MUNDO • Papa Francisco • Domingo 22 de Diciembre de 2013 | 08:44
"Los pobres no pueden esperar"
El papa Francisco pidió hoy esfuerzos a instituciones y autoridades que hagan lo posible para que "todas las familias puedan tener una casa".
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Tiempo Argentino
El Papa pidió "profesionalismo y servicio" a la Iglesia Católica "En estos días de Navidad invito a todos, personas, entidades sociales, autoridades, a hacer todo lo posible para que cada familia pueda tener una casa", dijo hoy el papa Francisco.
El Pontífice se manifestó de ese modo durante el Angelus y sostuvo al leer un cartel colocado en plaza San Pedro: "Los pobres no pueden esperar".
"Familia y casa van juntos. Es muy difícil llevar adelante una familia sin habitar en una casa"
"Leo el escrito grande: 'Los pobres no puede esperar'. Es bello y esta es mi forma de pensar, que Jesús nació en un establo, no nació en una casa. Luego debió huir, ir a Egipto para salvar la vida. Al fin regresó a su casa en Nazareth",manifestó Francisco entre aplausos.
"Pienso hoy, también leyendo eso, en tantas familias sin casa. Sea porque no la han tenido, sea porque la han perdido por tantos motivos", advirtió Jorge Bergoglio.
Fuente: InfoNews
domingo, 22 de diciembre de 2013
lunes, 9 de diciembre de 2013
El acceso al suelo urbano en el Código Civil
El papel del Código Civil
Los autores advierten que la disponibilidad de suelo debe ser regulada por el Estado para satisfacer necesidades sociales y no dejar librada su utilización al sector privado, basado en los principios de la propiedad privada.
Producción: Javier Lewkowicz
debate@pagina12.com.ar
Desigualdades en el acceso al suelo
Por Gastón Chillier y Carolina Fairstein *
El pasado 28 de noviembre la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de reforma del Código Civil. En la semana previa se había anunciado que dentro del articulado se reconocería que la propiedad posee una función social y, por lo tanto, se encuentra sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común. Sin embargo, sobre la fecha de la firma del dictamen de mayoría se dio marcha atrás con la iniciativa.
El Congreso no sólo está autorizado, sino que tiene el deber de prevenir ejercicios excesivos del derecho a la propiedad que constituyan barreras a las posibilidades de realización de los derechos humanos, en particular del derecho a la vivienda, de quienes debido a la estructura social y/o las condiciones del mercado no puedan acceder a ella por sus propios medios. Por ello, la Cámara de Diputados debe incorporar el principio de función social de la propiedad en el Código Civil, e incluso otros instrumentos adecuados para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda y la regularización de las formas de vivir y habitar de los sectores populares en la ciudad y en el campo.
Entre los motivos expuestos por el oficialismo en el recinto de la Cámara alta se sostuvo que no corresponde la inclusión del mencionado principio en el Código sino en una reforma constitucional. La función social de la propiedad fue consagrada por la Constitución de 1949, derogada por la dictadura de 1955, y reincorporada en la reforma de 1994 a través de la inclusión con jerarquía constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 21 establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de los bienes, pero que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. O sea, no es necesaria otra modificación.
Así, en lo que a propiedad se refiere, se optó por mantener la orientación liberal del Código Civil reafirmando privilegios clasistas.
La ausencia del principio de la función social de la propiedad tendrá un impacto negativo para avanzar en políticas públicas de regulación del suelo y el mercado inmobiliario, necesarias para abordar los problemas estructurales del actual déficit habitacional. Es previsible que cualquier regulación que pretenda poner límites a las posibilidades de uso del suelo será cuestionada, aunque sin razón, por atentatoria de la incólume propiedad privada consagrada en el antiguo y futuro Código Civil –en caso de que se aprobara el proyecto votado por el Senado–.
Diversos estudios urbanos han identificado una estrecha relación entre los modos en que se regula y se toleran ejercicios abusivos del derecho de propiedad y la informalidad urbana, en tanto dificultan el acceso al suelo en forma legal a amplios segmentos de la sociedad. Asimismo, el modelo de propiedad privada exclusivo e individual plasmado en el Código Civil no considera las prácticas existentes en el mundo rural, obstaculizando las posibilidades de avanzar hacia un reconocimiento comunitario de la propiedad de la tierra.
En el contexto argentino, los actores privados condicionan y generan profundas desigualdades en el acceso al suelo y a la vivienda digna. Un claro ejemplo de la incidencia de las fuerzas del mercado en las posibilidades de desarrollo de políticas públicas inclusivas lo constituye el reciente reconocimiento efectuado por el gobierno nacional respecto de las limitaciones que la especulación inmobiliaria –con los aumentos injustificados y desmesurados de los precios del suelo– impone a uno de los más importantes programas de vivienda del país, el Pro.Cre.Ar.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen afirmando la existencia de un deber del Estado de brindar protección especial a grupos o sectores sociales en situación de desigualdad estructural, e incluso de adoptar medidas que apunten a transformar los factores que determinan prácticas extendidas de discriminación y exclusión. Esta obligación incluye la regulación y protección frente a la acción de actores no estatales que por su posición de poder tienen la capacidad de afectar el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Convención.
La relatora especial sobre una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reclamaron al Estado argentino avanzar en un mejor control sobre el mercado de tierras, el suelo, y la especulación inmobiliaria, así como en la regularización administrativa y dominial de quienes habitan en situación de informalidad.
El próximo Código, que regirá la vida de los habitantes de nuestro país, debe receptar y proteger un derecho de propiedad que armonice y concilie su dimensión liberal con su aspecto social. Sólo de este modo obtendremos un marco jurídico que facilite el desarrollo de políticas públicas conducentes a revertir la situación de exclusión sociohabitacional en la que se encuentran millones de personas en nuestro país.
* Director ejecutivo y abogada senior del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por qué función social
Por Raúl Fernández Wagner *
El desarrollo capitalista de los últimos doscientos años ha conjugado tres procesos: un aumento exponencial de la población, el cercado y mercantilización de la tierra (asociado al régimen jurídico de la propiedad privada) y una acelerada urbanización.
Así, hoy hablamos de “suelo urbano”, el cual tiene una serie de particularidades que se reflejan inevitablemente en su precio de mercado. Primero, la sola definición del límite urbano hace que el pasaje de suelo rural a urbano sea constitutivo de un gran salto en la renta absoluta. Segundo, que la centralidad y el uso del suelo permitido sean la base de las rentas diferenciales de vivienda, y determinantes en las rentas de comercio, y tercero, que los servicios e infraestructuras –por costosos y asociados a sistemas urbanos complejos– tengan gran influencia y/o sean constitutivos de las plusvalías urbanísticas. En las tres dimensiones: extensión urbana, uso del suelo y desarrollo de las infraestructuras, tiene una decisiva incidencia la acción del Estado (local).
Es decir que el precio del suelo no depende de lo que se construya encima, sino que está enteramente asociado al pasaje de rural a urbano y a lo que la norma urbanística municipal determine, sobre: a) el uso del suelo (comercial o residencial), b) el factor de ocupación (superficies que se permite construir en la parcela) y c) la dotación de servicios de infraestructuras (calles, redes de agua, de alumbrado, de gas, transporte público y equipamientos sociales (escuelas, hospitales, etc.) relacionados con la localización de la parcela. El proceso de crecimiento de nuestras ciudades motoriza la suba acelerada de los precios del suelo urbano, siendo la “escasez” a raíz de la competencia de las familias, los comerciantes y hasta las funciones del mismo Estado por estar “bien ubicados” lo que hace subir el precio del suelo. Un punto aparte merece el plus de rentas aún mayores, dadas por el “monopolio de segregación” cuando se permite la existencia de barrios cerrados.
Lamentablemente, en Argentina el retraso en el desarrollo del derecho urbanístico provoca que este proceso esté poco reconocido por el Estado, por lo que se considera que es un “derecho” del propietario capturar enteramente el aumento del precio del suelo. Es decir, que las plusvalías urbanísticas le corresponden al propietario y no al Estado, que es el principal agente en su generación mediante obra pública, dotación de servicios y/o construcción de equipamientos.
Argentina es un país donde el noventa por ciento de su población vive en áreas urbanas, pero aún no cuenta con una legislación específica que permita regular el desarrollo urbano y –lo que es más urgente– afrontar la creciente desigualdad socioespacial. Paradójicamente, el pronunciado crecimiento económico de los últimos 10 años, con evidentes mejoras sociales, de consumo y bienestar, no tiene un correlato en términos de acceso al suelo urbano de una gran parte de su población. Ello se ha agravado por el extendido proceso especulativo. En 2012, los desarrolladores inmobiliarios demostraban que la “inversión en ladrillos” era la más alta renta posible de obtener (por encima de bonos y otras inversiones financieras). De hecho nuestras ciudades se llenaron de edificios y casas en barrios cerrados deshabitadas, mientras las clases medias se desplazan al mercado de alquileres (cada vez más altos) y los sectores más pobres enteramente al mercado informal del suelo, particularmente hacia los alquileres en villas y asentamientos (o en nuevos loteos “piratas” en la periferia urbana).
Por ello, la función social de la propiedad es crucial para generar un marco en el desarrollo del derecho urbanístico y la consecuente maduración del basamento jurídico respecto al uso, ocupación y subdivisión del suelo urbano. Es relevante para desarrollar una legislación urbanística que permita aplicar urgentes mejoras en la gestión urbana por parte de los gobiernos locales, que son quienes detentan la potestad del uso del suelo. Es una misión pública esencial promover el control del proceso de desarrollo urbano, a través de la formulación de políticas de ordenamiento territorial en las cuales los intereses individuales de los propietarios tengan que coexistir con otros intereses sociales, culturales y ambientales de otros grupos y de la ciudad como un todo. Para tender a una justa distribución de las cargas y los beneficios de la urbanización, por ejemplo a través de la afectación de las plusvalías que la urbanización produce, de tal forma que el poder público pueda recuperar, y redireccionar a favor de los más pobres, la valorización inmobiliaria que origina de la inversión pública para las propiedades privadas.
* Integrante de Habitar Argentina y profesor de Universidad Nacional General Sarmiento.
Fuente: Diario Página/12
Los autores advierten que la disponibilidad de suelo debe ser regulada por el Estado para satisfacer necesidades sociales y no dejar librada su utilización al sector privado, basado en los principios de la propiedad privada.
Producción: Javier Lewkowicz
debate@pagina12.com.ar
Desigualdades en el acceso al suelo
Por Gastón Chillier y Carolina Fairstein *
El pasado 28 de noviembre la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de reforma del Código Civil. En la semana previa se había anunciado que dentro del articulado se reconocería que la propiedad posee una función social y, por lo tanto, se encuentra sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común. Sin embargo, sobre la fecha de la firma del dictamen de mayoría se dio marcha atrás con la iniciativa.
El Congreso no sólo está autorizado, sino que tiene el deber de prevenir ejercicios excesivos del derecho a la propiedad que constituyan barreras a las posibilidades de realización de los derechos humanos, en particular del derecho a la vivienda, de quienes debido a la estructura social y/o las condiciones del mercado no puedan acceder a ella por sus propios medios. Por ello, la Cámara de Diputados debe incorporar el principio de función social de la propiedad en el Código Civil, e incluso otros instrumentos adecuados para facilitar el acceso a la tierra y la vivienda y la regularización de las formas de vivir y habitar de los sectores populares en la ciudad y en el campo.
Entre los motivos expuestos por el oficialismo en el recinto de la Cámara alta se sostuvo que no corresponde la inclusión del mencionado principio en el Código sino en una reforma constitucional. La función social de la propiedad fue consagrada por la Constitución de 1949, derogada por la dictadura de 1955, y reincorporada en la reforma de 1994 a través de la inclusión con jerarquía constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 21 establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de los bienes, pero que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. O sea, no es necesaria otra modificación.
Así, en lo que a propiedad se refiere, se optó por mantener la orientación liberal del Código Civil reafirmando privilegios clasistas.
La ausencia del principio de la función social de la propiedad tendrá un impacto negativo para avanzar en políticas públicas de regulación del suelo y el mercado inmobiliario, necesarias para abordar los problemas estructurales del actual déficit habitacional. Es previsible que cualquier regulación que pretenda poner límites a las posibilidades de uso del suelo será cuestionada, aunque sin razón, por atentatoria de la incólume propiedad privada consagrada en el antiguo y futuro Código Civil –en caso de que se aprobara el proyecto votado por el Senado–.
Diversos estudios urbanos han identificado una estrecha relación entre los modos en que se regula y se toleran ejercicios abusivos del derecho de propiedad y la informalidad urbana, en tanto dificultan el acceso al suelo en forma legal a amplios segmentos de la sociedad. Asimismo, el modelo de propiedad privada exclusivo e individual plasmado en el Código Civil no considera las prácticas existentes en el mundo rural, obstaculizando las posibilidades de avanzar hacia un reconocimiento comunitario de la propiedad de la tierra.
En el contexto argentino, los actores privados condicionan y generan profundas desigualdades en el acceso al suelo y a la vivienda digna. Un claro ejemplo de la incidencia de las fuerzas del mercado en las posibilidades de desarrollo de políticas públicas inclusivas lo constituye el reciente reconocimiento efectuado por el gobierno nacional respecto de las limitaciones que la especulación inmobiliaria –con los aumentos injustificados y desmesurados de los precios del suelo– impone a uno de los más importantes programas de vivienda del país, el Pro.Cre.Ar.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen afirmando la existencia de un deber del Estado de brindar protección especial a grupos o sectores sociales en situación de desigualdad estructural, e incluso de adoptar medidas que apunten a transformar los factores que determinan prácticas extendidas de discriminación y exclusión. Esta obligación incluye la regulación y protección frente a la acción de actores no estatales que por su posición de poder tienen la capacidad de afectar el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Convención.
La relatora especial sobre una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reclamaron al Estado argentino avanzar en un mejor control sobre el mercado de tierras, el suelo, y la especulación inmobiliaria, así como en la regularización administrativa y dominial de quienes habitan en situación de informalidad.
El próximo Código, que regirá la vida de los habitantes de nuestro país, debe receptar y proteger un derecho de propiedad que armonice y concilie su dimensión liberal con su aspecto social. Sólo de este modo obtendremos un marco jurídico que facilite el desarrollo de políticas públicas conducentes a revertir la situación de exclusión sociohabitacional en la que se encuentran millones de personas en nuestro país.
* Director ejecutivo y abogada senior del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Por qué función social
Por Raúl Fernández Wagner *
El desarrollo capitalista de los últimos doscientos años ha conjugado tres procesos: un aumento exponencial de la población, el cercado y mercantilización de la tierra (asociado al régimen jurídico de la propiedad privada) y una acelerada urbanización.
Así, hoy hablamos de “suelo urbano”, el cual tiene una serie de particularidades que se reflejan inevitablemente en su precio de mercado. Primero, la sola definición del límite urbano hace que el pasaje de suelo rural a urbano sea constitutivo de un gran salto en la renta absoluta. Segundo, que la centralidad y el uso del suelo permitido sean la base de las rentas diferenciales de vivienda, y determinantes en las rentas de comercio, y tercero, que los servicios e infraestructuras –por costosos y asociados a sistemas urbanos complejos– tengan gran influencia y/o sean constitutivos de las plusvalías urbanísticas. En las tres dimensiones: extensión urbana, uso del suelo y desarrollo de las infraestructuras, tiene una decisiva incidencia la acción del Estado (local).
Es decir que el precio del suelo no depende de lo que se construya encima, sino que está enteramente asociado al pasaje de rural a urbano y a lo que la norma urbanística municipal determine, sobre: a) el uso del suelo (comercial o residencial), b) el factor de ocupación (superficies que se permite construir en la parcela) y c) la dotación de servicios de infraestructuras (calles, redes de agua, de alumbrado, de gas, transporte público y equipamientos sociales (escuelas, hospitales, etc.) relacionados con la localización de la parcela. El proceso de crecimiento de nuestras ciudades motoriza la suba acelerada de los precios del suelo urbano, siendo la “escasez” a raíz de la competencia de las familias, los comerciantes y hasta las funciones del mismo Estado por estar “bien ubicados” lo que hace subir el precio del suelo. Un punto aparte merece el plus de rentas aún mayores, dadas por el “monopolio de segregación” cuando se permite la existencia de barrios cerrados.
Lamentablemente, en Argentina el retraso en el desarrollo del derecho urbanístico provoca que este proceso esté poco reconocido por el Estado, por lo que se considera que es un “derecho” del propietario capturar enteramente el aumento del precio del suelo. Es decir, que las plusvalías urbanísticas le corresponden al propietario y no al Estado, que es el principal agente en su generación mediante obra pública, dotación de servicios y/o construcción de equipamientos.
Argentina es un país donde el noventa por ciento de su población vive en áreas urbanas, pero aún no cuenta con una legislación específica que permita regular el desarrollo urbano y –lo que es más urgente– afrontar la creciente desigualdad socioespacial. Paradójicamente, el pronunciado crecimiento económico de los últimos 10 años, con evidentes mejoras sociales, de consumo y bienestar, no tiene un correlato en términos de acceso al suelo urbano de una gran parte de su población. Ello se ha agravado por el extendido proceso especulativo. En 2012, los desarrolladores inmobiliarios demostraban que la “inversión en ladrillos” era la más alta renta posible de obtener (por encima de bonos y otras inversiones financieras). De hecho nuestras ciudades se llenaron de edificios y casas en barrios cerrados deshabitadas, mientras las clases medias se desplazan al mercado de alquileres (cada vez más altos) y los sectores más pobres enteramente al mercado informal del suelo, particularmente hacia los alquileres en villas y asentamientos (o en nuevos loteos “piratas” en la periferia urbana).
Por ello, la función social de la propiedad es crucial para generar un marco en el desarrollo del derecho urbanístico y la consecuente maduración del basamento jurídico respecto al uso, ocupación y subdivisión del suelo urbano. Es relevante para desarrollar una legislación urbanística que permita aplicar urgentes mejoras en la gestión urbana por parte de los gobiernos locales, que son quienes detentan la potestad del uso del suelo. Es una misión pública esencial promover el control del proceso de desarrollo urbano, a través de la formulación de políticas de ordenamiento territorial en las cuales los intereses individuales de los propietarios tengan que coexistir con otros intereses sociales, culturales y ambientales de otros grupos y de la ciudad como un todo. Para tender a una justa distribución de las cargas y los beneficios de la urbanización, por ejemplo a través de la afectación de las plusvalías que la urbanización produce, de tal forma que el poder público pueda recuperar, y redireccionar a favor de los más pobres, la valorización inmobiliaria que origina de la inversión pública para las propiedades privadas.
* Integrante de Habitar Argentina y profesor de Universidad Nacional General Sarmiento.
Fuente: Diario Página/12
domingo, 8 de diciembre de 2013
Atención atención a ocuparse de las familias cita 2
Pero en las provincias gobernadas tanto por el cordobesismo conservador de José de la Sota, el socialismo liberal de Antonio Bonfatti y Hermes Binner y el peronismo de bajas calorías de Daniel Scioli, los cultivos transgénicos resistentes a su correspondiente herbicida se extendieron hasta la puerta de las ciudades, desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo y encareciendo el valor de la tierra urbana. La concentración y los altos precios internacionales produjeron un enorme excedente que se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero a falta de regulación estatal, una parte de las unidades construidas en torres o barrios cerrados permanecen desocupadas, como reserva de valor, mientras una cantidad equivalente o mayor de familias carece de recursos para acceder a la vivienda y se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables y/o con acceso deficiente a los servicios esenciales. La explosión del consumo de un sector y la imposibilidad de equiparación para el resto constituye el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía ilegal como forma de acceso a un universo tan dorado como prohibido. La regulación de ese mercado es una de las tareas principales de las policías, que reclutan varones jóvenes de esos sectores para delinquir. El diputado electo Felipe Solá merecería ser recordado en estos días. Como Secretario de Agricultura autorizó en 1996 a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja de Monsanto tolerante al herbicida glifosato. Como gobernador de Buenos Aires, impulsó en 2005 la ley por la que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas cayó en manos de policías, fiscales y jueces provinciales, en los que se delegó el control social y los negocios.
Ver la nota completa en diario Página/12
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Atención atención a ocuparse de las familias
Conurbanos
Los conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de fondo, motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos años. La brecha producida por el boom sojero en los conurbanos de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y el bang del delito regulado por una policía brava que sabe cómo negociar con los respectivos gobernadores, cualquiera sea su signo político. Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad.
sábado, 30 de noviembre de 2013
Granjero desafía a los bancos y se hace casa por 240 dólares
Según el diario ’Metro’, Michael Buck, un exprofesor de 59 años de edad, edificó una llamativa cabaña en su terreno, que se encuentra en un placentero lugar boscoso cerca de Oxford, Reino Unido.
Buck indicó que construyó la pequeña casa con sus propias manos en ocho meses, sin la ayuda de herramienta eléctrica alguna. Explicó también que levantó las paredes usando una mezcla de arena, arcilla, paja y estiércol de vaca. Mientras que para el techo armó una estructura de madera y lo cubrió con paja.
Michael tampoco tuvo problemas con la cubierta del piso, que cubrió con tablas sacadas de una vieja casa abandonada. Además, usó los parabrisas de un viejo camión para cerrar las inusuales ventanas de su casa.
La cabaña cuenta con una cocina, comedor y una cama que se encuentra en un espacio elevado a media altura. El inmueble no cuenta con electricidad, pero una estufa de leña proporciona calor, mientras que el agua es llevada por una tubería desde un manantial natural cercano.
Asimismo, un pequeño pozo junto a la puerta de entrada sirve como nevera. Tampoco dejó pasar por alto el baño, para lo cual detrás de la casa construyó una letrina cubierta con paja, desde donde "se abren espectaculares vistas panorámicas de la campiña".
"Una casa no tiene por qué costar un ojo de la cara, solo se necesita la tierra para construir", dijo Buck, quien ya ha arrendado su obra a otro granjero por un litro y medio de leche fresca.
"Quise desafiar a las hipotecas, demostrar que las personas no necesitan trabajar toda su vida para pagar un préstamo. No hay que pagar grandes cantidades de dinero por una casa, todo lo que necesita es un terreno para su construcción", señaló el ingenioso granjero.
Concluyó: "Originalmente planeaba construir invirtiendo los mínimos recursos, pero calculé mal la cantidad de paja y tuve que comprar más. Por eso la casa me costó 150 libras".
Fuente: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/112747-granjero-desafia-hipotecas-construir-casa
martes, 26 de noviembre de 2013
Un llamado por la función social de la propiedad
El CELS junto a más de una decena de organizaciones sociales, gremiales y políticas y académicos realizarán una conferencia de prensa a las 11, horas antes de que comience la sesión en el Senado, para exigir la inclusión de ese principio, que fue eliminado del proyecto original para alcanzar el dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral, presidida por el oficialismo. Las organizaciones convocantes sostienen que el Código Civil debe estar "orientado a resolver la problemática del acceso al suelo, al territorio y la vivienda adecuada para los sectores populares urbanos y rurales de nuestro país".
En el comunicado del CELS se cita como ejemplo el caso aportado por la Red Agroforestal Chaco Argentina, respecto de las 6 millones de hectáreas en conflicto en el norte del país, por precariedad en la tenencia, desalojos o daños medioambientales. Y agrega que "cerca de 600 personas están afectadas por esta situación".
Por otra parte, se destaca que en un informe realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación se "identificó que en 857 casos conflictivos vinculados al acceso, tenencia y distribución de la tierra, el 87,4 por ciento de los afectados eran sólo poseedores de sus tierras y, por lo tanto, carecían de seguridad en la tenencia".
El documento también hace foco sobre la situación de la posesión de tierras en zonas urbanas al señalar que "recientes investigaciones sostienen que el 95 por ciento de las familias que viven en villas y asentamientos carecen de servicios elementales y sufren un empeoramiento acelerado de sus condiciones habitacionales".
Por estas razones, las organizaciones convocantes calificaron de "imprescindible" que el nuevo Código Civil "contemple, atienda y procure resolver la informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país", por lo que exigen la inclusión de la función social de la propiedad.
Además, los convocantes a la conferencia solicitan "incorporar otras medidas que faciliten la materialización de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal para transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo".
En la conferencia, que se realizará en la Sala 8 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Riobamba 25), estarán presentes los representantes de las siguientes organizaciones: Centro de Estudios Legales y Sociales, Habitar Argentina, Movimiento Evita, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Central de Trabajadores de la Argentina, Curas en Opción por los Pobres, Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Prov. de Buenos Aires, Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Centro de Participacion Popular Monseñor Enrique Angelelli, Resistencia Cultural Barrial, Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Movimiento Villas al Frente, TECHO Argentina, Colectivo por la Igualdad, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Fuente: Diario Página/12
En el comunicado del CELS se cita como ejemplo el caso aportado por la Red Agroforestal Chaco Argentina, respecto de las 6 millones de hectáreas en conflicto en el norte del país, por precariedad en la tenencia, desalojos o daños medioambientales. Y agrega que "cerca de 600 personas están afectadas por esta situación".
Por otra parte, se destaca que en un informe realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación se "identificó que en 857 casos conflictivos vinculados al acceso, tenencia y distribución de la tierra, el 87,4 por ciento de los afectados eran sólo poseedores de sus tierras y, por lo tanto, carecían de seguridad en la tenencia".
El documento también hace foco sobre la situación de la posesión de tierras en zonas urbanas al señalar que "recientes investigaciones sostienen que el 95 por ciento de las familias que viven en villas y asentamientos carecen de servicios elementales y sufren un empeoramiento acelerado de sus condiciones habitacionales".
Por estas razones, las organizaciones convocantes calificaron de "imprescindible" que el nuevo Código Civil "contemple, atienda y procure resolver la informalidad y precariedad en la que viven millones de familias pobres urbanas y campesinas en nuestro país", por lo que exigen la inclusión de la función social de la propiedad.
Además, los convocantes a la conferencia solicitan "incorporar otras medidas que faciliten la materialización de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal para transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo".
En la conferencia, que se realizará en la Sala 8 del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación (Riobamba 25), estarán presentes los representantes de las siguientes organizaciones: Centro de Estudios Legales y Sociales, Habitar Argentina, Movimiento Evita, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Central de Trabajadores de la Argentina, Curas en Opción por los Pobres, Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Prov. de Buenos Aires, Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Centro de Participacion Popular Monseñor Enrique Angelelli, Resistencia Cultural Barrial, Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Movimiento Villas al Frente, TECHO Argentina, Colectivo por la Igualdad, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Fuente: Diario Página/12
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Por un acceso justo al suelo
SOCIEDAD
Por un acceso justo al suelo
“La buena noticia es que el problema tiene solución. Argentina tiene una gran oportunidad para que la problemática de acceso justo al suelo y al hábitat sea tema de la agenda pública y nacional”, dijo el director ejecutivo de Techo en Argentina, Virgilio Gregorini. Ayer, en el Salón Azul del Congreso nacional la organización presentó el estudio y convocó a los legisladores a comprometerse con la temática.
Desde el espacio Habitar Argentina, conformado por organizaciones como Techo, instituciones académicas y movimientos sociales, impulsan proyectos de vivienda y producción social del hábitat y de generación de un programa nacional de regularización dominial. A su vez, proponen una ley de ordenamiento territorial del país y una norma que regularice los procedimientos de desalojos, garantice el acceso a la justicia de los afectados y derogue los desalojos express.
“Esto requiere un esfuerzo social y político muy importante, pero es posible. Debemos juntarnos para generar políticas públicas a largo plazo que incluyan a todos los actores sociales, pero sobre todo a las voces de aquellos que viven en los asentamientos”, agregó el director ejecutivo.
Fuente: Diario Página/12
Por un acceso justo al suelo
“La buena noticia es que el problema tiene solución. Argentina tiene una gran oportunidad para que la problemática de acceso justo al suelo y al hábitat sea tema de la agenda pública y nacional”, dijo el director ejecutivo de Techo en Argentina, Virgilio Gregorini. Ayer, en el Salón Azul del Congreso nacional la organización presentó el estudio y convocó a los legisladores a comprometerse con la temática.
Desde el espacio Habitar Argentina, conformado por organizaciones como Techo, instituciones académicas y movimientos sociales, impulsan proyectos de vivienda y producción social del hábitat y de generación de un programa nacional de regularización dominial. A su vez, proponen una ley de ordenamiento territorial del país y una norma que regularice los procedimientos de desalojos, garantice el acceso a la justicia de los afectados y derogue los desalojos express.
“Esto requiere un esfuerzo social y político muy importante, pero es posible. Debemos juntarnos para generar políticas públicas a largo plazo que incluyan a todos los actores sociales, pero sobre todo a las voces de aquellos que viven en los asentamientos”, agregó el director ejecutivo.
Fuente: Diario Página/12
La precariedad habitacional en cifras
SOCIEDAD › MAS DE 530 MIL FAMILIAS VIVEN EN UN TOTAL DE 1834 VILLAS Y ASENTAMIENTOS INFORMALES
La precariedad habitacional en cifras
De acuerdo con un informe que la organización Techo presentó ayer en el Congreso, el 95 por ciento de las familias involucradas no tiene conexión a la red cloacal y el 62 por ciento accede al agua corriente de manera informal.
Las calles de tierra se les convierten en lodo o río, según la intensidad de la lluvia. No cuentan con acceso al agua corriente, la red cloacal y el gas natural. No tienen título de propiedad. Y pueden llegar a sentir, por eso, el riesgo inminente de un desalojo. Según un informe de la organización Techo, más de 530 mil familias viven en villas y asentamientos de seis provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El relevamiento, presentado ayer en el Congreso nacional identifica un total de 1834 asentamientos informales en todo el territorio estudiado. El 62 por ciento no tiene conexión formal al agua corriente. El 95 por ciento no está conectado a la red cloacal. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de asentamientos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su vez, residen en villas más de 73 mil familias.
El relevamiento de asentamientos informales comprende a todo el territorio de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Se estudiaron también la ciudad de Posadas, el Gran Rosario, el Alto Valle de Río Negro y gran parte de la provincia de Salta –Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal–. “En los siete territorios relevados, donde habita el 63 por ciento de la población del país, existen 1834 asentamientos informales, que alojan aproximadamente 532.800 familias. De todos esos asentamientos más de la mitad supera los 25 años de antigüedad, lo que denota el carácter estructural, dinámico y urgente de esta problemática”, explicó la directora social de Techo en Argentina, María Julia Gabosi.
La categoría de asentamiento informal, aclararon desde la organización, incluye a las villas, los asentamientos y los barrios populares informales, y se define como “un conjunto de ocho o más familias agrupadas, en donde la mayoría no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a por lo menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica y red cloacal”. La distinción que hace la ONG entre asentamiento y villa radica esencialmente en que el primero respeta el trazado urbano, mientras que las villas tienen un crecimiento más espontáneo y caótico. El relevamiento no incluyó otras urbanizaciones informales como conventillos o edificios tomados.
De los 1834 asentamientos identificados, el 57 por ciento, es decir 1046, se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Allí viven un total de 327.600 familias. En la Ciudad, por su parte, existen 56 villas o asentamientos donde residen 73.300 familias. “A diferencia del resto de los territorios donde predominan los asentamientos, en la Ciudad se da más la modalidad de las villas, y a medida que se ingresa en los cordones de la provincia van apareciendo más los asentamientos”, señaló el director del informe, Juan Manuel D’Atolli. En Córdoba, la cantidad de asentamientos alcanza los 210 y las familias que allí viven superan las 28 mil. En el Gran Rosario, se relevaron 50 mil familias en 172 asentamientos.
En cuanto al acceso a los servicios básicos, el mayor déficit se encontró en la conexión a la red de cloacas. En el 95 por ciento de los asentamientos, la mayoría de la familias no cuenta con ese servicio. La modalidad que predomina –el 65 por ciento– es la del pozo ciego sin cámara séptica. El acceso al agua corriente también se encuentra en niveles preocupantes. El 62 por ciento accede en forma irregular, enganchada de forma precaria al caño maestro. Por último, respecto del gas natural, sólo el cuatro por ciento logra acceder a ese servicio. El 90 por ciento se las arregla con garrafas.
El mapeo diagnosticó que más del 60 por ciento de los asentamientos no tiene ninguna calle asfaltada. “Esto repercute, por ejemplo, en la posibilidad de contar con transporte público, una recolección de residuos ordenada o el ingreso de ambulancias, además de empeorar el carácter de zona inundable de los asentamientos cada vez que llueve”, indicó D’Atolli. En esa línea, el estudio registró que el 41 por ciento de los asentamientos se encuentra cerca de un río, canal o arroyo.
La irregularidad de la tenencia del suelo implica ocasionalmente la posibilidad de un desalojo. Según el informe, el 15 por ciento de los asentamientos ha experimentado un desalojo o un intento en los doce meses previos a la realización del estudio. Y casi en la mitad de esos casos, el desalojo fue realizado por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El resto fue por parte de privados (vecinos de la zona, seguridad privada o “patotas”).
Techo es una organización de la sociedad civil con presencia en distintos países de Latinoamérica que trabaja en la construcción de viviendas de emergencia a través de la acción conjunta con los vecinos. Del relevamiento participaron alrededor de 700 voluntarios, con el acompañamiento del Instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Torcuato Di Tella.
Informe: Nicolás Andrada.
Fuente: Diario Página/12
La precariedad habitacional en cifras
De acuerdo con un informe que la organización Techo presentó ayer en el Congreso, el 95 por ciento de las familias involucradas no tiene conexión a la red cloacal y el 62 por ciento accede al agua corriente de manera informal.
Las calles de tierra se les convierten en lodo o río, según la intensidad de la lluvia. No cuentan con acceso al agua corriente, la red cloacal y el gas natural. No tienen título de propiedad. Y pueden llegar a sentir, por eso, el riesgo inminente de un desalojo. Según un informe de la organización Techo, más de 530 mil familias viven en villas y asentamientos de seis provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El relevamiento, presentado ayer en el Congreso nacional identifica un total de 1834 asentamientos informales en todo el territorio estudiado. El 62 por ciento no tiene conexión formal al agua corriente. El 95 por ciento no está conectado a la red cloacal. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de asentamientos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su vez, residen en villas más de 73 mil familias.
El relevamiento de asentamientos informales comprende a todo el territorio de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Se estudiaron también la ciudad de Posadas, el Gran Rosario, el Alto Valle de Río Negro y gran parte de la provincia de Salta –Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal–. “En los siete territorios relevados, donde habita el 63 por ciento de la población del país, existen 1834 asentamientos informales, que alojan aproximadamente 532.800 familias. De todos esos asentamientos más de la mitad supera los 25 años de antigüedad, lo que denota el carácter estructural, dinámico y urgente de esta problemática”, explicó la directora social de Techo en Argentina, María Julia Gabosi.
La categoría de asentamiento informal, aclararon desde la organización, incluye a las villas, los asentamientos y los barrios populares informales, y se define como “un conjunto de ocho o más familias agrupadas, en donde la mayoría no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a por lo menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica y red cloacal”. La distinción que hace la ONG entre asentamiento y villa radica esencialmente en que el primero respeta el trazado urbano, mientras que las villas tienen un crecimiento más espontáneo y caótico. El relevamiento no incluyó otras urbanizaciones informales como conventillos o edificios tomados.
De los 1834 asentamientos identificados, el 57 por ciento, es decir 1046, se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Allí viven un total de 327.600 familias. En la Ciudad, por su parte, existen 56 villas o asentamientos donde residen 73.300 familias. “A diferencia del resto de los territorios donde predominan los asentamientos, en la Ciudad se da más la modalidad de las villas, y a medida que se ingresa en los cordones de la provincia van apareciendo más los asentamientos”, señaló el director del informe, Juan Manuel D’Atolli. En Córdoba, la cantidad de asentamientos alcanza los 210 y las familias que allí viven superan las 28 mil. En el Gran Rosario, se relevaron 50 mil familias en 172 asentamientos.
En cuanto al acceso a los servicios básicos, el mayor déficit se encontró en la conexión a la red de cloacas. En el 95 por ciento de los asentamientos, la mayoría de la familias no cuenta con ese servicio. La modalidad que predomina –el 65 por ciento– es la del pozo ciego sin cámara séptica. El acceso al agua corriente también se encuentra en niveles preocupantes. El 62 por ciento accede en forma irregular, enganchada de forma precaria al caño maestro. Por último, respecto del gas natural, sólo el cuatro por ciento logra acceder a ese servicio. El 90 por ciento se las arregla con garrafas.
El mapeo diagnosticó que más del 60 por ciento de los asentamientos no tiene ninguna calle asfaltada. “Esto repercute, por ejemplo, en la posibilidad de contar con transporte público, una recolección de residuos ordenada o el ingreso de ambulancias, además de empeorar el carácter de zona inundable de los asentamientos cada vez que llueve”, indicó D’Atolli. En esa línea, el estudio registró que el 41 por ciento de los asentamientos se encuentra cerca de un río, canal o arroyo.
La irregularidad de la tenencia del suelo implica ocasionalmente la posibilidad de un desalojo. Según el informe, el 15 por ciento de los asentamientos ha experimentado un desalojo o un intento en los doce meses previos a la realización del estudio. Y casi en la mitad de esos casos, el desalojo fue realizado por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El resto fue por parte de privados (vecinos de la zona, seguridad privada o “patotas”).
Techo es una organización de la sociedad civil con presencia en distintos países de Latinoamérica que trabaja en la construcción de viviendas de emergencia a través de la acción conjunta con los vecinos. Del relevamiento participaron alrededor de 700 voluntarios, con el acompañamiento del Instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto Torcuato Di Tella.
Informe: Nicolás Andrada.
Fuente: Diario Página/12
jueves, 7 de noviembre de 2013
Un puanense salvó a una familia de quedar en la calle
(lanueva.com) Desesperación, angustia, incertidumbre y luego una felicidad extrema fueron algunas de las sensaciones que vivió ayer, en el transcurso de pocas horas, Silvina Corzo, empleada doméstica y mamá de dos hijos, a quien, exactamente al mediodía, pese a los enfervorizados reclamos de un numeroso grupo de vecinos, amigos y familiares que la acompañaban, le remataron su vivienda en el Colegio de Martilleros.
Claro que, seguramente, no contaba con que el destino iba a cruzarla con una persona que cambiaría el rumbo a sus días.
Pero este no es el primer “guiño” que recibe en los últimos meses: el pasado 2 de julio, mientras caminaba junto a su hija por el sector de las vías del ferrocarril próximas al paso a nivel de Don Bosco, fue arrollada por un tren de cargas y milagrosamente ambas salvaron sus vidas.
Ayer a la mañana todo era llantos y desesperación en el hogar de Enrique Julio 1647, donde Silvina, que está separada, vive con sus hijos Brian, de 13 años, y Camila, de 8.
“Vinieron personas del Banco de La Pampa junto a posibles compradores a observar la casa. Sabía que había una deuda, que encima no era mía, porque compré el terreno en buena ley y luego me enteré que me habían estafado”, recordó, sin poder dejar de llorar.
“Pensaba en mis hijos, que nos quedábamos en la calle y en cómo les explicaba esa situación tan traumática”, agregó, aún en estado de shock.
Según el relato de Miguel, su cuñado, en 1997 Silvina adquirió un terreno a un “supuesto” vendedor y recibió el boleto de compra-venta, aunque dichas tierras en realidad pertenecían a una inmobiliaria.
Poco después, con mucho esfuerzo, iniciaron la construcción con la ayuda de toda la familia y hace apenas unos meses finalizaron con el baño y la instalación del gas y otros servicios.
En tanto, la inmobiliaria mantenía una deuda con el Banco de La Pampa que terminó en remate, pese al recurso de amparo interpuesto por Silvina.
Vecinos, amigos y familiares se reunieron ayer a la mañana para darle apoyo a esta mujer, mientras ella continuaba en medio de una crisis de llanto. La subasta, pautada para las 12, finalmente se concretó.
Entre quienes habían visitado la vivienda como posibles oferentes se hallaba Claudio del Valle, oriundo de Puan, dedicado al transporte y a la compra-venta de propiedades.
El hombre observó detenidamente el panorama y se marchó en silencio.
Así se mostró hasta iniciada la subasta, que comenzó en medio del griterío de voces en contra e incluso del desmayo de la madre de la mujer –que debió ser asistida por una ambulancia– con una base de 2 mil pesos y luego fue trepando a 10, 15, 25, 50 mil pesos…
Alguien ofertó 70 mil y ahí fue cuando Del Valle se paró frente a la silla, levantó la mano y ofertó 71.000 pesos. La cifra no fue superada y el martillero la dio por vendida. Segundos después se dirigió a Silvina: “La compré para que no la perdieras”.
Aplausos, abrazos y llantos, esta vez de alegría, invadieron la sala.
“Un rato antes buscaba un milagro y lo encontré. Dios puso a este hombre en mi camino”, dijo Silvina a “La Nueva Provincia”.
Miguel, su cuñado, aportó: “Somos cristianos y sabemos que tenemos un Dios que nos cuida y nos protege. Hay gente que todavía tiene corazón”, sostuvo.
“Claudio nos dio todas las facilidades para devolver el dinero de a poco. Somos muchos y lo podremos concretar. Pero lo más importante es que esta persona nos dio toda la tranquilidad del mundo después de haber padecido un día terrible”, agregó.
Silvina regresó a su casa y esperó a que sus chicos volvieran del colegio para contarles que todo estaba en orden.
“Ellos no vieron lo que pasó. Y eso no tiene precio”, concluyó.
No es la primera vez que Claudio del Valle se ve sensibilizado por una familia a la que le están por rematar su vivienda.
“En este caso el panorama era muy triste porque había chicos de por medio. Tengo tres hijos y ojalá nunca deban atravesar una situación semejante”, reflexionó.
“¿Cómo me siento? Satisfecho. Es una acción que a mí no me cambia, pero sí a esta madre”, dijo, para anticipar que mañana, ya más relajados, se encontrarán en Enrique Julio al 1600 a tomar mate. En la casa de Claudio, que es la casa de Silvina.
Fuente: Cecilia Corradetti , La Nueva Provincia.
Fuente: Todas las Voces Puan - Ver también
sábado, 26 de octubre de 2013
Francisco: "La familia es el motor del mundo y de la historia"
En una fiesta con música y suelta de globos, el Papa recibió a niños, ancianos y matrimonios. Fue en plaza San Pedro, como parte de la Jornada de la Familia y en el marco del Año de la Fe. Anticipó que visitará Argentina en 2016
El Papa ingresó a la plaza rodeado de niños que llevaban globos de colores, les hizo practicar la señal de la cruz y escuchó los testimonios de varias personas: matrimonios, novios prontos a casarse, abuelos, familias misioneras, habitantes de Lampedusa que auxilian a los inmigrantes, entre otros.
Un momento particular se vivió cuando los hermanos Paolo y Vittorio Taviani (82 y 84 años respectivamente), célebres cineastas italianos (Padre Padrone es su más célebre título), le hablaron al Papa sobre sus films, su gusto común por Dostoievski y le obsequiaron un libro sobre su película Kaos, que Bergoglio había señalado como una de sus favoritas.
Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, fue el primer orador del encuentro y en su intervención evocó el sueño de ver a ancianos disfrutando en los bancos de las plazas del juego de los niños, como imagen ideal de familia, pero también recordó las muchas plazas del mundo ensombrecidas por la guerra, pero también por la soledad y la falta de amor.
Cabe señalar que esta Jornada estaba especialmente dedicada a la solidaridad con las familias sirias desplazadas. "En la familia cristiana aprendemos un amor que nos hace salir hacia afuera", ser solidarios, dijo Paglia. "No es bueno que la familia esté sola", agregó, parafraseando la frase bíblica.
Un video proyectado en pantalla gigante mostró a refugiados sirios en un campamento del Líbano, a 25 kilómetros de Damasco, en su mayoría mujeres y niños. Una voluntaria explicó que el 80% de los fondos que se derivan hacia ese lugar a través de Cáritas se destinan a la compra de alimentos y el 20% restante a reponer las carpas que el viento y la lluvia van desgastando.
A su turno, Francisco recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: "Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar". El Papa se refirió a las dificultades de vida, incluso a sus tragedias, la dificultad de trabajar, de buscar trabajo y sobre todo encontrarlo; algo que hoy requiere mucho esfuerzo. "Pero lo que más pesa en la vida es la falta de amor, no recibir una sonrisa, no ser escuchado, los silencios, incluso en familia. Sin el amor el esfuerzo es más pesado, intolerable", subrayó.
También recordó las promesas de los esposos en el sacramento matrimonial, de amarse y respetarse para siempre, y pidió "no hacer caso de esta cultura de lo provisorio que corta la vida en pedazos".
"Los esposos cristianos no son unos ingenuos, conocen los problemas y peligros de la vida. Sin escapar ni aislarse", se ponen en camino juntos, "mano con mano y confiando en la mano del Señor".
"Los sacramentos no son para decorar la vida –agregó, en relación al matrimonio cristiano. La Gracia del sacramento es para hacerse fuerte en la vida, para ir adelante, sin aislarse, siempre juntos".
Volvió a subrayar la importancia de perdonarse cada día. "Porque todos tenemos defectos y hacemos cosas que dañan a los demás".
Reiteró entonces tres palabras que ya había pronunciado en una audiencia general, como claves para llevar adelante una familia: permiso, gracias, perdón.
"Pidamos permiso para no ser invasivos. ¿Puedo hacer esto? ¿Te gustaría que haga esto?", ejemplificó. También es importante dar gracias por el amor, dijo. "¿Cuántas veces le dices gracias a tu mujer, a tu marido? –preguntó. Pasan días sin decirse gracias por el amor".
"Todos nos equivocamos y alguno se ofende. Yo digo que a veces vuelan los platos, se dicen palabras fuertes. Lo importante es no terminar la jornada sin hacer las paces. Y empezar de nuevo", aconsejó, al referirse a la tercera palabra, perdón.
Señalando la imagen de la presentación de Jesús en el templo que presidía la reunión en la Plaza, en la cual se ve a José y María acompañados por los ancianos Ana y Simón, volvió a subrayar la importancia de los ancianos. "Son la sabiduría de la familia, de un pueblo. (...) Cada familia está inserta en la historia de un pueblo y no puede existir sin las generaciones precedentes".
El día anterior, en una audiencia con el Pontificio Consejo para la Familia, el Papa había destacado que la familia es una "comunidad" donde "se aprende a amar", compuesta por personas "que dialogan, se sacrifican por los otros y defienden la vida", en especial "la más frágil". La familia, agregó, es el lugar donde "la persona toma conciencia de la propia dignidad" y, "si la educación es cristiana", reconoce "la dignidad de cada persona, en modo particular de aquella enferma, débil, marginada".
A continuación señaló que el mundo actual exalta los derechos individuales en desmedro de los de la familia: "La comunidad-familia pide ser reconocida como tal, sobre todo hoy, cuando prevalece la tutela de los derechos individuales. Tenemos que defender el derecho de esta comunidad: ¡la familia! Por eso han hecho bien en poner particular atención a la Carta de los Derechos de la Familia".
La Carta mencionada por Francisco fue presentada hace 30 años, el 22 de octubre de 1983. Cuando visitó Argentina en mayo pasado, monseñor Paglia dijo, en referencia a este documento: "Pese a la centralidad de la familia en la vida de los pueblos no se tiene este tema como algo central. Sí los derechos del individuo, no los de las familias. La Carta de los Derechos de la Familia es un documento que no entró en la cultura de los gobiernos y a veces ni siquiera en la pastoral".
Fuente: Diario Infobae
El Papa ingresó a la plaza rodeado de niños que llevaban globos de colores, les hizo practicar la señal de la cruz y escuchó los testimonios de varias personas: matrimonios, novios prontos a casarse, abuelos, familias misioneras, habitantes de Lampedusa que auxilian a los inmigrantes, entre otros.
Un momento particular se vivió cuando los hermanos Paolo y Vittorio Taviani (82 y 84 años respectivamente), célebres cineastas italianos (Padre Padrone es su más célebre título), le hablaron al Papa sobre sus films, su gusto común por Dostoievski y le obsequiaron un libro sobre su película Kaos, que Bergoglio había señalado como una de sus favoritas.
Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, fue el primer orador del encuentro y en su intervención evocó el sueño de ver a ancianos disfrutando en los bancos de las plazas del juego de los niños, como imagen ideal de familia, pero también recordó las muchas plazas del mundo ensombrecidas por la guerra, pero también por la soledad y la falta de amor.
Cabe señalar que esta Jornada estaba especialmente dedicada a la solidaridad con las familias sirias desplazadas. "En la familia cristiana aprendemos un amor que nos hace salir hacia afuera", ser solidarios, dijo Paglia. "No es bueno que la familia esté sola", agregó, parafraseando la frase bíblica.
Un video proyectado en pantalla gigante mostró a refugiados sirios en un campamento del Líbano, a 25 kilómetros de Damasco, en su mayoría mujeres y niños. Una voluntaria explicó que el 80% de los fondos que se derivan hacia ese lugar a través de Cáritas se destinan a la compra de alimentos y el 20% restante a reponer las carpas que el viento y la lluvia van desgastando.
A su turno, Francisco recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: "Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar". El Papa se refirió a las dificultades de vida, incluso a sus tragedias, la dificultad de trabajar, de buscar trabajo y sobre todo encontrarlo; algo que hoy requiere mucho esfuerzo. "Pero lo que más pesa en la vida es la falta de amor, no recibir una sonrisa, no ser escuchado, los silencios, incluso en familia. Sin el amor el esfuerzo es más pesado, intolerable", subrayó.
También recordó las promesas de los esposos en el sacramento matrimonial, de amarse y respetarse para siempre, y pidió "no hacer caso de esta cultura de lo provisorio que corta la vida en pedazos".
"Los esposos cristianos no son unos ingenuos, conocen los problemas y peligros de la vida. Sin escapar ni aislarse", se ponen en camino juntos, "mano con mano y confiando en la mano del Señor".
"Los sacramentos no son para decorar la vida –agregó, en relación al matrimonio cristiano. La Gracia del sacramento es para hacerse fuerte en la vida, para ir adelante, sin aislarse, siempre juntos".
Volvió a subrayar la importancia de perdonarse cada día. "Porque todos tenemos defectos y hacemos cosas que dañan a los demás".
Reiteró entonces tres palabras que ya había pronunciado en una audiencia general, como claves para llevar adelante una familia: permiso, gracias, perdón.
"Pidamos permiso para no ser invasivos. ¿Puedo hacer esto? ¿Te gustaría que haga esto?", ejemplificó. También es importante dar gracias por el amor, dijo. "¿Cuántas veces le dices gracias a tu mujer, a tu marido? –preguntó. Pasan días sin decirse gracias por el amor".
"Todos nos equivocamos y alguno se ofende. Yo digo que a veces vuelan los platos, se dicen palabras fuertes. Lo importante es no terminar la jornada sin hacer las paces. Y empezar de nuevo", aconsejó, al referirse a la tercera palabra, perdón.
Señalando la imagen de la presentación de Jesús en el templo que presidía la reunión en la Plaza, en la cual se ve a José y María acompañados por los ancianos Ana y Simón, volvió a subrayar la importancia de los ancianos. "Son la sabiduría de la familia, de un pueblo. (...) Cada familia está inserta en la historia de un pueblo y no puede existir sin las generaciones precedentes".
El día anterior, en una audiencia con el Pontificio Consejo para la Familia, el Papa había destacado que la familia es una "comunidad" donde "se aprende a amar", compuesta por personas "que dialogan, se sacrifican por los otros y defienden la vida", en especial "la más frágil". La familia, agregó, es el lugar donde "la persona toma conciencia de la propia dignidad" y, "si la educación es cristiana", reconoce "la dignidad de cada persona, en modo particular de aquella enferma, débil, marginada".
A continuación señaló que el mundo actual exalta los derechos individuales en desmedro de los de la familia: "La comunidad-familia pide ser reconocida como tal, sobre todo hoy, cuando prevalece la tutela de los derechos individuales. Tenemos que defender el derecho de esta comunidad: ¡la familia! Por eso han hecho bien en poner particular atención a la Carta de los Derechos de la Familia".
La Carta mencionada por Francisco fue presentada hace 30 años, el 22 de octubre de 1983. Cuando visitó Argentina en mayo pasado, monseñor Paglia dijo, en referencia a este documento: "Pese a la centralidad de la familia en la vida de los pueblos no se tiene este tema como algo central. Sí los derechos del individuo, no los de las familias. La Carta de los Derechos de la Familia es un documento que no entró en la cultura de los gobiernos y a veces ni siquiera en la pastoral".
Ver más:
Papa Francisco
Pontificio Consejo para la Familia
monseñor Vincenzo Paglia
Poalo y Vittorio Tavianii
Fuente: Diario Infobae
Falta de loteos y terrenos caros afectan al Procrear
Los precios de los terrenos en Santa Rosa son realmente altos, pero la falta de loteos tampoco colabora a que disminuyan. "Loteos por realizar no hay ninguno y la demanda existe", advierten desde el sector inmobiliario.
El negocio inmobiliario en la provincia sigue creciendo a gran escala, al igual que los precios de los terrenos sin construir en esta capital y en la localidad de Toay. La situación perjudica a los beneficiarios del programa Procrear, que reciben el dinero por parte del Estado y no encuentran superficies para construir como consecuencia de los precios desmedidos.
La falta de loteos también repercute en el valor de los terrenos. Es que mientras la municipalidad demora la realización del trámite la oferta es cada vez más acotada, generando que se eleven los costos de las superficies. La tardanza en los loteos tiene que ver en parte con que la comuna solicita para esto que en la zona tengan los servicios.
Sobre la situación compleja que se vive en Santa Rosa, la agente inmobiliaria local, Viviana Morán, aseguró que en la actualidad hay "un alto nivel de especulación por parte de los propietarios de los terrenos" y que la gente prefiere "esperar" a que baje el nivel de precio que circula en el mercado.
Aseguró, además, que la zona de mayor crecimiento inmobiliario es entre Santa Rosa y Toay. Con respecto a esta capital, dijo que es una ciudad cara, mientras que en la vecina localidad, precisamente en la zona de Quintas, estimó que el metro cuadrado de la superficie tiene un valor de 55 dólares a moneda no oficial (dólar blue). Respondió a su vez que un terreno en el barrio Los Hornos de 25 metros por 50 puede llegar a valer 300.000 dólares o más.
"El mayor crecimiento se dio en la zona de Santa Rosa y Toay, donde los valores de hoy hace un tiempo eran impensados; también fue importante el nivel de valorización al que se llegó en zonas como El Faro y al costado de la laguna", dijo Morán. Y agregó: "El cliente que viene me sugiere esperar, porque es un tema que también tiene que ver con las elecciones". Los terrenos más buscados en el mercado están detrás del Casino y camino a Toay.
Programa Procrear.
Es innegable que en esta capital los precios de los terrenos sin construir son muy caros, respondiendo a un nivel de especulación desmedido. Y en este contexto, el perjuicio también alcanza a los beneficiarios del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar. "La gente del Procrear no puede acceder a un terreno de estos por los altos costos. La gente compra donde puede y no donde quiere", añadió Morán en Radio Noticias.
La realización de los loteos es fundamental en este marco. A raíz de esta situación, crece en Santa Rosa el reclamo contra la municipalidad por las demoras en los trámites. De esta forma, el programa nacional termina siendo perjudicado por la escasez de terrenos, que en muchos casos quedan atados a la especulación.
Departamentos.
El valor del metro cuadrado de departamentos usados, cotizados en dólares, en Santa Rosa asciende a los 1.315 dólares, según un trabajo de Reporte Inmobiliario publicado por Ambito Financiero hace meses. A través de un ranking de 24 ciudades del interior del país, esta capital se ubicó en la zona media con respecto al valor de esos espacios. La tabla está encabezada por la capital de San Luis, con 1.815 unidades de la moneda estadounidense.
Contra la especulación.
En la provincia de Buenos Aires han avanzado con proyectos que buscan combatir la especulación con la tierra urbana. La Legislatura bonaerense aprobó en diciembre de 2012 la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social y prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales. Establece también un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a los terrenos baldíos.
Otro punto fundamental: la ley estipula que los baldíos bonaerenses que estén sin edificar o cuyas obras se encuentren paralizadas en período mayor a los cinco años, podrán ser expropiados para destinar la parcela a la construcción de casas. Esto, en la aplicación, requerirá de distintos pasos. El primero es que el municipio tendrá que desarrollar un plan, con zonificación, donde se incluyan esos predios considerados "ociosos".
Fuente: Diario La Arena La Pampa Argentina
El negocio inmobiliario en la provincia sigue creciendo a gran escala, al igual que los precios de los terrenos sin construir en esta capital y en la localidad de Toay. La situación perjudica a los beneficiarios del programa Procrear, que reciben el dinero por parte del Estado y no encuentran superficies para construir como consecuencia de los precios desmedidos.
La falta de loteos también repercute en el valor de los terrenos. Es que mientras la municipalidad demora la realización del trámite la oferta es cada vez más acotada, generando que se eleven los costos de las superficies. La tardanza en los loteos tiene que ver en parte con que la comuna solicita para esto que en la zona tengan los servicios.
Sobre la situación compleja que se vive en Santa Rosa, la agente inmobiliaria local, Viviana Morán, aseguró que en la actualidad hay "un alto nivel de especulación por parte de los propietarios de los terrenos" y que la gente prefiere "esperar" a que baje el nivel de precio que circula en el mercado.
Aseguró, además, que la zona de mayor crecimiento inmobiliario es entre Santa Rosa y Toay. Con respecto a esta capital, dijo que es una ciudad cara, mientras que en la vecina localidad, precisamente en la zona de Quintas, estimó que el metro cuadrado de la superficie tiene un valor de 55 dólares a moneda no oficial (dólar blue). Respondió a su vez que un terreno en el barrio Los Hornos de 25 metros por 50 puede llegar a valer 300.000 dólares o más.
"El mayor crecimiento se dio en la zona de Santa Rosa y Toay, donde los valores de hoy hace un tiempo eran impensados; también fue importante el nivel de valorización al que se llegó en zonas como El Faro y al costado de la laguna", dijo Morán. Y agregó: "El cliente que viene me sugiere esperar, porque es un tema que también tiene que ver con las elecciones". Los terrenos más buscados en el mercado están detrás del Casino y camino a Toay.
Programa Procrear.
Es innegable que en esta capital los precios de los terrenos sin construir son muy caros, respondiendo a un nivel de especulación desmedido. Y en este contexto, el perjuicio también alcanza a los beneficiarios del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar. "La gente del Procrear no puede acceder a un terreno de estos por los altos costos. La gente compra donde puede y no donde quiere", añadió Morán en Radio Noticias.
La realización de los loteos es fundamental en este marco. A raíz de esta situación, crece en Santa Rosa el reclamo contra la municipalidad por las demoras en los trámites. De esta forma, el programa nacional termina siendo perjudicado por la escasez de terrenos, que en muchos casos quedan atados a la especulación.
Departamentos.
El valor del metro cuadrado de departamentos usados, cotizados en dólares, en Santa Rosa asciende a los 1.315 dólares, según un trabajo de Reporte Inmobiliario publicado por Ambito Financiero hace meses. A través de un ranking de 24 ciudades del interior del país, esta capital se ubicó en la zona media con respecto al valor de esos espacios. La tabla está encabezada por la capital de San Luis, con 1.815 unidades de la moneda estadounidense.
Contra la especulación.
En la provincia de Buenos Aires han avanzado con proyectos que buscan combatir la especulación con la tierra urbana. La Legislatura bonaerense aprobó en diciembre de 2012 la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social y prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales. Establece también un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a los terrenos baldíos.
Otro punto fundamental: la ley estipula que los baldíos bonaerenses que estén sin edificar o cuyas obras se encuentren paralizadas en período mayor a los cinco años, podrán ser expropiados para destinar la parcela a la construcción de casas. Esto, en la aplicación, requerirá de distintos pasos. El primero es que el municipio tendrá que desarrollar un plan, con zonificación, donde se incluyan esos predios considerados "ociosos".
Fuente: Diario La Arena La Pampa Argentina
domingo, 20 de octubre de 2013
La vivienda social otra vez postergada por falta de infraestructura para construir viviendas
EL PAIS › MASSA PIDIO A LA CORTE QUE CESE LA PERSECUCION A
LOS COUNTRIES
Massa pidió a la Suprema Corte que cese lo que llama
persecución a los countries. Un tercio de los barrios cerrados que no quieren
tributar según su valor está en los distritos básicos del partido provincial de
Massa. No sólo Massa se preocupa por la tristeza de los chicos ricos: Scioli
cobra el impuesto, pero no reglamenta la ley de hábitat, que beneficiaría a los
desposeídos. Una filmación que oculta más de lo que muestra.
Por Horacio Verbitsky
Sergio Massa pidió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense
que ejerza su jurisdicción originaria y anule el revalúo fiscal por el que se
incrementaron las tasas que pagan los habitantes de clubes de campo y de
barrios cerrados del partido de Tigre. En el expediente 72.835 iniciado el
jueves 10, el intendente planteó un conflicto de poderes aduciendo que la
provincia invadió la competencia municipal. Al mismo tiempo que intenta reducir
la factura inmobiliaria a los residentes en las urbanizaciones más exclusivas
del país, Massa propone reducir las retenciones a los productos agropecuarios
de exportación y realizar un pago extraordinario de 2500 pesos a todos los
jubilados en diciembre. La contradicción no lo inquieta: la erogación adicional
para los jubilados se plantea en la escena pública, como parte de su campaña
para las elecciones legislativas del próximo domingo; la resignación de los
ingresos que se colectan entre los sectores más prósperos se repite en la media
voz de los encuentros cara a cara o en la opacidad de los expedientes
judiciales, como paralelas que no se cruzan. Si la perspectiva municipal y la
inminencia legislativa cedieran paso a una responsabilidad ejecutiva nacional,
como sueñan quienes rodean a la nueva gran esperanza blanca de la política
argentina, ya habrá tiempo de resolver la contradicción entre los niños pobres
que tienen hambre y los chicos ricos que tienen tristeza. Sobra experiencia
acerca de cómo zanjar estas disyuntivas desde el poder.
El revalúo
Los nuevos valores de la tierra libre de mejoras sobre los
que se paga el impuesto inmobiliario rigen desde el 1 de enero. Massa había
presentado la primera queja pública en febrero, en compañía de los intendentes
Luis Andreotti (vecinalista de San Fernando), Jorge Macrì (PRO, de Vicente
López) y Gustavo Posse (radical de San Isidro), con quienes más adelante
constituiría el transversal Frente Renovador. El revalúo, dispuesto por la ley
impositiva provincial 14333/12 y puesto en práctica el 21 de diciembre mediante
la resolución normativa 62 de la agencia de recaudación bonaerense, ARBA, formó
parte de la dura polémica entre el gobierno nacional y el provincial, cuando el
gobernador Daniel Scioli recurría a la presidente CFK para hacer frente a
gastos corrientes, como el medio aguinaldo o los salarios docentes. En vez de
incrementar la presión tributaria, como el resto de las provincias, Scioli
extrajo recursos a los más pobres y subsidió a los más ricos. Durante su
gestión, el impuesto a los ingresos brutos llegó a representar el 75 por ciento
de la recaudación mientras los impuestos inmobiliarios rural y urbano decayeron
del 10,9 al 6,6 por ciento de la recaudación provincial. Cuando el gobierno
nacional dejó claro que no seguiría subsidiando el déficit de la provincia
donde residen y producen los más ricos entre los ricos del país, Scioli aceptó
el revalúo y los consiguientes incrementos impositivos sobre ese sector.
Entonces, quien reaccionó fue Massa. Uno de los primeros argumentos que utilizó
estuvo dirigido en forma personal a Scioli: sostuvo que en Villa La Ñata, donde
vive el gobernador, la valuación del metro cuadrado es apenas de 3 pesos,
mientras supera los 700 pesos en el barrio La 60, donde viven empleados de esa
línea de colectivos. Martín Di Bella, a cargo de la agencia recaudadora
provincial, respondió que el municipio de Tigre y no la provincia catalogó así
a ambos barrios. Esta polémica ocurrió en abril, durante la guerra de nervios
entre Scioli y Massa, quienes discutían en secreto una alianza electoral. En la
misma conferencia de prensa en la que fustigó a Scioli por el revalúo, Massa
encomió al gobierno nacional por la inversión en obras públicas en su
municipio.
El tercio superior
De los 816 barrios privados cuyas contribuciones subieron,
casi un tercio están ubicados en Tigre, San Isidro, San Fernando, Malvinas,
Pilar y Escobar, los municipios fundacionales del Frente Renovador. Uno de esos
267 barrios cerrados bastión del massismo es Isla del Sol, donde vive el joven
líder. El valor básico del metro cuadrado sobre el que se aplica la tasa es
allí de 1215 pesos, una valuación sólo superada por otros 25 barrios, el 3 por
ciento del total: Tortugas (en Pilar), Barrancas, Altos de la Horqueta, San
Isidro Catedral, San Isidro Chico, San José, Village Las Lomas, Camino Real, La
Posta, La Rotonda, Las Casuarinas, Las Marías y Boating Club (en San Isidro),
Punta Chica, Bahía del Sol, Las Victorias, Marina del Sol, Marina Canestrari y
Rincón del Arca (en San Fernando) y Paseo de la Bahía, Terrazas de la Bahía,
Talar de Pacheco, Nordelta, Boat Center y Marina Golf (en Tigre). El 18 de
febrero, Massa firmó el decreto 116/13, que declaró inaplicable el revalúo y
citó los comentarios a la Constitución Nacional de María Angélica Gelli, la
abogada que participó en defensa del Grupo Clarín en la audiencia sobre la ley
audiovisual convocada el mes pasado por la Corte Suprema de Justicia. Según
Gelli, las categorías imponibles por ley no deben implicar “persecución u
hostigamientos a personas o grupos sociales”. Ese decreto fue invocado por
numerosos residentes en esos barrios, que solicitaron medidas cautelares a la
Justicia para que suspendiera la actualización de los valores. El 8 de octubre,
dos juzgados de San Isidro y La Plata denegaron esos amparos, dado el alto
valor de las tierras en cuestión y la capacidad económica de sus propietarios
para soportar la carga impositiva, por lo que el derecho invocado no sería
verosímil, el incremento se dispuso en forma legítima y no existirían tal
hostigamiento ni persecución a los sectores más pudientes de la provincia.
Apenas dos días después, Massa acudió a la Suprema Corte en defensa de ellos,
su más fiel base social.
Sin reglamentar
Massa no es el único dirigente que se preocupa por los
vecinos más desahogados de la provincia. Scioli recién publicó la semana pasada
en el Boletín Oficial la ley de hábitat 1448, sancionada por la Legislatura en
noviembre de 2012, es decir con once meses de retraso. Y no lo hizo por propia
iniciativa, sino en respuesta a múltiples exigencias, que incluyeron un recurso
de amparo. Esa ley de acceso justo al hábitat para familias con pobreza crítica
y necesidades especiales fue impulsada por todas las vertientes del
kirchnerismo bonaerense, y resistida por Scioli y Massa. Contempla que los
desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados,
clubes de campo, shoppings, cementerios privados que ocupen predios de más de
5000 m2) cedan el 10 por ciento del terreno para loteos populares, o su
equivalente en dinero o en suelo urbanizable en otro lugar. No es una
proporción exagerada: en Alemania y España la cesión obligatoria llega al 30
por ciento del terreno y aquí mismo el 37 por ciento de un loteo popular se
reserva para la apertura de calles, plazas y equipamiento público. La ley
también permite que los municipios obliguen a lotear o edificar terrenos
baldíos y construcciones paralizadas. Si el propietario no lo hace en cinco
años, autoriza su expropiación. En marzo de 2012, luego de varias tapas del
diario La Nación denunciando un avance sobre la propiedad privada, Scioli
paralizó el proyecto, que recién pudo avanzar a instancias del gobierno
nacional cuando la provincia debió recurrir a CFK para pagar sueldos. Las
publicaciones en La Nación fueron filtradas por Dolores
O’Reilly Becerra Grondona, quien manejó las comunicaciones
de Scioli durante diez años y que hoy permanece como asesora, con despacho en
la Casa de Gobierno provincial. Dolores es prima hermana del miembro
supernumerario del Opus Dei, Jorge O’Reilly Lanusse. Con construcciones que van
de 400 a 870 millones de dólares según La Nación, Clarín, El Cronista o su
propia empresa Eidico, Jorge O’Reilly es uno de los principales desarrolladores
de countries del país, con 48 barrios privados y otros 16 proyectos de
inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles. También ofrece a su
cartera de clientes la participación en pools de siembra. En 2008, cuando
Massa asumió la jefatura de gabinete de ministros, designó a O’Reilly como
asesor. Hombre de enlace con la Iglesia Católica y la embajada de los Estados
Unidos, llegó a pedir al Nuncio Apostólico que designara otro jefe del
Episcopado en lugar del cardenal Bergoglio. En los cables diplomáticos secretos
se lo menciona como fuente protegida de la embajada. En su casa se produjo la
comida del 11 de noviembre de 2009 en la que Massa llamó monstruo, psicópata y
cobarde al ex presidente Néstor Kirchner, según informó a su gobierno el
encargado de negocios de Estados Unidos, Thomas Kelly. Sobrino nieto del ex
dictador Alejandro Lanusse, egresado del colegio Cardenal Newman y rugbier en
tercera línea del Club Atlético San Isidro, donde por defender al ex dictador
Jorge Videla estuvo a punto de tomarse a golpes con un compañero, O’Reilly
contó a la revista de negocios Reporte Inmobiliario que en el comienzo de su
actividad fue inspirado por su tío materno y actual socio, Patricio Lanusse,
quien compró con un grupo de amigos cinco hectáreas en La Horqueta. “Luego le
cambiaron la zonificación.” Esta es una de las claves del negocio inmobiliario,
de la corrupción municipal y de la dificultad para modificarlo con provecho
social.
Hecha la ley
Cuando ya no pudo impedir la sanción de la ley, Scioli
amenazó con el veto parcial y anunció que en la reglamentación “no se verán
afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la
propiedad”. También sostuvo que la obligación de ceder tierras o de pagar una
contribución económica al Municipio “se producirá siempre que exista una
decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras”, tal
como ya lo establecen los artículos 46 y 51. Como también cuestionaba un
adicional del 50 por ciento sobre el impuesto inmobiliario rural sobre terrenos
baldíos, decidió no aplicar el coeficiente de actualización de las valuaciones
fiscales correspondientes en la Ley Impositiva, para “no generar una
desmesurada carga tributaria”. Dado que el veto parcial no está contemplado en
la Constitución provincial y que ninguna reglamentación puede modificar el
texto de la ley, lo que hizo fue no publicarla en el Boletín Oficial ni
reglamentarla. El 26 de septiembre de este año, el Foro provincial de
Organizaciones de Vivienda e Infraestructura, el Centro de Estudios Legales y
Sociales, la CTA bonaerense y la Universidad de General Sarmiento intimaron a
Scioli a su publicación en el Boletín Oficial. El mismo día, el defensor penal
juvenil de La Plata, Julian Axat, presentó un recurso de amparo en beneficio de
una chica de 18 años, Rocío, que vivía en la calle con su bebé de un mes,
Milagros. Milagros estaba en riesgo de repetir la triste historia materna, de
niña abandonada que nunca conoció una casa y que vivió en infinidad de plazas y
hospitales y en quince instituciones de menores. Axat sostuvo que la omisión
del tratamiento habitacional de Rocío y Milagros se debía a “la no implementación
y falta de operatividad de la ley” de hábitat, que podría resolver la situación
de madre e hija. El 4 de octubre, el defensor solicitó a la Justicia que
ordenara al gobierno provincial la publicación de la ley en 48 horas. Scioli lo
hizo el 7 de octubre, adelantándose a la orden judicial. ¿Cuántos meses más
deberán pasar para que además la reglamente y por último la aplique?
domingo, 13 de octubre de 2013
como prosperaron los nazis en alemania
Los hitlerianos recién llegados gozaban por entonces de privilegios oficiales extendidos. Uno de ellos era conchabarlos de modo más o menos seguro. La cadena de complicidades nazis hacía lo demás. Y la sociedad donde se establecían, en particular la comunidad alemana, completaba la faena de camuflaje. En Bariloche, los inmigrantes de este origen se instalaron alrededor de la Plaza Belgrano, donde pudieron ir comprando terrenos en cómodas cuotas y sin interés.
fuente: diario pagina/12
fuente: diario pagina/12
viernes, 11 de octubre de 2013
loteos en la década infame
El historiador Miguel Angel Scenna define el gobierno municipal de Barceló como "duro, implacable, paternalista, mechado de violencia, fraude y corrupción", pero en su gestión abundaron las obras públicas, se hizo el primer censo municipal y se inauguró el Hospital Fiorito, construido en parte con la donación de 625.000 pesos hecha por los hermanos Fiorito, rematadores de la zona que lotearon tierras y las vendieron a plazos a muchos obreros y empleados.
fuente: barracas al sur
fuente: barracas al sur
martes, 23 de julio de 2013
Reflexiones sobre Familias y Redes Sociales
EL PAIS › OPINION
Drogadicción: reflexiones sobre familias y redes sociales
Por Gastón Mazieres *
Hace no muchos años decíamos con énfasis, seguros de que afirmábamos una verdad absoluta, que la “familia” –y nos referíamos a mamá, papá, hijos, tíos, etcétera– conformaba el reducto, el lugar de encuentro, crecimiento y maduración donde los seres vivos, en nuestro caso humanos, nos agrupábamos para protegernos, recibir amor, comprensión, paz, en fin, vivir... Era lógico ser parte de una familia; cada uno de nosotros pertenecía a la suya y las normas, valores, orden, se aprendían e incorporaban allí. Pudimos así imaginar una sociedad en la que todas las familias formaban parte de un complejo entramado, de un mosaico, en el que se articulaban armoniosamente entre sí. Esta apoyatura familiar así imaginada era fundamental para el desarrollo de todo ser; quien no la poseía debería ser, seguramente dentro de una cierta lógica, un posible enfermo mental o con suerte un portador de una patología social, por lo menos mínima.
“Pobre, ¿cómo no va a tener tal afección si se crió sin familia?” o “Sus padres se separaron cuando era chico”. Qué mejor que poner fuera del sujeto, en ausencia de esa “familia clásica”, el origen, la causa y la responsabilidad de muchas desviaciones humanas. La institución “familia” debía tener tanta importancia por presencia como por su no existencia: si está, habrá salud; y si se carece de ella, tendremos una buena explicación de cualquier desviación mental o de conducta. Los psicoterapeutas, los legistas y los religiosos utilizamos durante varias generaciones esta simplista explicación que nos permitió depositar en esta “bolsa familiar” cuanta migaja de miseria humana apareciera.
No tuvo o no tiene familia... así se explica todo.
Era cierto también que la familia tradicionalmente imponía ideas, creencias y valores como verdades únicas y absolutas. Era lógico entonces pensar que había límites que marcaban una “privacidad” de la familia. En la actualidad, por influencia de los medios de comunicación, ya están demolidas estas paredes rígidas y la intimidad absoluta ha desaparecido. La información de la realidad social penetra en todos los hogares, incorporando cultura o incultura, un tipo de información muchas veces cuestionadora de la que la propia familia transmite. Esta es la realidad actual: la familia sólo puede ser una parte bastante limitada del crecimiento, maduración y equilibrio emocional de las personas que la integran.
“Hay que mejorar la comunicación familiar.” Si esto fuera así, con sólo trabajar en terapia familiar podríamos modificar muchos trastornos de las personas, pero aunque asuma la familia una actitud de compromiso máximo, en el caso específico de la drogadicción, será también en la activación de las redes y de otras instituciones del entorno que surgirán estímulos posibilitadores de una auténtica modificación y cambio.
Además, a través de los medios de comunicación, fuimos enterándonos de hechos siniestros: violaciones, incestos, actos de violencia, secuestros de hijos, sucedidos en el seno de estos sagrados claustros de amor. Era justamente allí, en este medio sacrosanto, “la familia”, donde estadísticas elevadísimas nos indicaban que en estos espacios se vivían también verdaderos infiernos. Fue solamente al surgir como hechos delictivos que pudimos enterarnos a través de los medios de estas tremendas violencias generalmente sufridas por esposas y niños pequeños. Perplejos, fuimos entonces viendo cómo este espacio social tan idealizado podía ahora ser explorado, mirado, expuesto en muchos casos para su valorización y, en otros, por el contrario, para desnudar injusticias y atentados a la dignidad de seres indefensos.
Las estadísticas también nos informan de otras realidades familiares: la existencia de cantidades de parejas que conviven, que comparten hijos de anteriores matrimonios, y que a través de los años conformaron un hogar como lugar de convivencia y encuentro armonioso. Por otra parte, los profesionales que tienen acceso a estas y otras estructuras de convivencia, comprueban que los individuos que consultan por patologías mentales o sociales provienen en igualdad de proporción de familias nucleares clásicas o de las de padres separados o no casados, etcétera.
El conocer estas organizaciones humanas de convivencia nos lleva en principio a comprender que, a través del tiempo, se han producido transformaciones sociales y que estos cambios, nos gusten o no, se producen más allá de posturas religiosas, míticas o de creencias idealizadas. El aceptarlos nos permitirá, ahora, valorizar las necesidades reales del individuo para su maduración y crecimiento, necesidades que encontrará satisfechas en las diferentes configuraciones familiares que tengan la capacidad de proveerle afecto, seguridad y continencia.
Cuando tratamos de evitar situaciones que llevan o permiten que alguien consuma drogas, comúnmente jerarquizamos la importancia de la familia. Una idea que circula en la cultura es que el hijo adolescente reacciona drogándose frente a situaciones de tensión o conflicto familiar. También se supone que en una familia, cuando las normas de convivencia no son claramente explicitadas, faltan límites y se confunden mandatos, generándose un caldo propicio al consumo de sustancias (situación de riesgo o peligro). Creo que atribuir sólo a la familia el origen de la adicción del adolescente o pensar que la solución, como afirmamos anteriormente, reside sólo en mejorar la comunicación familiar, es una reflexión pobre y limitada.
En la actualidad, todos los miembros de la familia, personas de diferentes edades y diferente extracción social, también están expuestos a reaccionar frente a las múltiples y complejas vicisitudes contextuales, y ha aumentado en forma alarmante el consumo de drogas, psicofármacos y alcohol.
Redes sociales
Hoy ya no es posible plantear que la familia sea la orquestadora de modificaciones como única solución a situaciones de adicción a drogas cuando comprobamos permanentemente las tremendas limitaciones y necesidades que a ella misma la atraviesan. ¿Acaso no deberíamos aliviarla de esta absurda culpabilización de ser ellas determinantes de la drogadicción del hijo y ahora también únicas responsables de la cura?
Evaluemos con valentía las condiciones reales, las posibilidades auténticas de cada familia. Jerarquicemos no los valores idealizados que suponemos que debe haber en cada una de ellas, y miremos sin tapujos y sin mitos, pensando que tanto en la prevención como en la rehabilitación de una situación adictiva, y esto es válido para todas las edades, interesan fundamentalmente la existencia viva de valores que surgen y se activan en las relaciones humanas de todo entramado social, sean o no familiares.
Estamos participando sin proponérnoslo en la caída de los límites rígidos que nos hacían creer que lo mío existía como privacidad absoluta, sin importarme qué pasaba afuera de mí. Hoy sabemos que las familias unidas en redes en el contexto de todo tipo de actividades comunitarias (clubes, parroquias, acciones barriales, programas terapéuticos) descubren y comparten problemas comunes que pueden resolver desde los recursos que en esta unión ellas encuentran; así aprenden a compartir necesidades, a movilizar problemas y a participar con su experiencia en la ayuda de los otros solidariamente.
Desde su origen en nuestros programas, los grupos de hermanos, de padres, de amigos, conforman espacios de intercambio que reafirman la utilidad de esta experiencia de participar de redes. Así y todo, si nos referimos específicamente a tareas preventivas y asistenciales en drogadicción, no limitamos la acción a un solo aspecto, el consumo de drogas, pues el alcohol, la violencia, etc., están presentes siempre, conformando una agobiante realidad que toda maniobra preventiva y asistencial debe abarcar.
Solamente reflexionando “paritariamente” con miembros de otras familias y de otras instituciones sociales, con amigos, etc., es que podremos abordar estas realidades, sintiendo que en cada uno de nosotros está el germen transformador y cambiante. No está la solución en el escuchar obedientemente la información de un experto en drogas; lo que sí sabemos es que pares nuestros siempre están dispuestos a movilizar sus capacidades de ayuda cálida y comprensiva para prevenir que este mal ocurra, o ayudarnos comprometidamente a que desaparezca cuando se instala.
Tengamos fe en los valores y sepamos mirar sin miedo los cambios estructurales que van surgiendo como nuevas configuraciones sociales. El ser humano potenciado por otros pares supera fronteras y límites, y su actitud colaboradora surge de sus entrañas como expresión de una simple pertenencia a la clase animal. La diferencia entre nosotros y el resto de los animales reside en el lenguaje, que tal vez los humanos lo usamos, muchas veces, al servicio del egoísmo y la destrucción. La esencia de la colaboración entre los seres vivos agrupados reside en el amor, y a él debemos acudir cuando pensamos en desviaciones sociales y sus formas de prevenirlas y resolverlas.
* Médico psiquiatra. Psicoterapeuta. Director de la Fundación Proyecto Cambio (tratamiento ambulatorio de la drogadicción), ubicada en Benjamín Matienzo 2639, Buenos Aires (tel.: +54 11 4553-6777). Actualización del artículo presentado en el Seminario del Nodo Sur de la RIOD, año 2001.
Fuente: Diario Página/12
Drogadicción: reflexiones sobre familias y redes sociales
Por Gastón Mazieres *
Hace no muchos años decíamos con énfasis, seguros de que afirmábamos una verdad absoluta, que la “familia” –y nos referíamos a mamá, papá, hijos, tíos, etcétera– conformaba el reducto, el lugar de encuentro, crecimiento y maduración donde los seres vivos, en nuestro caso humanos, nos agrupábamos para protegernos, recibir amor, comprensión, paz, en fin, vivir... Era lógico ser parte de una familia; cada uno de nosotros pertenecía a la suya y las normas, valores, orden, se aprendían e incorporaban allí. Pudimos así imaginar una sociedad en la que todas las familias formaban parte de un complejo entramado, de un mosaico, en el que se articulaban armoniosamente entre sí. Esta apoyatura familiar así imaginada era fundamental para el desarrollo de todo ser; quien no la poseía debería ser, seguramente dentro de una cierta lógica, un posible enfermo mental o con suerte un portador de una patología social, por lo menos mínima.
“Pobre, ¿cómo no va a tener tal afección si se crió sin familia?” o “Sus padres se separaron cuando era chico”. Qué mejor que poner fuera del sujeto, en ausencia de esa “familia clásica”, el origen, la causa y la responsabilidad de muchas desviaciones humanas. La institución “familia” debía tener tanta importancia por presencia como por su no existencia: si está, habrá salud; y si se carece de ella, tendremos una buena explicación de cualquier desviación mental o de conducta. Los psicoterapeutas, los legistas y los religiosos utilizamos durante varias generaciones esta simplista explicación que nos permitió depositar en esta “bolsa familiar” cuanta migaja de miseria humana apareciera.
No tuvo o no tiene familia... así se explica todo.
Era cierto también que la familia tradicionalmente imponía ideas, creencias y valores como verdades únicas y absolutas. Era lógico entonces pensar que había límites que marcaban una “privacidad” de la familia. En la actualidad, por influencia de los medios de comunicación, ya están demolidas estas paredes rígidas y la intimidad absoluta ha desaparecido. La información de la realidad social penetra en todos los hogares, incorporando cultura o incultura, un tipo de información muchas veces cuestionadora de la que la propia familia transmite. Esta es la realidad actual: la familia sólo puede ser una parte bastante limitada del crecimiento, maduración y equilibrio emocional de las personas que la integran.
“Hay que mejorar la comunicación familiar.” Si esto fuera así, con sólo trabajar en terapia familiar podríamos modificar muchos trastornos de las personas, pero aunque asuma la familia una actitud de compromiso máximo, en el caso específico de la drogadicción, será también en la activación de las redes y de otras instituciones del entorno que surgirán estímulos posibilitadores de una auténtica modificación y cambio.
Además, a través de los medios de comunicación, fuimos enterándonos de hechos siniestros: violaciones, incestos, actos de violencia, secuestros de hijos, sucedidos en el seno de estos sagrados claustros de amor. Era justamente allí, en este medio sacrosanto, “la familia”, donde estadísticas elevadísimas nos indicaban que en estos espacios se vivían también verdaderos infiernos. Fue solamente al surgir como hechos delictivos que pudimos enterarnos a través de los medios de estas tremendas violencias generalmente sufridas por esposas y niños pequeños. Perplejos, fuimos entonces viendo cómo este espacio social tan idealizado podía ahora ser explorado, mirado, expuesto en muchos casos para su valorización y, en otros, por el contrario, para desnudar injusticias y atentados a la dignidad de seres indefensos.
Las estadísticas también nos informan de otras realidades familiares: la existencia de cantidades de parejas que conviven, que comparten hijos de anteriores matrimonios, y que a través de los años conformaron un hogar como lugar de convivencia y encuentro armonioso. Por otra parte, los profesionales que tienen acceso a estas y otras estructuras de convivencia, comprueban que los individuos que consultan por patologías mentales o sociales provienen en igualdad de proporción de familias nucleares clásicas o de las de padres separados o no casados, etcétera.
El conocer estas organizaciones humanas de convivencia nos lleva en principio a comprender que, a través del tiempo, se han producido transformaciones sociales y que estos cambios, nos gusten o no, se producen más allá de posturas religiosas, míticas o de creencias idealizadas. El aceptarlos nos permitirá, ahora, valorizar las necesidades reales del individuo para su maduración y crecimiento, necesidades que encontrará satisfechas en las diferentes configuraciones familiares que tengan la capacidad de proveerle afecto, seguridad y continencia.
Cuando tratamos de evitar situaciones que llevan o permiten que alguien consuma drogas, comúnmente jerarquizamos la importancia de la familia. Una idea que circula en la cultura es que el hijo adolescente reacciona drogándose frente a situaciones de tensión o conflicto familiar. También se supone que en una familia, cuando las normas de convivencia no son claramente explicitadas, faltan límites y se confunden mandatos, generándose un caldo propicio al consumo de sustancias (situación de riesgo o peligro). Creo que atribuir sólo a la familia el origen de la adicción del adolescente o pensar que la solución, como afirmamos anteriormente, reside sólo en mejorar la comunicación familiar, es una reflexión pobre y limitada.
En la actualidad, todos los miembros de la familia, personas de diferentes edades y diferente extracción social, también están expuestos a reaccionar frente a las múltiples y complejas vicisitudes contextuales, y ha aumentado en forma alarmante el consumo de drogas, psicofármacos y alcohol.
Redes sociales
Hoy ya no es posible plantear que la familia sea la orquestadora de modificaciones como única solución a situaciones de adicción a drogas cuando comprobamos permanentemente las tremendas limitaciones y necesidades que a ella misma la atraviesan. ¿Acaso no deberíamos aliviarla de esta absurda culpabilización de ser ellas determinantes de la drogadicción del hijo y ahora también únicas responsables de la cura?
Evaluemos con valentía las condiciones reales, las posibilidades auténticas de cada familia. Jerarquicemos no los valores idealizados que suponemos que debe haber en cada una de ellas, y miremos sin tapujos y sin mitos, pensando que tanto en la prevención como en la rehabilitación de una situación adictiva, y esto es válido para todas las edades, interesan fundamentalmente la existencia viva de valores que surgen y se activan en las relaciones humanas de todo entramado social, sean o no familiares.
Estamos participando sin proponérnoslo en la caída de los límites rígidos que nos hacían creer que lo mío existía como privacidad absoluta, sin importarme qué pasaba afuera de mí. Hoy sabemos que las familias unidas en redes en el contexto de todo tipo de actividades comunitarias (clubes, parroquias, acciones barriales, programas terapéuticos) descubren y comparten problemas comunes que pueden resolver desde los recursos que en esta unión ellas encuentran; así aprenden a compartir necesidades, a movilizar problemas y a participar con su experiencia en la ayuda de los otros solidariamente.
Desde su origen en nuestros programas, los grupos de hermanos, de padres, de amigos, conforman espacios de intercambio que reafirman la utilidad de esta experiencia de participar de redes. Así y todo, si nos referimos específicamente a tareas preventivas y asistenciales en drogadicción, no limitamos la acción a un solo aspecto, el consumo de drogas, pues el alcohol, la violencia, etc., están presentes siempre, conformando una agobiante realidad que toda maniobra preventiva y asistencial debe abarcar.
Solamente reflexionando “paritariamente” con miembros de otras familias y de otras instituciones sociales, con amigos, etc., es que podremos abordar estas realidades, sintiendo que en cada uno de nosotros está el germen transformador y cambiante. No está la solución en el escuchar obedientemente la información de un experto en drogas; lo que sí sabemos es que pares nuestros siempre están dispuestos a movilizar sus capacidades de ayuda cálida y comprensiva para prevenir que este mal ocurra, o ayudarnos comprometidamente a que desaparezca cuando se instala.
Tengamos fe en los valores y sepamos mirar sin miedo los cambios estructurales que van surgiendo como nuevas configuraciones sociales. El ser humano potenciado por otros pares supera fronteras y límites, y su actitud colaboradora surge de sus entrañas como expresión de una simple pertenencia a la clase animal. La diferencia entre nosotros y el resto de los animales reside en el lenguaje, que tal vez los humanos lo usamos, muchas veces, al servicio del egoísmo y la destrucción. La esencia de la colaboración entre los seres vivos agrupados reside en el amor, y a él debemos acudir cuando pensamos en desviaciones sociales y sus formas de prevenirlas y resolverlas.
* Médico psiquiatra. Psicoterapeuta. Director de la Fundación Proyecto Cambio (tratamiento ambulatorio de la drogadicción), ubicada en Benjamín Matienzo 2639, Buenos Aires (tel.: +54 11 4553-6777). Actualización del artículo presentado en el Seminario del Nodo Sur de la RIOD, año 2001.
Fuente: Diario Página/12
miércoles, 17 de julio de 2013
Una familia indigente
UNA FAMILIA INDIGENTE
Un fallo para aplicar justicia social
En fallo unánime, la Corte provincial ordenó a la municipalidad de La Plata y al gobierno bonaerense atender las necesidades de una mujer, sus cinco hijos y su marido, que se encuentran bajo la línea de indigencia.
Por Mariana Carbajal
La Suprema Corte bonaerense ordenó al gobierno provincial y a la municipalidad de La Plata proveer de una vivienda y un subsidio mensual a una mujer muy pobre, que tiene cinco hijos y vive junto a su pareja en una “minúscula” casilla de madera, levantada en un terreno prestado, donde tienen apenas dos camas para los siete integrantes de la familia, las que sirven también para que se “sienten para comer”. La mujer, que tiene 32 años y está desocupada, pidió ayuda en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero nunca obtuvo respuesta, según surge de las actuaciones judiciales. En el fallo, la Corte criticó el accionar del “poder político” por no atender la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y cuestionó en duros términos a los tribunales inferiores que habían rechazado el recurso de amparo, a través del cual se inició el reclamo por una solución habitacional, siete años atrás.
Es la segunda vez que el alto tribunal condena a ambos gobiernos –provincial y local– a garantizar una vivienda y sustento a una mujer en situación de vulnerabilidad social. El primer fallo (Caso Portillo) fue en 2010 y se refirió a una joven discapacitada mental que tenía un hijo con un cuadro similar y vivía en un terreno familiar, donde eran sometidos a situaciones de violencia doméstica, recordó ayer a Página/12 la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, quien llevó adelante aquel caso y acompañó el nuevo reclamo.
La nueva sentencia de la Corte bonaerense aborda el drama de una mujer identificada por sus iniciales AFB. La joven vive con su pareja –un albañil que hace changas y no tiene trabajo estable– y sus hijos en una vivienda “prefabricada” sin provisión de agua ni gas y cuentan con un baño en el exterior, sin instalar. Un informe de una perito asistente social, mencionado en el fallo, concluyó que la familia se encuentra “debajo de la línea de indigencia”.
Frente al cuadro de extrema vulnerabilidad social de AFB y su familia, la Corte bonaerense condenó –en un fallo de 94 páginas al que tuvo acceso este diario– al gobierno provincial y al municipal a que “en un plazo que no exceda de los 60 días” le entregue “una vivienda adecuada” y mientras tanto cubran “a su exclusivo costo” el alojamiento de los siete integrantes en un hotel o complejo habitacional. Asimismo, ordenó a la provincia de Buenos Aires y la intendencia platense que incluyan a la señora AFB y su grupo familiar en un régimen de subsidios mensual “que garantice un equivalente al monto móvil del salario mínimo y vital”, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia.
“La justicia social debe llegar antes y no después de la justicia judicial”, afirmó el presidente de la Corte bonaerense, Héctor Negri, en su voto. El fallo fue unánime. Los siete integrantes del alto tribunal coincidieron en aceptar el recurso extraordinario promovido por AFB y señalaron el “absurdo jurídico” por el cual no se hizo lugar antes a su pedido. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata había confirmado la sentencia del juzgado Civil y Comercial N° 11, que el 22 de noviembre de 2007 había rechazado la acción de amparo interpuesta por la mujer, por la que reclamaba una vivienda digna para su grupo familiar y una renta básica para cada hijo. Con el patrocinio del abogado José Martocci, AFB alegó la obligación del Estado de responder ante la acuciante violación del derecho a una alimentación adecuada y a una vivienda digna, contemplados en la Constitución provincial. También alegó normas constitucionales e instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Negri expresó en primer término su posición. Luego, cada uno los magistrados emitió su voto en el siguiente orden: Luis Genoud, Daniel Soria, Eduardo Néstor de Lazzari, Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani. Negri destacó que ninguna de las demandadas, ni la provincia de Buenos Aires ni la municipalidad de La Plata –donde vive la mujer–, efectuó al iniciarse el reclamo judicial ninguna “propuesta sustentable tendiente al reconocimiento de los derechos que se denunciaron como lesionados”. En tal sentido, consideró que “la gravedad del caso exige la adopción de medidas positivas para superar las dificultades referidas”. Al tiempo que señaló que “una alimentación y una vivienda digna están inseparablemente vinculadas a la vida como sustrato ontológico de la personalidad y son indispensables para el disfrute de otros derechos humanos”.
De Lazzari adhirió al voto de Negri, pero además puso énfasis en el concepto de “igualdad material”, al sostener que a los grupos vulnerables que están lejos de la pretensión constitucional que sostiene que “todos somos iguales ante la ley” se les debe proveer mayores herramientas para garantizar sus derechos. “El fisco y la Municipalidad de La Plata tuvieron conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad del grupo familiar, así como de la eventual incapacidad de la reclamante de solucionar de modo autónomo la concreción de los derechos de los niños a alcanzar un nivel de vida adecuado”, precisó De Lazzari. Pese a esta situación, ni el gobierno provincial ni la intendencia platense, objetó el ministro, se esforzaron por brindarle una solución a sus necesidades básicas insatisfechas.
En la sentencia, se cita el fallo dictado el 24 de abril de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que condenó al gobierno porteño, en un caso similar –una mujer indigente que tenía un hijo discapacitado–, a garantizarle una vivienda digna.
Fuente: Diario Página/12
Un fallo para aplicar justicia social
En fallo unánime, la Corte provincial ordenó a la municipalidad de La Plata y al gobierno bonaerense atender las necesidades de una mujer, sus cinco hijos y su marido, que se encuentran bajo la línea de indigencia.
Por Mariana Carbajal
La Suprema Corte bonaerense ordenó al gobierno provincial y a la municipalidad de La Plata proveer de una vivienda y un subsidio mensual a una mujer muy pobre, que tiene cinco hijos y vive junto a su pareja en una “minúscula” casilla de madera, levantada en un terreno prestado, donde tienen apenas dos camas para los siete integrantes de la familia, las que sirven también para que se “sienten para comer”. La mujer, que tiene 32 años y está desocupada, pidió ayuda en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero nunca obtuvo respuesta, según surge de las actuaciones judiciales. En el fallo, la Corte criticó el accionar del “poder político” por no atender la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y cuestionó en duros términos a los tribunales inferiores que habían rechazado el recurso de amparo, a través del cual se inició el reclamo por una solución habitacional, siete años atrás.
Es la segunda vez que el alto tribunal condena a ambos gobiernos –provincial y local– a garantizar una vivienda y sustento a una mujer en situación de vulnerabilidad social. El primer fallo (Caso Portillo) fue en 2010 y se refirió a una joven discapacitada mental que tenía un hijo con un cuadro similar y vivía en un terreno familiar, donde eran sometidos a situaciones de violencia doméstica, recordó ayer a Página/12 la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, quien llevó adelante aquel caso y acompañó el nuevo reclamo.
La nueva sentencia de la Corte bonaerense aborda el drama de una mujer identificada por sus iniciales AFB. La joven vive con su pareja –un albañil que hace changas y no tiene trabajo estable– y sus hijos en una vivienda “prefabricada” sin provisión de agua ni gas y cuentan con un baño en el exterior, sin instalar. Un informe de una perito asistente social, mencionado en el fallo, concluyó que la familia se encuentra “debajo de la línea de indigencia”.
Frente al cuadro de extrema vulnerabilidad social de AFB y su familia, la Corte bonaerense condenó –en un fallo de 94 páginas al que tuvo acceso este diario– al gobierno provincial y al municipal a que “en un plazo que no exceda de los 60 días” le entregue “una vivienda adecuada” y mientras tanto cubran “a su exclusivo costo” el alojamiento de los siete integrantes en un hotel o complejo habitacional. Asimismo, ordenó a la provincia de Buenos Aires y la intendencia platense que incluyan a la señora AFB y su grupo familiar en un régimen de subsidios mensual “que garantice un equivalente al monto móvil del salario mínimo y vital”, para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia.
“La justicia social debe llegar antes y no después de la justicia judicial”, afirmó el presidente de la Corte bonaerense, Héctor Negri, en su voto. El fallo fue unánime. Los siete integrantes del alto tribunal coincidieron en aceptar el recurso extraordinario promovido por AFB y señalaron el “absurdo jurídico” por el cual no se hizo lugar antes a su pedido. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata había confirmado la sentencia del juzgado Civil y Comercial N° 11, que el 22 de noviembre de 2007 había rechazado la acción de amparo interpuesta por la mujer, por la que reclamaba una vivienda digna para su grupo familiar y una renta básica para cada hijo. Con el patrocinio del abogado José Martocci, AFB alegó la obligación del Estado de responder ante la acuciante violación del derecho a una alimentación adecuada y a una vivienda digna, contemplados en la Constitución provincial. También alegó normas constitucionales e instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Negri expresó en primer término su posición. Luego, cada uno los magistrados emitió su voto en el siguiente orden: Luis Genoud, Daniel Soria, Eduardo Néstor de Lazzari, Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan y Eduardo Pettigiani. Negri destacó que ninguna de las demandadas, ni la provincia de Buenos Aires ni la municipalidad de La Plata –donde vive la mujer–, efectuó al iniciarse el reclamo judicial ninguna “propuesta sustentable tendiente al reconocimiento de los derechos que se denunciaron como lesionados”. En tal sentido, consideró que “la gravedad del caso exige la adopción de medidas positivas para superar las dificultades referidas”. Al tiempo que señaló que “una alimentación y una vivienda digna están inseparablemente vinculadas a la vida como sustrato ontológico de la personalidad y son indispensables para el disfrute de otros derechos humanos”.
De Lazzari adhirió al voto de Negri, pero además puso énfasis en el concepto de “igualdad material”, al sostener que a los grupos vulnerables que están lejos de la pretensión constitucional que sostiene que “todos somos iguales ante la ley” se les debe proveer mayores herramientas para garantizar sus derechos. “El fisco y la Municipalidad de La Plata tuvieron conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad del grupo familiar, así como de la eventual incapacidad de la reclamante de solucionar de modo autónomo la concreción de los derechos de los niños a alcanzar un nivel de vida adecuado”, precisó De Lazzari. Pese a esta situación, ni el gobierno provincial ni la intendencia platense, objetó el ministro, se esforzaron por brindarle una solución a sus necesidades básicas insatisfechas.
En la sentencia, se cita el fallo dictado el 24 de abril de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que condenó al gobierno porteño, en un caso similar –una mujer indigente que tenía un hijo discapacitado–, a garantizarle una vivienda digna.
Fuente: Diario Página/12
La separación de poderes vela por la vivienda para todas las familias
SOCIEDAD
La separación de poderes
Por Mariana Carbajal
“El fallo de primera instancia y el de Cámara dicen que garantizar una vivienda digna es materia política y legislativa y no judicial, al rechazar el recurso de amparo presentado por A.F.B. Pero la Corte bonaerense les responde que los poderes se controlan recíprocamente: si el Ejecutivo no ejecuta una política de vivienda y el Legislativo no asigna partidas presupuestarias para ese fin, el Poder Judicial no se puede quedar de brazos cruzados, es decir, aborda adecuadamente el concepto de separación de poderes”, destacó la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, en diálogo con Página/12. Scherman elogió la sentencia del máximo tribunal bonaerense. Aunque la mujer que reclamaba por una vivienda y un sustento para su familiar tuvo patrocinio de un abogado particular, desde la Asesoría de Incapaces acompañaron su planteo e incluso apelaron cuando se rechazó su recurso de amparo en instancias inferiores.
Scherman también destacó que la Corte bonaerense se refiere al concepto de “vulnerabilidad” e “igualdad material” y sostiene que frente a grupos vulnerables el Estado debe intervenir para favorecerlos, ante la desigualdad social en la que se encuentran. Apuntó que la sentencia garantiza el derecho social a la vivienda.
Fuente: Diario Página/12
La separación de poderes
Por Mariana Carbajal
“El fallo de primera instancia y el de Cámara dicen que garantizar una vivienda digna es materia política y legislativa y no judicial, al rechazar el recurso de amparo presentado por A.F.B. Pero la Corte bonaerense les responde que los poderes se controlan recíprocamente: si el Ejecutivo no ejecuta una política de vivienda y el Legislativo no asigna partidas presupuestarias para ese fin, el Poder Judicial no se puede quedar de brazos cruzados, es decir, aborda adecuadamente el concepto de separación de poderes”, destacó la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, en diálogo con Página/12. Scherman elogió la sentencia del máximo tribunal bonaerense. Aunque la mujer que reclamaba por una vivienda y un sustento para su familiar tuvo patrocinio de un abogado particular, desde la Asesoría de Incapaces acompañaron su planteo e incluso apelaron cuando se rechazó su recurso de amparo en instancias inferiores.
Scherman también destacó que la Corte bonaerense se refiere al concepto de “vulnerabilidad” e “igualdad material” y sostiene que frente a grupos vulnerables el Estado debe intervenir para favorecerlos, ante la desigualdad social en la que se encuentran. Apuntó que la sentencia garantiza el derecho social a la vivienda.
Fuente: Diario Página/12
martes, 2 de julio de 2013
Una vivienda digna
Por Jorge Rivas *
Alrededor de 16 millones de
personas, lo que equivale a unos 4 millones de familias, carecen de una
vivienda digna en la Argentina, y son demasiado numerosas las que viven en
terrenos sobre los que no tienen títulos legalmente válidos. El artículo 14 bis
de nuestra Constitución Nacional, sin embargo, establece que el Estado debe
garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una
vivienda digna.
No tenemos dudas acerca de que el
actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales
sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas
otras carencias de las clases más desprotegidas. Es por eso que quienes
integramos “Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la
tierra, la vivienda y el hábitat”, un espacio plural en el que hemos confluido
legisladores, académicos y organizaciones sociales, hemos querido aportar una
herramienta más para avanzar en este problema específico.
No otra cosa es el proyecto de
ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se
declare la emergencia habitacional de villas y asentamientos poblacionales y se
ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a
promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del
país.
El proyecto caracteriza a las
villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana
donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con
alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han
sido construidas con materiales precarios o de desecho y la precaria
infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.
Los asentamientos, por su parte,
se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser
regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre
tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas
y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos
para plazas y otros equipamientos y se han ido incorporando paulatinamente
redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del
Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra y convertirse en propietarios.
En las villas y asentamientos, el
crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo
crónico y la precariedad laboral completan un escenario que plantea
dificultades de difícil solución. Es a sus habitantes a quienes se postula como
destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.
Como requisito previo a la
regularización, los que aspiren a ella deberán acreditar la posesión pública,
pacífica y continua, durante al menos tres años de los inmuebles o fracción de
inmuebles de que se trate, que además deberán tener como destino principal el
de casa habitación única y permanente o constituir una unidad productiva
familiar.
La gestión y presencia del Estado
en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones
provinciales y municipales, constituyen un objetivo central de nuestra
propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover
instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las
distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser
parte de la solución del problema e intervenir activamente en el mejoramiento
de su barrio.
Estamos convencidos de que tanto
la falta de información pública acerca de estos temas como la carencia de los
recursos e instrumentos necesarios para enfrentar los procesos establecidos por
el orden jurídico actual privan a la población afectada de la posibilidad de
acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una
vivienda digna. Es por eso que el Estado, con políticas activas, debe
investigar, proponer y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles.
Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las
desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional,
popular y democrático no queremos renunciar.
viernes, 14 de junio de 2013
lunes, 10 de junio de 2013
México: 250.000 desplazados y millones de casas abandonadas
México: 250.000 desplazados y millones de casas abandonadas
MÉXICO.- Al menos 250.000 personas fueron desplazadas y cinco millones de viviendas quedaron deshabitadas en México debido a la ola de violencia que azota al país en la última década por la acción de grandes bandas criminales. La cantidad de desplazados fue calculada por organizaciones civiles, que sostiene que el fenómeno se acentuó a partir del combate militar al crimen organizado dispuesto en 2006 por el entonces presidente, Felipe Calderón. La estadística sobre viviendas abandonadas fue suministrada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el organismo estatal que construye casas para familias pobres. Los estados norteños Chihuahua y Nuevo León figuran entre los más afectados por el abandono de viviendas. En Jalisco se cerraron durante 2012 unas 360.000 casas sin habitar, a causa de la inseguridad. (Télam)
Fuente: Diario La Gaceta - Tucumán - Argentina
domingo, 14 de abril de 2013
Un abordaje científico para la vivienda
Fuente: Suplemento Arquitectura Clarín
En una oficina del flamante campus de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Núñez, Cynthia Goytía, directora del Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (Cipuv), monitorea una herramienta de valor incalculable para pensar y planificar soluciones habitacionales en toda la Argentina. Basta ingresar a la página web del Centro ( www.utdt.edu/cipuv ) y volcar en un simulador interactivo información sobre el propio grupo familiar y el nivel de ingresos, para saber con qué probabilidades se cuenta de llegar a poseer una vivienda formal según la zona del país en que se viva. Esto que aparece así, tan sintetizado en un porcentaje, es en realidad el producto de un arduo trabajo de campo y cruce de información a cargo del equipo de investigadores que dirige esta arquitecta, magíster en Economía Urbana por la UTDT (Master que también dirige) y doctora da en la London School of Economics. Ahora, el objetivo de Goytía es dar a toda esta información un uso práctico: contribuir a resolver problemáticas habitacionales.
Ver la nota completa...
En una oficina del flamante campus de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Núñez, Cynthia Goytía, directora del Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (Cipuv), monitorea una herramienta de valor incalculable para pensar y planificar soluciones habitacionales en toda la Argentina. Basta ingresar a la página web del Centro ( www.utdt.edu/cipuv ) y volcar en un simulador interactivo información sobre el propio grupo familiar y el nivel de ingresos, para saber con qué probabilidades se cuenta de llegar a poseer una vivienda formal según la zona del país en que se viva. Esto que aparece así, tan sintetizado en un porcentaje, es en realidad el producto de un arduo trabajo de campo y cruce de información a cargo del equipo de investigadores que dirige esta arquitecta, magíster en Economía Urbana por la UTDT (Master que también dirige) y doctora da en la London School of Economics. Ahora, el objetivo de Goytía es dar a toda esta información un uso práctico: contribuir a resolver problemáticas habitacionales.
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martes, 26 de marzo de 2013
El hacinamiento es inadmisible
SOCIEDAD
“La Argentina está en condiciones de resolver su problema de
vivienda en diez o quince años –estimó Raquel Rolnik, relatora especial sobre
Vivienda y Derechos Humanos de la ONU–. Porque acá las familias en precariedad
habitacional componen el 20 o 25 por ciento de los hogares, lo cual es mucho
pero menos que en cualquier otro país de América latina excepto Chile. Además,
la Argentina es de los pocos países de la región que tuvo, en los años de 1950
y 1960, un Estado de Bienestar, que incluía la construcción pública de
viviendas. Duele el corazón que un país haya destruido su propio Estado de
Bienestar pero así fue, especialmente en los ‘90, bajo el marco internacional
que tendía a desmontar el Estado y que transformó la vivienda en mercancía, en
activo financiero. Pero da esperanza el hecho de que, desde 2003, la Argentina
tomó otra dirección, con el compromiso presupuestario del Estado, que es muy
importante.”
“Además –continuó–, en la Argentina hay organización social
en cooperativas y entidades de ayuda mutua, hay un tejido social en los
sectores de bajos ingresos, existe el concepto de derechos sociales: en otros
países la gente está desorganizada, bajo condiciones de mucha humillación.”
Otro punto a favor es que “por la reactivación, hay dinero; no sé en qué
bolsillos está, pero lo hay: a diferencia de otros países, se cuenta con
recursos. Por todo esto es inadmisible que haya situaciones de precariedad y
hacinamiento como las que he visto aquí”, concluyó la relatora de ONU.
Fuente: Diario Página/12
Fuente: Diario Página/12
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