"Otorgar títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo"

DOMINGO 2 de Enero de 2011

barriosyescuelas ( barriosyescuelas@gmail.com ) envía esta nota desde lanacion.com. Comentario: Proyecto Barrio Escuela

Entrevista / Ernesto Schargrodsky "Otorgar títulos de propiedad es el camino más inclusivo y más justo"

Con el respaldo de investigaciones en asentamientos similares a los de Soldati, este economista especializado en pobreza urbana asegura que las políticas que vuelven propietarios a los ocupantes son una herramienta importante para la reducción de la pobreza y podrían resolver el déficit habitacional en la Argentina

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Café de las ciudades

Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy Conflictos y posibilidades. I Por José Luis Basualdo N. de la R.: Esta nota fue realizada tomando como base la exposición "La difícil relación de los Institutos Provinciales de Vivienda con la tierra - Apuntes para el armado de una agenda", realizada el día 12/12/06 en el marco del Seminario "Manejo de suelo urbano para la vivienda social en la Argentina", desarrollado del 11 al 13 de Diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Consejo Nacional de la Vivienda y patrocinado por el Lincoln Institute of Land Policy. Las fotografías que ilustran la nota corresponden a viviendas sociales realizadas en la ciudad de Corrientes, Argentina. Vivienda financiada con un crédito del INVICO a través del programa Lote Propio, en terreno del beneficiario 1- Introducción Este trabajo intentará explorar la relación que se ha establecido  entre el suelo urbano -mejor dicho, entre los propietarios de ese bien- y los conformadores del espacio de las ciudades. Entre los principales actores que llevan a cargo esta construcción se debe dar un lugar preferencial a los organismos encargados de ejecutar el sistema estatal de provisión de vivienda social (Institutos Provinciales, Direcciones, Servicios, etc.), ya que estos son los mayores responsables de la expansión de las ciudades a través de la construcción de barrios de viviendas, y también de la regularización o urbanización de algunas de las villas y asentamientos. Pero esta responsabilidad en la construcción de las ciudades es compartida con otros actores sociales: los concesionarios de servicios públicos, los gobiernos locales, las empresas estatales de servicios, por citar solo algunos. Postulamos que la problemática del suelo urbano se instala como problema central en la agenda pública en los últimos tres años, a partir del incremento de la obra pública; para esto trazaremos una breve reseña de los cambios sufridos por el Sistema del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI de ahora en adelante) desde la década del 90 a nuestros días. Posteriormente apuntaremos algunas cuestiones que consideramos necesarias para elaborar una agenda que contemple la cuestión del suelo; utilizaremos como insumos los aspectos más sobresalientes de esa problemática obtenidos durante los Talleres Regionales "Incorporación del Desarrollo Urbano en la implementación de los Programas Federales de vivienda", realizados entre Septiembre y Noviembre del año 2006 (implementados por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ,con la participación de as áreas de Planeamiento de los Institutos Provinciales de Vivienda y las Unidades Ejecutoras del Programa de mejoramiento de Barrios, PROMEBA) en varios puntos del país, ya que consideramos a esta serie de encuentros como un punto de inflexión en la forma de ejecutar políticas de vivienda social. Creemos que la elaboración de esta agenda es un paso ineludible para salvar -aunque sea en parte- la tensión que existe entre los organismos de vivienda social y los demás actores que conforman el espacio urbano de nuestras ciudades. Monobloques del Barrio 1000 viviendas; inaugurado en 1978 y en franco proceso de decadencia 2- Los cambios en el sistema, de los ‘90 a nuestros días Son profundas las transformaciones que sufre la sociedad toda en esta década, marcada a fuego por el imaginario neoliberal; la fuga del Estado de gran parte de sus obligaciones, la política entendida como mero ejercicio del pragmatismo, la concentración de la riqueza en unos pocos, la mutación conceptual de ciudadano a consumidor y el desarme de la mayor parte de las instituciones constituyentes del alicaído Estado de Bienestar son solo algunos de los rasgos de la Argentina de los años noventa, que marcan lo que algunos autores definen como la transformación de la matriz socio política (en Repetto, Fabián, 2001, Gestión publica y desarrollo social en los noventa - Las trayectorias de Argentina y Chile, Buenos Aires, Prometeo Libros, encontramos como definición "…el abandono de la matriz socio política estado céntrica…"). El sistema estatal de provisión de vivienda social -más conocido como el FONAVI- no escapa a estos cambios, de los que se pueden citar como los más relevantes a los siguientes: 2.1.- En lo conceptual: bien sabemos el poder de prefigurar la realidad que tiene un discurso convincente que logra instalarse en la sociedad. En el marco de la implementación de una nueva matriz política, se van permeando nuevos conceptos en la discusión sobre la cuestión de la vivienda; en Cuenya encontramos que los términos enabling y partnership ("…enabling hace referencia a la necesidad de suministrar un marco legislativo, institucional y financiero, en el cual los emprendimientos del sector privado, de las organizaciones sociales y de los individuos puedan desarrollar efectivamente el sector de la vivienda…", "…partnership, por su parte, alude a la creación de nuevos escenarios de gestión que permitan aunar la acción de los gobiernos, especialmente los locales , con las iniciativas del sector empresarial y las de la sociedad civil") se empiezan a filtrar en los escenarios de implementación de políticas de vivienda. Esto se traduce en dos tendencias, una hegemónica y otra marginal. "…la primera esta representada por un nuevo modelo de política de vivienda que ha comenzado a imponerse en la mayor parte de los países en desarrollo y que apuesta fuerte a que los mercados funcionen"; hasta aquí la primera tendencia, la segunda de ellas "…está representada por el conjunto de experiencias alternativas que, especialmente varios gobiernos locales, ponen en marcha en varias ciudades…Dentro de este grupo se incluyen los programas de regularización de loteos… los de regularización fundiaria…los de urbanización de asentamientos irregulares…" (postulamos que esta tendencia es la pata sectorial de lo que Repetto, 2001, llama la "estrategia acotada" de la Argentina en materia de políticas sociales y que se basa en la "…expansión desarticulada de programas focalizados…"). "Estos programas usualmente son tangenciales dentro de las agendas públicas y usualmente nunca superan el nivel de experiencias piloto…" (Cuenya, Beatriz, 2000, Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX; versión corregida del trabajo presentado en el Seminario Internacional Gestión Local y Políticas Habitacionales, organizado por la Maestría en Hábitat y Vivienda de la UNMdP el 18-y 19 de Noviembre de 1999, Rosario). Esto coincide con lo postulado por Ignasi de Solá y Morales (Solá y Morales, Ignasi de, 1996, "Presente y futuros. La arquitectura de las ciudades", Barcelona, en Recopilación de ensayos del Congreso Internacional de la UIA de Barcelona, España) cuando en 1996 postulaba como algunas de las principales tendencias a nivel mundial en materia de vivienda a la mercantilización de la totalidad o partes de la vivienda y a la supervivencia de experiencias alternativas de intervención, como un gesto de lo que es políticamente correcto. En resumen, la década de 1990 estuvo signada por una fenomenal embestida del mercado contra el sistema de provisión de vivienda popular, para poder apropiarse de los cada vez más menguados recursos del fondo; la supervivencia del mismo solo puede explicarse por la confluencia de intereses entre la burocracia del sistema y las empresas medianas y pequeñas de todo el país, que devino en una suerte de alianza estratégica implícita (parafraseando a Borges "…no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto…"). Ambas facciones pelearon por sus intereses, la eventual derrota implicaba la virtual desaparición de ambos a manos de las grandes empresas de construcción. Del mismo modo, y simétrica a esta tendencia de desarme del sistema universal de provisión de vivienda (si bien el FONAVI fue uno de los más claros exponentes del Estado de Bienestar, debe decirse que nunca llegó a fructificar como un sistema universal, y en esto es coherente con quienes definen como Estados de Bienestar incompletos o inconclusos a las experiencia latinoamericanas) florecieron durante ese período los programas focalizados, las más de las veces pre-formateados por organismos externos que ataban la aprobación de los créditos a la aplicación de esta forma de intervenir en el territorio. 2.2.- En lo institucional: los cambios en la forma de implementación del Fondo Nacional de la Vivienda (el FONAVI se conforma en los ´90 con un impuesto sobre los combustibles, tiene como objetivo la construcción de VIS en todo el territorio de la república y los órganos de aplicación son los institutos provinciales de vivienda), los más importantes son: a) mediante Ley 24.130 de Agosto de 1992 e "…instrumenta la descentralización de los recursos (del FONAVI) hacia las provincias, que posteriormente es concretado por el Pacto Fiscal de agosto de 1992…", Rodulfo, 2003. Desde la implementación del FONAVI (año 1976, 1978 en el caso de la provincia de Corrientes) hasta agosto de 1992 se implementó un mecanismo fuertemente centralizado. Si bien las viviendas se licitaban en lo Institutos Provinciales y también se inspeccionaban, la aprobación de las carpetas técnicas y el libramiento de los fondos de cada certificado de obra se realizaba en la Secretaría de Vivienda de la Nación. A partir de la Ley 24.130 se delegan estas funciones en los IPV y la Secretaría se reserva el rol de auditoría. b) Otro hito que marca un cambio es cuando "… en marzo de 1995 se crea por Ley 24.464 el Sistema Federal de Vivienda, que establece una nueva estructura organizativa del sector habitacional con carácter federal manteniendo como población destinataria el sector social con recursos insuficientes, tal como lo indica la Ley 21.581 (del año 1976, de creación del FONAVI)…", Rodulfo, 2003. El Sistema Federal de Vivienda se integra con los organismos ejecutores provinciales (que mantienen su rol de administradores y ejecutores) y un Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), el que desempeña funciones de planificación y evaluación de resultados y se integra con un representante del Poder Ejecutivo Nacional (función desempeñada habitualmente por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda) y un representante por cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se tradujo en una descentralización la política de vivienda, ya que no solo quedó a cargo de las provincias la administración de los recursos que coparticipa el FONAVI a cada una de las jurisdicciones, sino que transfiere a estas gran parte de la decisión de cómo utilizar los mismos. Pero esta cesión de poder tuvo mucho de barrer los problemas afuera de la habitación; la última década del siglo pasado vio languidecer las transferencias de recursos desde la Nación a las provincias por cambios en la base imponible del impuesto. La combinación de recursos menguantes con el entorno inflacionario propio de la segunda mitad de la década fue un cóctel que atentó contra la capacidad concreta de acción de los organismos de cada jurisdicción. 2.3.- En lo económico: este desguace al que nos referíamos se tradujo en la retirada del Estado de las áreas más rentables de la economía a favor del capital privado. Venta de activos subutilizados, concesión de servicios públicos o creación de nuevas áreas de oportunidad, fueron las estrategias más utilizadas en aras de "aligerar" a un Estado que se comienza a probar las ropas de facilitador de la economía. Otro aspecto de este cambio de rol se verifica en la reforma del mercado, esta transformación se manifestó de varias formas: a) "…La previsibilidad de las decisiones financieras en sus efectos se expresó en el vertiginosos crecimiento de la oferta de crédito hipotecario en el mercado privado, favoreciendo a los grupos de ingresos medios insertos en el nuevo escenario económico…" (Rodulfo, María Beatriz (2003), La situación habitacional y las políticas publicas, Buenos Aires, versión preliminar - mimeo). b) "…La reorganización del BHN (Banco Hipotecario Nacional), que se transformó primero en banco mayorista y luego en Sociedad Anónima privatizada…", Cuenya, 2000. Perdiéndose de esta manera una herramienta financiera formidable para la aplicación de políticas de vivienda y hábitat destinadas a los sectores medios. c) "… La promoción del sector privado mediante la constitución de un mercado de títulos inmobiliarios a largo plazo a través de la titulización de hipotecas…", Cuenya, 2000. Afortunadamente, estas últimas medidas no pasaron de ser iniciativas aisladas tomadas por algunos de los organismos provinciales de vivienda. Vivienda colectiva en el Barrio San Gerónimo, realizado con un aporte del BHN garantizado por la titulización de hipotecas 2.4.- El sistema post 2001: es innegable que la salida de la convertibilidad financiera marcó un antes y un después en la sociedad argentina. El sistema estatal de vivienda no fue ajeno a esto y los doce meses posteriores al estallido de diciembre del 2001 pueden ser recordados en casi todas las provincias como el año de la paralización de las obras en marcha y la cancelación de obras a contratar. Fue necesaria una fuerte decisión política que asumiera esa realidad y decidiera hacer una fuerte apuesta en el sector con dos objetivos bien claros: atacar el déficit habitacional y generar una demanda de mano de obra que paliara (aunque sea parcialmente) los altos índices de desempleo imperantes. Así es que aparecen los programas "extracupo" (los programas extracupo tienen una financiación aparte de los recursos coparticipables habituales de los IPV con la particularidad de tener una asignación específica para cada obra y un fuerte contralor por parte de la Nación en lo referente a la ejecución de las mismas). Reactivación, Solidaridad, Federal Plurianual I y II, Mejor Vivir y de Provisión de Infraestructura son algunos de los programas que dieron nuevo impulso al sistema, pero el fuerte contralor impuesto por la Nación en la ejecución de los mismos se configuró en una suerte de "recentralización" del sistema, cambiando la mecánica de funcionamiento imperante desde la transferencia de recursos y funciones desde el año 1992. Creemos que es necesario subrayar como aspectos relevantes de esta nueva etapa el tremendo impulso que recibió la construcción de VIS -en perfecta concordancia con la reanudación de la obra pública en general- y la transferencia de gran parte del manejo de los planes habitacionales a favor de la Nación. Todos los programas "extracupo" bajaron a los IPV con rigurosos parámetros de aplicación, quedando en poder de las provincias la definición de la localización de las obras, la adjudicación de las mismas y el control del proceso de construcción. 2.5.- Una conclusión parcial: en este punto se hace necesario cruzar lo que hemos descrito hasta aquí con la dimensión del suelo que nos convoca. Si coincidimos que las características relevantes de la política habitacional de la década de 1990 -teniendo como marco los procesos que hemos comentado- han sido la disminución progresiva del Fondo Nacional de la Vivienda y, por ende, de las remesas que recibieron las provincias; esto se tradujo en la disminución del poder de intervención de los IPV, que optaron por construir conjuntos de VIS de menor tamaño, ejecutar programas curativos de mejoramiento de villas y asentamientos -casi siempre "enlatados" de la mano de créditos internacionales- y poner en funcionamiento programas de créditos individuales (que se implementaron en la marco de la Ley 24.464/95) a fin de mantener en marcha el sistema, y en línea con los concepto de facilitación y asociación a los que ya hemos hecho referencia. Tanto la escala como la modalidad de las políticas habitacionales implementadas en la última década del siglo pasado han hecho que la problemática del suelo urbano no se haya instalado como un problema central en la agenda del sistema. Lo que sucede con posterioridad a la devaluación del año 2001 es bien diferente, se puede citar como característica relevante la fuerte decisión política de reposicionar al sistema como proveedor universal de soluciones habitacionales. Este fortalecimiento se logró implementando Programas Federales, que se adjudicaron a las provincias sin afectar las disminuidas coparticipaciones del FONAVI de cada jurisdicción. Algunas de las consecuencias de todo esto fueron el aumento de las inversiones en materia habitacional, el incremento de escala de los conjuntos de VIS, la "recentralización" del sistema -y destacamos como relevante la sujeción de los tiempos de ejecución de los programas a lo estipulado por la Nación para cada caso-. Todo esto se tradujo en una explosiva demanda de suelo urbano acotada en el tiempo, lo que ocasionó que en la actualidad el problema del suelo se instale como central en la agenda del sistema. Vivienda del Barrio Ponce, recientemente entregada; pertenece al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas 3- Hacia una agenda que contemple la cuestión del suelo El mercado inmobiliario, cuando no está regulado, suele reaccionar con fuertes alzas ante demandas de importancia acotadas en el tiempo, esto es lo que ha sucedido en muchas ciudades de nuestro país cuando el Estado o las empresas constructoras salieron a buscar macizos de tierra en áreas periféricas para localizar conjuntos de vivienda. ¿Cómo se debería parar el Estado ante este problema, y cuales son las acciones que se pueden implementar para poder incidir -aunque sea parcialmente- en el mercado de suelos superando el rol de mero espectador? 3.1.- Los resultados de los talleres de Desarrollo Urbano: para tratar de responder estas cuestiones utilizaremos -en una primera instancia- lo producido en el marco de los talleres de Desarrollo Urbano al que hicimos referencia en la Introducción. A continuación se apuntan las cuestiones relacionadas con el suelo urbano consideradas como más relevantes por los asistentes a esos talleres: Cuestiones de información: muchos de los IPV no cuentan con un relevamiento de las tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales) aptas para ser utilizadas en la construcción de VIS y equipamiento comunitario, así como tampoco de un mapa de precios actualizado para negociar la compra de tierras a privados. Cuestiones de financiamiento: la coparticipación de los IPV es utilizada para obras complementarias, gastos de funcionamiento y completamiento de los fondos extracupo; no existe una línea de financiamiento para compra de tierras. Cuestiones de gestión: los trámites para la cesión de tierras fiscales nacionales son engorrosos, debería buscarse la forma de agilizar el procedimiento. Cuestiones de relación con entes de servicios: los contratos leoninos de concesión de algunas empresas privatizadas son parte de la "mochila" de los ´90. Los altos costos de urbanización de los conjuntos son solo una de las caras del problema. Cuestiones de relación con gobiernos locales: la falta de financiamiento y debilidad de los cuadros técnicos de los municipios obliga a los IPV a trabajar en ausencia de reglamentaciones específicas o suplementando la acción municipal. Cuestiones de relación con otros organismos estatales: se referencia especialmente el equipamiento de Salud, Educación y Seguridad. Se apuntó como deseable que los conjuntos contemplen la ejecución de este equipamiento comunitario desde el inicio de la programación para no trabajar sobre la emergencia, con el barrio ya habitado. Cuestiones de temporalidad: sería deseable que la implementación de los programas en los distritos no estén excesivamente ligados a la agenda de la Nación, para asegurar la continuidad de las acciones en el territorio. 3.2.- Una agenda, ¿posible?: toda cuestión compleja -y la problemática del suelo urbano lo es- no acepta soluciones fáciles y se debe plantear un enfoque en varios aspectos. El Seminario "Manejo de Suelo Urbano para la Vivienda Social en la Argentina" fue una oportunidad de intercambio de experiencias y trabajó sobre la sensibilización generada por la experiencia de Talleres Regionales de Desarrollo Urbano y el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento de los IPV, implementados ambos por la SSDUV a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano. Esto es una señal de que se está conformado una masa crítica de discusión sobre el tema. En lo referente a lo normativo jurídico es notoria la carencia de una Ley Nacional de Suelo, pero existe un rango de acción posible en la legislación existente y en la capacidad de gestión de las áreas político técnicas de los IPV. De las falencias detectadas es posible trabajar sobre todo en lo que se refiere a la falta de información. Es posible implementar acciones concretas en lo referente al relevamiento de las tierras fiscales, del mapa de precios y de las herramientas jurídicas y de gestión. Por esto se considera indispensable continuar e incrementar el Programa de Fortalecimiento de Areas de Planeamiento y Desarrollo Urbano de los IPV. Es posible avanzar en la articulación con otros organismos apoyando la acción municipal y de las áreas de infraestructura de los ministerios de Salud, Educación y de Seguridad para poder construir más ciudad y no solo conjuntos habitacionales. Se debe seguir atacando la cuestión del hábitat desde varios frentes: mejoramiento de barrios deficitarios, acciones curativas en villas y asentamientos, ampliación del área urbana y densificación de áreas a través de micro-intervenciones, en este sentido se considera conveniente promover más activamente la política de préstamos individuales a individuos y/o consorcios para acciones de completamiento y/o densificación de tejido urbano. En ausencia de un marco normativo que regule la captación de plusvalías por parte del privado se pueden utilizar los instrumentos existentes o incorporar cláusulas en los pliegos de licitación para minimizar la captación de plusvalías. La cuestión de la revisión de los términos de concesión de las empresas privatizadas es un objetivo de largo aliento, pero deberían revisarse los mismos para propender a una distribución más equitativa de cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización. Una iniciativa concreta sería la implementación de un programa de compra o adquisición de tierra en macizo por parte de los IPV, con financiación de la Nación, articulando este programa con el de la provisión de infraestructura y equipamiento. Esto permitiría a los IPV disponer de tierra urbanizada apta para "bajar" programas diversos y no depender de las ofertas de las contratistas; además, esto daría la posibilidad de programar con tiempo tanto los aspectos físicos de las sucesivas intervenciones en el terreno como los sociales y económicos y se considera que -con un manejo adecuado- la inversión necesaria para la compra de tierra se compensarían con las economías en materia de provisión de infraestructura y por la cesión de plusvalías generados por el Estado a favor de privados. Creemos que esta agenda que ponemos sobre la mesa puede pecar de preliminar, parcial o incompleta… pero si de algo estamos seguros es de que es posible implementarla en plazos razonables; están dadas todas las condiciones. JLB El autor es Arquitecto, Gerente de Planeamiento y Proyecto del Instituto de Vivienda de Corrientes, República Argentina, ex alumno y becario del Lincoln Institute of Land Policy. Sobre políticas de vivienda en la Argentina, ver también en café de las ciudades: Número 36 I Política de las ciudades (III) Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat. Número 22 I Economía Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel Sobre políticas de suelo en América Latina, ver también en café de las ciudades: Número 23 I Economía El impuesto predial como instrumento de urbanización I Los mitos sobre la política del suelo en Latinoamérica, en una entrevista con Martim Smolka. Número 20 I Economía de las ciudades "Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado" I Entrevista a Samuel Jaramillo: la gestión del suelo urbano en Latinoamérica.

Página de Inicio Cultura de las ciudades (I) Excursiones mínimas Buenos Aires, de la mano de Sabugo y Minond. Sin pretensiones semióticas explícitas, el texto genera así una posible multiplicidad de lectores insatisfechos que completarán y ampliarán ad infinitum los recorridos por Buenos Aires. Habrá turistas alemanes que, cantimplora en mano, empalmarán la calle Corrientes de las librerías con el Abasto "del Morocho", el monumento a Pugliese en Villa Crespo y el Conventillo de la Paloma, para seguir por Serrano hasta el Palermo de Borges. No faltará el arquitecto que prescindirá en San Telmo de la Plaza Dorrego y se encolumnará por Balcarce, el flâneur de domingo que a los palacios recoletos prefiera la Recova de Libertador, o el disidente que encarará el inventario de Devoto. Arquitectura de las ciudades El espacio de la ausencia La Plaza de los Héroes del Ghetto, en Cracovia I Por Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste Hacer de la construcción arquitectónica homenaje, metáfora construida de los recuerdos y los sentimientos de un tiempo convulso, de un recuerdo difícil de soportar y asumir, convierten a la tarea del arquitecto en una cuestión a resolver desde una implicación moral. Intentar no caer en referencias tópicas sino hacer un homenaje a las víctimas sin incurrir en la espectacularidad dramática o en la sublimación de la tragedia. Lewicki y Łatak sienten la necesidad de preservar la fuerte carga emotiva de un lugar sin desposeerlo del ritual del dolor, pero también sin querer hacer de él un lugar de cargas negativas que lo transformen en un espacio alienado. Cultura de las ciudades (II) Sustantivos Colectivos 1. Barrio Semiótica de una intervención propuesta en el Barrio Alberdi de Córdoba I Por María Griselda Angelelli La expansión de los nuevos modelos altera los modos sociales de interacción que habían sido construidos por el uso común, como cuando familias del barrio, a causa de su amistad, solían elegir terrenos contiguos donde construir sus viviendas, dejando una puerta en las medianeras para pasar cómoda y rápidamente de una casa a la otra. Aún en algunas casas de departamentos (como la de quien escribe) se festejan en común los acontecimientos de cada habitante como cumpleaños, llegada de parientes de otras provincias o del interior de Córdoba, logros personales como lo es conseguir trabajo, etc.; además de las fiestas tradicionales como Navidad o Año Nuevo. Política de las ciudades (II) El futuro de las ciudades La relación entre Espacio y Estado en la Argentina I Por José Ariel Núñez No es que la figura jurídico política del Estado haya nacido desde la perspectiva inicial del municipio, ya que todos los tratadistas de la institución municipal afirman lo contrario, sino que la materia sobre la cual la municipalidad debe tener competencia es la urbana, puesto que ella es gobierno local. El Municipio nace urbano, por eso es una institución política, administrativa y territorial propia de los vecinos de un conglomerado urbano. Es un ente surgido por necesidad sociológica del grupo humano que habita ese centro urbano y que precisa organizarse jurídica y económicamente para satisfacer sus necesidades colectivas. Lugares Santiago a la vanguardia Los claroscuros de una ciudad en desarrollo Los amigables paseos del “Sanhattan”, el glamour de la calle Lastarria, los amenos bares de Bellavista, replican un patrón de ciudad europea contemporánea, ajeno hasta cierto punto a las miserias supérstites de la ciudad. ¿Cuál es la Santiago válida: la del smog y las poblaciones desangeladas o la de las calles sin miseria y los servicios universales? Como suele ocurrir, ambas posibilidades son válidas para caracterizar a Santiago. La ciudad contaminada, la metrópolis desigual donde la fragmentación social tiene expresión territorial, coexiste con la ciudad planificada donde el desarrollo parece estar al tiro del crecimiento sostenido. Nuevo y exclusivo de café de las ciudades Proyecto Mitzuoda I Una ficción metropolitana contemporánea (por entregas). I De Carmelo Ricot, con Verónicka Ruiz Entrega 28: El buen ladrón Una performance espontánea - Arte y Política se confunden en las calles - La amenaza - El Depredador completa su traición - Snobismo de un genio - ¿Revolución o anacronismo? Mensajes al café Consulta sobre la extensión del Corredor Verde del Oeste y carta abierta de Adolfo Res al Jefe de Gobierno de Buenos Aires. Café corto Maestría en Planificación Urbana-Regional en la FADU – UBA - 9º Seminario Montevideo - Proyectar el espacio público en la Ciudad Central - Curso de Restauración de Edificaciones Históricas - Congreso de Arquitectura del Paisaje, en México DF - Financiamiento a documentales sobre ciudades latinoamericanas - Dott, innovación social y diseño - Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en La Habana - "La Salada ya es la mayor feria ilegal de América latina" Master en Gestión de la Ciudad en el siglo XXI: café de las ciudades ha establecido con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "la universidad virtual", un acuerdo destinado a la difusión y promoción delMaster en Gestión de la Ciudad.en el siglo XXI. El desafío implícito en esta colaboración con la UOC es el que nos motiva desde el inicio de nuestro café:replicar en el espacio virtual la complejidad y la riqueza del territorio y la ciudad contemporáneos, confrontar miradas sobre la ciudad, contribuir a la generación de buenas políticas urbanas y a la formación de sus planificadores y gestores. 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Existen herramientas para crear ciudades más equitativas

La reconocida arquitecta brasileña dice que la normativa urbana funciona como una
máquina de segregar y que es necesario promover la democratización del uso del
suelo. Además, reflexiona sobre las herramientas que permitieron crear ciudades
más equitativas y efectúa una referencia al caso local.

En las grandes ciudades latinoamericanas una parte significativa de su población vive en asentamientos irregulares y en condiciones de precariedad. Sean “villas miseria”, “favelas”, “ranchos”, “ciudades perdidas” o “colonias populares”, constituyen una forma de construcción de ciudades excluida del mercado formal. Son “ciudades fuera de la ciudad”, como los denomina Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, especializada en planeamiento y gestión del suelo urbano.

A pesar de que la informalidad y la precariedad están presentes en la mayor parte de su red urbana, Brasil ha logrado sentar como antecedente la aplicación de herramientas que permiten crear ciudades más equitativas.

Ante el creciente proceso de segregación socio-espacial en las ciudades latinoamericanas, ¿cómo se regulan las demandas de suelo?

En todo territorio, las cualidades urbanísticas se acumulan tendencialmente sobre un sector restringido para consumo de una minoría de la población. Estas áreas “de mercado” están sustentadas por un vasto sistema de normas, de contratos y de leyes que son -casi siempre- una condición de acceso a la propiedad escriturada y registrada.

Son entonces los sectores beneficiarios de créditos quienes obtienen en Brasil el “habite-se”, que es un documento expedido por el municipio local que garantiza que la construcción cumple con las normas urbanísticas. Es decir que los terrenos que la ley permite urbanizar, así como las financiaciones que la política de crédito inmobiliario ofrece, están reservados al círculo restringido de quienes tienen recursos y la propiedad “formal” de la tierra.

De modo que gran parte de la población, en cambio, debe acceder a los mercados de tierra informales, a tierras relegadas de la legislación urbana y ambiental, o aquellas no aptas para construcción. Excluidos del marco legal y de los sistemas financieros formales, los asentamientos precarios fueron autoconstruidos por sus propios habitantes con los medios que encontraron a su disposición: con salarios bajos e insuficientes, sin acceso a recursos técnicos ni profesionales y en tierras relegadas por la normativa urbana y por el mercado inmobiliario formal.

Con esta exclusión creciente de una gran parte de la población, ¿qué tipo de ciudad se construye y qué oportunidades ofrece?

Así, en áreas frágiles o no pasibles de urbanización, como laderas empinadas o terrenos inundables, además de las vastas franjas de expansión periférica sobre zonas rurales, se va construyendo la “ciudad fuera de la ciudad”, desprovista de infraestructuras, de equipamientos y de servicios que caracterizan a la urbanidad. Ausentes de los mapas de catastro municipal y de los registros de las empresas de servicios públicos, estos asentamientos tienen una inserción ambigua en las ciudades en las cuales se localizan.

En este contexto, el modelo de territorialización de los pobres en las ciudades brasileñas ofrece una consolidación progresiva de sus asentamientos, eternamente incompletos y totalmente dependientes de la acción discrecional del gobierno, dado que no se encuadran en la semántica de las normas urbanísticas.

Al delimitar fronteras que separan lo legal de lo ilegal, la exclusión territorial se reproduce como expresión de las desigualdades sociales. Es decir que la población que está en situación más desfavorable termina teniendo mucho menos acceso a las oportunidades económicas y culturales que la ciudad ofrece. Asimismo, las oportunidades de crecimiento y desenvolvimiento circulan en el medio de los que ya viven mejor.

Desde esta perspectiva, ¿cuál es la experiencia brasileña en materia de normativa urbana tendiente a crear ciudades más equitativas?

A partir de la llamada “Agenda para la reforma urbana” -cuyos principales proponentes son movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de investigación- en 1988 se incorporó a la Constitución Nacional un capítulo sobre Política Urbana, estructurado en torno a la noción de función social de la ciudad y de la propiedad, de reconocimiento de los derechos de posesión de millones de habitantes de las favelas y de las periferias de las ciudades del país, y de la participación ciudadana a los procesos decisorios sobre esta política.

En ese capítulo de la Constitución están contenidas las propuestas que buscan viabilizar nuevos instrumentos urbanísticos de control del uso y de la ocupación del suelo, para que se pueda -entre otras cosas- permitir el acceso a la tierra: una democratización del suelo urbano. Para cumplir con esos mandatos, surgió en 1990 un Proyecto de Ley tramitado en el Congreso durante más una década y que resultó finalmente en el “Estatuto de la Ciudad”. En esa línea, se creó en 2003 el Ministerio de las Ciudades con el propósito de darle mayor alcance a los esfuerzos que veníamos haciendo hacía más de 15 años.

Para impulsar una democratización del suelo urbano, ¿qué nuevos instrumentos urbanísticos propone el Estatuto de la Ciudad?

El Estatuto de la Ciudad incorporó tres tipos de instrumentos urbanísticos. En primer lugar están aquellos de ampliación de la gestión democrática de las ciudades, como el “Plan Director Municipal” de carácter participativo, redefinido como instrumento responsable de determinar los criterios para el cumplimiento de la función social de la ciudad. En este contexto, se fijó la obligatoriedad de elaborar planes en ciudades con más de 20 mil habitantes. El plazo se estableció hasta 2006: más de 1.500 ciudades brasileñas realizaron sus planes; y el desafío por el que ahora atraviesan es su implementación.

En un segundo plano, el Estatuto incorporó instrumentos de gestión social de la valorización del suelo urbano producida por la inversión pública, lo cual significa que los beneficios económicos que produce la inversión pública vuelven a la sociedad. Esto se materializa con instrumentos como la entrega onerosa del derecho de construir y con operaciones urbanas consorciadas.

Finalmente, un tercer tipo de instrumentos son de estímulo al cumplimiento de la función social de la ciudad, es decir de inclusión territorial y de garantía de acceso al suelo urbano para todos los ciudadanos. Se trata de instrumentos de creación de Zonas Especiales de Interés Social e impuestos progresivos sobre áreas vacantes ó subutilizadas. La idea fue incorporar instrumentos que permitan viabilizar una transformación, asumiendo que la ciudad es una construcción colectiva y que requiere de una acción coordinada.

¿Cómo se pueden aplicar esos instrumentos en Argentina?

Los instrumentos que propone el Estatuto para incorporar a los Planes Directores, más decir lo que se puede o no hacer, inducen estrategias de implementación. De modo que en todo contexto son susceptibles de aplicar, basta con establecer colectivamente mínimos acuerdos. Asimismo, debe destacarse que -como todo instrumento- no resulta ser operativo per se, sino que es un medio para materializar los lineamientos del plan y, por ende, requiere de un diseño en particular según los casos de aplicación.

En caso de Argentina, afortunadamente, existe un conjunto de organizaciones nucleadas que luchan desde 2005 por la Reforma Urbana, con el propósito que se apliquen políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna para toda la población. Así como ocurrió con la legislación brasileña, este grupo propone -entre otras cosas- regularizar los asentamientos informales y frenar los procesos de desalojos mediante políticas urbanas y herramientas participativas. Esta iniciativa ofrece, en tal sentido, un horizonte promisorio hacia una democratización del suelo urbano.

Raquel Rolnik... con sentido común

Arquitecta, especializada en planeamiento y gestión del suelo urbano. Es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, y Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue directora de Planeamiento de la Ciudad de São Paulo, Secretaria Nacional de Programas Urbanos del Ministerio de las Ciudades y coordinadora de Urbanismo del Instituto Polis. Se desempeña asimismo como consultora de gobiernos locales, organismos no gubernamentales y agencias internacionales -tal como UNHábitat- en temas de política urbana y habitacional. Escribió numerosos artículos sobre planeamiento y gestión del suelo urbano, y es autora de “A Cidade e Lei” y “‘O que é Cidade”.

¿Derecho de propiedad vs. derecho de construcción?

En la legislación urbana brasileña, los instrumentos más novedosos separan el derecho de propiedad del derecho de construcción. Un ejemplo es que cada zona de la ciudad posee un “coeficiente” que establece la capacidad constructiva básica de un determinado suelo. Para poder construir con valores superiores a ese coeficiente, los particulares deben comprar “edificabilidad” al poder público según las reservas de suelo previstas por un Plan Director definido para cada zona, denominado “suelo creado”.

Los recursos originados por la venta pasan a formar parte de un fondo para futuras urbanizaciones, conforme a los proyectos estratégicos que el Plan prevé. Para acceder a ese “suelo creado”, en San Pablo se implantaron los “CEPACs”, que son certificados vendidos como acciones en el mercado financiero y que pueden ser transformados posteriormente en una mayor superficie edificable una parcela.

Estos “CEPACs” fueron lanzados para captar recursos y con ellos permitir la realización de obras. También, para evitar la densificación de ciertas áreas de la ciudad que se quieren preservar -ya sea su valor histórico o por su vulnerabilidad ambiental, por ejemplo-, los propietarios tienen la posibilidad de vender la diferencia entre el área realmente construida del inmueble preservado y el total de la capacidad edificatoria asignada por su coeficiente de aprovechamiento básico.

por el arq. Guillermo Tella con la colaboración de Alejandra Potocko

Fuente: El Cronista

Acceso al suelo urbano

HONORABLE SENADO DE LA NACION

Jornada de propuestas y debate en el Senado de la Nación
Jueves 13 de Mayo de 2010 entre 9:00 y 17 hs.
Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1708, Salón Manuel Belgrano
Acceso al suelo urbano. Bases para una nueva normativa en favor del derecho a la vivienda y a la ciudad

El crecimiento de las villas, las ocupaciones de tierra y los nuevos asentamientos informales
que se producen cada año, ponen en evidencia las dificultades de una gran parte de la población
para acceder al suelo urbano y rural. Los desalojos compulsivos ordenados por la justicia, soslayando
el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna, y la declaración de emergencia habitacional
a la que están obligadas a recurrir numerosas provincias y municipios, para actuar o atender los
conflictos en sus jurisdicciones, son respuestas coyunturales originadas en una situación de crisis que
lleva décadas. Paradójicamente, la situación se agrava con el crecimiento de la economía y el alza
exponencial del precio del suelo, producto de la especulación inmobiliaria, lo cual pone en evidencia
la falta de instituciones y marcos normativos que permitan planificar el desarrollo y atender en forma
efectiva la demanda habitacional y de acceso al suelo de importantes sectores de la población.
Ante esta realidad, y en el marco del bicentenario de la Argentina, legisladores de diferentes
pertenencias políticas, organizaciones y redes sociales, junto a ONGs, instituciones académicas y
profesionales, nos hemos comprometido a trabajar en forma conjunta para impulsar una agenda de
trabajo que permita impulsar un nuevo marco legal, cuyo objetivo apunte a resolver en forma
efectiva el déficit habitacional y la demanda que por crecimiento de la población se genera cada año.
Entendemos que la planificación urbana, la regulación del uso del suelo, y la vigilancia de un
desempeño no especulativo de los mercado de tierras e inmuebles, debe ser complementario con la
política habitacional, por lo que se impone encontrar los mecanismos legales y económicos para que
el acceso al suelo urbano se convierta en un derecho para todos los que habitan la Argentina.

Objetivo Principal del Encuentro
Debatir y proponer, partiendo de la normativa vigente y de los proyectos de ley existentes en
el Congreso de la Nación, los contenidos necesarios para generar una legislación que incluya un
marco general de planificación urbana, de regulación del uso del suelo y de las condiciones de
desempeño de los mercados del suelo e inmuebles para que el acceso a la tierra y a la vivienda
puedan transformarse en derechos efectivos.


Objetivos Generales
• Instalar y difundir el debate de la problemática habitacional y de planificación urbana en el
conjunto de la sociedad, particularmente en los ámbitos de decisión política (poder
ejecutivo, legislativo y judicial).
• Promover la confluencia de actores sociales, políticos, religiosos y académicos en el ideal de
impulsar una política de Estado que permita atender las necesidades habitacionales de la
población.
• Generar debates que permitan construir una agenda de trabajo en común y aportes para una
nueva legislación.

PROGRAMA
9:00 Inscripción
9: 30 Apertura:
Puesta en común de los Objetivos y de la Dinámica del Encuentro, Presentación y saludo de los
legisladores presentes
10:00 hs.
PRIMER PANEL
El Derecho al suelo urbano, situación actual
10:00 Dra. Nora Clichevski (CONICET) “Marco histórico e institucional de políticas y normativas sobre
suelo urbano”.
10:20 Dr. Rolando Gialdino (Secretario de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de la Nación).
“Desalojos y Derechos Humanos”
10:40 Mg. Marcela Rodríguez docente de la UNC y miembro de SERVIPROH (Servicio de Promoción
Humana). “Acceso a la Ciudad de los Sectores populares: Conflictos, como se vulnera el derecho a la
ciudad”. Disertante en representación del Foro Córdoba de Instituciones de Promoción del
Desarrollo, de la Red Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo de Argentina y
del Movimiento de Reforma Urbana.
11:00 José Acuña (Dirigente social de la Ex AU3, integrante de la coordinadora de inquilino de Bs. As.)
“Las Políticas Habitacionales y los desalojos desde la visión de las organizaciones sociales”.
11:20 Debate
12:00
SEGUNDO PANEL
Propuestas Legislativas en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la Nación
Proyectos de ley en relación al ordenamiento territorial, la regulación del uso del suelo, instrumentos
de planificación urbana, emergencia habitacional y/o regularización dominial
12:00 Lic. Graciela Oporto. Subsecretaria de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación
Federal. Presentación de lo trabajado en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial en relación a la elaboración de un proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial.
12: 20 Diputada (MC) Silvia Augsburger. “Régimen del uso del suelo y ordenamiento territorial y
urbanístico, enmarcado en el principio de la función social de la propiedad”.
12: 40 Diputada Nélida Belous: “Aportes para una ley de Desarrollo Urbano Territorial en Argentinal”
13:00 Dr. Marcial Romero y Sr. Jorge Santucho (Asesores del Diputados Mariano West. “Creación del
Programa Nacional de Regularización Dominial”.
13:20 Debate
13:50 Refrigerio
14:30 hs.
TERCER PANEL
Experiencias Nacionales e Internacionales de Planificación Urbana y de Regulación del Uso del
Suelo
14:30 Arq. Raúl Fernández Wagner (UNGS‐Instituto del Conurbano): Legislación urbanística e
instrumentos de planificación. (Ejemplos de Brasil, Colombia y situación en Argentina)
14:50 Sr. Alberto Weretilneck Intendente de Cipolletti: Experiencia de desarrollo de suelo urbano
desde el nivel Municipal
15:10 Sr. Jorge Baracchia, Intendente de Trenque Lauquen: Experiencia de desarrollo urbano e
instrumentos de manejo del suelo en el nivel municipal.
15:30 Debate
16:00 Cierre
• Lectura del documento elaborado y firmado por organizaciones y redes sociales, ONGs,
profesionales y académicos sobre principios y objetivos a tener en cuenta para una nueva
legislación.
• Invitación a los participantes a conformar una mesa de trabajo para desarrollar e impulsar
los contenidos para una nueva legislación que asegure el derecho al suelo, a la vivienda y a
la ciudad.

CONVOCAN
Foro Córdoba de Instituciones de Promoción del Desarrollo
Movimiento de la Reforma Urbana
Red de Entidades No gubernamentales por el Desarrollo de la Argentina
FOTIVBA (Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) Asociación Civil
Madre Tierra, Fundación Vivienda y Comunidad, Secretaria de Enlace de Organizaciones Autogestionarias, Asociación Civil
San Cayetano, Asociación Sagrada Familia, Cooperativas de Vivienda.
Alianza Internacional de Habitantes
Instituto del Conurbano (UNGS): Arq. Raúl Fernández Wagner.
Legisladores Nacionales y Provinciales: Senadores Nacionales María Rosa Díaz (Tierra del Fuego), Eric Calcagno (P. de Bs.
As.), José Martínez (Tierra del Fuego), Daniel Filmus (Caba), Diputada Mandato Cumplido Silvia Augsburger (Santa Fe)
Diputados Nacionales, Nélida Belous (Tierra del Fuego), Eduardo Macaluse (P. de Bs. As.), Liliana Parada (C. de Bs. As.),
Verónica Benas (Santa Fe).
Laura García Tuñon, María América González, Tito Nenna, y Gabriela Alegre (Legisladores de la Ciudad de Bs.As.).

ADHIEREN
Senador Nacional Alfredo Martínez (Santa Cruz)
Diputada Provincial Nadia Fernández (Córdoba)
Legislador Provincial Osvaldo López (Tierra del Fuego)
Diputado Provincial Hugo Matcovich (Chaco)
Diputada de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires Alicia Sánchez –– Presidenta de la Comisión de Tierras
Foro Social Urbano de Ushuaia Tierra del Fuego
MOI‐CTA (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos)
SELVIP (Secretaría Latinoamericano de la Vivienda Popular)
HIC (Coalición Internacional de Habitantes)
Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional FAU UNLP
Programa Hábitat y Pobreza Urbana de América latina FADU‐UBA
CEMOP Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas
IHU Instituto de Hábitat Urbano del Consejo Profesional de Arquitectos
CTA‐Ushuaia y Rio Grande, Tierra del Fuego Secretaría Gremial
FEDEVI (Federación de Villas).
Federación Cooperativa Todos Juntos
Frente de Hoteles de Buenos Aires
Asamblea por la Recuperación del Barrio Ejército de los Andes
Diputado Nacional Juan Irrazabal (Misiones)
Legisladora Provincial Verónica De Maria (Tierra del Fuego)
CMP (Central de Movimientos Populares) Ushuaia
FIS (Frente de Integración Social) Ushuaia
Federación de Tierra y Vivienda (Luís Delia)
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo‐ América Latina (IIED‐AL)
Diputado Nacional Horario Alcuaz (Buenos Aires)
Cooperativa de Vivienda y Construcción "Luz de Luna" Ltda.
Cooperativa Cerro Ventana de San Carlos de Bariloche
Foro Permanente por el Derecho a una Vivienda Digna
Arquitecto Jaime Sorin / ex‐Decano FADU‐UBA / ex‐Vicerrector UBA / Prof. Asociado Arquitectura FADU‐UBA / Director
Programa de Investigación La Emergencia Habitacional en la C.A.Bs.As.
Asociación Civil La Minga
Asociación Civil UN TECHO para mi Hermano ‐ Rio Negro
Coordinación Provincial Barrios Y Hábitat – Ministerio Desarrollo Social TDF
Caritas Bahía Blanca
Instituto de Vivienda Social de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza
SEHAS – Servicio Habitacional y de Acción Social
Proyecto7 Gente en Situación de Calle

Se recibirán adhesiones hasta el día de la jornada.