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PUNTOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT

Impulsada por legisladores, intendentes,

organizaciones sociales, académicos y colegios profesionales, el proyecto propone:

1. Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios.

2. Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional; desalentando las prácticas especulativas.

3. Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan reducir procesos especulativos. Incorporar herramientas a nivel municipal como la participación en las Valorizaciones Inmobiliarias.

4. Resolver la situación de familias con pobreza crítica y necesidades especiales. Ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios; creación del “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Urbanos”.

5. Desarrollar nuevas áreas residenciales en centros urbanos o asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas o urbanizaciones completos a través de un desarrollo progresivo priorizando contar con infraestructura, servicios, reservas de equipamiento comunitario y espacios verdes.

6. Impulsar programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales; fomentar créditos para la mejora del hábitat creando un fondo fiduciario que, a través de las organizaciones sociales, financiará a aquellos que no puedan acceder al crédito bancario.

7. Recuperar, rehabilitar y/o refuncionalizar edificios y sectores urbanos residenciales en proceso de degradación, preservando el valor del patrimonio histórico y social.

8. Ejecutar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, de equipamientos comunitarios y/o de espacios públicos recreativos.

9. Asegurar, en coordinación con la Escribanía General de Gobierno, la regularización dominial y la gestión escrituraria de los inmuebles construidos con el fin de permitir el acceso al título de propiedad y su constitución como bien de familia.

10. Atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular la provisión de suelo fiscal a los fines de su incorporación al Fondo Fiduciario Público (PRO.CRE.AR.).

11. Incentivar la asociación entre el sector público y el privado como un actor prioritario para impulsar proyectos de urbanización o edificación.

12. Actualizar decreto- ley 8912/77, artículos 84 al 90 y 92.

Fuente: Diario Ambito Financiero

Fuente: Diario Ambito Financiero

Fuente: Diario Ambito Financiero

El suelo para el Proyecto Barrio Escuela

ECONOMIA › ARGENTINA CARECE DE UNA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO LAS DE BRASIL O EUROPA

Sin Estado, el suelo es para el mercado

El problema de la vivienda tiene como una causa la dificultad para acceder al suelo en sectores populares. La falta de regulación estatal lleva a que proliferen barrios cerrados y se construyan edificios como reserva de valor.

 Por Javier Lewkowicz

La falta de regulación estatal sobre el mercado del suelo expulsa a los sectores populares de las ciudades y los obliga a asentarse bajo condiciones muy precarias, además de perjudicar a las actividades productivas. Esas conclusiones se desprenden de un informe muy detallado que realizó el Ministerio de Planificación en conjunto con varios organismos especializados. Ese documento fue el principal insumo del anteproyecto de ley de ordenamiento territorial confeccionado por el Consejo Federal de Planificación, que suscitó críticas de la oposición por un supuesto ataque a la propiedad privada y una posterior aclaración del ministro Julio De Vido. La cuestión de fondo, que es el desmanejo en el ritmo de producción y ocupación del suelo a partir de la lógica mercantil, no emergió en ese debate.

El suelo es una mercancía escasa, cuyo precio se forma a partir de la renta que genera, que a su vez depende del tipo de actividad que allí se instala. La tierra urbana tiene un valor diez veces mayor que la tierra rural. Con ese panorama, es comprensible la lógica especulativa con el terreno ocioso: sin mover un dedo, un propietario puede beneficiarse de una ganancia de capital del 900 por ciento si se extiende la mancha urbana hasta su lote, fenómeno muy vinculado con la extensión de los servicios básicos por parte del Estado. También implica un mayor precio una zona apta para comercios en relación con una en la que sólo haya viviendas. Es la lógica del inmueble como reserva de valor. En la ciudad de Buenos Aires, la construcción registró un boom al tiempo que se estima que el 30 por ciento de las viviendas están deshabitadas y la mitad del aumento en su población (55 mil sobre 114 mil) son habitantes de villas.

En el otro extremo de la pirámide de ingresos, “las urbanizaciones cerradas son el producto inmobiliario más novedoso y de mayor impacto territorial”, indica el documento oficial “Planificación Estratégica Territorial (PET)”, realizado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública con la colaboración del Instituto de Urbanismo (ISU) de la Universidad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). “Su localización periférica y sin continuidad con la trama urbana existente contribuye a generar grandes vacíos no urbanizados y a elevar los precios de los suelos aledaños”, indica el informe, de lo que se deriva que “el periurbano de las grandes ciudades refleja una disputa por el acceso al suelo entre los sectores de ingresos medios y altos y la población de menores recursos”.

El resultado de la ocupación de una superficie enorme de suelo por los countries o establecimientos similares, junto a la retención especulativa del suelo, es que riberas de cursos de agua sujetas a inundaciones o aludes, terrenos emplazados sobre áreas de relleno de antiguos basurales o con pasivos ambientales de antiguas explotaciones primarias y bordes de autopistas, que es la oferta que no gravita en el mercado, sea el suelo del que disponen los sectores más desfavorecidos. Bariloche es, junto a la región metropolitana, un ejemplo palpable de ello.

Problemas derivados de la asignación de suelo a través de la lógica mercantil también hay en la esfera de la producción. En el aglomerado Neuquén-Plottier “cientos de hectáreas de las antiguas chacras frutihortícolas que bordeaban el río Limay fueron progresivamente abandonadas y compradas por firmas que están construyendo urbanizaciones cerradas para los sectores de mayor poder adquisitivo de la región”, describe el trabajo de Planificación. También en el Alto Valle, en Río Negro, y en la Rioja se observan casos de expansión de la mancha urbana que amenaza con afectar la provisión de recursos hídricos a la producción.

La falta de ordenamiento territorial se refleja en el crecimiento de los “vacíos urbanos”. El aumento de la mancha urbana entre 1989 y 2008 en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) muestra un 40 por ciento de vacíos dentro de su trama, mientras que Gran Posadas, Venado Tuerto, La Rioja y General Pico presentan porcentajes entre el 10 y el 19 por ciento, según el PET. La producción de suelo urbano de modo disperso también implica un aumento de costos en las redes de infraestructura básicas.

En Estados Unidos, Europa y países de la región, el Estado tiene un rol más activo en el ordenamiento territorial. La ley del suelo española, del año 1956, avala la recuperación de plusvalías en los terrenos generada por la acción de la obra pública, al igual que Gran Bretaña, desde 1990. Ambos exigen a los desarrolladores que destinen un porcentaje de la tierra a los municipios o a inversión en vivienda social. En Italia y Francia, en tanto, se diferencia el derecho de propiedad con el derecho de construir. Colombia, en 1997, y Brasil, en 2001, han implementado a su vez mecanismos para la recuperación de plusvalías. En la Argentina, Venado Tuerto, Trenque Lauquen y Bariloche tienen incipientes disposiciones municipales que van en ese sentido.

Fuente: Diario Página/12

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El saber en el territorio

UNIVERSIDAD › EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROYECTO DE HABITAT POPULAR

El saber en el territorio

El trabajo conjunto del Instituto del Conurbano (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, junto a otros actores, generó la propuesta que el mes que viene será presentada en la Legislatura bonaerense.

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Decir que las universidades son islas separadas de la realidad social no parece adecuado en este caso. Buena parte del proyecto de ley de hábitat popular que ingresará en septiembre a la Legislatura bonaerense fue concebido en el ámbito universitario. Proviene de un trabajo conjunto entre el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires, entre otros actores. Uno de los impulsores del proyecto, el docente y urbanista Eduardo Reese, lo explicó ante Página/12: “Es que la investigación y la enseñanza en la universidad no se entienden sin una vinculación con las problemáticas del territorio”. Reese acaba de presentar la iniciativa a las casas de estudio que conforman la Red de Universidades del Conurbano.

El proyecto de Promoción del Hábitat Popular tiene tres objetivos claros, dependientes, a su vez, de una única misión de fondo: garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, preceptos que rezan en el artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la iniciativa se propone facilitar y promover la construcción de barrios y loteos sociales, además de regularizar los ya establecidos. En segundo término busca abordar la demanda habitacional, fomentando nuevos y variados programas de vivienda, tales como microcréditos para sectores populares que necesiten refaccionar sus casas. El tercer objetivo –que promete polémica con el sector privado– es conseguir mayores recursos por la vía del castigo a la especulación inmobiliaria y a través de la cesión de tierras de parte de los “emprendimientos suntuosos”.

Lleva dos años de elaboración y dieciséis versiones distintas; ahora, ya listo y antes de ser elevado a la Legislatura, el proyecto fue presentado a la Red de Universidades del Conurbano, de la que forma parte la UNGS. El secretario de investigación de la casa, Pablo Bonaldi, describió el proceso de trabajo: “La UNGS ha tenido un protagonismo fuerte en el armado del proyecto, y nos interesaba poder movilizar el apoyo de las universidades que integran la red, incluso invitamos a otras que no la incluyen, como el caso de La Plata”. En cuanto al trabajo al interior de la universidad, Bonaldi agregó: “La UNGS no está conformada en facultades, sino a partir de institutos. Uno de ellos es el del Conurbano, que se ocupa de la transformación de las áreas metropolitanas. Allí hay un equipo específico de urbanismo que viene trabajando, junto a las organizaciones sociales, la cuestión del hábitat”.

“Es una deuda que tiene la provincia –sostuvo Reese–. A pesar de que los indicadores sociales y económicos han mejorado, la gente no puede acceder a un lote. En la provincia tenemos un promedio de una toma por semana”, dijo. El proyecto cuenta con dos referencias, que intenta superar. La ley provincial de ordenamiento territorial (la 8912, sancionada en 1977) que, en palabras del Reese, es de carácter “elitista”, ya que “opera sobre una porción reducida de la población” y “no tiene una sola frase respecto de la vivienda y los loteos sociales”; el otro antecedente es la creación del Instituto de la Vivienda bonaerense, “que se limitó únicamente a crear el instituto”, según el docente.

La resistencia a la propuesta proviene de los grandes emprendimientos inmobiliarios de la provincia, a los que exige la cesión obligada del 10 por ciento de sus terrenos con destino exclusivo para viviendas sociales. Entran en la categoría los countries, barrios cerrados, clubes de campo, cementerios privados y los hipermercados y shoppings que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados. La cesión de tierras ya divide las aguas al interior de la Legislatura bonaerense: “Los legisladores de La Juan Domingo –dijo Reese– acaban de presentar una ley idéntica, pero sin los artículos más controvertidos. Ya tiene número de expediente, es una copia de nuestro proyecto, pero sin sus artículos más importantes. Sin estos instrumentos, la ley no tiene mucho sentido; nosotros vamos a presentarla tal como se discutió en los foros con los barrios”.

Informe: Agustín Saavedra.

Fuente: Diario Página/12