sábado, 8 de enero de 2011

Tarifas subsidiadas

Economía  |  Sábado, 8 de enero de 2011
Panorama económico

Tarifas subsidiadas

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Por Alfredo Zaiat
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, anunció a fin de año un aumento del 83 por ciento en las naftas. Evo Morales asumió la responsabilidad del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. El Estado subvencionaba la nafta y el gasoil a un precio equivalente de 27 dólares el barril de petróleo en el mercado interno. En la plaza internacional cotiza cerca de los 90 dólares. El gobierno boliviano afirmó que esos valores estimulaban el contrabando hormiga a países vecinos y estimó que por esa vía sufría una pérdida de unos 150 millones de dólares en las cuentas públicas. Esa decisión de Evo Morales de reducir subsidios es la política que en Argentina es alentada por economistas y analistas ortodoxos y no pocos heterodoxos. El resultado fue una revuelta popular y el deterioro de la imagen positiva de Evo, quien en forma oportuna dio marcha atrás con ese fuerte ajuste de tarifas. Esta traumática experiencia boliviana es un ilustrativo antecedente al momento de considerar propuestas sobre tarifas y subsidios en el país.
Existe un concepto básico en ese debate que en general no se expone: cualquier nivel de tarifas es político. Es una definición básica que brinda un marco conceptual más nítido para comprender la dinámica de los precios de servicios públicos. Son decisiones políticas fijar tarifas altas para financiar la expansión del sistema energético o la red de transporte, o bajas subsidiadas con el objetivo social de proteger el poder adquisitivo de la población financiando las inversiones necesarias con recursos públicos. En esta cuestión ha sido bastante absurdo, una contradicción en los términos, pretender que existan tarifas no políticas cuando son definidas por la acción del Estado.
En muchas ocasiones representantes de la corriente conservadora, con estrechos lazos económicos con grupos privados interesados en el sector, sostienen la necesidad de tarifas "justas y razonables". Afirman que éstas deberían asegurar la prestación del servicio al mínimo costo compatible con una tasa de rentabilidad acorde con el riesgo del negocio para incentivar las inversiones. Pese a esa seductora definición de marketing, tarifas más altas no implican necesariamente mayores inversiones: por caso, en Santa Fe y en Córdoba las tarifas eléctricas son bastante más elevadas que las de Capital y eso no se traduce en expansión y estabilidad de la red. Tampoco se verificó ese comportamiento virtuoso en la década del noventa, cuando tarifas caras sólo sirvieron para que los grupos privados recuperaran rápido los fondos destinados a la compra de las compañías públicas, así como también para acelerar el giro de utilidades a sus casas matrices.
"Justas y razonables" es una idea bastante gaseosa que no reconoce la complejidad estructural, coyuntural y política involucrada en las tarifas, puesto que esa propuesta de consigna fácil sólo encierra la meta de incrementar la rentabilidad privada. Además de suponer que el volátil precio internacional de commodities, activos atrapados de movimientos financieros especulativos, debe definir el precio doméstico. Es una obviedad que esta cuestión no es igual para un país importador de petróleo, que no tiene otra opción que aceptar el precio internacional aunque puede no trasladarlo en su totalidad a su población mediante subsidios aportados de fondos públicos, que un país productor, que tiene más margen para definir qué tipo de estructura de tarifas pretende según objetivos de desarrollo económico y social.
Existen varios aspectos relacionados con el impacto de las tarifas y los subsidios en la economía. Uno de ellos merece una consideración especial para luego avanzar en otros también importantes, como mejorar la transparencia de la asignación de ese dinero, la eficacia para evitar el despilfarro y la captura por sectores sociales y grupos económicos que no los necesitan. El punto clave de los subsidios en tarifas de servicios públicos desde 2003 fue que ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los salarios. En un informe de agosto del año pasado de la consultora del economista Miguel Bein se presentaron elocuentes datos que muestran la relevancia de esa estrategia. Se precisa que los precios de las tarifas de energía eléctrica, gas y transporte público de pasajeros incluidas en el Indice de Precios al Consumidor aumentaron en promedio 31 por ciento desde fines de la convertibilidad, cuando el resto de bienes y servicios lo hicieron en mucha mayor magnitud. Bein realiza un ejercicio hipotético de actualizar las tarifas a los precios relativos de 1993, previos a las privatizaciones de los '90. Esto implicaría un ajuste promedio de 65 por ciento, alza que ubicaría el salario real promedio de la economía 2 por ciento por debajo de los niveles de fines de 2001. También efectúo otro cálculo de actualización tomando en este caso la eliminación de los subsidios a la luz, el gas y el transporte: el aumento de tarifas debería alcanzar el 180 por ciento, por lo que el salario real resultante sería 7 por ciento más bajo que antes del estallido del régimen monetario 1 a 1. En una o en otra situación, toda la recuperación de los ingresos de los trabajadores se esfumaría por esa hipotética suba de las tarifas en búsqueda de un supuesto equilibrio de la ecuación económica pretendida por un difuso saber técnico.
Con criterio, en ese documento se destaca que se trata de una simple cuenta matemática que establece el precio que debería pagar el consumidor eliminando los subsidios y manteniendo todas las otras variables de la economía estables. Condición de imposible cumplimiento puesto que provocaría alzas en cadena en el resto de los precios y demandas salariales de compensación por esos ajustes. Bein lo considera al mencionar que "es evidentemente inviable políticamente ya que implica aumentos de 190 por ciento en el pasaje de colectivo, 170 por ciento en subtes y 500 por ciento en el de trenes". Para la energía eléctrica y gas, sin considerar los gastos de capital realizados directamente por el Estado, ni la deuda acumulada con las generadoras, ni los menores precios que perciben los productores locales en relación al precio de importación, "se requerirían aumentos de 160 por ciento en la tarifa eléctrica y 100 por ciento en la tarifa del gas".
Resulta llamativo que los analistas que más cuestionan el esquema de tarifas subsidiadas son quienes señalan la ausencia de una política antiinflacionaria. Si existe una estrategia oficial exitosa en ese frente conflictivo de domar la inflación se encuentra precisamente en el capítulo de las tarifas de servicios públicos. Bein estimó que el impacto sobre el IPC de un ajuste por la eliminación de subsidios a la energía y al transporte ascendería a 15 puntos porcentuales. Recuerda que el aumento de la carne, con una incidencia de 3,6 puntos porcentuales en la inflación de 2010, concentrada en el primer trimestre del año, espiralizó la evolución del resto de los precios de la economía. Las tensiones registradas por los aumentos durante el año que acaba de terminar se multiplicarían por cinco, con un desenlace político y social fácil de imaginar.
La política de tarifas subsidiadas es una medida antiinflacionaria e implica recursos equivalentes al 3,3 por ciento del PIB. Eugenia Aruguete indica en un documento publicado en Entrelíneas de la Política Económica (Nº 23, diciembre 2009, del Ciepyc), que es "una política que tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo, e indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada".
La relevancia de tarifas subsidiadas sobre la recuperación del poder adquisitivo del salario y como medida antiinflacionario no significa que no se requiera mayor transparencia en la distribución, precisión en la asignación de recursos públicos y examinar el esquema que pueda estar privilegiando a un sector social acomodado o a grupos económicos. Pero esa necesaria revisión, además de revisar las evidentes limitaciones de un modelo híbrido de gestión estatal-privado, exige partir de que el cuadro de tarifas es una decisión política y que los subsidios son una potente herramienta de redistribución de ingresos. En esa tarea no es sencillo eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas. Especialistas vinculados a conglomerados privados que manejan servicios públicos y economistas de la ortodoxia ocultan o desprecian los efectos positivos de tarifas subsidiadas. El antecedente reciente de la crisis padecida por Evo Morales ha sido bastante convincente para alejar consejos de una tecnocracia convencida que provocar convulsión social es un costo menor.
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jueves, 6 de enero de 2011

El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países - PAIS 24 | La verdad a diario

El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países - PAIS 24 | La verdad a diario

Jueves 06 de Enero del 2011 | 14:42
AVANZA EL PROYECTO
El plan de casas de Madres de Plaza de Mayo irá a otros países
Esto se oficializó tras la firma de un convenio entre el canciller, Héctor Timerman, y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini. El acto se realizó en la Casa de las Madres.


Capital Federal - El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmaron este jueves un convenio de cooperación internacional para difundir y llevar su plan de construcción de viviendas para familias humildes a otros países vecinos.

En un acto que tuvo lugar en la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, Timerman y Bonafini firmaron el convenio con el objetivo de llevar esta experiencia a otros países de la región. "El ministerio colaborará para difundir este plan en el exterior porque estos planes son parte del proyecto de país de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan los planes sociales de viviendas que alguna vez tuvo el Estado argentino", dijo Timerman.

El programa habitacional "Sueños Compartidos" ayuda a las familias más humildes a construir su propia vivienda, a través de capacitación en oficios, contribuyendo también a la reinserción social y económica de estos sectores excluidos.

Timerman destacó el trabajo que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo hace más de 30 años por los derechos humanos y el juicio a los represores, y "en democracia por la dignidad de los que menos tienen". "Queremos que la sociedad toda sea parte de la politica exterior argentina, que no pertenezca esta sólo a un sector de la sociedad sino que represente a todo el pueblo", dijo Timerman luego de firmar el convenio.

Por su parte, Hebe destacó la importancia de que la Cancillería de a conocer el plan en el exterior y recordó que "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner quien primero creyó en este proyecto". "Este es un gobierno único, sin este gobierno la misión Sueños Compartidos no hubiese sido posible", dijo. Además agregó que "el canciller Timerman abrió sus puertas a todos, y dejó atrás la sensación de que la Cancillería era de otros países".

Finalmente, Hebe de Bonafini dejó en claro que no le importaba "a qué intendente beneficia el plan, sino que beneficie al pueblo". "Si es de la ciudad de Buenos Aires, de la China, a mi no me importa, a nosotros nos importa que la población no sufra", remarcó la dirigente en referencia a los muchos proyectos de construcción de viviendas que se construyen en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri.

Según dijo, "si tenemos que sacar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, si tenemos la suerte, sería un premio para nuestros hijos, más que cualquier juicio, más que un milico preso". "Yo antes que un milico preso prefiero ver un niño feliz", consignó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Estos programas de viviendas son ejecutados con fondos provenientes de la Nación a través de la Subsecretaria de Obras Publicas, y son ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, utilizando un sistema constructivo no tradicional, denominado Emmedue o Cassaforma.

Todas las unidades habitacionales de la Misión Sueños Compartidos son entregadas con cocina, bajo mesada, ventiladores, termotanque, camas, colchones, placares, estufas, mesas, sillas, bañeras, cortinas y ventiladores de techo, sistema de elevación de agua potable con bomba y cisterna, red interna de agua, energía, iluminación externa, parquización, pozos absorbentes y biodigestores, cordón cuneta y ripio.

Fuente: Télam


Entregan 70 viviendas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en Almirante Brown

Click aquí para ver el texto en Telam
15:00 - POLITICA
Entregan 70 viviendas de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en Almirante Brown 
El municipio de Almirante Brown entregó 70 viviendas a vecinos del distrito que fueron construidas en el marco del Plan de Construcción que lleva adelante la Asociación Madres de Plaza de Mayo con el apoyo del Gobierno nacional.

Las 70 casas fueron realizadas en del Barrio 2 de Abril en la localidad de Ministro Rivadavia, de Almirante Brown.

En el marco de la entrega, el intendente Darío Giustozzi destacó que "el operativo de traslado de las familias involucró a personas que viven hace más de treinta años junto al arroyo Las Piedras y que tienen más necesidades sociales".

La idea de reubicar las familias surgió al inicio de la gestión cuándo se fijó como una de las prioridades solucionar el problema de la gente que vivía a la vera del arroyo y una de las cuestiones que se analizó es la relocalización de las familias en un barrio.

"La zona del arroyo será alambrada y se transformará en un espacio público recuperado, con espacios verdes y calles pavimentadas. Además según adelantaron los trabajadores sociales está en marcha una asociación de vecinos agrupados para la defensa del medio ambiente", detalló el jefe comunal.
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Firmaron un convenio para llevar a otros países el plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo

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14:00 - POLITICA
Firmaron un convenio para llevar a otros países el plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo 
El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, firmaron hoy un convenio de cooperación internacional para difundir y llevar su plan de construcción de viviendas para familias humildes a otros países vecinos.

En un acto que tuvo lugar esta mañana en la Casa de las Madres, en el barrio de Congreso, Timerman y Bonafini firmaron el convenio con el objetivo de llevar esta experiencia a otros países de la región.

"El ministerio colaborará para difundir este plan en el exterior porque estos planes son parte del proyecto de país de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recuerdan los planes sociales de viviendas que alguna vez tuvo el Estado argentino", dijo Timerman.

El programa habitacional "Sueños Compartidos" ayuda a las familias más humildes a construir su propia vivienda, a través de capacitación en oficios, contribuyendo también a la reinserción social y económica de estos sectores excluidos.

Timerman destacó el trabajo que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo hace más de 30 años por los derechos humanos y el juicio a los represores, y "en democracia por la dignidad de los que menos tienen".

"Queremos que la sociedad toda sea parte de la politica exterior argentina, que no pertenezca esta sólo a un sector de la sociedad sino que represente a todo el pueblo", dijo Timerman luego de firmar el convenio.

Por su parte, Hebe destacó la importancia de que la Cancillería de a conocer el plan en el exterior y recordó que "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner quien primero creyó en este proyecto".

"Este es un gobierno único, sin este gobierno la misión Sueños Compartidos no hubiese sido posible", dijo.

Agregó que "el canciller Timerman abrió sus puertas a todos, y dejó atrás la sensación de que la Cancillería era de otros países".

Finalmente, Hebe de Bonafini dejó en claro que no le importaba "a qué intendente beneficia el plan, sino que beneficie al pueblo".

"Si es de la ciudad de Buenos Aires, de la China, a mi no me importa, a nosotros nos importa que la población no sufra", remarcó la dirigente en referencia a los muchos proyectos de construcción de viviendas que se construyen en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Mauricio Macri.

Según dijo, "si tenemos que sacar todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, si tenemos la suerte, sería un premio para nuestros hijos, más que cualquier juicio, más que un milico preso".

"Yo antes que un milico preso prefiero ver un niño feliz", consignó la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Estos programas de viviendas son ejecutados con fondos provenientes de la Nación a través de la Subsecretaria de Obras Publicas, y son ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, utilizando un sistema constructivo no tradicional, denominado Emmedue o Cassaforma.

Todas las unidades habitacionales de la Misión Sueños Compartidos son entregadas con cocina, bajo mesada, ventiladores, termotanque, camas, colchones, placares, estufas, mesas, sillas, bañeras, cortinas y ventiladores de techo, sistema de elevación de agua potable con bomba y cisterna, red interna de agua, energía, iluminación externa, parquización, pozos absorbentes y biodigestores, cordón cuneta y ripio.
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lunes, 3 de enero de 2011

UNA HERRAMIENTA QUE A LARGO PLAZO RESUELVE MUCHO MÁS QUE EL PROBLEMA HABITACIONAL

Un estudio revela que otorgar títulos de propiedad ayuda a combatir la pobreza

Publicado el 3 de Enero de 2011

Según el CEDLAS, quienes los reciben invierten más en sus casas. El resultado es el descenso del número de personas viviendo bajo un mismo techo, una conformación familiar más nuclear y la mejora de la escolaridad de los hijos.
 
Otorgar títulos de propiedad de tierras a quienes se encuentran en la pobreza aumenta el nivel de inversión, tanto en la casa como en el capital humano que son sus hijos, lo que contribuirá a reducir la pobreza de las próximas generaciones”, señala entre sus conclusiones una investigación del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata.
El estudio, realizado por los doctores en Economía Sebastián Galiani y Ernesto Schargrodsky demuestra que “la titulación de tierra puede ser una herramienta importante en la reducción de la pobreza”. En diálogo con Tiempo Argentino, Galiani explica que “en el corto plazo no se puede esperar un efecto profundo”, pero destaca que sí pudieron encontrarse “dinámicas muy interesantes” en lapsos de tiempo más prolongados.
En este sentido, Galiani resalta que “las familias con nuevos títulos de propiedad incrementaron sustancialmente la inversión en vivienda, redujeron el tamaño del hogar (cantidad de personas viviendo en una misma unidad) y mejoraron la educación de sus hijos en relación con aquellos que no tienen el título de la tierra”.
En momentos en que las recientes tomas iniciadas con la ocupación del Parque Indoamericano abrieron el debate, y la sociedad se divide entre quienes reclaman el desalojo violento de los predios ocupados y quienes propugnan por proyectos que permitan enfrentar el déficit habitacional, el estudio del CEDLAS da cuenta del impacto que sobre la pobreza puede llegar a tener los planes habitacionales.
Galiani elige sin embargo la prudencia y advierte que, aunque en el largo plazo se pueden registrar estos beneficios, inicialmente impensados, en ningún caso esto puede ser tomado “como una solución a la pobreza”.
Para su estudio, Galiani y Schargrodsky tomaron como base el caso de una toma de tierras ocurrida en 1981 en San Francisco Solano, Quilmes. Unas 1800 personas ocuparon tierras que pertenecían a 13 dueños distintos. En 1984, el Estado provincial resolvió expropiar e indemnizar a los antiguos propietarios, de ellos cinco no aceptaron y continúan aún hoy en litigio por la ocupación de sus tierras. Así se originó una situación muy particular. Aquellos que habían ocupado las tierras de alguno de los ocho dueños originales que aceptaron la indemnización, obtuvieron los títulos de propiedad de lo que pasó ahora a ser su tierra. En cambio sus vecinos de las tierras aún en disputa legal continúan ocupándolas de manera precaria.
Más de 20 años después, los autores del trabajo encontraron grandes diferencias en la evolución de las familias que sí obtuvieron los títulos de aquellas que no.
“En concreto, lo que encontramos es que en un plazo de diez años los hogares que recibieron un título de propiedad invierten más en el hogar, entre un 30% y  un 40% más, y eso les mejora la vida y afecta a la organización del hogar también, no sólo a la casa sino a la estructura familiar” dijo Galiani.
El docuemnto del CEDLAS destaca que “la superficie construida es un 12% mayor y el índice de calidad del hogar sube un 37%” entre quienes poseen el título de propiedad. La proporción de hogares con buena calidad de paredes y techos aumenta un 40% y 47% en los hogares con títulos y es un 16% mayor la cantidad de hogares con veredas de concreto. Asimismo, los hogares con título de propiedad tienen una menor cantidad de habitantes, unos 5,11 miembros contra 6,06, al tiempo que se trata de “familias nucleares” (padres e hijos solamente) viviendo bajo el mismo techo.
El estudio indica además que estas mejoras habitacionales y los hogares nucleares más reducidos redundan a su vez “en una mayor inversión en la educación de los hijos, lo que les permite alcanzar niveles educativos más altos que podrán permitirles lograr diferencias financieras a largo plazo” al acceder a empleos mejor remunerados. En las casas con títulos de propiedad se duplica la tasa de chicos que acuden a la educación secundaria, un 53% contra el  26% entre quienes viven en hogares sin la correspondiente titularidad.
Contra la extendida idea de que para elaborar un plan habitacional alcanza con otorgar tierras en la periferia de ciudades, Galiani aseguró que al encarar esta clase de programas los gobiernos deben ser muy cuidadosos “porque la principal razón que tiene la gente para vivir en una villa, además por supuesto del tema del dinero, es estar cerca del mercado de trabajo”, razón por la cual debe encararse la problemática desde una perspectiva integral que tenga en cuenta otros factores, como por ejemplo, los medios de transporte.

domingo, 2 de enero de 2011

Café de las ciudades

Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy
Conflictos y posibilidades. Por José Luis Basualdo
N. de la R.: Esta nota fue realizada tomando como base la exposición "La difícil relación de los Institutos Provinciales de Vivienda con la tierra - Apuntes para el armado de una agenda", realizada el día 12/12/06 en el marco del Seminario "Manejo de suelo urbano para la vivienda social en la Argentina", desarrollado del 11 al 13 de Diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Consejo Nacional de la Vivienda y patrocinado por el Lincoln Institute of Land Policy. Las fotografías que ilustran la nota corresponden a viviendas sociales realizadas en la ciudad de Corrientes, Argentina.

Vivienda financiada con un crédito del INVICO a través del programa Lote Propio, en terreno del beneficiario
1- Introducción
Este trabajo intentará explorar la relación que se ha establecido entre el suelo urbano -mejor dicho, entre los propietarios de ese bien- y los conformadores del espacio de las ciudades. Entre los principales actores que llevan a cargo esta construcción se debe dar un lugar preferencial a los organismos encargados de ejecutar el sistema estatal de provisión de vivienda social (Institutos Provinciales, Direcciones, Servicios, etc.), ya que estos son los mayores responsables de la expansión de las ciudades a través de la construcción de barrios de viviendas, y también de la regularización o urbanización de algunas de las villas y asentamientos. Pero esta responsabilidad en la construcción de las ciudades es compartida con otros actores sociales: los concesionarios de servicios públicos, los gobiernos locales, las empresas estatales de servicios, por citar solo algunos.
Postulamos que la problemática del suelo urbano se instala como problema central en la agenda pública en los últimos tres años, a partir del incremento de la obra pública; para esto trazaremos una breve reseña de los cambios sufridos por el Sistema del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI de ahora en adelante) desde la década del 90 a nuestros días. Posteriormente apuntaremos algunas cuestiones que consideramos necesarias para elaborar una agenda que contemple la cuestión del suelo; utilizaremos como insumos los aspectos más sobresalientes de esa problemática obtenidos durante los Talleres Regionales "Incorporación del Desarrollo Urbano en la implementación de los Programas Federales de vivienda", realizados entre Septiembre y Noviembre del año 2006 (implementados por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ,con la participación de as áreas de Planeamiento de los Institutos Provinciales de Vivienda y las Unidades Ejecutoras del Programa de mejoramiento de Barrios, PROMEBA) en varios puntos del país, ya que consideramos a esta serie de encuentros como un punto de inflexión en la forma de ejecutar políticas de vivienda social.
Creemos que la elaboración de esta agenda es un paso ineludible para salvar -aunque sea en parte- la tensión que existe entre los organismos de vivienda social y los demás actores que conforman el espacio urbano de nuestras ciudades.

Monobloques del Barrio 1000 viviendas; inaugurado en 1978 y en franco proceso de decadencia
2- Los cambios en el sistema, de los ‘90 a nuestros días
Son profundas las transformaciones que sufre la sociedad toda en esta década, marcada a fuego por el imaginario neoliberal; la fuga del Estado de gran parte de sus obligaciones, la política entendida como mero ejercicio del pragmatismo, la concentración de la riqueza en unos pocos, la mutación conceptual de ciudadano a consumidor y el desarme de la mayor parte de las instituciones constituyentes del alicaído Estado de Bienestar son solo algunos de los rasgos de la Argentina de los años noventa, que marcan lo que algunos autores definen como la transformación de la matriz socio política (en Repetto, Fabián, 2001, Gestión publica y desarrollo social en los noventa - Las trayectorias de Argentina y Chile, Buenos Aires, Prometeo Libros, encontramos como definición "…el abandono de la matriz socio política estado céntrica…"). El sistema estatal de provisión de vivienda social -más conocido como el FONAVI- no escapa a estos cambios, de los que se pueden citar como los más relevantes a los siguientes:
2.1.- En lo conceptual: bien sabemos el poder de prefigurar la realidad que tiene un discurso convincente que logra instalarse en la sociedad. En el marco de la implementación de una nueva matriz política, se van permeando nuevos conceptos en la discusión sobre la cuestión de la vivienda; en Cuenya encontramos que los términos enabling y partnership ("…enabling hace referencia a la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, en el cual los emprendimientos del sector privado, de las organizaciones sociales y de los individuos puedan desarrollar efectivamente el sector de la vivienda…", "…partnership, por su parte, alude a la creación de nuevos escenarios de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales , con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil") se empiezan a filtrar en los escenarios de implementación de políticas de vivienda. Esto se traduce en dos tendencias, una hegemónica y otra marginal. "…la primera esta representada por un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los países en desarrollo y que apuesta fuerte a que los mercados funcionen"; hasta aquí la primera tendencia, la segunda de ellas "…está representada por el conjunto de experiencias alternativas que, especialmente varios gobiernos locales, ponen en marcha en varias ciudades…Dentro de este grupo se incluyen los programas de regularización de loteos… los de regularización fundiaria…los de urbanización de asentamientos irregulares…" (postulamos que esta tendencia es la pata sectorial de lo que Repetto, 2001, llama la "estrategia acotada" de la Argentina en materia de políticas sociales y que se basa en la "…expansión desarticulada de programas focalizados…"). "Estos programas usualmente son tangenciales dentro de las agendas públicas y usualmente nunca superan el nivel de experiencias piloto…" (Cuenya, Beatriz, 2000, Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX; versión corregida del trabajo presentado en el Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales, organizado por la Maestría en Hábitat y Vivienda de la UNMdP el 18-y 19 de Noviembre de 1999, Rosario). Esto coincide con lo postulado por Ignasi de Solá y Morales (Solá y Morales, Ignasi de, 1996, "Presente y futuros. La arquitectura de las ciudades", Barcelona, en Recopilación de ensayos del Congreso Internacional de la UIA de Barcelona, España) cuando en 1996 postulaba como algunas de las principales tendencias a nivel mundial en materia de vivienda a la mercantilización de la totalidad o partes de la vivienda y a la supervivencia de experiencias alternativas de intervención, como un gesto de lo que es políticamente correcto. En resumen, la década de 1990 estuvo signada por una fenomenal embestida del mercado contra el sistema de provisión de vivienda popular, para poder apropiarse de los cada vez más menguados recursos del fondo; la supervivencia del mismo solo puede explicarse por la confluencia de intereses entre la burocracia del sistema y las empresas medianas y pequeñas de todo el país, que devino en una suerte de alianza estratégica implícita (parafraseando a Borges "…no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto…"). Ambas facciones pelearon por sus intereses, la eventual derrota implicaba la virtual desaparición de ambos a manos de las grandes empresas de construcción. Del mismo modo, y simétrica a esta tendencia de desarme del sistema universal de provisión de vivienda (si bien el FONAVI fue uno de los más claros exponentes del Estado de Bienestar, debe decirse que nunca llegó a fructificar como un sistema universal, y en esto es coherente con quienes definen como Estados de Bienestar incompletos o inconclusos a las experiencia latinoamericanas) florecieron durante ese período los programas focalizados, las más de las veces pre-formateados por organismos externos que ataban la aprobación de los créditos a la aplicación de esta forma de intervenir en el territorio.
2.2.- En lo institucional: los cambios en la forma de implementación del Fondo Nacional de la Vivienda (el FONAVI se conforma en los ´90 con un impuesto sobre los combustibles, tiene como objetivo la construcción de VIS en todo el territorio de la república y los órganos de aplicación son los institutos provinciales de vivienda), los más importantes son:
a) mediante Ley 24.130 de Agosto de 1992 e "…instrumenta la descentralización de los recursos (del FONAVI) hacia las provincias, que posteriormente es concretado por el Pacto Fiscal de agosto de 1992…", Rodulfo, 2003. Desde la implementación del FONAVI (año 1976, 1978 en el caso de la provincia de Corrientes) hasta agosto de 1992 se implementó un mecanismo fuertemente centralizado. Si bien las viviendas se licitaban en lo Institutos Provinciales y también se inspeccionaban, la aprobación de las carpetas técnicas y el libramiento de los fondos de cada certificado de obra se realizaba en la Secretaría de Vivienda de la Nación. A partir de la Ley 24.130 se delegan estas funciones en los IPV y la Secretaría se reserva el rol de auditoría.
b) Otro hito que marca un cambio es cuando "… en marzo de 1995 se crea por Ley 24.464 el Sistema Federal de Vivienda, que establece una nueva estructura organizativa del sector habitacional con carácter federal manteniendo como población destinataria el sector social con recursos insuficientes, tal como lo indica la Ley 21.581 (del año 1976, de creación del FONAVI)…", Rodulfo, 2003. El Sistema Federal de Vivienda se integra con los organismos ejecutores provinciales (que mantienen su rol de administradores y ejecutores) y un Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el que desempeña funciones de planificación y evaluación de resultados y se integra con un representante del Poder Ejecutivo Nacional (función desempeñada habitualmente por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda) y un representante por cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se tradujo en una descentralización la política de vivienda, ya que no solo quedó a cargo de las provincias la administración de los recursos que coparticipa el FONAVI a cada una de las jurisdicciones, sino que transfiere a estas gran parte de la decisión de cómo utilizar los mismos. Pero esta cesión de poder tuvo mucho de barrer los problemas afuera de la habitación; la última década del siglo pasado vio languidecer las transferencias de recursos desde la Nación a las provincias por cambios en la base imponible del impuesto. La combinación de recursos menguantes con el entorno inflacionario propio de la segunda mitad de la década fue un cóctel que atentó contra la capacidad concreta de acción de los organismos de cada jurisdicción.
2.3.- En lo económico: este desguace al que nos referíamos se tradujo en la retirada del Estado de las áreas más rentables de la economía a favor del capital privado. Venta de activos subutilizados, concesión de servicios públicos o creación de nuevas áreas de oportunidad, fueron las estrategias más utilizadas en aras de "aligerar" a un Estado que se comienza a probar las ropas de facilitador de la economía.
Otro aspecto de este cambio de rol se verifica en la reforma del mercado, esta transformación se manifestó de varias formas:
a) "…La previsibilidad de las decisiones financieras en sus efectos se expresó en el vertiginosos crecimiento de la oferta de crédito hipotecario en el mercado privado, favoreciendo a los grupos de ingresos medios insertos en el nuevo escenario económico…" (Rodulfo, María Beatriz (2003), La situación habitacional y las políticas publicas, Buenos Aires, versión preliminar - mimeo).
b) "…La reorganización del BHN (Banco Hipotecario Nacional), que se transformó primero en banco mayorista y luego en Sociedad Anónima privatizada…", Cuenya, 2000. Perdiéndose de esta manera una herramienta financiera formidable para la aplicación de políticas de vivienda y hábitat destinadas a los sectores medios.
c) "… La promoción del sector privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo plazo a través de la titulización de hipotecas…", Cuenya, 2000. Afortunadamente, estas últimas medidas no pasaron de ser iniciativas aisladas tomadas por algunos de los organismos provinciales de vivienda.

Vivienda colectiva en el Barrio San Gerónimo, realizado con un aporte del BHN garantizado por la titulización de hipotecas
2.4.- El sistema post 2001: es innegable que la salida de la convertibilidad financiera marcó un antes y un después en la sociedad argentina. El sistema estatal de vivienda no fue ajeno a esto y los doce meses posteriores al estallido de diciembre del 2001 pueden ser recordados en casi todas las provincias como el año de la paralización de las obras en marcha y la cancelación de obras a contratar. Fue necesaria una fuerte decisión política que asumiera esa realidad y decidiera hacer una fuerte apuesta en el sector con dos objetivos bien claros: atacar el déficit habitacional y generar una demanda de mano de obra que paliara (aunque sea parcialmente) los altos índices de desempleo imperantes. Así es que aparecen los programas "extracupo" (los programas extracupo tienen una financiación aparte de los recursos coparticipables habituales de los IPV con la particularidad de tener una asignación específica para cada obra y un fuerte contralor por parte de la Nación en lo referente a la ejecución de las mismas). Reactivación, Solidaridad, Federal Plurianual I y II, Mejor Vivir y de Provisión de Infraestructura son algunos de los programas que dieron nuevo impulso al sistema, pero el fuerte contralor impuesto por la Nación en la ejecución de los mismos se configuró en una suerte de "recentralización" del sistema, cambiando la mecánica de funcionamiento imperante desde la transferencia de recursos y funciones desde el año 1992. Creemos que es necesario subrayar como aspectos relevantes de esta nueva etapa el tremendo impulso que recibió la construcción de VIS -en perfecta concordancia con la reanudación de la obra pública en general- y la transferencia de gran parte del manejo de los planes habitacionales a favor de la Nación. Todos los programas "extracupo" bajaron a los IPV con rigurosos parámetros de aplicación, quedando en poder de las provincias la definición de la localización de las obras, la adjudicación de las mismas y el control del proceso de construcción.
2.5.- Una conclusión parcial: en este punto se hace necesario cruzar lo que hemos descrito hasta aquí con la dimensión del suelo que nos convoca. Si coincidimos que las características relevantes de la política habitacional de la década de 1990 -teniendo como marco los procesos que hemos comentado- han sido la disminución progresiva del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, de las remesas que recibieron las provincias; esto se tradujo en la disminución del poder de intervención de los IPV, que optaron por construir conjuntos de VIS de menor tamaño, ejecutar programas curativos de mejoramiento de villas y asentamientos -casi siempre "enlatados" de la mano de créditos internacionales- y poner en funcionamiento programas de créditos individuales (que se implementaron en la marco de la Ley 24.464/95) a fin de mantener en marcha el sistema, y en línea con los concepto de facilitación y asociación a los que ya hemos hecho referencia.
Tanto la escala como la modalidad de las políticas habitacionales implementadas en la última década del siglo pasado han hecho que la problemática del suelo urbano no se haya instalado como un problema central en la agenda del sistema.
Lo que sucede con posterioridad a la devaluación del año 2001 es bien diferente, se puede citar como característica relevante la fuerte decisión política de reposicionar al sistema como proveedor universal de soluciones habitacionales. Este fortalecimiento se logró implementando Programas Federales, que se adjudicaron a las provincias sin afectar las disminuidas coparticipaciones del FONAVI de cada jurisdicción. Algunas de las consecuencias de todo esto fueron el aumento de las inversiones en materia habitacional, el incremento de escala de los conjuntos de VIS, la "recentralización" del sistema -y destacamos como relevante la sujeción de los tiempos de ejecución de los programas a lo estipulado por la Nación para cada caso-. Todo esto se tradujo en una explosiva demanda de suelo urbano acotada en el tiempo, lo que ocasionó que en la actualidad el problema del suelo se instale como central en la agenda del sistema.

Vivienda del Barrio Ponce, recientemente entregada; pertenece al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas
3- Hacia una agenda que contemple la cuestión del suelo
El mercado inmobiliario, cuando no está regulado, suele reaccionar con fuertes alzas ante demandas de importancia acotadas en el tiempo, esto es lo que ha sucedido en muchas ciudades de nuestro país cuando el Estado o las empresas constructoras salieron a buscar macizos de tierra en áreas periféricas para localizar conjuntos de vivienda.
¿Cómo se debería parar el Estado ante este problema, y cuales son las acciones que se pueden implementar para poder incidir -aunque sea parcialmente- en el mercado de suelos superando el rol de mero espectador?
3.1.- Los resultados de los talleres de Desarrollo Urbano: para tratar de responder estas cuestiones utilizaremos -en una primera instancia- lo producido en el marco de los talleres de Desarrollo Urbano al que hicimos referencia en la Introducción. A continuación se apuntan las cuestiones relacionadas con el suelo urbano consideradas como más relevantes por los asistentes a esos talleres:
Cuestiones de información: muchos de los IPV no cuentan con un relevamiento de las tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales) aptas para ser utilizadas en la construcción de VIS y equipamiento comunitario, así como tampoco de un mapa de precios actualizado para negociar la compra de tierras a privados.
Cuestiones de financiamiento: la coparticipación de los IPV es utilizada para obras complementarias, gastos de funcionamiento y completamiento de los fondos extracupo; no existe una línea de financiamiento para compra de tierras.
Cuestiones de gestión: los trámites para la cesión de tierras fiscales nacionales son engorrosos, debería buscarse la forma de agilizar el procedimiento.
Cuestiones de relación con entes de servicios: los contratos leoninos de concesión de algunas empresas privatizadas son parte de la "mochila" de los ´90. Los altos costos de urbanización de los conjuntos son solo una de las caras del problema.
Cuestiones de relación con gobiernos locales: la falta de financiamiento y debilidad de los cuadros técnicos de los municipios obliga a los IPV a trabajar en ausencia de reglamentaciones específicas o suplementando la acción municipal.
Cuestiones de relación con otros organismos estatales: se referencia especialmente el equipamiento de Salud, Educación y Seguridad. Se apuntó como deseable que los conjuntos contemplen la ejecución de este equipamiento comunitario desde el inicio de la programación para no trabajar sobre la emergencia, con el barrio ya habitado.
Cuestiones de temporalidad: sería deseable que la implementación de los programas en los distritos no estén excesivamente ligados a la agenda de la Nación, para asegurar la continuidad de las acciones en el territorio.
3.2.- Una agenda, ¿posible?: toda cuestión compleja -y la problemática del suelo urbano lo es- no acepta soluciones fáciles y se debe plantear un enfoque en varios aspectos. El Seminario "Manejo de Suelo Urbano para la Vivienda Social en la Argentina" fue una oportunidad de intercambio de experiencias y trabajó sobre la sensibilización generada por la experiencia de Talleres Regionales de Desarrollo Urbano y el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento de los IPV, implementados ambos por la SSDUV a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano. Esto es una señal de que se está conformado una masa crítica de discusión sobre el tema.
En lo referente a lo normativo jurídico es notoria la carencia de una Ley Nacional de Suelo, pero existe un rango de acción posible en la legislación existente y en la capacidad de gestión de las áreas político técnicas de los IPV.
De las falencias detectadas es posible trabajar sobre todo en lo que se refiere a la falta de información. Es posible implementar acciones concretas en lo referente al relevamiento de las tierras fiscales, del mapa de precios y de las herramientas jurídicas y de gestión. Por esto se considera indispensable continuar e incrementar el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento y Desarrollo Urbano de los IPV.
Es posible avanzar en la articulación con otros organismos apoyando la acción municipal y de las áreas de infraestructura de los ministerios de Salud, Educación y de Seguridad para poder construir más ciudad y no solo conjuntos habitacionales.
Se debe seguir atacando la cuestión del hábitat desde varios frentes: mejoramiento de barrios deficitarios, acciones curativas en villas y asentamientos, ampliación del área urbana y densificación de áreas a través de micro-intervenciones, en este sentido se considera conveniente promover más activamente la política de préstamos individuales a individuos y/o consorcios para acciones de completamiento y/o densificación de tejido urbano.
En ausencia de un marco normativo que regule la captación de plusvalías por parte del privado se pueden utilizar los instrumentos existentes o incorporar cláusulas en los pliegos de licitación para minimizar la captación de plusvalías.
La cuestión de la revisión de los términos de concesión de las empresas privatizadas es un objetivo de largo aliento, pero deberían revisarse los mismos para propender a una distribución más equitativa de cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización.
Una iniciativa concreta sería la implementación de un programa de compra o adquisición de tierra en macizo por parte de los IPV, con financiación de la Nación, articulando este programa con el de la provisión de infraestructura y equipamiento. Esto permitiría a los IPV disponer de tierra urbanizada apta para "bajar" programas diversos y no depender de las ofertas de las contratistas; además, esto daría la posibilidad de programar con tiempo tanto los aspectos físicos de las sucesivas intervenciones en el terreno como los sociales y económicos y se considera que -con un manejo adecuado- la inversión necesaria para la compra de tierra se compensarían con las economías en materia de provisión de infraestructura y por la cesión de plusvalías generados por el Estado a favor de privados.
Creemos que esta agenda que ponemos sobre la mesa puede pecar de preliminar, parcial o incompleta… pero si de algo estamos seguros es de que es posible implementarla en plazos razonables; están dadas todas las condiciones.
JLB
El autor es Arquitecto, Gerente de Planeamiento y Proyecto del Instituto de Vivienda de Corrientes, República Argentina, ex alumno y becario del Lincoln Institute of Land Policy.
Sobre políticas de vivienda en la Argentina, ver también en café de las ciudades:
Número 36 I Política de las ciudades (III)
Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat.
Número 22 I Economía
Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel
Sobre políticas de suelo en América Latina, ver también en café de las ciudades:
Número 23 I Economía
El impuesto predial como instrumento de urbanización I Los mitos sobre la política del suelo en Latinoamérica, en una entrevista con Martim Smolka.
Número 20 I Economía de las ciudades
"Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado" I Entrevista a Samuel Jaramillo: la gestión del suelo urbano en Latinoamérica.
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Cultura de las ciudades (I)
Excursiones mínimas
Buenos Aires, de la mano de Sabugo y Minond.
Sin pretensiones semióticas explícitas, el texto genera así una posible multiplicidad de lectores insatisfechos que completarán y ampliarán ad infinitum los recorridos por Buenos Aires. Habrá turistas alemanes que, cantimplora en mano, empalmarán la calle Corrientes de las librerías con el Abasto "del Morocho", el monumento a Pugliese en Villa Crespo y el Conventillo de la Paloma, para seguir por Serrano hasta el Palermo de Borges. No faltará el arquitecto que prescindirá en San Telmo de la Plaza Dorrego y se encolumnará por Balcarce, el flâneur de domingo que a los palacios recoletos prefiera la Recova de Libertador, o el disidente que encarará el inventario de Devoto.
Arquitectura de las ciudades
El espacio de la ausencia
La Plaza de los Héroes del Ghetto, en Cracovia I Por Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste
Hacer de la construcción arquitectónica homenaje, metáfora construida de los recuerdos y los sentimientos de un tiempo convulso, de un recuerdo difícil de soportar y asumir, convierten a la tarea del arquitecto en una cuestión a resolver desde una implicación moral. Intentar no caer en referencias tópicas sino hacer un homenaje a las víctimas sin incurrir en la espectacularidad dramática o en la sublimación de la tragedia. Lewicki y Łatak sienten la necesidad de preservar la fuerte carga emotiva de un lugar sin desposeerlo del ritual del dolor, pero también sin querer hacer de él un lugar de cargas negativas que lo transformen en un espacio alienado.
Cultura de las ciudades (II)
Sustantivos Colectivos 1. Barrio
Semiótica de una intervención propuesta en el Barrio Alberdi de Córdoba I Por María Griselda Angelelli
La expansión de los nuevos modelos altera los modos sociales de interacción que habían sido construidos por el uso común, como cuando familias del barrio, a causa de su amistad, solían elegir terrenos contiguos donde construir sus viviendas, dejando una puerta en las medianeras para pasar cómoda y rápidamente de una casa a la otra. Aún en algunas casas de departamentos (como la de quien escribe) se festejan en común los acontecimientos de cada habitante como cumpleaños, llegada de parientes de otras provincias o del interior de Córdoba, logros personales como lo es conseguir trabajo, etc.; además de las fiestas tradicionales como Navidad o Año Nuevo.
Política de las ciudades (II)
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No es que la figura jurídico política del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio, ya que todos los tratadistas de la institución municipal afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto que ella es gobierno local. El Municipio nace urbano, por eso es una institución política, administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa organizarse jurídica y económicamente para satisfacer sus necesidades colectivas.
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Santiago a la vanguardia
Los claroscuros de una ciudad en desarrollo
Los amigables paseos del “Sanhattan”, el glamour de la calle Lastarria, los amenos bares de Bellavista, replican un patrón de ciudad europea contemporánea, ajeno hasta cierto punto a las miserias supérstites de la ciudad. ¿Cuál es la Santiago válida: la del smog y las poblaciones desangeladas o la de las calles sin miseria y los servicios universales? Como suele ocurrir, ambas posibilidades son válidas para caracterizar a Santiago. La ciudad contaminada, la metrópolis desigual donde la fragmentación social tiene expresión territorial, coexiste con la ciudad planificada donde el desarrollo parece estar al tiro del crecimiento sostenido.
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Entrevista / Ernesto Schargrodsky

"Otorgar títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo"

Con el respaldo de investigaciones en asentamientos similares a los de Soldati, este economista especializado en pobreza urbana asegura que las políticas que vuelven propietarios a los ocupantes son una herramienta importante para la reducción de la pobreza y podrían resolver el déficit habitacional en la Argentina

Domingo 2 de enero de 2011 | Publicado en edición impresa de La Nación
"Otorgar títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo"
Foto Matías Aimar
Porta un apellido imposible de corear en una tribuna política. Pero a Ernesto Schargrodsky -que no se dedica a la política sino a la economía- eso no parece importarle. No, al menos, mientras su vida transite en la órbita del mundo académico. Porque justamente es desde ese ámbito que viene produciendo desde hace ya varios años diagnósticos y fórmulas de solución para dos problemas políticos cruciales de la Argentina: la inseguridad y los asentamientos urbanos, un fenómeno social, este último, que vimos explotar con furia durante la ocupación de Soldati y la posterior ola de tomas que le siguió.
Ocupas urbanos. Esa es la especialidad -o una de ellas- del decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. O, como a él le gusta llamar a su área: la construcción de derechos de propiedad para los más pobres.
En los noventa, se doctoró en Harvard y hoy, además de enseñar economía, escribe artículos en las revistas más prestigiosas de su especialidad, tales como American Economic Review Quarterly Journal of Economics,muchas veces en coautoría con sus colegas y amigos Sebastián Galiani y Rafael Di Tella, también economistas y profesores en universidades norteamericanas.
Hace años vienen desarrollando un estudio de campo en el barrio San Francisco Solano, un "experimento natural", que empezó con una ocupación, en 1981, muy parecida a la de Soldati. Se trata de una de las pocas investigaciones que hizo foco en un proceso de construcción de viviendas populares, cuyos resultados -medidos a lo largo de los años- podrían extrapolarse al diseño de políticas públicas dirigidas a resolver el déficit habitacional en la Argentina.
Schargrodsky asegura que el final del conflicto en Solano, que duró treinta años en todo su despliegue (hay un documental sobre la historia), sugiere un camino para los conflictos actuales. Aquella ocupación, realizada durante la dictadura, derivó con el tiempo en un resultado paradójico: la mitad de las familias ocupantes recibieron el título de propiedad de la tierra, mientras que la otra mitad quedó en la ilegalidad. Semejante tratamiento diferencial les permitió a los investigadores, sin embargo, evaluar cómo impactó la titularidad en ambos grupos.
"Nuestros resultados sugieren que el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra puede ser una herramienta importante para la reducción de la pobreza en el largo plazo", concluye el estudio.
Schargrodsky apunta a la necesidad de diseñar políticas creativas para atender dramas colectivos -como el del Indoamericano-, en el que todos los actores tienen parte de razón: "Por un lado, el conflicto de un tipo que tiene una casa, por la que trabajó toda su vida, cuyo valor de pronto se esfuma porque le ponen enfrente un asentamiento. Por otro, el drama de los que no tienen un techo donde vivir, ni tampoco pueden pagar un alquiler. Frente a eso, hay un camino lento, que lleva por lo menos una generación, pero que trae tantas mejoras para toda la sociedad que el subsidio del Estado, en este caso, vale la pena".
Cuando está por explicar con más detalle la herramienta que más se adecuaría a la sociedad argentina -la que llama "loteo social"-, el aire acondicionado se apaga. Pero el decano enseguida encuentra una solución: "¿'Usurpamos' la oficina de mi colega?"
Usurpamos.
Video: "Existe un lento camino para la salida de la pobreza"
-Estamos asistiendo a una ola de toma de tierras, que parece no encontrar una solución sustentable. ¿Por qué?
-Para poder contestar seriamente a esa pregunta, deberíamos tener mucha más información. Sin embargo, lo que tenemos ahora son un conjunto de hipótesis, incluso algunas que no veo discutidas. Una primera aproximación: existe una política económica inflacionaria, que impacta de un modo diferencial entre los pobres y los segmenta. Enfrenta a los más vulnerables con los que están un poco más arriba, en la escala de la precariedad.
-Pero, ¿cómo se conecta la inflación con la toma de tierras?
-Incluso en un momento de boom económico, como el actual, la inflación impacta sobre los más pobres, que siempre tienen menos herramientas financieras para protegerse. Los más vulnerables gastan casi todo en alimentos. Por lo tanto, aun en momentos buenos, puede haber un grupo -ahora son los inquilinos de las villas- que tiene ingresos más precarios con los cuales no puede seguir el ritmo de aumento de los precios. Y llega un momento en el que no puede afrontar el alquiler.
-Es decir, la suba de los precios afecta más a unos pobres que a otros. ¿De qué depende?
-Por ejemplo, el que está en un trabajo informal está menos protegido que el que está en blanco, porque tiene sindicatos o paritarias, que van consiguiendo aumentos para paliar la inflación. La asignación universal, que es una buena política, beneficia a los argentinos, pero no a los extranjeros que viven en las villas, lo que deja en desventaja a los segundos. Es probable, también, que la construcción de barrios privados y de countries en el conurbano haya restado tierras para los pobres, que se ven empujados a trasladarse a los márgenes de la ciudad.
Y finalmente, en un año electoral, en la semana anterior a la toma de Soldati, el anuncio que había hecho Macri de titulación de tierras en la villa 19 pudo disparar la ocupación en otros lugares, como un modo de presión.
-Usted habló de una hipótesis que no había visto discutida ¿cuál es?
-Tiene que ver con este fenómeno relativamente nuevo de los alquileres en las villas. Porque cuando pensamos con más detalle en este singular mercado, nos damos cuenta de que no hay un Estado para garantizar el cumplimiento de los "contratos" adentro de los asentamientos. En otras palabras: ¿cómo garantiza el "propietario" que su "inquilino" no se quede en la propiedad? Fuera de la villa, cuando los contratos no se cumplen, uno acude a la Justicia. La pregunta que me hago, en definitiva, es si esta división en el mundo de los pobres no nos está señalando el desarrollo de otros mecanismos coercitivos paraestatales
-Es decir, que cuando el Estado se retira, los conflictos se dirimen a los tiros o, en el mejor de los casos, con el apriete.
-Llevándolo a otro contexto, el principal argumento para la legalización de las drogas en el mundo es que, mientras sea un mercado ilegal, será un territorio en el que los problemas se resuelven con violencia. Ese también fue el argumento para interrumpir la Ley seca en EE.UU. Hay una falacia en contraponer Estado con mercado. El mercado necesita un Estado.
Por eso creemos que, a la larga, el otorgamiento de títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo. La lección de Solano deja ver cómo una comunidad, que en 1981 no tenía nada, hizo un progreso gigantesco. Hoy esos chicos van a la escuela, incluso en un alto porcentaje terminaron la secundaria. No hay problemas de desnutrición, ni embarazos adolescentes.
-Sin embargo, muchos no ven justo que quienes ocupan tierras se hagan dueños de una propiedad que, tal vez, muchos otros sólo pudieron lograr trabajando toda la vida.
-Quisiera explicar con más detalle el caso de Solano para que no quede la idea de que el Estado ha dado todo. No es así, y eso es justamente lo que me gusta de esta política. El Estado primero respondió con palos y después, no podemos decir que haya regalado demasiado. Se hizo una ley de expropiación, se compraron los terrenos, pero la gente los fue pagando con una cuponera. Más tarde fueron haciendo sus casas. Y si cuando llegaron eran villeros, no armaron una villa sino lotes y manzanas, de sesgo urbano.
-¿Y por qué algunos recibieron los títulos y otros no?
-La historia fue así: pasado el período más duro de la dictadura militar, en 1981, unas 1800 familias, lideradas por el cura Berardo, se asentaron en Solano. Dicen que este sacerdote usó por primera vez la palabra asentamiento, por la figura bíblica de la tierra prometida. Ellos creían que era tierras fiscales; sin embargo, tenían 13 dueños distintos. Primero hubo un intento de desalojo con violencia, y cuando vino la democracia, se sanciona una ley de expropiación. Entonces, la mitad de los dueños acepta la oferta y la otra mitad, la rechaza. Viven uno al lado del otro, llegaron el mismo día, y mientras una familia es propietaria, la otra, no.
-¿Y qué pasó cuando compararon a los dos grupos, años después?
-Los resultados fueron asombrosos. Si ahora vamos a caminar por el barrio, no tengo que decirte cuáles son las tituladas, y cuáles no. Salta a la vista: las tituladas son ostensiblemente mejores. Pero hay otras mejoras: las familias son menos numerosas, por lo que los padres invirtieron mucho más en sus hijos. La finalización del secundario subió fuerte, en un 25 por ciento, acercándose al promedio de la sociedad. Son mejores las condiciones de salud: mejor peso para la altura. Y finalmente, las creencias de las familias tituladas se acercan más a la cultura de la clase media: creen que esforzarse es necesario para llegar a ser alguien en la vida, confían más en el otro y ven al dinero como algo necesario para ser feliz.
Grabamos la nota para Enfoques en un espacio vidriado con vista a un amplio parque. Schargrodsky cuenta una historia increíble, que se desarrolló a pocos metros, en ese parque, y a unos días de la toma del Indoamericano.
"Como parte de un programa de management, un grupo de empleados de una firma, que había venido para hacer un entrenamiento a la Universidad, tenía que armar una casita sobre el pasto. Pero la actividad justo coincidió con la toma de Soldati. Sucedió entonces que, a poco de armar la casita, se les vino la Policía encima. Costó convencerlos de que estaban estudiando aquí y de que no iban a armar ningún asentamiento."
Parece increíble que estemos hablando de un conflicto por las tierras, en un país donde sobran.
-Justamente, pensando en la escasez de recursos del Estado y la abundancia de un recurso, como es la tierra, una política que podría tener sus ventajas, desde el punto de vista social, y también desde la descentralización, sería que el Estado -con la entrega o incluso con un mecanismo de crédito barato- produjera un lote de 2 mil o 3 mil dólares, en un barrio suburbano y con servicios básicos garantizados: electricidad, agua, cloacas. La experiencia indica que, una vez que son propietarias, esas familias asumen plenamente el compromiso y el esfuerzo de construir la casa propia.
-¿Y si son tierras privadas?
-El Estado debería comprarlas, como sucedió en Solano, previa ley de expropiación. O incluso, fomentar su venta a través de mecanismos impositivos. Hay muchos regímenes para promover la venta, como el impuesto a la tierra no utilizada.
-Argentina tiene una Constitución "generosa" en derechos sociales -promete el acceso a una vivienda digna para todos, por ejemplo, pero los políticos no se toman muy en serio esas leyes. ¿Será porque sienten que no le deben rendir cuentas a nadie, salvo cuando hay un desquicio, como el de Soldati?
-Hay demandas que están fuera del alcance de los gobernantes. Y uno se pregunta, ¿por qué se comprometen, entonces? Puede haber algún tipo de populismo, es cierto, pero también hay todavía mucha ilusión de que somos un país rico, aunque no lo somos. Somos un país medio que no llega al desarrollo económico, y no puede afrontar planes onerosos. Hay sobreestimación de los recursos.
-¿Y hay vasos comunicantes con los funcionarios, que podrían nutrirse de esta experiencia académica para perfeccionar las políticas públicas?
-Buena pregunta? Y me la hacen mucho, ¿eh? La verdad es que no. Argentina tiene, en muchas áreas, políticas innovadoras, pero hay otras en las que está totalmente atrasada. Una de ellas es la evaluación externa por parte de académicos, consultores privados u ONGs. En ese sentido, otros países de la región, como México, Chile o Brasil, en el mismo momento en que diseñan una nueva política, incluyen en el presupuesto la auditoría externa.
Laura Di Marco
Para LA NACION
MANO A MANO
Ernesto Schargrodsky es uno de esos académicos que produjo la universidad pública en la Argentina de la primavera democrática, interesados no sólo en comprender el enigma de nuestro país sino en contribuir, desde las ciencias sociales, a generar soluciones para una sociedad más justa. Lo de su pertenencia ochentista no parece un tema menor: como economista, no enarbola un discurso de extremos, blanco o negro, bueno o malo, sino que, más bien, parece esforzarse en tener en cuenta muchos puntos de vista a la vez. No parece estar empeñado en tener razón, sino en comprender, con auténtica curiosidad y rigor académico.
Es probable que esa mentalidad, más flexible, lo haya llevado a investigar áreas atípicas para un economista, como la economía del crimen o el acceso a servicios financieros y de propiedad de los "ocupas urbanos", donde, según dice, se concentra la miseria en el tercer mundo.
Tiene 43 años y, aunque hizo estudios de posgrado en Harvard, se enorgullece de haber nacido en La Boca, tanto que en su elegante CV de decano de la Escuela de Negocios en la Di Tella aparece un curioso destacado: "Bostero citizenship" (ciudadano bostero).
Me generó pena volver a comprobar la desconexión que existe entre la producción académica sobre políticas públicas y los funcionarios que las ejecutan. Funcionarios que, en lugar de ir a los tumbos, podrían enriquecerse accediendo a datos y conclusiones disponibles que el Estado ya no produce.