martes, 20 de septiembre de 2011

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA ARGENTINA

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sábado, 17 de septiembre de 2011

El apoyo del CELS


“Lo que quedó claro, a partir de las preguntas de los jueces, es que con la concesión de amparos (a personas que reclaman subsidios habitacionales) no hay una intromisión del Poder Judicial de la Ciudad en acciones de gobierno, sino para garantizar el derecho a la vivienda”, opinó Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante una consulta de Página/12. El especialista en el tema habitacional destacó la importancia de la audiencia pública como “una oportunidad para que la Corte fije un contenido sobre el derecho a la vivienda y un criterio sobre cómo debe actuar el Gobierno de la Ciudad en esa materia”.
“Las preguntas de los jueces fueron más allá del caso concreto, por lo que la resolución final podría comprender la situación de los más de 1200 casos que quedan pendientes”, subrayó Morales. Y comparó esta causa con la de contaminación del Riachuelo o la llamada Causa Verbitsky, sobre la situación en las cárceles.
Fuente: Página/12

El derecho a la vivienda, un debate supremo

El tribunal convocó a funcionarios porteños y a la demandante. El gobierno porteño defendió los límites a los subsidios, cuestionó los amparos y, pese a que subejecuta su propio presupuesto, aseguró que la Nación no aporta para vivienda.



Por Eduardo Videla
El gobierno de Mauricio Macri defendió ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, los límites temporarios que aplica a la asistencia habitacional a personas sin techo, cuestionó las medidas judiciales que lo obligan a mantener los subsidios al menos hasta que los afectados resuelvan su situación, volvió a quejarse por la “presión de demanda” que, en materia de vivienda, se ejerce en la Ciudad “por efecto de las migraciones”, tanto “de provincias” como “de extranjeros”, y cuestionó la falta de aportes a la Ciudad del Plan Federal de Vivienda, del gobierno nacional. Lo hizo en la audiencia convocada por el máximo tribunal para tratar uno de los 37 litigios que llegaron hasta allí para determinar cómo y durante cuánto tiempo el Estado debe asistir a las personas en situación de calle o a las que están en emergencia habitacional. La gestión PRO estuvo representada por la ministra de Desarrollo Social y vicejefe electa, María Eugenia Vidal, y el procurador, Ramiro Monner Sans.
Para la Corte, éste puede ser un caso testigo. Debe resolver casos similares, planteados por limitaciones para acceder al derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos que aportó la defensora adjunta de la Ciudad, Graciela Chiste, en la audiencia, hay otros 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. Un indicio de que el máximo tribunal, además de expedirse sobre el caso, podría establecer un criterio general, es el tenor de las preguntas a los funcionarios porteños. “¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó sin rodeos la jueza Elena Highton de Nolasco. La ministra Vidal admitió que era así.
La Corte eligió tal vez el caso más dramático, el que involucra a Sonia Quisbeth Castro, una inmigrante boliviana que vive en el país desde hace once años, y a su hijo de seis, que padece una discapacidad. Ella trabajó en un taller de costura hasta que nació el niño; su pareja no se hizo cargo y la mujer con su hijo quedaron en situación de calle. Estuvo alojada en hogares, paradores y hoteles, hasta que, por la aplicación del decreto 690/06 que fija un límite de diez meses para la asistencia, dejó de percibir un subsidio de 450 pesos, que tampoco le alcanzaba para pagar un hotel. Quedó literalmente en la calle, con su pequeño hijo que por entonces tenía dos años. El chico padece una encefalopatía congénita que le afecta la visión, la audición, la motricidad y, como consecuencia, toda su vida social.
Vivía en Brasil y Pichincha cuando recibió la asistencia legal de la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad. Con su patrocinio logró que la jueza Alejandra Petrella le ordenara al gobierno la renovación de la asistencia. La Ciudad apeló y la Cámara volvió a fallar a favor de Sonia. La gestión PRO, entonces, recurrió al Tribunal Superior de Justicia porteño que, esta vez sí, dictaminó a favor del Ejecutivo, afirmando que la asistencia habitacional no podía ser indefinida. Por esa razón, la Defensoría porteña presentó un recurso extraordinario ante la Corte, en virtud del cual se convocó a la audiencia pública de ayer.
La defensora adjunta, Graciela Chiste, tras hacer una reseña del caso de Sonia, cuestionó “la tergiversación que el Gobierno de la Ciudad hace del derecho a la vivienda cuando da respuestas mediante programas del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a atender contingencias”, como desalojos, que “no constituyen soluciones para personas en situación de pobreza estructural”, como en el caso de Sonia. Relató que el subsidio que recibía la mujer “era insuficiente para el pago de un hotel, ya que los hoteleros suelen subir las tarifas cuando los que concurren son familias con niños” y precisó que tras la demanda la Justicia fijó la suma en 1700 pesos mensuales, después de pedir tres presupuestos. Afirmó que Sonia no tiene posibilidades de tener un trabajo estable, ya que debe atender a su hijo en forma casi permanente. Este año acudió al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y presentó una solicitud pero le exigían un ingreso de 2000 pesos.
Luego expuso Julián Langevín, defensor oficial ante la Corte, en representación del niño. Contó que visitó el lugar donde vive Sonia con su hijo, “un cuarto de tres metros por tres, sin ventanas, con baño, pero sin cocina ni lugar para jugar. Ambos defensores reclamaron que Sonia y su hijo deben acceder a una vivienda digna. En su defecto, al menos, se le debe mantener el subsidio, con el monto actual, que le permita seguir viviendo bajo techo.
Cuando llegó el turno de los funcionarios porteños, Vidal habló de una “creciente demanda de vivienda” en la ciudad, que atribuyó a que “la población en villas creció en un 20 por ciento, mientras que en toda la ciudad el aumento fue de un 4 por ciento”. Agregó que de acuerdo con el último censo “el 30 por ciento de la población no es oriunda de la ciudad”, que “el 26 por ciento proviene de distintas provincias y el 10 por ciento son extranjeros”. Respecto del caso de Sonia, defendió el cumplimiento de los plazos de diez meses de subsidios, dijo que se le ofreció ir a un parador y que se le otorgó el crédito solicitado, aunque no aclaró sus términos.
Los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, efectuaron numerosas preguntas a la funcionaria: si el gobierno porteño equiparaba paradores con viviendas; cómo se compadece el aumento de la demanda de viviendas con la subejecución presupuestaria –en 2010 se gastó sólo el 44 por ciento del dinero previsto para el IVC– y si, ante los límites de los subsidios, a las familias necesitadas no les quedaba otra que judicializar el reclamo.
Vidal respondió que la vía de los amparos representaba “una enorme inequidad con quienes no acceden al sistema judicial”. Probablemente se haya sentido agobiada, ya que, tras contestar la pregunta, dio media vuelta y ya se iba cuando el presidente del tribunal le advirtió que el cuestionario seguía. Fue entonces cuando Lorenzetti deslizó: “Usted dice que no se debe judicializar, que hay bastante judicialización, pero esto indica que hay un problema, que la gente está insatisfecha” con el programa tal como funciona.
Vidal argumentó que la Ciudad es el único distrito del país con “oferta social más amplia” para personas sin techo, admitió que los programas sociales no son sólo de esta gestión sino de gobiernos anteriores, pero advirtió que su vigencia “genera mayor demanda” y reclamo que “el cumplimiento “del derecho (a la vivienda) sea compartido con otras jurisdicciones”, en especial alusión a la Nación. “Pero mientras no se ponen de acuerdo (Nación y Ciudad) hay una situación de inmediatez, la gente recurre a un juez porque no puede esperar”, concluyó el presidente de la Corte. Luego pasó a un cuarto intermedio. Según voceros del tribunal, los ministros no se tomarán demasiado tiempo para dar a conocer su resolución.

Fuente: Página 12

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Convocan a una audiencia que no tiene techo

EL PAIS: LA CORTE CITO A UN DEBATE PUBLICO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA DE UNA MUJER Y SU HIJO DE SEIS AñOS Y ENFERMO


En una decisión inédita, la Corte convocó a una audiencia pública para debatir sobre el derecho a la vivienda de una mujer boliviana y su hijo de 6 años, que se encuentran en situación de calle. El gobierno de Macri niega que la vivienda sea un derecho.


Por Irina Hauser


Sonia Yolanda Quisbeth Castro y su hijo de 6 años vivían en la calle. Ella es una madre sola, de nacionalidad boliviana. El nene padece una discapacidad causada por una encefalopatía crónica. Cuando consiguieron el subsidio para familias en situación de calle pudieron irse a vivir a una habitación, pero la ayuda sólo duraba diez cuotas (meses) de 450 pesos cada una, según un decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y después? Para esa pregunta no había respuesta. En 2008 estaban otra vez a la intemperie, en la intersección entre Pichincha y Brasil. Por eso Sonia, representada por la Defensoría Pública, pidió con un recurso de amparo que se le garantizara “el derecho a una vivienda adecuada”: ganó en primera y segunda instancia, pero todo se dio vuelta en el Superior Tribunal porteño. Su apelación finalmente llegó hasta la Corte Suprema, que, sorpresivamente, resolvió ayer convocar a una audiencia pública para el 15 de septiembre. Allí la Defensoría tendrá que explicar las razones del reclamo y el gobierno de Mauricio Macri deberá decir por qué sostiene que no hay un derecho irrestricto a la vivienda e invoca un límite presupuestario (a pesar de que subejecuta las partidas destinadas a resolver el problema habitacional). Pero la convocatoria, más allá del peliagudo debate, anuncia una decisión de los jueces supremos de intentar definir si, en definitiva, existe tal “derecho a la vivienda” y cómo se garantiza.

El defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, informó a Página/12 que hay cientos de demandas en trámite similares a la de Sonia. Cerca de cuarenta, señaló, ya están en la Corte. En su mayoría reclaman lo mismo: la garantía del derecho a una vivienda adecuada o, en el caso de que se los incorpore a un plan habitacional, que el subsidio permita efectivamente acceder a pagar el costo íntegro de un alojamiento. Y el reclamo judicial suele venir ante la falta de una respuesta política (o de política habitacional) que no se ciña a dar subsidios limitados en tiempo y montos, como sucede en la actualidad. O a ofrecer los “paradores” para pernoctar, que no admiten grupos familiares y algunos están denunciados por falta de condiciones mínimas de higiene. El reclamo de Sonia tiene el agravante de que su hijo es menor de edad y padece una enfermedad que requiere tratamiento específico. En el máximo tribunal admiten que, aunque se trate de un planteo individual, la solución judicial que le proporcione podría convertirse en “caso testigo” para todos los demás, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias y a nivel nacional.

La Corte suele convocar a audiencia pública cuando tiene un tema a estudio con implicancias políticas y/o sociales, como éste, y cuya discusión seguramente dará que hablar. El hecho de abrir el debate ante la sociedad pondrá al gobierno de Mauricio Macri en la situación de tener que sincerar una posición que hasta ahora viene traduciendo en decisiones como: haber gastado apenas el 19 por ciento del dinero destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad en el primer semestre de este año, o sea que la tendencia a la subejecución (el año pasado ejecutó 44 por ciento) no cambió ni después de las muertes en el Parque Indoamericano en diciembre; fomentar los desalojos y acompañar con frases tales como la que pronunció el propio Macri tras el desalojo en el Indoamericano, cuando culpó a “la inmigración descontrolada”.

A la audiencia del jueves de la semana próxima están convocados, a las 10 de la mañana, representantes de la Defensoría Pública (seguramente irá Graciela Christe, quien se ocupa del caso de Sonia y su hijo), funcionarios del Gobierno de la Ciudad y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El procurador porteño, Ramiro Monner Sans, le dijo a este diario que aún no tienen definido quién irá en nombre de la administración PRO. Consultado por su posición (ya plasmada en la causa), dijo: “Recién empezamos a analizar el caso; a veces quienes reclaman piden cifras no previstas en los subsidios, y a veces lo hacen porque ya cobraron la totalidad y se les terminó, si después de eso no hay otra respuesta u ofrecimiento es una decisión política”.

Sonia había conseguido que en primera instancia la jueza Alejandra Petrella le concediera una medida cautelar en la que disponía que a ella y su hijo se los debía incluir en “un programa de emergencia habitacional que asegurara la unidad del grupo familiar”, y luego ordenó al gobierno porteño que le diera “adecuada asistencia habitacional” mientras continuara su situación de calle, mediante los subsidios previstos por decreto o cualquier otro plan equivalente “que resguarde los fines habitacionales perseguidos”. La administración de Macri apeló: uno de los argumentos que utilizó es que no hay un derecho liso y llano a la vivienda y que existe un límite presupuestario que maneja el Poder Ejecutivo local sobre el cual la Justicia no puede opinar. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sí avanzó en el análisis del monto del subsidio y señaló que ante la “acreditada situación de vulnerabilidad” del grupo familiar, incluso las cuotas de 700 pesos (fijado por el decreto 960 del 2008, que a su vez añadió exigencias para recibirlos) “podrían resultar insuficientes”. Condenó entonces otra vez al Gobierno de la Ciudad a “proveer un subsidio que asegure a la parte actora un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad (...) hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de necesidad ha cesado”.

Después de ese fallo, Macri llevó el tema al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde encontró una respuesta favorable. El fallo no hizo más que remitirse a uno anterior, conocido como “Alba Quintana Pablo, c/GCBA”, con el que la Corte porteña sentó su jurisprudencia en la materia. En resumidas cuentas, dice que las normas que regulan la cuestión habitacional no brindan “un derecho inmediato e irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter parcial y temporario, sin que corresponda a los jueces asignarlos”. Aunque lo consideraron un asunto que excede la órbita judicial, dijeron de todos modos que los paradores que ofrece el gobierno porteño para pasar la noche constituyen una respuesta suficiente. El caso “Alba Quintana” es uno de los tantos que se encuentran en la Corte Suprema. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema en el que cuestionan los términos de la resolución del tribunal porteño.

“El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional”, dijo Diego Morales, del CELS, para explicar su planteo. “O se sostiene el subsidio mientras dura la emergencia habitacional o se planifican alternativas para cada grupo familiar, desde construir casas hasta promover créditos. Hay que buscar una salida definitiva pero hasta ahora no ha habido una política que piense en la solución a este problema”, advirtió.

La Defensoría y las ONG recibieron con elogios la decisión de la Corte de llamar a una audiencia pública. Luego, a sus señorías se les viene encima un debate de lo más complejo: definir los alcances del llamado derecho a la vivienda; qué pasa con quienes siguen en situación de calle cuando se les termina el subsidio (los excluidos del sistema); hasta qué punto la Justicia puede meterse con las políticas de un gobierno y sus prioridades presupuestarias; qué pasa –como en este caso– cuando hay un menor que para colmo padece una enfermedad y, un punto sensible, qué pasa cuando quien reclama es una ciudadana de otro país que vive en territorio argentino

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176250-2011-09-07.html