El saber en el territorio

UNIVERSIDAD › EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROYECTO DE HABITAT POPULAR

El saber en el territorio

El trabajo conjunto del Instituto del Conurbano (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, junto a otros actores, generó la propuesta que el mes que viene será presentada en la Legislatura bonaerense.

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Decir que las universidades son islas separadas de la realidad social no parece adecuado en este caso. Buena parte del proyecto de ley de hábitat popular que ingresará en septiembre a la Legislatura bonaerense fue concebido en el ámbito universitario. Proviene de un trabajo conjunto entre el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, entre otros actores. Uno de los impulsores del proyecto, el docente y urbanista Eduardo Reese, lo explicó ante Página/12: “Es que la investigación y la enseñanza en la universidad no se entienden sin una vinculación con las problemáticas del territorio”. Reese acaba de presentar la iniciativa a las casas de estudio que conforman la Red de Universidades del Conurbano.

El proyecto de Promoción del Hábitat Popular tiene tres objetivos claros, dependientes, a su vez, de una única misión de fondo: garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, preceptos que rezan en el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la iniciativa se propone facilitar y promover la construcción de barrios y loteos sociales, además de regularizar los ya establecidos. En segundo término busca abordar la demanda habitacional, fomentando nuevos y variados programas de vivienda, tales como microcréditos para sectores populares que necesiten refaccionar sus casas. El tercer objetivo –que promete polémica con el sector privado– es conseguir mayores recursos por la vía del castigo a la especulación inmobiliaria y a través de la cesión de tierras de parte de los “emprendimientos suntuosos”.

Lleva dos años de elaboración y dieciséis versiones distintas; ahora, ya listo y antes de ser elevado a la Legislatura, el proyecto fue presentado a la Red de Universidades del Conurbano, de la que forma parte la UNGS. El secretario de investigación de la casa, Pablo Bonaldi, describió el proceso de trabajo: “La UNGS ha tenido un protagonismo fuerte en el armado del proyecto, y nos interesaba poder movilizar el apoyo de las universidades que integran la red, incluso invitamos a otras que no la incluyen, como el caso de La Plata”. En cuanto al trabajo al interior de la universidad, Bonaldi agregó: “La UNGS no está conformada en facultades, sino a partir de institutos. Uno de ellos es el del Conurbano, que se ocupa de la transformación de las áreas metropolitanas. Allí hay un equipo específico de urbanismo que viene trabajando, junto a las organizaciones sociales, la cuestión del hábitat”.

“Es una deuda que tiene la provincia –sostuvo Reese–. A pesar de que los indicadores sociales y económicos han mejorado, la gente no puede acceder a un lote. En la provincia tenemos un promedio de una toma por semana”, dijo. El proyecto cuenta con dos referencias, que intenta superar. La ley provincial de ordenamiento territorial (la 8912, sancionada en 1977) que, en palabras del Reese, es de carácter “elitista”, ya que “opera sobre una porción reducida de la población” y “no tiene una sola frase respecto de la vivienda y los loteos sociales”; el otro antecedente es la creación del Instituto de la Vivienda bonaerense, “que se limitó únicamente a crear el instituto”, según el docente.

La resistencia a la propuesta proviene de los grandes emprendimientos inmobiliarios de la provincia, a los que exige la cesión obligada del 10 por ciento de sus terrenos con destino exclusivo para viviendas sociales. Entran en la categoría los countries, barrios cerrados, clubes de campo, cementerios privados y los hipermercados y shoppings que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados. La cesión de tierras ya divide las aguas al interior de la Legislatura bonaerense: “Los legisladores de La Juan Domingo –dijo Reese– acaban de presentar una ley idéntica, pero sin los artículos más controvertidos. Ya tiene número de expediente, es una copia de nuestro proyecto, pero sin sus artículos más importantes. Sin estos instrumentos, la ley no tiene mucho sentido; nosotros vamos a presentarla tal como se discutió en los foros con los barrios”.

Informe: Agustín Saavedra.

Fuente: Diario Página/12

la vivienda es un derecho humano

Opinión: La vivienda es un derecho humano

Sábado, 11 de Agosto de 2012 11:55

Reconquista, 06 de agosto de 2012

La vivienda es un derecho que se defiende.

La vivienda es un DERECHO HUMANO

Documento de posición de las organizaciones sociales e instituciones que integran el Espacio por los Derechos Humanos, a casi dos meses de las tomas de tierra en Reconquista, Santa Fe.

La historia de vida y la toma de tierras en Barrio Luján, en 2007 –donde afortunadamente no hubo represión ni desalojos violentos, aunque sí constantes insistencias a abandonar las tierras y judicialización a las familias–, debería habernos dejado la enseñanza de comprender a nuestros hermanos obligados a tomar esas medidas. Pero en cambio, gran parte de la sociedad, en vez de analizar la situación desde el lugar de quien carece de oportunidades, reproduce el discurso de criminalización de la pobreza. Por ello, y por el hecho de que no se trata de un proceso aislado[1], es que desde el Espacio Encuentro por los Derechos Humanos y las organizaciones que adhieren, queremos manifestar nuestra posición mediante este documento.

Las más de 600 familias que toman hoy los terrenos en los barrios Belgrano y Guadalupe Sur y Oeste, La Cortada y La Loma, están conformadas por trabajadores pobres/desocupados/explotados/sin tierra y vivienda, de nuestra ciudad. Algunas de ellas provienen del campo; la generación anterior a las familias jóvenes que hoy toman las tierras son changarines o peones rurales que emigraron a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades –que no encontraron-.

Entonces ¿cuál es la metodología que funcionarios municipales, concejales en su gran mayoría y parte de esta sociedad repudian? ¿La pobreza? ¿El proceso de expulsión de la gente del campo? ¿La infancia y la niñez robada de los chicos y chicas de los asentamientos? ¿La de más de 30 años de gobiernos democráticos que fallaron en su obligación de dar respuestas a uno de los derechos humanos fundamentales, que es el de la vivienda digna, el de una tierra para vivir?
La vivienda digna y la tierra para vivir, para muchos, queda reducida a una necesidad de “casa”, a un techo y cuatro paredes, obviando lo que implica el derecho al hábitat, a espacios y equipamientos colectivos como agua, luz, transporte, cloacas, salud, educación, empleo genuino, esparcimiento, entre muchos otros.

El derecho a la vivienda es un derecho humano

En nuestro país se ha ido incrementando de forma notoria el déficit habitacional en los sectores más pobres. Para el mercado se trata, obviamente, de sectores no rentables, el crecimiento de los sectores inmobiliarios y de la construcción que se ha operado en los últimos años se asentó en la lógica de la inversión en construcción residencial privada suntuosa, en general vivienda comprada sin crédito[2] y no en unidades habitacionales para los sectores populares. Mientras que, por su parte, la inversión del Estado en vivienda, que rondaba el 5,9 por ciento del Producto Bruto Interno a principios de los años cincuenta, en los últimos diez años apenas alcanza el 0,3 por ciento[3].

Pero en esta dialéctica de lo público y lo privado, debemos tener en cuenta que lejos de compararse con el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda es un derecho humano, y se encuentra, en nuestro país, ampliamente reconocido por numerosos instrumentos jurídicos. Entre ellos, podemos mencionar a la Constitución Nacional Argentina, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos últimos son textos internacionales que nuestro Estado ha ratificado y que desde la reforma constitucional de 1994 gozan de jerarquía constitucional.

Al ratificar textos de carácter obligatorio, los Estados parte se comprometen voluntariamente a armonizar la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con sus obligaciones jurídicas internacionales vigentes. También asumen (formalmente) una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás Estados parte en el mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, puesto que se comprometen solemnemente a respetar y asegurar los derechos y libertades consagrados en esos documentos.

La organización de las familias

Mientras tanto, y aunque falte la experiencia en hacer ejercicios de sus derechos, en las diversas tomas de Reconquista las familias se organizan. Los ocupantes marcan calles, lotes, dejan lugar para futuras salitas de primeros auxilios, plazas o escuelas, salones comunitarios, piensan formas de regularizar la situación. Demuestran a la sociedad que con organización y un poco de coraje se pueden conseguir cosas, conquistar derechos, esperando activamente que llegue la regularización de los lotes.

El Estado ha asumido una obligación de hacer, de intervenir, de diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a hacer efectivo el derecho a la vivienda de todas las personas.

Sin embargo, la situación de déficit habitacional de Reconquista oscila entre las cuatro mil familias inscriptas en el Registro Único de Inscripción Permanente, y las 6 u 8 mil que estarían necesitando vivienda –según estimaciones oficiosas de los funcionarios del área[4]–, mientras que la respuesta estatal en el último año no llegó a las 150.

La situación actual de pobreza y marginalidad, donde la falta de trabajo o el trabajo precario son problemas que aquejan a gran parte de la población, sumada a una política pública ineficiente en materia de vivienda y hábitat, incapaz de desvincular el costo del acceso a la tierra de los precios de mercado y la especulación inmobiliaria, han generado que sean muchas las familias que encuentran como única solución a su problema habitacional la ocupación de tierras, privadas o fiscales, para establecerse allí, construyendo una vivienda.

En la mayoría de los casos la “apropiación” de estos terrenos es la única posibilidad real de acceso a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros “mecanismos o circuitos legales”.

Ante esto, la respuesta del estado, hasta ahora de gran incumplimiento -150 viviendas hechas ante una demanda de 4000- no debe ser con actitud represiva. No se puede judicializar solo la ocupación de terrenos, debe someterse a justicia la situación de las familias. Y las fuerzas públicas, como la policía, debe velar en primer lugar, por la integridad física de las personas.

Es decir, surge evidente que con lo primero que nos encontramos es con una obligación estatal incumplida, al menos con respecto a estas familias: la realización del derecho a la vivienda. Ante esta situación, quienes tenían sus derechos básicos vulnerados, tomaron la decisión, y la practicaron, de “hacerse” de un pedazo de tierra, que por lo general se ubica en sectores desfavorecidos.

Un problema que comienza en el campo

Por otra parte, como ya lo hemos mencionado, este no es un problema específico de los ámbitos urbanos, sino que se origina en parte en el modelo de desarrollo rural. El documento de la Mesa de Tierras, actualizado en el año 2008, da cuenta del problema de la concentración de tierras para la producción de cultivos industriales a gran escala, que deja a numerosas familias sin posibilidades de subsistir en el campo y no sólo se genera un problema de déficit habitacional, sino que al mismo tiempo se convierten en mano de obra barata y explotada:

“Hay un cambio de ‘modelo agrario’ basado en un alto uso de capital, aplicación de paquetes tecnológicos que incluye grandes maquinarias y la utilización de semillas genéticamente modificadas. ¿A dónde van las familias obligadas a salir del campo? A las grandes ciudades.

“No hay política urbana capaz de contener la magnitud de esta situación. No estamos hablando de Buenos Aires y su conurbano. Hablamos de Posadas, de Corrientes, de Resistencia, de Formosa, por citar ciudades próximas a nosotros”.[5]

Es inexcusable que las políticas agrarias, de exportación de la materia prima, celebrada por su rentabilidad impactan en las arcas gubernamentales. Pero es necesario ponerse a pensar seriamente en que al mismo tiempo que unos se enriquecen, otros se empobrecen cada vez más y son sujetos de políticas sociales de asistencia.

“En los últimos 10 años la concentración de la tierra ha agravado las profundas desigualdades sociales en el campo. Entre el 88 y el 2002 han desaparecido 160.000 explotaciones agropecuarias en su gran mayoría con un tamaño menor a 200 ha, es decir pequeños productores.

“El 82% de los productores (campesinas, indígenas y trabajadores rurales) ocupan sólo el 13% de la tierra. Mientras el 4% de las llamadas “explotaciones agropecuarias” ocupan casi el 65 % de la tierra utilizada para la producción. Mientras menos de mil personas o grupos económicos poseen un promedio de 35.000 has cada uno, hay 137.000 agricultores a quiénes sólo les tocan 15 ha cada uno. Campesinos y pueblos originarios son obligados a desalojar sus campos.-

Casi el 40 % de los poblados rurales están en riesgo de desaparecer. En estas poblaciones viven cerca de 300 mil habitantes. Hay más de 120 pueblitos o parajes que prácticamente no han crecido en los últimos 10 años: 90 de ellos ya no figuran en los últimos censos. Mientras que 8 de cada 10 personas que viven en el conurbano bonaerense provienen del campo. La razón: la actividad económica que les dio vida ya no existe”.[6] 

Cuando el Estado no está, es obligación de nosotros y nosotras como sociedad, hacerlo presente día a día, en alianza sin recelos con todos aquellos que quieran compartir el camino.

Este es un gran desafío para re-imaginar nuevas relaciones y parir una nueva sociedad, donde todos entremos en la barca, o en la que al menos se repartan mejor los espacios, incluyendo definitivamente a los excluidos y las excluidas.

Llamamos a toda la sociedad reconquistense a entender que muchos de estos problemas nos fueron delegados, pero que no debemos quedarnos de brazos cruzados, sino pensar en acciones que busquen el bien común. En los tiempos que vivimos, es necesario mostrar a las generaciones que vienen que vale la pena, que no hay mayor orgullo ni dignidad posible que ocuparse no sólo del propio destino sino de los sueños colectivos.

Y que estos sueños colectivos se inscriban con fuerza en el horizonte de las posibilidades humanas.

“La justificación de las tomas de tierra tiene que recuperar su densidad histórica, ya que es una recuperación de lo robado por parte del poderoso al débil”.Periódico “Tierras para Vivir”, 2010.

Encuentro por los Derechos Humanos:
Cátedra Abierta sobre Derechos Humanos del ISP 4
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Frente Gremial “4 de Abril” – Departamento Gral. Obligado
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Mesa de Gestión Barrio Virgen de Guadalupe
Partido Obrero
Periódico “Edición 4”, Reconquista
Proyecto Sur Reconquista
Grupo de Vecinos y productores rurales de La Lola
Colectivo de Mujeres


[1] Hay otras experiencias dolorosas que sucedieron en otras partes del país, como la del Parque Indoamericano en Buenos Aires y la toma de tierras en el predio de Ledesma de Jujuy, donde muchas personas han sido privadas no sólo de sus derechos, sino también despojados de sus vidas, por luchar por un pedazo de tierra.

[2] “Lo vivido hasta el momento es un régimen de crecimiento sin cambio estructural”, entrevista a Claudio Lozano, Revista Desafío Exportar, mayo 2012, Buenos Aires.

[3] La ciega, Colectivo de Abogadxs Populares, Documento “Tierra para vivir. Derecho a la vivienda”, octubre de 2010. Disponible en http://laciegalp.blogspot.com.ar/2010/10/tierra-para-vivir.html

[4] En diciembre del año pasado, el titular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda estimaba, en declaraciones a la prensa, que la cifra de 4.000 inscriptos “aumenta significativamente cuando se analiza la situación de familias que, por diversos motivos, no se inscriben en el registro, y que rondaría las 2 mil. De esta manera, el total de familias que esperan contar con el techo propio en Reconquista llega a los 6 mil”. Unos meses antes, el secretario de Obras Públicas había dicho que el número de familias necesitadas de vivienda pero no registradas en el registro duplicaba al sí inscripto: “Es así que 8 mil familias no pueden acceder a la vivienda propia.” (http://infrapublica.com/noticias/diciembre-2011/en-reconquista-6-mil-familias-esperan-una-vivienda.html)

[5] Documento de la Mesa de tierras del Norte Santafesino: “PARA QUE EL DERECHO A LA TIERRA SEA UNA REALIDAD PARA TODOS EN NUESTRA PROVINCIA”. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ACCESO, REGULARIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA. Reconquista, 09 de mayo de 2008.

[6] Idem.

Fuente: Edición 4 Reconquista Santa Fé Argentina http://www.edicion4.com.ar/index.php/component/content/article/36-online/2885-opinion-la-vivienda-es-un-derecho-humano.html