martes, 23 de julio de 2013

Reflexiones sobre Familias y Redes Sociales

EL PAIS › OPINION
Drogadicción: reflexiones sobre familias y redes sociales

  Por Gastón Mazieres *

Hace no muchos años decíamos con énfasis, seguros de que afirmábamos una verdad absoluta, que la “familia” –y nos referíamos a mamá, papá, hijos, tíos, etcétera– conformaba el reducto, el lugar de encuentro, crecimiento y maduración donde los seres vivos, en nuestro caso humanos, nos agrupábamos para protegernos, recibir amor, comprensión, paz, en fin, vivir... Era lógico ser parte de una familia; cada uno de nosotros pertenecía a la suya y las normas, valores, orden, se aprendían e incorporaban allí. Pudimos así imaginar una sociedad en la que todas las familias formaban parte de un complejo entramado, de un mosaico, en el que se articulaban armoniosamente entre sí. Esta apoyatura familiar así imaginada era fundamental para el desarrollo de todo ser; quien no la poseía debería ser, seguramente dentro de una cierta lógica, un posible enfermo mental o con suerte un portador de una patología social, por lo menos mínima.

“Pobre, ¿cómo no va a tener tal afección si se crió sin familia?” o “Sus padres se separaron cuando era chico”. Qué mejor que poner fuera del sujeto, en ausencia de esa “familia clásica”, el origen, la causa y la responsabilidad de muchas desviaciones humanas. La institución “familia” debía tener tanta importancia por presencia como por su no existencia: si está, habrá salud; y si se carece de ella, tendremos una buena explicación de cualquier desviación mental o de conducta. Los psicoterapeutas, los legistas y los religiosos utilizamos durante varias generaciones esta simplista explicación que nos permitió depositar en esta “bolsa familiar” cuanta migaja de miseria humana apareciera.

No tuvo o no tiene familia... así se explica todo.

Era cierto también que la familia tradicionalmente imponía ideas, creencias y valores como verdades únicas y absolutas. Era lógico entonces pensar que había límites que marcaban una “privacidad” de la familia. En la actualidad, por influencia de los medios de comunicación, ya están demolidas estas paredes rígidas y la intimidad absoluta ha desaparecido. La información de la realidad social penetra en todos los hogares, incorporando cultura o incultura, un tipo de información muchas veces cuestionadora de la que la propia familia transmite. Esta es la realidad actual: la familia sólo puede ser una parte bastante limitada del crecimiento, maduración y equilibrio emocional de las personas que la integran.

“Hay que mejorar la comunicación familiar.” Si esto fuera así, con sólo trabajar en terapia familiar podríamos modificar muchos trastornos de las personas, pero aunque asuma la familia una actitud de compromiso máximo, en el caso específico de la drogadicción, será también en la activación de las redes y de otras instituciones del entorno que surgirán estímulos posibilitadores de una auténtica modificación y cambio.

Además, a través de los medios de comunicación, fuimos enterándonos de hechos siniestros: violaciones, incestos, actos de violencia, secuestros de hijos, sucedidos en el seno de estos sagrados claustros de amor. Era justamente allí, en este medio sacrosanto, “la familia”, donde estadísticas elevadísimas nos indicaban que en estos espacios se vivían también verdaderos infiernos. Fue solamente al surgir como hechos delictivos que pudimos enterarnos a través de los medios de estas tremendas violencias generalmente sufridas por esposas y niños pequeños. Perplejos, fuimos entonces viendo cómo este espacio social tan idealizado podía ahora ser explorado, mirado, expuesto en muchos casos para su valorización y, en otros, por el contrario, para desnudar injusticias y atentados a la dignidad de seres indefensos.

Las estadísticas también nos informan de otras realidades familiares: la existencia de cantidades de parejas que conviven, que comparten hijos de anteriores matrimonios, y que a través de los años conformaron un hogar como lugar de convivencia y encuentro armonioso. Por otra parte, los profesionales que tienen acceso a estas y otras estructuras de convivencia, comprueban que los individuos que consultan por patologías mentales o sociales provienen en igualdad de proporción de familias nucleares clásicas o de las de padres separados o no casados, etcétera.

El conocer estas organizaciones humanas de convivencia nos lleva en principio a comprender que, a través del tiempo, se han producido transformaciones sociales y que estos cambios, nos gusten o no, se producen más allá de posturas religiosas, míticas o de creencias idealizadas. El aceptarlos nos permitirá, ahora, valorizar las necesidades reales del individuo para su maduración y crecimiento, necesidades que encontrará satisfechas en las diferentes configuraciones familiares que tengan la capacidad de proveerle afecto, seguridad y continencia.

Cuando tratamos de evitar situaciones que llevan o permiten que alguien consuma drogas, comúnmente jerarquizamos la importancia de la familia. Una idea que circula en la cultura es que el hijo adolescente reacciona drogándose frente a situaciones de tensión o conflicto familiar. También se supone que en una familia, cuando las normas de convivencia no son claramente explicitadas, faltan límites y se confunden mandatos, generándose un caldo propicio al consumo de sustancias (situación de riesgo o peligro). Creo que atribuir sólo a la familia el origen de la adicción del adolescente o pensar que la solución, como afirmamos anteriormente, reside sólo en mejorar la comunicación familiar, es una reflexión pobre y limitada.

En la actualidad, todos los miembros de la familia, personas de diferentes edades y diferente extracción social, también están expuestos a reaccionar frente a las múltiples y complejas vicisitudes contextuales, y ha aumentado en forma alarmante el consumo de drogas, psicofármacos y alcohol.

Redes sociales

Hoy ya no es posible plantear que la familia sea la orquestadora de modificaciones como única solución a situaciones de adicción a drogas cuando comprobamos permanentemente las tremendas limitaciones y necesidades que a ella misma la atraviesan. ¿Acaso no deberíamos aliviarla de esta absurda culpabilización de ser ellas determinantes de la drogadicción del hijo y ahora también únicas responsables de la cura?

Evaluemos con valentía las condiciones reales, las posibilidades auténticas de cada familia. Jerarquicemos no los valores idealizados que suponemos que debe haber en cada una de ellas, y miremos sin tapujos y sin mitos, pensando que tanto en la prevención como en la rehabilitación de una situación adictiva, y esto es válido para todas las edades, interesan fundamentalmente la existencia viva de valores que surgen y se activan en las relaciones humanas de todo entramado social, sean o no familiares.

Estamos participando sin proponérnoslo en la caída de los límites rígidos que nos hacían creer que lo mío existía como privacidad absoluta, sin importarme qué pasaba afuera de mí. Hoy sabemos que las familias unidas en redes en el contexto de todo tipo de actividades comunitarias (clubes, parroquias, acciones barriales, programas terapéuticos) descubren y comparten problemas comunes que pueden resolver desde los recursos que en esta unión ellas encuentran; así aprenden a compartir necesidades, a movilizar problemas y a participar con su experiencia en la ayuda de los otros solidariamente.

Desde su origen en nuestros programas, los grupos de hermanos, de padres, de amigos, conforman espacios de intercambio que reafirman la utilidad de esta experiencia de participar de redes. Así y todo, si nos referimos específicamente a tareas preventivas y asistenciales en drogadicción, no limitamos la acción a un solo aspecto, el consumo de drogas, pues el alcohol, la violencia, etc., están presentes siempre, conformando una agobiante realidad que toda maniobra preventiva y asistencial debe abarcar.

Solamente reflexionando “paritariamente” con miembros de otras familias y de otras instituciones sociales, con amigos, etc., es que podremos abordar estas realidades, sintiendo que en cada uno de nosotros está el germen transformador y cambiante. No está la solución en el escuchar obedientemente la información de un experto en drogas; lo que sí sabemos es que pares nuestros siempre están dispuestos a movilizar sus capacidades de ayuda cálida y comprensiva para prevenir que este mal ocurra, o ayudarnos comprometidamente a que desaparezca cuando se instala.

Tengamos fe en los valores y sepamos mirar sin miedo los cambios estructurales que van surgiendo como nuevas configuraciones sociales. El ser humano potenciado por otros pares supera fronteras y límites, y su actitud colaboradora surge de sus entrañas como expresión de una simple pertenencia a la clase animal. La diferencia entre nosotros y el resto de los animales reside en el lenguaje, que tal vez los humanos lo usamos, muchas veces, al servicio del egoísmo y la destrucción. La esencia de la colaboración entre los seres vivos agrupados reside en el amor, y a él debemos acudir cuando pensamos en desviaciones sociales y sus formas de prevenirlas y resolverlas.

* Médico psiquiatra. Psicoterapeuta. Director de la Fundación Proyecto Cambio (tratamiento ambulatorio de la drogadicción), ubicada en Benjamín Matienzo 2639, Buenos Aires (tel.: +54 11 4553-6777). Actualización del artículo presentado en el Seminario del Nodo Sur de la RIOD, año 2001.

Fuente: Diario Página/12

miércoles, 17 de julio de 2013

Una familia indigente

UNA FAMILIA INDIGENTE
Un fallo para aplicar justicia social
En fallo unánime, la Corte provincial ordenó a la municipalidad de La Plata y al gobierno bonaerense atender las necesidades de una mujer, sus cinco hijos y su marido, que se encuentran bajo la línea de indigencia.
Por Mariana Carbajal

La Suprema Corte bonaerense ordenó al gobierno provincial y a la municipalidad de La Plata proveer de una vivienda y un subsidio mensual a una mujer muy pobre, que tiene cinco hijos y vive junto a su pareja en una “minúscula” casilla de madera, levantada en un terreno prestado, donde tienen apenas dos camas para los siete integrantes de la familia, las que sirven también para que se “sienten para comer”. La mujer, que tiene 32 años y está desocupada, pidió ayuda en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero nunca obtuvo respuesta, según surge de las actuaciones judiciales. En el fallo, la Corte criticó el accionar del “poder político” por no atender la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y cuestionó en duros términos a los tribunales inferiores que habían rechazado el recurso de amparo, a través del cual se inició el reclamo por una solución habitacional, siete años atrás.

Es la segunda vez que el alto tribunal condena a ambos gobiernos –provincial y local– a garantizar una vivienda y sustento a una mujer en situación de vulnerabilidad social. El primer fallo (Caso Portillo) fue en 2010 y se refirió a una joven discapacitada mental que tenía un hijo con un cuadro similar y vivía en un terreno familiar, donde eran sometidos a situaciones de violencia doméstica, recordó ayer a Página/12 la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, quien llevó adelante aquel caso y acompañó el nuevo reclamo.

La nueva sentencia de la Corte bonaerense aborda el drama de una mujer identificada por sus iniciales AFB. La joven vive con su pareja –un albañil que hace changas y no tiene trabajo estable– y sus hijos en una vivienda “prefabricada” sin provisión de agua ni gas y cuentan con un baño en el exterior, sin instalar. Un informe de una perito asistente social, mencionado en el fallo, concluyó que la familia se encuentra “debajo de la línea de indigencia”.

Frente al cuadro de extrema vulnerabilidad social de AFB y su familia, la Corte bonaerense condenó –en un fallo de 94 páginas al que tuvo acceso este diario– al gobierno provincial y al municipal a que “en un plazo que no exceda de los 60 días” le entregue “una vivienda adecuada” y mientras tanto cubran “a su exclusivo costo” el alojamiento de los siete integrantes en un hotel o complejo habitacional. Asimismo, ordenó a la provincia de Buenos Aires y la intendencia platense que incluyan a la señora AFB y su grupo familiar en un régimen de subsidios mensual “que garantice un equivalente al monto móvil del salario mínimo y vital”, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia.

“La justicia social debe llegar antes y no después de la justicia judicial”, afirmó el presidente de la Corte bonaerense, Héctor Negri, en su voto. El fallo fue unánime. Los siete integrantes del alto tribunal coincidieron en aceptar el recurso extraordinario promovido por AFB y señalaron el “absurdo jurídico” por el cual no se hizo lugar antes a su pedido. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata había confirmado la sentencia del juzgado Civil y Comercial N° 11, que el 22 de noviembre de 2007 había rechazado la acción de amparo interpuesta por la mujer, por la que reclamaba una vivienda digna para su grupo familiar y una renta básica para cada hijo. Con el patrocinio del abogado José Martocci, AFB alegó la obligación del Estado de responder ante la acuciante violación del derecho a una alimentación adecuada y a una vivienda digna, contemplados en la Constitución provincial. También alegó normas constitucionales e instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Negri expresó en primer término su posición. Luego, cada uno los magistrados emitió su voto en el siguiente orden: Luis Genoud, Daniel Soria, Eduardo Néstor de Lazzari, Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani. Negri destacó que ninguna de las demandadas, ni la provincia de Buenos Aires ni la municipalidad de La Plata –donde vive la mujer–, efectuó al iniciarse el reclamo judicial ninguna “propuesta sustentable tendiente al reconocimiento de los derechos que se denunciaron como lesionados”. En tal sentido, consideró que “la gravedad del caso exige la adopción de medidas positivas para superar las dificultades referidas”. Al tiempo que señaló que “una alimentación y una vivienda digna están inseparablemente vinculadas a la vida como sustrato ontológico de la personalidad y son indispensables para el disfrute de otros derechos humanos”.

De Lazzari adhirió al voto de Negri, pero además puso énfasis en el concepto de “igualdad material”, al sostener que a los grupos vulnerables que están lejos de la pretensión constitucional que sostiene que “todos somos iguales ante la ley” se les debe proveer mayores herramientas para garantizar sus derechos. “El fisco y la Municipalidad de La Plata tuvieron conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad del grupo familiar, así como de la eventual incapacidad de la reclamante de solucionar de modo autónomo la concreción de los derechos de los niños a alcanzar un nivel de vida adecuado”, precisó De Lazzari. Pese a esta situación, ni el gobierno provincial ni la intendencia platense, objetó el ministro, se esforzaron por brindarle una solución a sus necesidades básicas insatisfechas.

En la sentencia, se cita el fallo dictado el 24 de abril de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que condenó al gobierno porteño, en un caso similar –una mujer indigente que tenía un hijo discapacitado–, a garantizarle una vivienda digna.

Fuente: Diario Página/12

La separación de poderes vela por la vivienda para todas las familias

SOCIEDAD
La separación de poderes
  Por Mariana Carbajal

“El fallo de primera instancia y el de Cámara dicen que garantizar una vivienda digna es materia política y legislativa y no judicial, al rechazar el recurso de amparo presentado por A.F.B. Pero la Corte bonaerense les responde que los poderes se controlan recíprocamente: si el Ejecutivo no ejecuta una política de vivienda y el Legislativo no asigna partidas presupuestarias para ese fin, el Poder Judicial no se puede quedar de brazos cruzados, es decir, aborda adecuadamente el concepto de separación de poderes”, destacó la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, en diálogo con Página/12. Scherman elogió la sentencia del máximo tribunal bonaerense. Aunque la mujer que reclamaba por una vivienda y un sustento para su familiar tuvo patrocinio de un abogado particular, desde la Asesoría de Incapaces acompañaron su planteo e incluso apelaron cuando se rechazó su recurso de amparo en instancias inferiores.

Scherman también destacó que la Corte bonaerense se refiere al concepto de “vulnerabilidad” e “igualdad material” y sostiene que frente a grupos vulnerables el Estado debe intervenir para favorecerlos, ante la desigualdad social en la que se encuentran. Apuntó que la sentencia garantiza el derecho social a la vivienda.

Fuente: Diario Página/12

martes, 2 de julio de 2013

Una vivienda digna


  Por Jorge Rivas *

Alrededor de 16 millones de personas, lo que equivale a unos 4 millones de familias, carecen de una vivienda digna en la Argentina, y son demasiado numerosas las que viven en terrenos sobre los que no tienen títulos legalmente válidos. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, sin embargo, establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna.

No tenemos dudas acerca de que el actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas otras carencias de las clases más desprotegidas. Es por eso que quienes integramos “Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”, un espacio plural en el que hemos confluido legisladores, académicos y organizaciones sociales, hemos querido aportar una herramienta más para avanzar en este problema específico.

No otra cosa es el proyecto de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se declare la emergencia habitacional de villas y asentamientos poblacionales y se ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del país.

El proyecto caracteriza a las villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han sido construidas con materiales precarios o de desecho y la precaria infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.

Los asentamientos, por su parte, se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos para plazas y otros equipamientos y se han ido incorporando paulatinamente redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra y convertirse en propietarios.

En las villas y asentamientos, el crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo crónico y la precariedad laboral completan un escenario que plantea dificultades de difícil solución. Es a sus habitantes a quienes se postula como destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.

Como requisito previo a la regularización, los que aspiren a ella deberán acreditar la posesión pública, pacífica y continua, durante al menos tres años de los inmuebles o fracción de inmuebles de que se trate, que además deberán tener como destino principal el de casa habitación única y permanente o constituir una unidad productiva familiar.

La gestión y presencia del Estado en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales, constituyen un objetivo central de nuestra propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser parte de la solución del problema e intervenir activamente en el mejoramiento de su barrio.

Estamos convencidos de que tanto la falta de información pública acerca de estos temas como la carencia de los recursos e instrumentos necesarios para enfrentar los procesos establecidos por el orden jurídico actual privan a la población afectada de la posibilidad de acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una vivienda digna. Es por eso que el Estado, con políticas activas, debe investigar, proponer y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles. Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional, popular y democrático no queremos renunciar.


* Diputado nacional socialista. Bloque Frente para la Victoria.

Fuente: Diario Página/12