Producción popular de viviendas
Casas para todos
Experiencias en distintos países demuestran que existen
caminos alternativos a los que se utilizan en la Argentina para garantizar el
derecho a la vivienda.
(Imagen: AFP)
Por Enrique M. Martínez *
Hay un clásico apotegma del campo popular que dice: “Donde
hay una necesidad hay un derecho”. Esa máxima confronta decididamente con una
idea que el capitalismo ha ido instalando como principio de relación
comunitaria: “Donde hay una necesidad hay un negocio”. Esta idea se aplica a
escenarios donde hay exceso de demanda sobre la oferta de un bien o servicio,
apoyada sobre una lógica elemental del sistema vigente.
Dolorosamente, se aplica también con dureza en los ámbitos
de atención de las necesidades básicas impostergables de cualquier ser humano.
Especialmente en éstos.
La vivienda es un ejemplo rotundo. A medida que el
capitalismo como organización productiva y el lucro como meta excluyente se
fueron naturalizando, el “negocio” desplazó a la “necesidad”. El crecimiento
relativo de las ciudades como lugar de residencia pone lógica presión sobre la
tierra urbana, la hace un bien más y más escaso, es espacio fértil para generar
ganancias por el solo hecho de disponer de tierra.
La reacción natural de los ciudadanos ha terminado siendo
resignarse a que el acceso a la vivienda, como patrimonio propio, se aleje o
-en todo caso- se convierta en una carga creciente sobre el presupuesto
familiar. Lógicamente, la exclusión ha crecido sin pausa. En el país el déficit
ya llega a los 4 millones de unidades.
Los gobiernos neoliberales consideran a la vivienda como un
ámbito más de negocios y su aporte al tema se limita a habilitar líneas de
crédito, algunas de ellas hasta perversas, como la inolvidable Circular 1050 o
el actual sistema indexado con inflación. Los gobiernos progresistas han
apelado al mismo instrumento -el crédito- subsidiando las tasas, pero con el
doloroso corolario de financiar por esa vía las ganancias de los especuladores
que están sentados sobre ese bien, escaso por definición. A eso han agregado inversiones
en las llamadas viviendas sociales, que se entregan a población con muy
modestos recursos económicos. Los fondos disponibles, no obstante, nunca han
sido suficientes para siquiera achicar la brecha.
No es inexorable que esas sean las únicas opciones.
En la Argentina reciente se han registrado iniciativas
públicas -varios municipios- y privadas -pocas- de comprar tierra agrícola
periurbana, urbanizarlas y vender los lotes al costo, reduciendo su precio al
20 por ciento de lo que fija el especulativo mercado vigente. En el mundo, hay
una historia larga, rica en opciones, y podríamos decir más doctrinaria,
buscando defender a ultranza el derecho a la tierra, desplazando al negocio.
El sistema más difundido, con relevancia alta en Estados
Unidos, es el de los fideicomisos de tierra comunitaria -community land
trusts-, donde se compra o se desarrolla tierra urbana y se la convierte en
propiedad común a perpetuidad, eliminando la posibilidad de su compra venta.
Las personas que construyen allí o que compran unidades
preexistentes, no son dueñas individuales de la tierra sino de lo construido
encima, pagan una proporción definida de su salario y cuando venden deben
hacerlo en las mismas condiciones. El límite virtuoso de esta lógica es el que
aplicó Singapur, que ha nacionalizado la tierra urbana, dejando solo un 15 por
ciento para emprendimientos capitalistas tradicionales y aplicando al resto la
dinámica expuesta más arriba.
Los intentos cooperativos son numerosos. En Canadá son
moneda corriente. En Suecia el 18 por ciento de las viviendas son cooperativas.
Hay historias numerosas que se retraen a principios de siglo 20, donde grupos
de personas compraron tierra en que construyeron pequeñas ciudades donde las
viviendas fueron cooperativas y una fracción se vendió en condiciones distintas
para comercios e industrias, financiando de tal modo parte de las viviendas.
Todos esos sistemas, donde cada habitante es dueño de un
30/40 por ciento de su casa y el resto es comunitario, están hace décadas en
luchas defensivas respecto del avance del capitalismo, que seduce a los
participantes para que se retiren de la idea colectiva y busquen beneficiarse
con la apreciación patrimonial de la tierra escasa.
El tema es muy dinámico y a cada momento aparecen mecanismos
que buscan combinar la libre iniciativa de los individuos para elegir dónde y
cómo viven con una protección real respecto de la furia por el lucro que
caracteriza al capitalismo. Al parecer las mejores perspectivas la tienen las
variantes del Community Land Trust (CLT), que es necesario que se investiguen a
fondo y se difundan, al menos para creer que se puede escapar de la trampa
vigente, que deja fuera ya a más del 30 por ciento de las familias argentinas.
Recuerdo la clave: aferrarse al derecho, descartando el
negocio. Sin que confundamos derecho con algo que cae del cielo; pero sin que
caigamos en creer que para tener un techo propio debemos eliminar la alegría de
nuestra vida cotidiana, llegando a sacrificios tan exagerados como
innecesarios.
* Instituto para la Producción Popular.
FUENTE: https://www.pagina12.com.ar/39055-casas-para-todos