron de ser iniciativas aisladas tomadas por algunos de los organismos provinciales de vivienda.
Vivienda colectiva en el Barrio San Gerónimo, realizado con un aporte del BHN garantizado por la titulización de hipotecas
2.4.- El sistema post 2001: es innegable que la salida de la convertibilidad financiera marcó un antes y un después en la sociedad argentina. El sistema estatal de vivienda no fue ajeno a esto y los doce meses posteriores al estallido de diciembre del 2001 pueden ser recordados en casi todas las provincias como el año de la paralización de las obras en marcha y la cancelación de obras a contratar. Fue necesaria una fuerte decisión política que asumiera esa realidad y decidiera hacer una fuerte apuesta en el sector con dos objetivos bien claros: atacar el déficit habitacional y generar una demanda de mano de obra que paliara (aunque sea parcialmente) los altos índices de desempleo imperantes. Así es que aparecen los programas "extracupo" (los programas extracupo tienen una financiación aparte de los recursos coparticipables habituales de los IPV con la particularidad de tener una asignación específica para cada obra y un fuerte contralor por parte de la Nación en lo referente a la ejecución de las mismas). Reactivación, Solidaridad, Federal Plurianual I y II, Mejor Vivir y de Provisión de Infraestructura son algunos de los programas que dieron nuevo impulso al sistema, pero el fuerte contralor impuesto por la Nación en la ejecución de los mismos se configuró en una suerte de "recentralización" del sistema, cambiando la mecánica de funcionamiento imperante desde la transferencia de recursos y funciones desde el año 1992. Creemos que es necesario subrayar como aspectos relevantes de esta nueva etapa el tremendo impulso que recibió la construcción de VIS -en perfecta concordancia con la reanudación de la obra pública en general- y la transferencia de gran parte del manejo de los planes habitacionales a favor de la Nación. Todos los programas "extracupo" bajaron a los IPV con rigurosos parámetros de aplicación, quedando en poder de las provincias la definición de la localización de las obras, la adjudicación de las mismas y el control del proceso de construcción.
2.5.- Una conclusión parcial: en este punto se hace necesario cruzar lo que hemos descrito hasta aquí con la dimensión del suelo que nos convoca. Si coincidimos que las características relevantes de la política habitacional de la década de 1990 -teniendo como marco los procesos que hemos comentado- han sido la disminución progresiva del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, de las remesas que recibieron las provincias; esto se tradujo en la disminución del poder de intervención de los IPV, que optaron por construir conjuntos de VIS de menor tamaño, ejecutar programas curativos de mejoramiento de villas y asentamientos -casi siempre "enlatados" de la mano de créditos internacionales- y poner en funcionamiento programas de créditos individuales (que se implementaron en la marco de la Ley 24.464/95) a fin de mantener en marcha el sistema, y en línea con los concepto de facilitación y asociación a los que ya hemos hecho referencia.
Tanto la escala como la modalidad de las políticas habitacionales implementadas en la última década del siglo pasado han hecho que la problemática del suelo urbano no se haya instalado como un problema central en la agenda del sistema.
Lo que sucede con posterioridad a la devaluación del año 2001 es bien diferente, se puede citar como característica relevante la fuerte decisión política de reposicionar al sistema como proveedor universal de soluciones habitacionales. Este fortalecimiento se logró implementando Programas Federales, que se adjudicaron a las provincias sin afectar las disminuidas coparticipaciones del FONAVI de cada jurisdicción. Algunas de las consecuencias de todo esto fueron el aumento de las inversiones en materia habitacional, el incremento de escala de los conjuntos de VIS, la "recentralización" del sistema -y destacamos como relevante la sujeción de los tiempos de ejecución de los programas a lo estipulado por la Nación para cada caso-. Todo esto se tradujo en una explosiva demanda de suelo urbano acotada en el tiempo, lo que ocasionó que en la actualidad el problema del suelo se instale como central en la agenda del sistema.
Vivienda del Barrio Ponce, recientemente entregada; pertenece al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
3- Hacia una agenda que contemple la cuestión del suelo
El mercado inmobiliario, cuando no está regulado, suele reaccionar con fuertes alzas ante demandas de importancia acotadas en el tiempo, esto es lo que ha sucedido en muchas ciudades de nuestro país cuando el Estado o las empresas constructoras salieron a buscar macizos de tierra en áreas periféricas para localizar conjuntos de vivienda.
¿Cómo se debería parar el Estado ante este problema, y cuales son las acciones que se pueden implementar para poder incidir -aunque sea parcialmente- en el mercado de suelos superando el rol de mero espectador?
3.1.- Los resultados de los talleres de Desarrollo Urbano: para tratar de responder estas cuestiones utilizaremos -en una primera instancia- lo producido en el marco de los talleres de Desarrollo Urbano al que hicimos referencia en la Introducción. A continuación se apuntan las cuestiones relacionadas con el suelo urbano consideradas como más relevantes por los asistentes a esos talleres:
Cuestiones de información: muchos de los IPV no cuentan con un relevamiento de las tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales) aptas para ser utilizadas en la construcción de VIS y equipamiento comunitario, así como tampoco de un mapa de precios actualizado para negociar la compra de tierras a privados.
Cuestiones de financiamiento: la coparticipación de los IPV es utilizada para obras complementarias, gastos de funcionamiento y completamiento de los fondos extracupo; no existe una línea de financiamiento para compra de tierras.
Cuestiones de gestión: los trámites para la cesión de tierras fiscales nacionales son engorrosos, debería buscarse la forma de agilizar el procedimiento.
Cuestiones de relación con entes de servicios: los contratos leoninos de concesión de algunas empresas privatizadas son parte de la "mochila" de los ´90. Los altos costos de urbanización de los conjuntos son solo una de las caras del problema.
Cuestiones de relación con gobiernos locales: la falta de financiamiento y debilidad de los cuadros técnicos de los municipios obliga a los IPV a trabajar en ausencia de reglamentaciones específicas o suplementando la acción municipal.
Cuestiones de relación con otros organismos estatales: se referencia especialmente el equipamiento de Salud, Educación y Seguridad. Se apuntó como deseable que los conjuntos contemplen la ejecución de este equipamiento comunitario desde el inicio de la programación para no trabajar sobre la emergencia, con el barrio ya habitado.
Cuestiones de temporalidad: sería deseable que la implementación de los programas en los distritos no estén excesivamente ligados a la agenda de la Nación, para asegurar la continuidad de las acciones en el territorio.
3.2.- Una agenda, ¿posible?: toda cuestión compleja -y la problemática del suelo urbano lo es- no acepta soluciones fáciles y se debe plantear un enfoque en varios aspectos. El Seminario "Manejo de Suelo Urbano para la Vivienda Social en la Argentina" fue una oportunidad de intercambio de experiencias y trabajó sobre la sensibilización generada por la experiencia de Talleres Regionales de Desarrollo Urbano y el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento de los IPV, implementados ambos por la SSDUV a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano. Esto es una señal de que se está conformado una masa crítica de discusión sobre el tema.
En lo referente a lo normativo jurídico es notoria la carencia de una Ley Nacional de Suelo, pero existe un rango de acción posible en la legislación existente y en la capacidad de gestión de las áreas político técnicas de los IPV.
De las falencias detectadas es posible trabajar sobre todo en lo que se refiere a la falta de información. Es posible implementar acciones concretas en lo referente al relevamiento de las tierras fiscales, del mapa de precios y de las herramientas jurídicas y de gestión. Por esto se considera indispensable continuar e incrementar el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento y Desarrollo Urbano de los IPV.
Es posible avanzar en la articulación con otros organismos apoyando la acción municipal y de las áreas de infraestructura de los ministerios de Salud, Educación y de Seguridad para poder construir más ciudad y no solo conjuntos habitacionales.
Se debe seguir atacando la cuestión del hábitat desde varios frentes: mejoramiento de barrios deficitarios, acciones curativas en villas y asentamientos, ampliación del área urbana y densificación de áreas a través de micro-intervenciones, en este sentido se considera conveniente promover más activamente la política de préstamos individuales a individuos y/o consorcios para acciones de completamiento y/o densificación de tejido urbano.
En ausencia de un marco normativo que regule la captación de plusvalías por parte del privado se pueden utilizar los instrumentos existentes o incorporar cláusulas en los pliegos de licitación para minimizar la captación de plusvalías.
La cuestión de la revisión de los términos de concesión de las empresas privatizadas es un objetivo de largo aliento, pero deberían revisarse los mismos para propender a una distribución más equitativa de cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización.
Una iniciativa concreta sería la implementación de un programa de compra o adquisición de tierra en macizo por parte de los IPV, con financiación de la Nación, articulando este programa con el de la provisión de infraestructura y equipamiento. Esto permitiría a los IPV disponer de tierra urbanizada apta para "bajar" programas diversos y no depender de las ofertas de las contratistas; además, esto daría la posibilidad de programar con tiempo tanto los aspectos físicos de las sucesivas intervenciones en el terreno como los sociales y económicos y se considera que -con un manejo adecuado- la inversión necesaria para la compra de tierra se compensarían con las economías en materia de provisión de infraestructura y por la cesión de plusvalías generados por el Estado a favor de privados.
Creemos que esta agenda que ponemos sobre la mesa puede pecar de preliminar, parcial o incompleta… pero si de algo estamos seguros es de que es posible implementarla en plazos razonables; están dadas todas las condiciones.
JLB
El autor es Arquitecto, Gerente de Planeamiento y Proyecto del Instituto de Vivienda de Corrientes, República Argentina, ex alumno y becario del Lincoln Institute of Land Policy.
Sobre políticas de vivienda en la Argentina, ver también en café de las ciudades:
Número 36 I Política de las ciudades (III)
Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat.
Número 22 I Economía
Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel
Sobre políticas de suelo en América Latina, ver también en café de las ciudades:
Número 23 I Economía
El impuesto predial como instrumento de urbanización I Los mitos sobre la política del suelo en Latinoamérica, en una entrevista con Martim Smolka.
Número 20 I Economía de las ciudades
"Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado" I Entrevista a Samuel Jaramillo: la gestión del suelo urbano en Latinoamérica.
Página de Inicio
Cultura de las ciudades (I)
Excursiones mínimas
Buenos Aires, de la mano de Sabugo y Minond.
Sin pretensiones semióticas explícitas, el texto genera así una posible multiplicidad de lectores insatisfechos que completarán y ampliarán ad infinitum los recorridos por Buenos Aires. Habrá turistas alemanes que, cantimplora en mano, empalmarán la calle Corrientes de las librerías con el Abasto "del Morocho", el monumento a Pugliese en Villa Crespo y el Conventillo de la Paloma, para seguir por Serrano hasta el Palermo de Borges. No faltará el arquitecto que prescindirá en San Telmo de la Plaza Dorrego y se encolumnará por Balcarce, el flâneur de domingo que a los palacios recoletos prefiera la Recova de Libertador, o el disidente que encarará el inventario de Devoto.
Arquitectura de las ciudades
El espacio de la ausencia
La Plaza de los Héroes del Ghetto, en Cracovia I Por Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste
Hacer de la construcción arquitectónica homenaje, metáfora construida de los recuerdos y los sentimientos de un tiempo convulso, de un recuerdo difícil de soportar y asumir, convierten a la tarea del arquitecto en una cuestión a resolver desde una implicación moral. Intentar no caer en referencias tópicas sino hacer un homenaje a las víctimas sin incurrir en la espectacularidad dramática o en la sublimación de la tragedia. Lewicki y Łatak sienten la necesidad de preservar la fuerte carga emotiva de un lugar sin desposeerlo del ritual del dolor, pero también sin querer hacer de él un lugar de cargas negativas que lo transformen en un espacio alienado.
Cultura de las ciudades (II)
Sustantivos Colectivos 1. Barrio
Semiótica de una intervención propuesta en el Barrio Alberdi de Córdoba I Por María Griselda Angelelli
La expansión de los nuevos modelos altera los modos sociales de interacción que habían sido construidos por el uso común, como cuando familias del barrio, a causa de su amistad, solían elegir terrenos contiguos donde construir sus viviendas, dejando una puerta en las medianeras para pasar cómoda y rápidamente de una casa a la otra. Aún en algunas casas de departamentos (como la de quien escribe) se festejan en común los acontecimientos de cada habitante como cumpleaños, llegada de parientes de otras provincias o del interior de Córdoba, logros personales como lo es conseguir trabajo, etc.; además de las fiestas tradicionales como Navidad o Año Nuevo.
Política de las ciudades (II)
El futuro de las ciudades
La relación entre Espacio y Estado en la Argentina I Por José Ariel Núñez
No es que la figura jurídico política del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio, ya que todos los tratadistas de la institución municipal afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto que ella es gobierno local. El Municipio nace urbano, por eso es una institución política, administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa organizarse jurídica y económicamente para satisfacer sus necesidades colectivas.
Lugares
Santiago a la vanguardia
Los claroscuros de una ciudad en desarrollo
Los amigables paseos del “Sanhattan”, el glamour de la calle Lastarria, los amenos bares de Bellavista, replican un patrón de ciudad europea contemporánea, ajeno hasta cierto punto a las miserias supérstites de la ciudad. ¿Cuál es la Santiago válida: la del smog y las poblaciones desangeladas o la de las calles sin miseria y los servicios universales? Como suele ocurrir, ambas posibilidades son válidas para caracterizar a Santiago. La ciudad contaminada, la metrópolis desigual donde la fragmentación social tiene expresión territorial, coexiste con la ciudad planificada donde el desarrollo parece estar al tiro del crecimiento sostenido.
Nuevo y exclusivo de café de las ciudades
Proyecto Mitzuoda I Una ficción metropolitana contemporánea (por entregas). I De Carmelo Ricot, con Verónicka Ruiz
Entrega 28: El buen ladrón
Una performance espontánea - Arte y Política se confunden en las calles - La amenaza - El Depredador completa su traición - Snobismo de un genio - ¿Revolución o anacronismo?
Mensajes al café
Consulta sobre la extensión del Corredor Verde del Oeste y carta abierta de Adolfo Res al Jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Café corto
Maestría en Planificación Urbana-Regional en la FADU – UBA - 9º Seminario Montevideo - Proyectar el espacio público en la Ciudad Central - Curso de Restauración de Edificaciones Históricas - Congreso de Arquitectura del Paisaje, en México DF - Financiamiento a documentales sobre ciudades latinoamericanas - Dott, innovación social y diseño - Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en La Habana - "La Salada ya es la mayor feria ilegal de América latina"
Master en Gestión de la Ciudad en el siglo XXI: café de las ciudades ha establecido con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "la universidad virtual", un acuerdo destinado a la difusión y promoción delMaster en Gestión de la Ciudad.en el siglo XXI. El desafío implícito en esta colaboración con la UOC es el que nos motiva desde el inicio de nuestro café:replicar en el espacio virtual la complejidad y la riqueza del territorio y la ciudad contemporáneos, confrontar miradas sobre la ciudad, contribuir a la generación de buenas políticas urbanas y a la formación de sus planificadores y gestores. Para mayor información dirigirse a cartas@cafedelasciudades.com.ar
> ACERCA DE CAFÉ DE LAS CIUDADES
café de las ciudades es un lugar en la red para el encuentro de conocimientos,
reflexiones y miradas sobre la ciudad. No es propiedad de ningún grupo, disciplina o
profesión: cualquiera que tenga algo que decir puede sentarse a sus mesas, y hablar con
los parroquianos. Amor por la ciudad (la propia, alguna en particular, o todas, según el gusto
de cada uno), y tolerancia con las opiniones ajenas, son la única condición para entrar. Hay
quien desconfía de las charlas de café: trataremos de demostrarle su error. Nuestro café está
en cualquier lugar donde alguien lo quiera disfrutar, pero algunos datos ayudarán a encontrarlo.
Estamos en una esquina, porque nos gustan los encuentros, y porque desde allí se mira mejor en
todas las direcciones. Tenemos ventanas muy amplias para ver la vida en las calles, y no nos
asustan sus conflictos. Es fácil llegar caminando a nuestro café, y por eso viene gente del centro
y de todos los barrios (sí alguien prefiere un ambiente exclusivo, que se busque otro lugar).
No faltaran datos sobre cafés amigos, porque nos gusta andar de bar en bar: ¿cómo pedirle
a los parroquianos que se queden toda la noche en el nuestro? Esa es la única cadena a la
que pertenece el café de las ciudades: la de todos los cafés únicos e irrepetibles,
en cualquier esquina de cualquier ciudad.
Marca en trámite
Editor y Director: Marcelo Corti
Diseño: Laura I. CortiCorresponsal en Buenos Aires: Mario L. Tercco
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