La separación de poderes vela por la vivienda para todas las familias

SOCIEDAD
La separación de poderes
  Por Mariana Carbajal

“El fallo de primera instancia y el de Cámara dicen que garantizar una vivienda digna es materia política y legislativa y no judicial, al rechazar el recurso de amparo presentado por A.F.B. Pero la Corte bonaerense les responde que los poderes se controlan recíprocamente: si el Ejecutivo no ejecuta una política de vivienda y el Legislativo no asigna partidas presupuestarias para ese fin, el Poder Judicial no se puede quedar de brazos cruzados, es decir, aborda adecuadamente el concepto de separación de poderes”, destacó la asesora de Incapaces N° 1 de La Plata, Ida Scherman, en diálogo con Página/12. Scherman elogió la sentencia del máximo tribunal bonaerense. Aunque la mujer que reclamaba por una vivienda y un sustento para su familiar tuvo patrocinio de un abogado particular, desde la Asesoría de Incapaces acompañaron su planteo e incluso apelaron cuando se rechazó su recurso de amparo en instancias inferiores.

Scherman también destacó que la Corte bonaerense se refiere al concepto de “vulnerabilidad” e “igualdad material” y sostiene que frente a grupos vulnerables el Estado debe intervenir para favorecerlos, ante la desigualdad social en la que se encuentran. Apuntó que la sentencia garantiza el derecho social a la vivienda.

Fuente: Diario Página/12

Una vivienda digna

Una vivienda digna

  Por Jorge Rivas *

Alrededor de 16 millones de personas, lo que equivale a unos 4 millones de familias, carecen de una vivienda digna en la Argentina, y son demasiado numerosas las que viven en terrenos sobre los que no tienen títulos legalmente válidos. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, sin embargo, establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna.

No tenemos dudas acerca de que el actual gobierno nacional ha destinado y destina no sólo recursos materiales sino una alta dosis de voluntad política a la solución de esta y de muchas otras carencias de las clases más desprotegidas. Es por eso que quienes integramos “Habitar Argentina. Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”, un espacio plural en el que hemos confluido legisladores, académicos y organizaciones sociales, hemos querido aportar una herramienta más para avanzar en este problema específico.

No otra cosa es el proyecto de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se declare la emergencia habitacional de villas y asentamientos poblacionales y se ponga en marcha, en el ámbito del gobierno nacional, un programa destinado a promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio del país.

El proyecto caracteriza a las villas como urbanizaciones informales, producto de ocupaciones de tierra urbana donde se han asentado familias provisoriamente, con un tramado irregular, con alta densidad de población y escaso o nulo espacio verde. Las viviendas han sido construidas con materiales precarios o de desecho y la precaria infraestructura ha sido producida por los propios habitantes.

Los asentamientos, por su parte, se definen como barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados. En general, han sido organizados colectivamente sobre tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales. Las viviendas y la construcción tienden a ser definitivas, se han reservado espacios públicos para plazas y otros equipamientos y se han ido incorporando paulatinamente redes de servicios públicos, con intervención de empresas privadas o del Estado. Sus ocupantes aspiran a la tierra y convertirse en propietarios.

En las villas y asentamientos, el crecimiento vegetativo de la población, las migraciones internas, el desempleo crónico y la precariedad laboral completan un escenario que plantea dificultades de difícil solución. Es a sus habitantes a quienes se postula como destinatarios de los beneficios de la ley que proponemos.

Como requisito previo a la regularización, los que aspiren a ella deberán acreditar la posesión pública, pacífica y continua, durante al menos tres años de los inmuebles o fracción de inmuebles de que se trate, que además deberán tener como destino principal el de casa habitación única y permanente o constituir una unidad productiva familiar.

La gestión y presencia del Estado en todo el territorio, mediante la articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales, constituyen un objetivo central de nuestra propuesta. Pero esa gestión, al mismo tiempo, tiene que garantizar y promover instancias y herramientas de participación y gestión comunitaria durante las distintas fases del proceso de regularización. Es que los pobladores deben ser parte de la solución del problema e intervenir activamente en el mejoramiento de su barrio.

Estamos convencidos de que tanto la falta de información pública acerca de estos temas como la carencia de los recursos e instrumentos necesarios para enfrentar los procesos establecidos por el orden jurídico actual privan a la población afectada de la posibilidad de acceder, por medio de la Justicia, a la propiedad de la tierra y de una vivienda digna. Es por eso que el Estado, con políticas activas, debe investigar, proponer y aplicar soluciones a los problemas de los más débiles. Se trata, en fin, de dar un paso más en el camino hacia la eliminación de las desigualdades, una meta a la que quienes participamos del proyecto nacional, popular y democrático no queremos renunciar.

* Diputado nacional socialista. Bloque Frente para la Victoria.

Fuente: Diario Página/12

Sitios

Reporte Inmobiliario

Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios

México: 250.000 desplazados y millones de casas abandonadas

MÉXICO.- Al menos 250.000 personas fueron desplazadas y cinco millones de viviendas quedaron deshabitadas en México debido a la ola de violencia que azota al país en la última década por la acción de grandes bandas criminales. La cantidad de desplazados fue calculada por organizaciones civiles, que sostiene que el fenómeno se acentuó a partir del combate militar al crimen organizado dispuesto en 2006 por el entonces presidente, Felipe Calderón. La estadística sobre viviendas abandonadas fue suministrada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el organismo estatal que construye casas para familias pobres. Los estados norteños Chihuahua y Nuevo León figuran entre los más afectados por el abandono de viviendas. En Jalisco se cerraron durante 2012 unas 360.000 casas sin habitar, a causa de la inseguridad. (Télam)

Fuente: Diario La Gaceta - Tucumán - Argentina