SOCIEDAD › INFORME DE LA RELATORA DE NACIONES UNIDAS SOBRE
EL PROBLEMA DEL HABITAT EN LA ARGENTINA
Después de entrevistar a organizaciones sociales y visitar
asentamientos, Raquel Rolnik cuestionó la falta de regulación del precio de la
tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares. Elogió, aunque con
reservas, la inversión en viviendas.
Por Pedro Lipcovich
“Los barrios cerrados, con densidad habitacional bajísima,
se desarrollan en vez de los loteos que permitían a muchos trabajadores hacerse
sus casas; por este y otros motivos, los sectores populares recurren a la
ocupación de terrenos.” Quien formula esta observación es Raquel Rolnik,
relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Al finalizar su visita a la Argentina –que incluyó “decenas de
visitas a organizaciones sociales y cooperativas”–, presentó sus primeras
conclusiones, que incluyen fuertes cuestionamientos: “No conozco otro país
donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas
cautelares”. Denunció “el desalojo y quema de viviendas de los qom, en
Formosa”, “el uso de la fuerza en el parque Indoamericano” o “la acción
intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”. Y señaló a “los
políticos que, con cuentagotas, dan uno u otro servicio a los asentamientos a
cambio de votos”. Valoró que “desde 2003, el Estado argentino cumple en
invertir en vivienda” pero criticó que “el programa se centra en empresas
constructoras” más que en la acción de las comunidades involucradas. Según la
funcionaria, “la Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la
vivienda”, pero a condición de encarar “un plan nacional de suelo y hábitat”.
“La crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra
desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación
económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo:
entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los
precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen
buenas posibilidades de crédito y, así expulsadas del mercado, pasan a competir
por ubicaciones tradicionalmente populares”, explicó Rolnik, con amplia
trayectoria en el tema en su país de origen, Brasil.
Sin embargo. “hay algo muy positivo –subrayó–: desde 2003,
el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda: hubo una inversión
fuerte, y según datos oficiales se lograron más de 500.000 soluciones
habitacionales. Ahora bien, el programa federal se centra en empresas
constructoras que entregan las viviendas llave en mano, y esto debería ser una
alternativa entre otras. Hay programas de mejoras en barrios o para
cooperativas, pero están menos priorizados, y deben competir por la tierra en
un mercado que incluye viviendas de lujo.”
Es que “es imprescindible incluir acciones de regulación del
suelo. Falta en la Argentina un plan nacional de suelo y hábitat urbano y
rural. En el conurbano bonaerense, en lugar de los loteos, que, en cuotas, en
las décadas de 1950 o 1960, permitían a muchos trabajadores hacerse su casa,
proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad
habitacional de sólo cuatro personas por hectárea. Así para los sectores
populares, a falta de opción, las ocupaciones resultan la forma más común de
hacerse de suelo y vivienda”.
–Algún intendente del conurbano planteó que, aunque recibe
fondos del Estado nacional para viviendas, ya es casi imposible encontrar
lugares libres donde edificar –observó Página/12.
–¿Cómo que “no hay lugar”? –contestó Raquel Rolnik–. No lo
hay para los pobres. Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, además de invertir
en viviendas y subsidiar alquileres, tienen leyes de ordenamiento territorial:
en Gran Bretaña, cada urbanización privada debe aportar el 30 por ciento de la
superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos; en Francia,
aportan el 20 por ciento. En Manhattan, Nueva York, casi la mitad de los
alquileres están protegidos: los reajustes no los dicta la especulación
inmobiliaria sino una comisión local.
“Si se trata de lugar –continuó Rolnik–, el Estado puede
ofrecer tierras fiscales, en vez de, al revés, desalojarlas cuando son
ocupadas. Y siempre hay tierras e inmuebles desocupados. Las propiedades cuyos
impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social. En las
zonificaciones, así como se admite que haya lugares determinados para
industrias, para oficinas, para edificios en altura, ¿por qué no para viviendas
de interés social?”. Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que
usurpa casas, es porque esas casas están vacías”.
En este punto, la investigadora plantea una distinción que
juzga esencial: “Se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho
a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a
medios de sobrevivencia. Esto requiere un pacto sobre vivienda urbana y rural,
que reconozca a todos el derecho a un lugar”. Es necesaria “la articulación
entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De otro modo los
proyectos dependen de negociaciones políticas: si hay acuerdo, se trabaja y si
no, no”. Y advierte que “también hay que acordar a nivel nacional en los
criterios de adjudicación. En la Argentina, a veces el criterio es quién es
amigo y quién es enemigo. También hay sistemas por puntaje, pero son a veces
discriminatorios como el de Ushuaia, que perjudica a los inmigrantes”.
En estos órdenes, “sería positivo que se apruebe el Proyecto
de Ley de Hábitat Popular (que presentó el Ejecutivo bonaerense en la
Legislatura), que plantea la intervención del Estado para regular el mercado:
incluye estrategias de producción de hábitat popular y muchos instrumentos como
la sanción a inmuebles vacantes o el impuesto a los barrios cerrados, que es de
lo que más se habló”. Entretanto, “respecto de las ocupaciones, las autoridades
argentinas mantienen una ambigüedad: ¿se puede o no ocupar? ¿La ocupación es
transitoria o definitiva? ¿Van a quedarse o a relocalizarse? Esto se convierte
en objeto de disputa de punteros políticos, y los habitantes quedan vulnerables
a la discrecionalidad que puede depararles la consolidación o el desalojo. Esto
se ve aun en el caso de la Villa 31, donde hay una ley de consolidación pero no
se implementa por disputas entre organismos y niveles involucrados”, observó
Rolnik.
Y la relatora especial finalizó con una pregunta: “En la
Argentina, ¿seguiremos produciendo villas? ¿Nos limitaremos a consolidarlas? El
desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr
una oferta de hábitat para antes de que se produzcan las ocupaciones. En países
como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica:
construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas, funcionó. En la
Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin
cloacas, con aguas contaminadas. ¿Quiénes ganan con esto? Ganan los políticos
que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables: los
servicios se otorgan por goteo, a cambio de una base electoral para uno u otro
político. Y ganan aquellos sectores sociales que así no ceden nada mientras los
pobres se arreglan como pueden, preferiblemente lejos de la vista del resto de
la población”.
Fuente: Diario Página/12
Fuente: Diario Página/12
