lunes, 27 de diciembre de 2010

Existen herramientas para crear ciudades más equitativas

La reconocida arquitecta brasileña dice que la normativa urbana funciona como una
máquina de segregar y que es necesario promover la democratización del uso del
suelo. Además, reflexiona sobre las herramientas que permitieron crear ciudades
más equitativas y efectúa una referencia al caso local.

En las grandes ciudades latinoamericanas una parte significativa de su población vive en asentamientos irregulares y en condiciones de precariedad. Sean “villas miseria”, “favelas”, “ranchos”, “ciudades perdidas” o “colonias populares”, constituyen una forma de construcción de ciudades excluida del mercado formal. Son “ciudades fuera de la ciudad”, como los denomina Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, especializada en planeamiento y gestión del suelo urbano.

A pesar de que la informalidad y la precariedad están presentes en la mayor parte de su red urbana, Brasil ha logrado sentar como antecedente la aplicación de herramientas que permiten crear ciudades más equitativas.

Ante el creciente proceso de segregación socio-espacial en las ciudades latinoamericanas, ¿cómo se regulan las demandas de suelo?

En todo territorio, las cualidades urbanísticas se acumulan tendencialmente sobre un sector restringido para consumo de una minoría de la población. Estas áreas “de mercado” están sustentadas por un vasto sistema de normas, de contratos y de leyes que son -casi siempre- una condición de acceso a la propiedad escriturada y registrada.

Son entonces los sectores beneficiarios de créditos quienes obtienen en Brasil el “habite-se”, que es un documento expedido por el municipio local que garantiza que la construcción cumple con las normas urbanísticas. Es decir que los terrenos que la ley permite urbanizar, así como las financiaciones que la política de crédito inmobiliario ofrece, están reservados al círculo restringido de quienes tienen recursos y la propiedad “formal” de la tierra.

De modo que gran parte de la población, en cambio, debe acceder a los mercados de tierra informales, a tierras relegadas de la legislación urbana y ambiental, o aquellas no aptas para construcción. Excluidos del marco legal y de los sistemas financieros formales, los asentamientos precarios fueron autoconstruidos por sus propios habitantes con los medios que encontraron a su disposición: con salarios bajos e insuficientes, sin acceso a recursos técnicos ni profesionales y en tierras relegadas por la normativa urbana y por el mercado inmobiliario formal.

Con esta exclusión creciente de una gran parte de la población, ¿qué tipo de ciudad se construye y qué oportunidades ofrece?

Así, en áreas frágiles o no pasibles de urbanización, como laderas empinadas o terrenos inundables, además de las vastas franjas de expansión periférica sobre zonas rurales, se va construyendo la “ciudad fuera de la ciudad”, desprovista de infraestructuras, de equipamientos y de servicios que caracterizan a la urbanidad. Ausentes de los mapas de catastro municipal y de los registros de las empresas de servicios públicos, estos asentamientos tienen una inserción ambigua en las ciudades en las cuales se localizan.

En este contexto, el modelo de territorialización de los pobres en las ciudades brasileñas ofrece una consolidación progresiva de sus asentamientos, eternamente incompletos y totalmente dependientes de la acción discrecional del gobierno, dado que no se encuadran en la semántica de las normas urbanísticas.

Al delimitar fronteras que separan lo legal de lo ilegal, la exclusión territorial se reproduce como expresión de las desigualdades sociales. Es decir que la población que está en situación más desfavorable termina teniendo mucho menos acceso a las oportunidades económicas y culturales que la ciudad ofrece. Asimismo, las oportunidades de crecimiento y desenvolvimiento circulan en el medio de los que ya viven mejor.

Desde esta perspectiva, ¿cuál es la experiencia brasileña en materia de normativa urbana tendiente a crear ciudades más equitativas?

A partir de la llamada “Agenda para la reforma urbana” -cuyos principales proponentes son movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y de investigación- en 1988 se incorporó a la Constitución Nacional un capítulo sobre Política Urbana, estructurado en torno a la noción de función social de la ciudad y de la propiedad, de reconocimiento de los derechos de posesión de millones de habitantes de las favelas y de las periferias de las ciudades del país, y de la participación ciudadana a los procesos decisorios sobre esta política.

En ese capítulo de la Constitución están contenidas las propuestas que buscan viabilizar nuevos instrumentos urbanísticos de control del uso y de la ocupación del suelo, para que se pueda -entre otras cosas- permitir el acceso a la tierra: una democratización del suelo urbano. Para cumplir con esos mandatos, surgió en 1990 un Proyecto de Ley tramitado en el Congreso durante más una década y que resultó finalmente en el “Estatuto de la Ciudad”. En esa línea, se creó en 2003 el Ministerio de las Ciudades con el propósito de darle mayor alcance a los esfuerzos que veníamos haciendo hacía más de 15 años.

Para impulsar una democratización del suelo urbano, ¿qué nuevos instrumentos urbanísticos propone el Estatuto de la Ciudad?

El Estatuto de la Ciudad incorporó tres tipos de instrumentos urbanísticos. En primer lugar están aquellos de ampliación de la gestión democrática de las ciudades, como el “Plan Director Municipal” de carácter participativo, redefinido como instrumento responsable de determinar los criterios para el cumplimiento de la función social de la ciudad. En este contexto, se fijó la obligatoriedad de elaborar planes en ciudades con más de 20 mil habitantes. El plazo se estableció hasta 2006: más de 1.500 ciudades brasileñas realizaron sus planes; y el desafío por el que ahora atraviesan es su implementación.

En un segundo plano, el Estatuto incorporó instrumentos de gestión social de la valorización del suelo urbano producida por la inversión pública, lo cual significa que los beneficios económicos que produce la inversión pública vuelven a la sociedad. Esto se materializa con instrumentos como la entrega onerosa del derecho de construir y con operaciones urbanas consorciadas.

Finalmente, un tercer tipo de instrumentos son de estímulo al cumplimiento de la función social de la ciudad, es decir de inclusión territorial y de garantía de acceso al suelo urbano para todos los ciudadanos. Se trata de instrumentos de creación de Zonas Especiales de Interés Social e impuestos progresivos sobre áreas vacantes ó subutilizadas. La idea fue incorporar instrumentos que permitan viabilizar una transformación, asumiendo que la ciudad es una construcción colectiva y que requiere de una acción coordinada.

¿Cómo se pueden aplicar esos instrumentos en Argentina?

Los instrumentos que propone el Estatuto para incorporar a los Planes Directores, más decir lo que se puede o no hacer, inducen estrategias de implementación. De modo que en todo contexto son susceptibles de aplicar, basta con establecer colectivamente mínimos acuerdos. Asimismo, debe destacarse que -como todo instrumento- no resulta ser operativo per se, sino que es un medio para materializar los lineamientos del plan y, por ende, requiere de un diseño en particular según los casos de aplicación.

En caso de Argentina, afortunadamente, existe un conjunto de organizaciones nucleadas que luchan desde 2005 por la Reforma Urbana, con el propósito que se apliquen políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna para toda la población. Así como ocurrió con la legislación brasileña, este grupo propone -entre otras cosas- regularizar los asentamientos informales y frenar los procesos de desalojos mediante políticas urbanas y herramientas participativas. Esta iniciativa ofrece, en tal sentido, un horizonte promisorio hacia una democratización del suelo urbano.

Raquel Rolnik... con sentido común

Arquitecta, especializada en planeamiento y gestión del suelo urbano. Es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, y Relatora Especial para el Derecho a la Vivienda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue directora de Planeamiento de la Ciudad de São Paulo, Secretaria Nacional de Programas Urbanos del Ministerio de las Ciudades y coordinadora de Urbanismo del Instituto Polis. Se desempeña asimismo como consultora de gobiernos locales, organismos no gubernamentales y agencias internacionales -tal como UNHábitat- en temas de política urbana y habitacional. Escribió numerosos artículos sobre planeamiento y gestión del suelo urbano, y es autora de “A Cidade e Lei” y “‘O que é Cidade”.

¿Derecho de propiedad vs. derecho de construcción?

En la legislación urbana brasileña, los instrumentos más novedosos separan el derecho de propiedad del derecho de construcción. Un ejemplo es que cada zona de la ciudad posee un “coeficiente” que establece la capacidad constructiva básica de un determinado suelo. Para poder construir con valores superiores a ese coeficiente, los particulares deben comprar “edificabilidad” al poder público según las reservas de suelo previstas por un Plan Director definido para cada zona, denominado “suelo creado”.

Los recursos originados por la venta pasan a formar parte de un fondo para futuras urbanizaciones, conforme a los proyectos estratégicos que el Plan prevé. Para acceder a ese “suelo creado”, en San Pablo se implantaron los “CEPACs”, que son certificados vendidos como acciones en el mercado financiero y que pueden ser transformados posteriormente en una mayor superficie edificable una parcela.

Estos “CEPACs” fueron lanzados para captar recursos y con ellos permitir la realización de obras. También, para evitar la densificación de ciertas áreas de la ciudad que se quieren preservar -ya sea su valor histórico o por su vulnerabilidad ambiental, por ejemplo-, los propietarios tienen la posibilidad de vender la diferencia entre el área realmente construida del inmueble preservado y el total de la capacidad edificatoria asignada por su coeficiente de aprovechamiento básico.

por el arq. Guillermo Tella con la colaboración de Alejandra Potocko

Acceso al suelo urbano

HONORABLE SENADO DE LA NACION

Jornada de propuestas y debate en el Senado de la Nación
Jueves 13 de Mayo de 2010 entre 9:00 y 17 hs.
Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1708, Salón Manuel Belgrano
Acceso al suelo urbano. Bases para una nueva normativa en favor del derecho a la vivienda y a la ciudad

El crecimiento de las villas, las ocupaciones de tierra y los nuevos asentamientos informales
que se producen cada año, ponen en evidencia las dificultades de una gran parte de la población
para acceder al suelo urbano y rural. Los desalojos compulsivos ordenados por la justicia, soslayando
el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna, y la declaración de emergencia habitacional
a la que están obligadas a recurrir numerosas provincias y municipios, para actuar o atender los
conflictos en sus jurisdicciones, son respuestas coyunturales originadas en una situación de crisis que
lleva décadas. Paradójicamente, la situación se agrava con el crecimiento de la economía y el alza
exponencial del precio del suelo, producto de la especulación inmobiliaria, lo cual pone en evidencia
la falta de instituciones y marcos normativos que permitan planificar el desarrollo y atender en forma
efectiva la demanda habitacional y de acceso al suelo de importantes sectores de la población.
Ante esta realidad, y en el marco del bicentenario de la Argentina, legisladores de diferentes
pertenencias políticas, organizaciones y redes sociales, junto a ONGs, instituciones académicas y
profesionales, nos hemos comprometido a trabajar en forma conjunta para impulsar una agenda de
trabajo que permita impulsar un nuevo marco legal, cuyo objetivo apunte a resolver en forma
efectiva el déficit habitacional y la demanda que por crecimiento de la población se genera cada año.
Entendemos que la planificación urbana, la regulación del uso del suelo, y la vigilancia de un
desempeño no especulativo de los mercado de tierras e inmuebles, debe ser complementario con la
política habitacional, por lo que se impone encontrar los mecanismos legales y económicos para que
el acceso al suelo urbano se convierta en un derecho para todos los que habitan la Argentina.

Objetivo Principal del Encuentro
Debatir y proponer, partiendo de la normativa vigente y de los proyectos de ley existentes en
el Congreso de la Nación, los contenidos necesarios para generar una legislación que incluya un
marco general de planificación urbana, de regulación del uso del suelo y de las condiciones de
desempeño de los mercados del suelo e inmuebles para que el acceso a la tierra y a la vivienda
puedan transformarse en derechos efectivos.


Objetivos Generales
• Instalar y difundir el debate de la problemática habitacional y de planificación urbana en el
conjunto de la sociedad, particularmente en los ámbitos de decisión política (poder
ejecutivo, legislativo y judicial).
• Promover la confluencia de actores sociales, políticos, religiosos y académicos en el ideal de
impulsar una política de Estado que permita atender las necesidades habitacionales de la
población.
• Generar debates que permitan construir una agenda de trabajo en común y aportes para una
nueva legislación.

PROGRAMA
9:00 Inscripción
9: 30 Apertura:
Puesta en común de los Objetivos y de la Dinámica del Encuentro, Presentación y saludo de los
legisladores presentes
10:00 hs.
PRIMER PANEL
El Derecho al suelo urbano, situación actual
10:00 Dra. Nora Clichevski (CONICET) “Marco histórico e institucional de políticas y normativas sobre
suelo urbano”.
10:20 Dr. Rolando Gialdino (Secretario de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de la Nación).
“Desalojos y Derechos Humanos”
10:40 Mg. Marcela Rodríguez docente de la UNC y miembro de SERVIPROH (Servicio de Promoción
Humana). “Acceso a la Ciudad de los Sectores populares: Conflictos, como se vulnera el derecho a la
ciudad”. Disertante en representación del Foro Córdoba de Instituciones de Promoción del
Desarrollo, de la Red Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo de Argentina y
del Movimiento de Reforma Urbana.
11:00 José Acuña (Dirigente social de la Ex AU3, integrante de la coordinadora de inquilino de Bs. As.)
“Las Políticas Habitacionales y los desalojos desde la visión de las organizaciones sociales”.
11:20 Debate
12:00
SEGUNDO PANEL
Propuestas Legislativas en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la Nación
Proyectos de ley en relación al ordenamiento territorial, la regulación del uso del suelo, instrumentos
de planificación urbana, emergencia habitacional y/o regularización dominial
12:00 Lic. Graciela Oporto. Subsecretaria de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación
Federal. Presentación de lo trabajado en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial en relación a la elaboración de un proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial.
12: 20 Diputada (MC) Silvia Augsburger. “Régimen del uso del suelo y ordenamiento territorial y
urbanístico, enmarcado en el principio de la función social de la propiedad”.
12: 40 Diputada Nélida Belous: “Aportes para una ley de Desarrollo Urbano Territorial en Argentinal”
13:00 Dr. Marcial Romero y Sr. Jorge Santucho (Asesores del Diputados Mariano West. “Creación del
Programa Nacional de Regularización Dominial”.
13:20 Debate
13:50 Refrigerio
14:30 hs.
TERCER PANEL
Experiencias Nacionales e Internacionales de Planificación Urbana y de Regulación del Uso del
Suelo
14:30 Arq. Raúl Fernández Wagner (UNGS‐Instituto del Conurbano): Legislación urbanística e
instrumentos de planificación. (Ejemplos de Brasil, Colombia y situación en Argentina)
14:50 Sr. Alberto Weretilneck Intendente de Cipolletti: Experiencia de desarrollo de suelo urbano
desde el nivel Municipal
15:10 Sr. Jorge Baracchia, Intendente de Trenque Lauquen: Experiencia de desarrollo urbano e
instrumentos de manejo del suelo en el nivel municipal.
15:30 Debate
16:00 Cierre
• Lectura del documento elaborado y firmado por organizaciones y redes sociales, ONGs,
profesionales y académicos sobre principios y objetivos a tener en cuenta para una nueva
legislación.
• Invitación a los participantes a conformar una mesa de trabajo para desarrollar e impulsar
los contenidos para una nueva legislación que asegure el derecho al suelo, a la vivienda y a
la ciudad.

CONVOCAN
Foro Córdoba de Instituciones de Promoción del Desarrollo
Movimiento de la Reforma Urbana
Red de Entidades No gubernamentales por el Desarrollo de la Argentina
FOTIVBA (Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) Asociación Civil
Madre Tierra, Fundación Vivienda y Comunidad, Secretaria de Enlace de Organizaciones Autogestionarias, Asociación Civil
San Cayetano, Asociación Sagrada Familia, Cooperativas de Vivienda.
Alianza Internacional de Habitantes
Instituto del Conurbano (UNGS): Arq. Raúl Fernández Wagner.
Legisladores Nacionales y Provinciales: Senadores Nacionales María Rosa Díaz (Tierra del Fuego), Eric Calcagno (P. de Bs.
As.), José Martínez (Tierra del Fuego), Daniel Filmus (Caba), Diputada Mandato Cumplido Silvia Augsburger (Santa Fe)
Diputados Nacionales, Nélida Belous (Tierra del Fuego), Eduardo Macaluse (P. de Bs. As.), Liliana Parada (C. de Bs. As.),
Verónica Benas (Santa Fe).
Laura García Tuñon, María América González, Tito Nenna, y Gabriela Alegre (Legisladores de la Ciudad de Bs.As.).

ADHIEREN
Senador Nacional Alfredo Martínez (Santa Cruz)
Diputada Provincial Nadia Fernández (Córdoba)
Legislador Provincial Osvaldo López (Tierra del Fuego)
Diputado Provincial Hugo Matcovich (Chaco)
Diputada de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires Alicia Sánchez –– Presidenta de la Comisión de Tierras
Foro Social Urbano de Ushuaia Tierra del Fuego
MOI‐CTA (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos)
SELVIP (Secretaría Latinoamericano de la Vivienda Popular)
HIC (Coalición Internacional de Habitantes)
Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional FAU UNLP
Programa Hábitat y Pobreza Urbana de América latina FADU‐UBA
CEMOP Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas
IHU Instituto de Hábitat Urbano del Consejo Profesional de Arquitectos
CTA‐Ushuaia y Rio Grande, Tierra del Fuego Secretaría Gremial
FEDEVI (Federación de Villas).
Federación Cooperativa Todos Juntos
Frente de Hoteles de Buenos Aires
Asamblea por la Recuperación del Barrio Ejército de los Andes
Diputado Nacional Juan Irrazabal (Misiones)
Legisladora Provincial Verónica De Maria (Tierra del Fuego)
CMP (Central de Movimientos Populares) Ushuaia
FIS (Frente de Integración Social) Ushuaia
Federación de Tierra y Vivienda (Luís Delia)
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo‐ América Latina (IIED‐AL)
Diputado Nacional Horario Alcuaz (Buenos Aires)
Cooperativa de Vivienda y Construcción "Luz de Luna" Ltda.
Cooperativa Cerro Ventana de San Carlos de Bariloche
Foro Permanente por el Derecho a una Vivienda Digna
Arquitecto Jaime Sorin / ex‐Decano FADU‐UBA / ex‐Vicerrector UBA / Prof. Asociado Arquitectura FADU‐UBA / Director
Programa de Investigación La Emergencia Habitacional en la C.A.Bs.As.
Asociación Civil La Minga
Asociación Civil UN TECHO para mi Hermano ‐ Rio Negro
Coordinación Provincial Barrios Y Hábitat – Ministerio Desarrollo Social TDF
Caritas Bahía Blanca
Instituto de Vivienda Social de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza
SEHAS – Servicio Habitacional y de Acción Social
Proyecto7 Gente en Situación de Calle

Se recibirán adhesiones hasta el día de la jornada.

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Economía  |  Lunes, 27 de diciembre de 2010
Temas de debate: El aporte económico de los inmigrantes

Con el pan bajo el brazo

La migración es un derecho humano y no debería evaluarse sólo en términos económicos, pero hasta con ese parámetro es positiva. Según diversos estudios, su aporte compensa cada peso que reciben en educación, salud y previsión social.

/fotos/20101227/notas/na10fo01.jpg

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar


Son necesarios

Por Nicolás Diner *

La migración es un derecho humano esencial e inalienable de las personas. Así lo establecen los pactos internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional, y la legislación nacional. Los procesos migratorios, por lo tanto, no deben analizarse desde una perspectiva utilitarista. Sin embargo, en vista a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad y del eco que han tenido en muchos discursos públicos –en los que se caracteriza a la inmigración como una plaga que depreda nuestros recursos, utiliza nuestros hospitales y escuelas sin dar nada a cambio–, y de que la reaparición de este tipo de argumentos xenófobos se fundamenta en cierta lógica económica del sentido común, es que resulta necesario reflexionar sobre algunos aspectos económicos de las migraciones.

En el mundo hay diversos estudios y ejemplos que demuestran que los migrantes no son una carga social para la Nación que los recibe. A modo de ejemplo, en Inglaterra (donde el impacto de las migraciones es mucho mayor que en la Argentina), un estudio producido en el año 2002 por la Home Office (oficina gubernamental encargada, entre otros temas, del control migratorio) demostró que por cada libra que un inmigrante recibe por parte del Estado a lo largo de su vida, ya sea en forma de atención médica, educación, servicios previsionales u otros, éste aporta entre 1,09 y 1,18 libra, según el criterio de cálculo que se utilice. En Australia, estudios realizados en 2008 por una consultora privada arrojaron resultados similares: el impacto fiscal producido por la inmigración en las arcas del Estado es positivo en miles de millones de dólares. En España, el plan de regularización migratoria, impulsado por Zapatero un lustro atrás, permitió equilibrar las cuentas de la seguridad social mediante la incorporación de nuevos aportantes al sistema.

En la Argentina, como en el mundo, los inmigrantes aportan su fuerza de trabajo y contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la sociedad que los recibe. A los inmigrantes que cuentan con trabajos formales se les practican descuentos impositivos y previsionales que representan más del 32 por ciento de sus salarios netos, a lo que se les debe adicionar los aportes a las obras sociales. Además, sobre la parte de sus ingresos que consume, el 21 por ciento se destina al pago de impuestos (IVA). Se suele utilizar el argumento de las remesas al exterior para instalar la idea de la depredación. Pero una sencilla cuenta derriba esta argumentación: supongamos que un migrante tiene gran habilidad para ahorrar y consigue destinar el 25 por ciento de sus ingresos para enviarlos a su familia en el exterior. En este caso, el aporte fiscal de ese migrante casi duplicaría el valor de las remesas.

Ahora bien, muchos migrantes trabajan en la informalidad y por lo tanto no realizan aportes a la seguridad social, pero sí tributan a partir de sus consumos. En estos casos, sin embargo, la informalidad no es –al menos en la gran mayoría de los casos– una ventaja económica para los migrantes, ya que las pérdidas que sufren en términos de jornada de trabajo, condiciones laborales y salarios son muchísimo mayores que los impuestos que dejan de tributar. En tal sentido, la informalidad es un costo que se les impone a los migrantes más que una alternativa que éstos puedan elegir. Una investigación reciente realizada sobre el sector de confección de prendas de vestir por el economista Ariel Lieutier muestra que los trabajadores, principalmente de origen boliviano, que se desempeñan en los talleres clandestinos, reciben un salario equivalente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil, y al 30 por ciento del salario básico de convenio de su sector. En este caso, si los trabajadores informales destinaran el 10 por ciento de sus bajos salarios como remesas al exterior, el aporte fiscal –por el IVA– seguiría siendo el doble que los envíos al exterior.

Finalmente, un sistema previsional sostenible en el mediano y largo plazo necesita de una relación razonable entre la cantidad de trabajadores activos y pasivos (jubilados y pensionados). En la Argentina actual, esta relación es baja y se ubica en el orden de 1 a 1,5 trabajador activo por cada pasivo. Con una población en proceso de envejecimiento, tasas de natalidad en baja y una suba en la expectativa de vida, harán falta cada vez más trabajadores para mantener el sistema previsional. Dadas las condiciones señaladas, éstos sólo podrán provenir de la inmigración. Sin perjuicio de todo esto, migrar es un derecho humano y no debería evaluarse sólo en términos económicos, tal como pretenden quienes, como Macri, sostienen un discurso antiinmigrante. Lo paradójico del caso es que ni siquiera la economía les da la razón.

* Licenciado en Administración (UBA), miembro del Departamento de Trabajo y Empleo de la SID - Capítulo Buenos Aires - www.sidbaires.org.ar


Una normativa ejemplar

Por Ernesto Mattos *

Las crisis económicas son expulsoras de fuerza de trabajo en cada rincón del globo. En Estados Unidos se decidió la construcción de un muro en la frontera con México para frenar a los millones de migrantes, aunque esa iniciativa no resolvió ninguna cuestión vinculada con las crisis de Internet y las hipotecas subprime. Cruzando el Atlántico, los fracasos de los objetivos de la estrategia de Lisboa (2000), que suponía una Unión Europea competitiva y desarrollada para 2010, se expresaron en la especulación financiera y la liberalización económica que terminó con diversas crisis en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España, amenazando con romper el respaldo del euro. Como respuesta a ello se propusieron ajustes estructurales y reducción del gasto social propuestos por el FMI. Arturo Jauretche nos diría: "Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero". Acompañando las crisis económicas en los países europeos, se aprobó en el Parlamento regional en 2008 la directiva "Retorno", como una solución conservadora a una crisis económica, la cual refiere al endurecimiento en el trato a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular dentro del territorio del macro–Estado europeo.

Esas políticas restrictivas a la movilidad humana son contra el migrante, sujeto que termina sin derechos y expulsado. Pero, en la mayoría de los casos, termina siendo fuerza de trabajo y contribuye al no envejecimiento de la sociedad europea. Este panorama internacional nos deja planteados tres ejes: la xenofobia, la persecución y la criminalización de la migración.

Las recientes manifestaciones xenofóbicas realizadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, sobre la "inmigración descontrolada", van a contrapelo de las normas vigentes en la Argentina, como la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en el año 2003 y reglamentada en 2010, que conceptualiza a la migración como un derecho humano y establece que "el Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social".

La normativa citada ha sido considerada como un ejemplo a nivel mundial y pionera en la región. El Estado argentino tuvo como objetivo (2003-2010): la transformación social mediante la aplicación de las políticas económicas necesarias para revitalizar una redistribución del ingreso; se implementó la Asignación Universal por Hijo, diversos subsidios para los sectores productivos generadores de empleo, subsidios que complementan los salarios de diversas familias que están aun en el sector informal; ampliación de la población en edad de jubilarse y la Ley de Microcrédito. Estas políticas económico-sociales se complementaron con la "regularización" de los migrantes que fueron llegando desde los países hermanos; regulación bajo el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria "Patria Grande": 423.697 fue la cantidad de personas inscriptas, se otorgaron 98.539 radicaciones permanentes, se dieron 126.385 radicaciones temporarias; y 187.759 de los inscriptos no completaron la documentación.

La mayoría de los radicados provienen del Paraguay (248.144), Bolivia (104.984) y Perú (47.455), según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. El 65 por ciento de estas personas tiene entre 18 y 40 años, o sea, son la fuerza de trabajo de la construcción, obreros textiles, servicio doméstico, niñeras, vendedores ambulantes. Pero no sólo el crecimiento económico y las políticas adoptadas por el Estado argentino han atraído a los hermanos latinoamericanos sino, también, a personas de los países centrales (Estados Unidos y Europa), que tras sus diversas crisis económicas (2001-2010) han expulsado fuerza de trabajo. Un dato importante es que los permisos de ingresos al país de forma temporaria para trabajar en diversas actividades nos arrojan lo siguiente: 5281 personas de Estados Unidos, 1275 personas de España y 1213 personas de Francia.

Mientras el mundo se sumerge en diversas crisis económicas, expulsa su fuerza de trabajo de sus países, la Argentina regulariza y asiste socialmente a las diversas personas que quieran habitar el suelo argentino para trabajar, no discriminando ni estigmatizando a las comunidades que en definitiva aportan cultural y productivamente al país. Para ir terminando, se nos caen estas palabras de don Arturo Jauretche: "Lo nacional no es lo xenófobo, lo nacional es lo universal visto por nosotros". La Gran Nación Latinoamericana, el Abya Yala, abierta al mundo en un contexto de cierre de fronteras.

* Investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

El país  |  Lunes, 27 de diciembre de 2010
Opinión

Las cosas se cuentan solas

Por Eduardo Aliverti

La estimulación y la profundización del clima convulsivo eran tan impresionantemente previsibles que el periodista llega a dudar acerca de si acaso no se escapó algún disparador en efecto sorpresivo, espontáneo, imprevisto.

Pero no. No hay caso. Desde la muerte de Kirchner, lo único que no se podía acertar era el momento exacto en que el cínico recato por el luto dejaría paso al relanzamiento de las maniobras de agitación. Nada más. La mesa (les) había quedado servida. Y no importarían las enseñanzas de la impresionante manifestación popular frente al muerto, ni las encuestas que revelan un crecimiento significativo del apoyo al Gobierno, ni el asentamiento del consumo y de los grandes números de la economía. No. En realidad al contrario, esos mismos indicadores serían usados para desmontar su carácter de presunta falacia una vez que estallara lo incontrastable de los hechos. En ese relato que encabezan los jefes mediáticos de la oposición, la economía presenta graves problemas barridos debajo de la alfombra; las deudas sociales, que vaya si las hay, terminan por explotar tarde o temprano, pero mejor si es más temprano que tarde; la masividad de la despedida a Kirchner no merece mayor reflexión que apuntarla como lo lógico del impacto producido por el deceso de un jefe político importante, y el pico de popularidad del Gobierno es un dato transitorio para el que se asocian la lástima despertada por Cristina viuda y aquel espejismo de la marcha económica. De manera que sólo cabía sentarse a esperar la "eclosión".

La excusa operada inicialmente se llamó Villa Soldati, siempre sin perder de vista que fue sobre la base cierta de penosas condiciones de vida relativas a problemas de vivienda como al acceso a la tierra. Este aspecto estructural, junto con la acción de punteros y facinerosos; el aprovechamiento de los instintos racistas más repugnantes que anidan en vastos sectores; y el concurso infantilista de algunos fragmentos radicalizados, resultó un combo apropiado para disparar "enrarecimiento" social e imagen de violencia concreta por fuera de los habituales parámetros del delito urbano. Apenas se lo piense un poco, una cosa así era, en verdad, lo único que podían tener a mano para horadar. Ellos mismos son conscientes de que, como elemento cautivante del electorado a conquistar, está completamente agotado, a corto y mediano plazo, el discurso de la baja calidad institucional; los modos autoritarios del oficialismo; la corrupción; el aislamiento internacional (???); la crispación generada por la retórica confrontadora. Incluso, no da más lo imperioso de ponerle coto a "la inseguridad" y la inflación, porque ninguno de sus candidatos, reales y potenciales, ofrece algo más o menos creíble a cambio de lo que hay. Se imponía entonces promover o aprovechar algún episodio que pudiera ser apreciado como ostensiblemente distinto del paisaje aburguesado de los avatares políticos. Algo que se saliera de un acostumbramiento que tenía al oficialismo como principal beneficiario.

Si se está de acuerdo con ese bosquejo no cuenta demasiado cuáles fueron los nombres específicos que desataron o usufructuaron Soldati, ni cuánto hubo de errores gubernamentales en la materia imprevisión. Importa cómo lo siguiente a Soldati responde con estrictez a lo que debería resolver, muy rápidamente, cualquiera que no viva en una burbuja atómica. Macri hablando de inmigración sin control, hasta con la ayuda de alguna ¿comunicadora? descerebrada que le agregó "de baja calidad". El Padrino, que reclama "poner orden". Los medios hegemónicos, que instituyen al área metropolitana de Buenos Aires como la Argentina entera. Sus ¿periodistas? sobresalidos, que le adjudican a este fin de año funestos presagios. Esa ¿izquierda? tan pelotuda, por ser modestos o condescendientes, capaz de insistir en ¿la creencia? de que todo sirve para continuar masturbándose con alguna una toma del Palacio de Invierno. Nada menos que Nilda Garré al comando de la Federal, y nada menos que policía desarmada ante manifestaciones de protesta como uno de sus primeros anuncios (y nada más, porque es una disposición que rige desde hace años). Los comunicadores ¿de qué? fingiendo no entender la distancia entre que los agentes porten fuego contra la delincuencia, y no tenerlo a disposición contra reproches callejeros. Y –al momento de escribirse estas líneas– la frutilla de Constitución, hasta el extremo de comerciantes y habitués de la terminal señalando que había gentes a la que, por ahí, nadie les vio la cara nunca. Si alguien deseara ser todavía más enrevesado, en una de ésas lo junta con que fue el mismo día en que dejaron libres al Fino Palacios y al amigo Ciro James. Y por las mismas horas en que los hijos adoptados de la Noble Ernestina se negaron a acatar la orden judicial para periciar su ADN. ¿Por qué no habría la licencia para elucubrar esa extravagancia, si cruzando la calle hay cagatintas que relacionaron los hechos de Constitución con la candidatura de Amado Boudou?

La pornografía de esta operación (de "prensa", porque al conjunto de la dirigencia opositora ni siquiera le da para obrar exclusivamente por las suyas) tiene el mismo volumen que la necesidad de interpretación oficial para no ver onanistas y cirujanos en cada muerto que se les cae del placard. Porque se lo hacen caer o porque se les cae solo, el kirchnerismo tiene el deber de no juzgar cada capítulo de sus desgracias, o problemas, o inconvenientes, como si fueran la última vez o el producto de inevitables ardides opositores. Aun cuando lo sean, como lo son, se apoyan en deudas constatables. La pobreza y la indigencia, el déficit espantoso de la vivienda, la crisis del sistema de transporte público, el aparato ya casi o en un todo ineficiente de los caudillos del conurbano bonaerense, y etcéteras, son cuestiones que ni se solucionan de la noche a la mañana (van solamente unos siete años de gestión, al fin y al cabo) ni deben ser entregadas, sin más ni más, al "con todo no puedo, y nadie podría".

Ahora que ellos descubrieron esta punta reforzada de articular pobres contra pobres, o de cazadores de oportunidades contra desamparados. Ahora que las porciones, de siempre, de la clase media, vuelven a refugiarse en su horrenda parcela de que no venga ningún bolita a amenazarlas. Ahora que la derecha provocó o encontró un piolín, circunstancial o no, para hacer el croquis de que podría haber una vida mejor si no nos gobernaran estos montoneros, o esta yegua que reparte subsidios entre estos negros de mierda. Ahora que se creen que hicieron la primera, ellos y sus troskos funcionales aunque quizás o seguramente nobles. Ellos y sus narradores de nacionalismo popular nunca sometidos a constancia de gestión, aunque (varios de) sus argumentos sean sólidos. Ahora es momento de demostrar que se está en actitud y aptitud para reforzar el marcaje de la cancha, desde una posición que no se pretende ni revolucionaria de pacotilla ni arrodillada ante los factores de poder.

Si llega a concordarse en que se trata de eso, hay espacio político para desear felicidades y esperar que se concreten.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Sociedad  |  Lunes, 27 de diciembre de 2010
Una investigadora explica la crisis habitacional de la pobreza

"Es un estado de desesperación"

María Cravino, antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, describe cómo las políticas de exclusión de Macri removieron miles de personas de inquilinatos y las expulsaron a las villas, de donde intentan escapar apropiándose de terrenos.

/fotos/20101227/notas/na16fo01.jpg
María Cristina Cravino sostiene que la inacción de décadas, agudizada con Macri, llevó a colapsar las villas.
Por Ailín Bullentini

"Estado de desesperación", una mezcla de exclusión, urgencia y despojo. Así describió María Cristina Cravino, antropóloga y titular de Infohábitat, el equipo de investigación del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la situación habitacional de los sectores pobres de la Ciudad de Buenos Aires, de la que las últimas tomas de predios y terrenos se convirtieron en su foto más actual. Sin embargo, ninguno de los funcionarios de la comuna, ni siquiera el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, reconoció, entre las razones que explicaron el fenómeno, la necesidad de esas personas a contar con una vivienda digna, sino que lo atribuyeron a una política nacional inmigratoria "descontrolada".

–¿En qué consiste el "estado de desesperación"?

–Es el callejón sin salida en el que se encuentran los sectores populares porteños producto de un Estado ausente. Más allá de que las tomas de terrenos puedan o no tener una intencionalidad política, la realidad es que las villas de la ciudad están colapsadas. Son el destino de las personas corridas por el proceso de desalojos de hoteles-pensión, inquilinatos y casas tomadas y por la desaparición de asentamientos como la villa Topo, la Hollywood o la Nylon, que el gobierno de Macri llevó adelante en la Ciudad. Así, el Estado provoca un movimiento de personas sin ofrecerles destino, más que subsidios simbólicos y ridículos en cuanto a su monto.

–¿En qué medida incidiría la inmigración en el crecimiento desmedido de las villas?

–Las estadísticas preliminares realizadas en la última década demuestran que la tasa de migración interna promedió el 5 por ciento y la de inmigración apenas el 2,5 por ciento. No existe una oleada masiva de inmigrantes, y, por el contrario, sí hay una falta de conocimiento de la política migratoria nacional, que no es hiperpermisiva y respeta los derechos humanos. Es cierto que hay mucha presencia de bolivianos, paraguayos y peruanos en las villas y barrios más pobres de la ciudad, pero eso no refleja más que el hecho de que los inmigrantes no tienen otra forma de acceso a la ciudad más que las villas o asentamientos porque, por más que tengan ingresos con los que cubrir un alquiler, nadie le alquila a un boliviano, un paraguayo, ni a un peruano. La dinámica del mercado los expulsa a los márgenes y el Estado no genera políticas que lo eviten.

–¿Cómo se relaciona ese estado desesperante con la decisión de tomar un predio?

–El crecimiento desmedido de la población en las villas provocó, principalmente, un deterioro gigantesco y constante de las condiciones de vida. Y, por lo menos, la mitad, no lo hace gratis. Son inquilinos, pagan hasta 500 pesos por mes, dependiendo de las casillas. Se trata de una situación doblemente precaria, por la pésima calidad de vida y porque si en algún momento llegan a verse impedidos de pagar, son expulsados. Esa gente, cuando ve una oportunidad de obtener tierra, ya sea por ocupación o porque alguien las ofrece por poco dinero, no va a dudar en embarcarse para dejar de ser inquilinos.

–¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en ese proceso?

–Toda. El Estado porteño expulsa a los pobres de la ciudad desde su inacción, desde su ausencia. Hay un problema de décadas de ineficiencia en el tratamiento de políticas habitacionales, sobre todo en el caso de la gestión PRO. No sólo el presupuesto es cada vez más bajo, sino que cada vez está más subejecutado. En las villas no se hace prácticamente nada por mejorar las condiciones de infraestructura de los barrios que no cuentan con redes de cloacas y tienen serios problemas de higiene, con los tendidos de agua y electricidad. Pero tampoco pasa nada con otras alternativas de vivienda popular, como lo son los proyectos cooperativos nacidos a partir de la Ley 341, que está desfinanciada. En la Ciudad no hay construcción de vivienda nueva. Entonces, la nueva tensión de los desalojados y la no contención de aquellos que están dispuestos a participar de un plan de vivienda autogestiva, como la 341, hace que no haya posibilidad para los sectores populares. Y las tomas son una válvula de escape que, cuando sucede, lo hace con mucha fuerza.

–¿En qué se equivoca la gestión PRO al atribuir la toma de Soldati –al igual que lo hace con la ocupación de casas– a la política inmigratoria y prácticas oportunistas?

–Está desconociendo la condición de pobreza de la gente que reclama tierras y las condiciones en las que la gente toma esas tierras. Hay que analizar lo que están dispuestos a hacer para conseguir un lote: soportar meses de intenso calor y de intenso frío a la intemperie, enfermedades, falta de baños, falta de agua. Algunos pierden sus trabajos por conseguir un lote. Oportunista es aquel que lucra vendiendo el lote, el que alquila muchas piezas. Existen grandes necesidades que no se pueden negar. Hacerlo significa no querer enfrentarse con el problema y no querer solucionarlo.

–El Ejecutivo niega que no se haya hecho nada por mejorar el déficit habitacional porteño.

–Lo único que hicieron en las villas fue pintar. Sólo muy pocas casas se han construido con los proyectos cooperativos. No hay voluntad política de diseñar políticas de suelo ni de fomentar las políticas alternativas existentes. La Ley 341 es una de las experiencias más interesantes en materia de hábitat del país y no está funcionando, no hay una política de vivienda transitoria, ni en créditos para cooperativas. El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) está vaciado tras la fragmentación de la política habitacional hacia Corporación Sur y las Unidades de Gestión e Intervención Social (UGIS). Las cooperativas de mantenimiento y limpieza de los barrios son manejadas de manera clientelar por parte de Espacio Público. Es mentira que en la Ciudad no existe suelo disponible. El parque industrial obsoleto, los cientos de inmuebles vacíos, muchos a nombre del Estado, pueden reciclarse con intervenciones, saneamiento ambiental y cambio de normativa en los casos que haga falta y convertirse en una solución para el déficit. Hay tierras que pueden expropiarse también. Urge muchísimo que el Estado intervenga.

–La generación del mercado informal de alquileres dentro de las villas, el manejo de los terrenos discrecionalmente por los punteros, ¿son consecuencias de la inacción del Estado?

–Sí. Se las dejó crecer a las villas porque el Estado consideró que no tenía nada para ofrecer. No es lo mismo urbanizar un barrio cuando es una incipiente toma, que hacerlo cuando tiene diez años de existencia. Cada año esto se complejiza más. Hay experiencias para imitar, como Villa Carlos Gardel y Villa Palito, en el conurbano. Lo que falta es voluntad política. En la Ciudad de Buenos Aires hay una coincidencia entre hábitat, educación, salud y espacio público: Macri aplica estrategias de exclusión a los pobres.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

domingo, 26 de diciembre de 2010

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Contratapa  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010

El argentimedio y su odio al otro

/fotos/20101226/notas/na36fo01.jpg
Por José Pablo Feinmann

Sé que la frase –elaborada esencialmente por filósofos– la otredad del Otro ha merecido algunas bromas. Pero no hay fórmula filosófica que no las merezca si alguien se propone hacerse el gracioso a su costa. No me río ni hago bromas sobre ese concepto que he enunciado: la otredad del Otro revela una condición trágica e insoluble de la condición humana. La otredad del Otro es aquello que establece al Otro en mis antípodas, que lo privilegia como objeto central de mi odio, que puede hacer de mí muchas cosas que no desearía ser. No ser un asesino, por ejemplo. Cuando la otredad del Otro llega a su extremo intolerable para aquel que lo considera su Otro, la más frecuente solución es matarlo. El odio con que muchos hablan de eso que hoy han establecido como el Otro lleva a preguntarse a qué extremo serían capaces de llegar. Sobre todo porque el Otro del que hablan no los afecta directamente. Ya sabemos que la Argentina se ha deslizado de un Otro a Otro y a Otro: el gauchaje federal, el malón, la inmigración, el cabecita negra, la guerrilla, los piqueteros, etc. Siempre se necesita otro. Alguien en quien depositar el odio. Hoy, el Otro es el inmigrante. No sólo aquí. La furia es generalizada. El muro que levanta Bush contra los mexicanos. Los musulmanes de Sarkozy. Los "indeseados" de Berlusconi. A comienzos de la década del '90, ya Samuel H. Huntington decía que los nuevos problemas serían el Islam y los inmigrantes no deseados.

El argentimedio (que es el argentino de clase media, aunque no es toda la clase media porque ésta no es un bloque homogéneo, aunque prevalezcan en ella valores escasamente ligados a la insolidaridad) es alguien que suele considerarse –así lo dice– el jamón del sandwich. Bien analizada, esta condición no debiera ser indeseable, ya que sin jamón no hay sandwich, ya que el que come un sandwich lo come más por el jamón que por el pan o por ambas cosas. Pero la expresión señala una incomodidad: estar en el medio, apretado entre dos cosas que están en dos extremos diferentes: una parte del sandwich y la otra. Una arriba, otra abajo. El jamón, en el medio, pareciera ser la víctima de su situación en el mundo. No está en ninguna de las dos partes y no sabe a cuál pertenece ni a cuál adherir, aunque quisiera estar arriba. El argentimedio no quiere estar donde está. Necesita algo que le dé importancia. Que haga de él algo distinto de lo que es. Sale de esta situación por medio de Otro a quien odiar. "¡Nos vienen a robar el país!" dice el argentimedio de los bolivianos, los paraguayos y los peruanos, a los que ha bautizado con nombres despectivos. Bolitas a los bolivianos, por dar un ejemplo. "¿A usted le ocuparon algún terreno?", se le pregunta. "No."

–Entonces, ¿por qué le vienen a robar el país?

–¿Cómo por qué? Porque nos vienen a sacar el trabajo.

–¿A usted le sacaron algún trabajo?

–No.

–¿Qué país le vienen a robar?

–¿Cómo qué país? Este, el mío.

–¿Usted cree que este país es suyo?

–Claro, yo soy argentino.

Lejos está de advertir el favor inmenso que le hace el inmigrante al que odia. De pronto, el argentimedio es propietario. Tiene un país. Un país codiciado. Si no, no vendrían a robárselo. De pronto, es poderoso. La Argentina es suya. El, que era un rata como cualquier rata que anda por ahí, que era un empleado con un jefe que le arruinaba la vida, con una mujer o un marido o una familia a la que apenas aguanta, o que anda en un tacho desde el que arroja todo su odio sobre el mundo en general, que escucha las radios de derecha, que ve la TV vómito, ahora, súbitamente, habla en nombre de algo que le pertenece: el país. ¿Quién se lo dio? El Otro. El boliviano. El boliviano le dio la Argentina que, sin él, jamás habría tenido. Ahora es poderoso. Es un terrateniente. O habla como uno. Dice las palabras que decía Cané en los círculos oligárquicos de principios del siglo pasado:

–Nos vienen a quitar lo nuestro. Quieren entrar en nuestros salones. Los argentinos cada vez somos menos.

Cualquier argentimedio puede decir durante estos días:

–Los argentinos cada vez somos menos.

¡Qué enorme favor le ha hecho la otredad del Otro! La otredad es todo aquello que hace que el Otro sea el Otro. El Otro es negro, es feo, es sucio, es extranjero, es un invasor. El, no. El es argentino. Con el solo hecho azaroso de haber nacido aquí le alcanza. No necesita hacer nada más. Es argentino. Y el bolita le ha permitido sentir que la Argentina es suya. Tanto lo necesita que –si no existiera–, tendría que inventarlo. Sartre, en su ensayo sobre la cuestión judía, dice que si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Lo mismo aquí: si el bolita no existiera, el argentimedio, el argentimedio(cre), el xenófobo, el racista, ese hombre pequeño que necesita odiar para existir, lo inventaría.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Deportes  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010
VILLA VEREDA, EL ASENTAMIENTO LINDERO AL PREDIO DEPORTIVO DEL CLUB ARGENTINOS JUNIORS

El Bicho canta sur, paredón y después

La entidad deportiva levantó una pared para proteger las nueve hectáreas que posee en el Bajo Flores, donde se entrenan y juegan las inferiores. El resultado no fue el deseado: un grupo de indigentes utilizó la medianera para levantar ahí sus precarias viviendas.

/fotos/20101226/notas/na26fo01.jpg
La ocupación de los predios deportivos que amenaza a los clubes porteños.
Por Gustavo Veiga

Si Argentinos Juniors tuviera su predio del Bajo Flores en Villa Fiorito, el muro que levantó para defenderse de los robos hubiera dejado del lado de afuera a pibes que, como Diego Maradona, soñaron alguna vez con jugar al fútbol. La decisión de levantar un paredón de 500 metros de largo para proteger esas 9 hectáreas tuvo un efecto no deseado. Cientos de indigentes lo utilizaron como medianera para levantar sus improvisadas viviendas de cartón y maderas. Incluso lo perforaron para colocar vigas con las que sostienen sus techos precarios. Al perímetro del complejo que lleva el nombre del ídolo, ahora le dicen Villa Vereda. La psicosis generada tras la toma del club Albariño se extendió a otras instituciones deportivas del sur porteño. "Tenemos el predio rodeado", se quejó el presidente Luis Segura, aunque se cuidó de expresar que está rodeado de pobres.

En esa zona descuidada de la ciudad y no en La Paternal, donde se arraigó en 1904, Argentinos inició los trámites para la compra de su anexo cuando era intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore. Y pese a que se atrasó de manera ostensible en los pagos, al punto de que generó una resolución en su contra de la Defensoría del Pueblo, nunca lo movieron de ahí. Ni siquiera cuando una asamblea de socios aprobó su venta a la cadena de hipermercados Wall Mart en 1998. El caso deja al descubierto cómo se concede el espacio público, cuáles son sus beneficiarios y las dificultades que impiden resolver la gravísima crisis habitacional.

El trámite de adquisición de las 13 hectáreas originales que se encuentran entre las calles Lafuente, Portela y las avenidas Riestra y Castañares, data de 1979. Gobernaba el club el suboficial del Ejército Próspero Cónsoli, lo secundaba como vicepresidente Segura y ambos se reportaban al genocida Carlos Suárez Mason, el titiritero detrás del poder formal. Con fondos de dos empresas estatales, YPF y Austral, el jefe del Primer Cuerpo en los peores años de la represión ilegal, había logrado retener a Maradona entre 1976 y 1980. Mucho menos podía costarle una gestión para obtener tierras en el Bajo Flores que, en aquella época, no estaba demasiado habitado. Lo curioso es que recién durante la intendencia de Carlos Grosso, ya en democracia, Argentinos se hizo del boleto de compra venta, con un precio fijado en australes, la moneda vigente. Pero recibió varias denuncias por no pagar lo que le correspondía. En 1998, un dictamen de la Procuración de la ciudad pidió la restitución del predio. La desaparecida Comisión Municipal de la Vivienda también lo reclamó "ante la necesidad de contar con tierras vacantes que posibiliten la puesta en marcha de distintos planes de viviendas". Esos que hoy casi no existen en la ciudad gobernada por Mauricio Macri.

Conclusión: aunque el club dio como parte de pago por los terrenos una vivienda que había sido su sede social, ubicada en Artigas 2262, y pese a que el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra regularizó la posesión del campo deportivo en 2004, la resolución 2081/06 de Atilio Alimena, defensor del Pueblo adjunto, resultó lapidaria para los intereses de Argentinos: "Hay que recordar que cumplir un contrato implica la plena y absoluta realización de lo convenido por las partes al contraer las obligaciones asumidas. Para esto es menester ajustar las conductas a lo realmente pactado. En este caso el incumplimiento contractual por parte de la citada asociación, sumado a la imposibilidad de disponer del predio por parte del Gobierno de la Ciudad, podría llevar a inferir que se hubiera ocasionado un perjuicio económico y social a los vecinos de la ciudad". El club sólo había abonado el 43 por ciento de la deuda. Pero el juicio por desalojo nunca se inició, aunque hubiera sido posible por la falta de pago de dos cuotas consecutivas.

Es necesario recordar estos antecedentes para saber de qué estamos hablando cuando la miseria se mimetiza en un muro levantado para ocultarla. Un muro que costó 100 mil pesos. El presidente Segura se queja de que lo rompieron todo. Su objetivo era evitar "apariciones furtivas", "robos menores" y "grandes molestias", como él explica. El dinero alcanzó para edificar un paredón, pero no alcanzaba para pagar las tierras que protege. Es más, en declaraciones recientes el dirigente sostuvo que "la plata de la televisión, que este año fue varias veces más de lo que veníamos cobrando, ya no alcanza". Sería conducente que desde el gobierno nacional se verifique a dónde van a parar esos fondos.

Los problemas en el muro empezaron el 27 de noviembre, unos cuantos días antes de que explotara la crisis habitacional en el Parque Indoamericano, con 13.333 personas ocupándolo, según un censo realizado en esa zona de Villa Soldati y Villa Lugano. En el complejo deportivo Diego Armando Maradona, donde se entrenan y juegan las divisiones inferiores de Argentinos, hay cinco canchas con riego por aspersión supervisadas por el célebre canchero Rubén "Lelo" García, seis vestuarios y lugar suficiente para que los jugadores juveniles descansen cuando practican en doble turno. La cancha principal, bautizada Campeones de América 1985, cuenta con una tribuna para 400 personas. Además, se construyeron una confitería y un gimnasio, bautizado Fabián "Fito" Castán, en honor a un recordado barrabrava del club fallecido en marzo de este año y que trabajó siete años como intendente del predio.

Segura admitió en una entrevista que le hizo Radio 10 que el paredón "fue el peor error que tuvimos", pero no por su significado medieval o porque se trató de una medida inocua para evitar la presencia de intrusos. Dijo que el error consistió en que "fue usado como espalda para las casillas que se instalaron después". No tuvo en cuenta el ingenio de los habitantes de Villa Vereda que ocupan el perímetro del campo de deportes sobre Portela y Riestra y un sector de Lafuente, donde se ubica la entrada. Pero sí se encargó, como buen vecino, de denunciar los robos de zapatillas a los pibes que juegan en las divisiones inferiores, como si eso no fuera moneda corriente en los alrededores de otros clubes, sobre todo los ubicados en el conurbano.

En la zona cercana a donde avanza a paso sostenido Villa Vereda, hay más instituciones que tienen sus campos de deportes: DAOM, Club Italiano, el Colegio Marianista, la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Centro de Suboficiales de la Policía Federal. El primero de los nombrados, según el diario La Nación, sufrió la toma momentánea de una de sus canchas de rugby por un grupo de ocupas que intentó lotearla. Argentinos Juniors descubrió ante sus puertas una problemática que sus dirigentes quisieron aislar con un muro. El remedio no dio resultado. Al contrario, hizo más grotesca la situación.

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Economía  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010
OPINION

Ocho al hilo

/fotos/20101226/notas/na14fo01.jpg
Por Alfredo Zaiat

La edición de mediados de noviembre pasado de Coyuntura y Desarrollo, publicación de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, comienza con una contundente sentencia del economista coreano Ha-Joon Chang: "El ejercicio de buenas políticas económicas no requiere de buenos economistas". Este mensaje tiene un componente eminentemente político que no reniega del aporte técnico de profesionales del saber económico. Sólo enfatiza la necesidad de la supremacía de la conducción del poder político sobre la labor de los economistas.

Esa dinámica que empezó a desarrollarse desde el 2003 incomoda hasta la exasperación a las corrientes conservadoras. Estas consideran que la economía tiene una única forma de ser entendida y que no es otra que la ortodoxa, más conocida como neoliberal. Por ese motivo no se permiten reconocer que una economía pueda crecer en forma sostenida sin seguir sus recetas, que, como se sabe, no han tenido buenos resultados para las mayorías. Esta notable carencia conceptual explica los reiterados errores de diagnósticos y pronósticos de sus economistas, elegidos por la cadena nacional de medios privados para difundir sus opiniones sobre la evolución de la economía argentina. También se les sumaron otros que en este año padecieron la pérdida de topos en el Ministerio de Economía que traficaban información confidencial. Todos, otra vez más, han fallado en sus estimaciones 2010, como se ilustra en la producción especial del suplemento económico Cash de esta edición del diario.

Es un caso con pocos antecedentes a nivel mundial: acumulan ocho años ininterrumpidos de vaticinios equivocados. Y van por su noveno con la evaluación de la economía 2011, en la que no pueden ocultar que registrará una variación positiva pero consideran que será sólo por factores externos. El reiterado concepto mediático "viento de cola" será el único motor del crecimiento argentino, afirman los gurúes de la city. Esta secta merece ser reconocida por un mérito sorprendente: pese a sus equivocaciones sucesivas siguen siendo figuras estelares de eventos corporativos y fuente de consulta de gran parte de los medios y del mundo empresario.

Domingo Cavallo y el ejecutivo del banco JP Morgan devenido en diputado nacional Alfonso Prat Gay aseguraban con una seguridad impactante que 2010 sería un año de estanflación: estancamiento más inflación. El crecimiento de casi 9 por ciento los ha dejado en ridículo. No fueron los únicos. Al mismo nivel se ha ubicado el ex presidente del Banco Central durante cinco años de administración kirchnerista, Martín Redrado, con sus pronósticos de catástrofes por la medida de pagar deuda pública con reservas. No pasó nada de lo que había estimado con escaso rigor técnico, sino que pese a las cancelaciones por unos 6500 millones de dólares, el stock total de reservas aumentó poco más de 4000 millones de dólares en el año.

El consenso es que el año próximo a comenzar será uno de crecimiento económico. Las razones de ese probable comportamiento para la mayoría de los economistas del establishment se encuentran exclusivamente en un contexto internacional muy favorable. Precios de las materias primas en niveles elevados con la soja como estrella, Brasil creciendo y un real apreciado y una economía mundial en recuperación. Todos son factores ajenos a decisiones de política doméstica. Ese rechazo visceral a comprender los motores internos del importante desempeño de la economía se debe a la resistencia de admitir la existencia de una conducción política en la definición de objetivos y de herramientas aplicadas al servicio de su cumplimiento. El economista rey, que definía lo que se podía y no se podía hacer en materia económica, quedó desplazado. Por ese motivo, además de un muy amigable escenario internacional, no admiten la posibilidad de que iniciativas de orden interno hayan podido amortiguar el shock externo del 2008-2009 ni que el crecimiento elevado durante tantos años sea parte de un esquema económico que no les pertenece.

"La viga central en que se apoya esta concepción acerca del 'arte de gobernar' pasa por haber dado vuelta al dogma establecido", se precisa en la mencionada publicación de la FIDE. Ese dogma sostenía que "el poder político debía estar al servicio de los economistas preferidos por el establishment local, con buena llegada al mundo de los negocios globalizados y en perpetuo vínculo con el FMI". Para agregar que "nada podía hacerse que inquietara a las corporaciones y a los financistas internacionales". Por eso, se señala en el documento de la Fundación presidida por Héctor Valle, lo decisivo en un gobierno era elegir un ministro de Economía que fuera miembro del selecto club integrado por los "confiables" para el poder económico. Ese orden fue alterado por el kirchnerismo y es lo que no toleran los gurúes. Estado de ánimo que lo expresan en pronósticos pesimistas sobre el nivel de actividad, deformando el estado de situación de la cuestión social y minimizando o hasta eliminando en sus análisis los lineamientos básicos del esquema macroeconómico que permitió un proceso de firme expansión.

Ese empecinamiento ha colaborado en el fortalecimiento del relato oficial, puesto que las reiteradas críticas de la ortodoxia apuntan a los núcleos más fuertes de la política económica kirchnerista. De ese modo se termina estancando el marco del debate debido a que el cuestionamiento del frente fiscal, por supuestos desbordes del gasto público, del monetario, por la obsesión sobre el ritmo de emisión de dinero, o del sector externo, por el crecimiento de las importaciones, quedan descolocados ante la implacable realidad de los números. Gran parte de la discusión pública queda encapsulada en aspectos que hoy no son centrales en el recorrido de la economía. Luego de la rápida recuperación e iniciado un sendero de fuerte crecimiento se requiere avanzar en una agenda de segunda etapa, frenada por las alucinaciones de la ortodoxia que terminan favoreciendo al gobierno debido a que le permite moverse con comodidad en el complejo terreno de la economía. La reforma de la ley de entidades financieras, avanzar en un régimen tributario más progresivo eliminando exenciones en el Impuesto a las Ganancias, diseñar una intervención pública más efectiva en mercados dominados por pocas empresas, discutir la orientación y calidad del gasto público, debatir el patrón de desarrollo industrial, profundizar las mejoras en la estructura del mercado laboral, seguir saldando deudas en el frente social, entre otras cuestiones cruciales, debería integrar una nueva agenda económica. Si se lograra ingresar en ese estadio de debate económico, los gurúes de la city con sus pronósticos fallidos, que los dejan año tras año en el ridículo, confirmarían que de ese lugar no se vuelve.

azaiat@pagina12.com.ar

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

El Movimiento Evita, de Stella Maris Córdoba, le recuerda a Alperovich que "Tucumán tuvo su propia Villa Soldati"

ACTUALIDAD

El Movimiento Evita, de Stella Maris Córdoba, le recuerda a Alperovich que "Tucumán tuvo su propia Villa Soldati"

12 de Diciembre de 2010 14:01 | Señalan que el gobernador rechaza planes de vivienda que no requieren erogación de la provincia.

El Movimiento Evita, liderado en la provincia por la diputada nacional kirchnerista Stella Maris Córdoba, emitó un comunicado, señalandoque "Tucumán vivió escenas similares a las que en estos días pusieron en evidencia problemas habitacionales en la Capital Federal. Y aunque afortunadamente no hubo que lamentar muertes en nuestra provincia, hubo violentas represiones contra quienes exigían un techo digno".

"En septiembre de 2009 unos 300 policías atacaron a vecinos de El Colmenar (av. William Cross 3300) que llevaban un año ocupando un terreno en conflicto judicial (el mismo día se expropió un edificio por $ 600.000 para construir cocheras para el Tribunal de Cuentas). En octubre pasado ocurrió algo similar en Cebil Redondo, donde cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas tras la represión policial. En abril, la policía provincial reprimió a vecinos de Villa 9 de Julio que pretendían ocupar un terreno impulsados por punteros de la zona."

"Estos episodios, como tantos otros producidos en los 12 últimos meses, desnudaron una situación que a pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional en desarrollar programas de viviendas, que el Gobierno Provincial ejecuta, el problema está lejos de resolverse."

"La situación podría ser mejor, o menos violenta, si se implementaran con fuerza y transparencia todos los programas nacionales (en la provincia de Buenos Aires las cooperativas del plan Argentina Trabaja construyen barrios, escuelas y centros asistenciales, por ejemplo), o si se aceptaran otros como el de la Fundación Madres de Plaza de Mayo."

El presidente de esta ONG, Sergio Schoklender, dijo 10-12-2010 en declaraciones a Radio Universidad de Tucumán, que el gobernador Alperovich rechazó la propuesta de construir casas sociales como esta organización hace en todo el país, "porque Tucumán no lo necesita" . Este programa no implicaba ninguna erogación extra para el Estado provincial, y hubiera generado más fuentes de trabajo entre quienes necesitan un techo digno.

"El problema habitacional, generado por años de ausencia estatal en todo el país, está empezando a resolverse. Falta mucho por hacer, y las herramientas están al alcance de las autoridades. Sólo hay que tomarlas y ponerlas a funcionar."

Así mismo, el Movimiento Evita - Tucumán, liderado por la diputada Stella Maris Córdoba, repudió las declaraciones xenófobas del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, las que sólo aportan más violencia a una situación de por sí difícil.

Firmaron el comunicado por el Movimiento Evita Tucumán Alfredo Abregú, concejal de Famaillá, y Nicolás Escasena, de la JP Evita.

[Pagina12WEB] Noticia enviada por barrios y escuelas

Economía  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010
LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES CRECIO DE MANERA EXPONENCIAL EN SIETE AÑOS

Todas las fichas al plan de viviendas

Desde 2003 hubo un aumento sistemático de edificación y mejoramiento de casas en todo el país. Con las obras en ejecución para 2011, serán 787 mil en ocho años, contra 629 mil de los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa. Elogios de la ONU por la urbanización de villas.

/fotos/20101226/notas/ww15fo01.jpg
Como el plan de viviendas es federal, el nivel de ejecución tiene una fuerte influencia de la eficacia de los gobiernos provinciales.
Por Roberto Navarro

Entre 2003 y 2010 la administración kirchnerista construyó 302 mil viviendas y hay 123 mil en ejecución, que se terminarán en 2011. También amplió y mejoró 251 mil viviendas y el año próximo finalizará la mejora de otras 124 mil. En total, el Plan Federal de Viviendas, implementado por José López desde la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación, brindará en ocho años 787 mil soluciones habitacionales en los 24 distritos del país, que beneficiarán a 3,9 millones de personas. Durante los seis años de gestión de Raúl Alfonsín se ejecutaron 165 mil soluciones habitacionales; Carlos Menem, en diez años, realizó 390 mil y Fernando de la Rúa, en dos años, 74 mil. Como el plan es federal el nivel de ejecución tiene una fuerte influencia de la eficacia de los gobiernos provinciales. La provincia que más viviendas terminó fue la de Buenos Aires: 56.800. En una de las provincias más pobres del país, el Chaco, se construyeron 14 mil y en Jujuy, 12 mil. El distrito que menos construyó fue la Ciudad de Buenos Aires, con 4220 viviendas. De esa cantidad, Mauricio Macri sólo ejecutó 892. Un dato que ayuda a comprender por qué la toma de tierras para reclamar viviendas comenzó y se da con mayor fuerza en el distrito porteño.

En 2003 el Estado nacional dispuso 67 millones de pesos de fondos específicos para vivienda, que se sumaron a los 548 millones del Fonavi; en el 2010 los fondos para programas federales superaron los 5000 millones de pesos, que se sumaron a los 1500 millones del Fonavi, que se transfirieron directamente a las jurisdicciones provinciales. Así, en siete años, el total del presupuesto aumentó más de un 1000 por ciento. Desde 1976 hasta 2003 el promedio de soluciones habitacionales fue de 22 mil anuales. En 2004 comenzó a subir y desde 2007 supera los 100 mil por año.

Además de dar respuesta al problema de casi cuatro millones de argentinos, la construcción de viviendas por parte del Estado genera empleo y dinamiza la economía. En promedio, entre construcción y ampliaciones y mejoras, se generan cinco puestos de trabajo por unidad. Es decir que en siete años se generaron 400 mil empleos. Desde 2003 el Indicador Sintético de la Construcción, elaborado por la cámara del sector, creció un 182 por ciento. La venta de cemento portland subió un 151 por ciento.

Los datos de construcción de viviendas por provincia muestran una desvinculación entre la cantidad realizada y el poder económico de los distritos. Tampoco hay relación con el color partidario. En la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40 por ciento de la población nacional, se terminaron 56.800 viviendas y hay otras 49 mil en avanzada ejecución; la segunda provincia en ejecución fue Misiones, una provincia pobre, gobernada por el radical Maurice Closs, con 18.239 viviendas. Le siguió Santa Fe, gobernada por el socialismo, con 17.768. Estos registros demuestran la falacia de las afirmaciones de Mauricio Macri cuando asegura que no pudo construir más viviendas porque el gobierno nacional apoya sólo a las provincias que adhieren al kirchnerismo. También resaltan provincias como Formosa, que terminó 10.668 viviendas, y Tucumán, con 10.056 ejecuciones.

Al finalizar la gestión Jorge Telerman, en el año 2007, el gobierno nacional había otorgado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad el Apto Técnico para que la Ciudad de Buenos Aires licitara un total de 7000 viviendas. La ciudad debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que invirtiera la Nación. Un arreglo similar al que se realiza con todas las provincias, con diferentes porcentajes según los precios de los terrenos. La gestión de Mauricio Macri decidió no realizar dichas licitaciones que ya habían sido acordadas entre Nación-Ciudad, trabando la posibilidad de implementar los Programas Federales dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Así, terminó ejecutando apenas 892 viviendas. El presupuesto destinado a ese rubro representaba el 4,3 por ciento del total del presupuesto de la ciudad en 2006; en 2010 es sólo el 2,3 por ciento. Por otra parte, la administración macrista casi duplicó los empleados del Instituto de la Vivienda de la ciudad. Así, el 70 por ciento del gasto se va en salarios. Por último, en 2010 sólo ejecutó el 21 por ciento del total presupuestado. Esto explica por qué construyó tan poco en tres años.

El presupuesto del Plan Federal de Viviendas subió todos los años desde 2003. En ese año fue de 699 millones de pesos; en 2005 ya había saltado a 3075 millones de pesos; en 2008 fue de 4931 millones y en 2010, de 6990 millones. La Secretaría de Obras Públicas le entrega a cada distrito 140 mil pesos por unidad. Los gobiernos provinciales aportan la diferencia, que varía fundamentalmente por el valor de los terrenos.

Los planes de vivienda que comenzaron en 2003 se fueron articulando de acuerdo a las prioridades y al aumento del presupuesto que derivó del incremento de la recaudación impositiva. Comenzó con el Programa Federal de Solidaridad Habitacional: en una primera etapa construyó 20.000 viviendas en el NEA-NOA y en una segunda etapa edificó viviendas para atender demandas específicas: rurales, para comunidades aborígenes, para atender catástrofes naturales y otras. Luego, el Programa Federal de Emergencia Habitacional, que construyó viviendas a través de cooperativas de trabajo, tendiendo al doble objetivo de mejorar el hábitat social de barrios humildes y crear trabajo, ya que el 50 por ciento de los miembros de la cooperativa eran beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Más tarde vinieron el Programa Federal de Construcción de Viviendas, de 120.000 unidades, el Programa Federal de Mejoras de Viviendas Mejor Vivir, con 140.000 mejoramientos y por último el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas: 300.000 unidades por etapas.

Dentro de las operatorias de vivienda se desarrollan planes de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en todo el país, en el que se destacan las acciones de urbanización de las villas y asentamientos ubicados en la Cuenca Matanza-Riachuelo, con un plan de obras en marcha para 17.771 familias. Estas obras trabajan sobre una población con alto riesgo ambiental y sanitario. La demostración de que la urbanización de villas es posible se confirma en el partido de Avellaneda, localidad en la que en 2003 existían 9 villas con más de 22 mil habitantes. En la actualidad queda sólo una con 2400 personas, que serán trasladas a un nuevo barrio que se terminará de construir en 2011.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el éxito en la implementación de los programas federales argentinos en el informe bianual "Estado de las ciudades del mundo 2010-2011", en el que se señala que "Argentina, Colombia y la República Dominicana son los países con mayor éxito de la región en urbanización de villas, ya que han sido capaces de reducir su proporción de habitantes de asentamientos en más de un tercio en los últimos años gracias a una mejoría en las viviendas y a un mejor acceso al abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento".

En 1980 existían 8,2 millones de viviendas para 25 millones de habitantes. En el censo recién realizado se registraron 14,4 millones de viviendas para 40 millones de personas. La relación se mantiene igual. El déficit estimado es de 1,8 millón de viviendas. Pero de ese total, el 80 por ciento se refiere a necesidades de ampliaciones y mejoras. En muchos casos se trata de familias que viven hacinadas en una habitación. Por eso el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas en ese tipo de soluciones habitacionales. El déficit puro de viviendas, según el último censo del Indec, es de 360 mil, una cantidad similar a la que construyó el Gobierno en los últimos siete años. El problema es que la distribución geográfica no es equilibrada. Por eso la importancia de un plan específico de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

robertodnavarro@gmail.com

© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

Redalyc: Informalidad y ocupación de tierras en C.A.B.A.

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica Redalyc

Procesos informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Villas o asentamientos? El caso del asentamiento Costanera Sur.
Los excluidos del sueño

 por Vanina Lekerman*

Este trabajo se centra en el análisis de las nuevas formas de organización del espacio y las políticas de planificación de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los procesos contemporáneos de transformación urbana. Particularmente, tendremos en cuenta los procesos informales de "ocupación" de terrenos por parte de sectores de la población de bajos recursos económicos. Este fenómeno comenzó a evidenciarse en la Ciudad de Buenos Aires más fuertemente a fines de la década del '90 y ha sido objeto de políticas estatales diferenciadas en relación con aquellos casos de ocupaciones irregulares consolidadas como son las llamadas villas de emergencia reconocidas por la administración municipal, y en las que se están ejecutando programas de regularización dominial y de urbanización. Por último, nos proponemos analizar un reciente espacio habitacional de la pobreza denominado "Villa Costanera Sur", que se emplaza en una zona de la ciudad que en los últimos años su entorno ha cobrado centralidad para los proyectos de renovación urbana.


ver el trabajo completo en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=180913913007
opción 2: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1809/180913913007.pdf

Villas y asentamientos P/12

El país  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010
OPINION

Villas y asentamientos

/fotos/20101226/notas/ww06fo01.jpg
Por José Natanson
Las primeras villas de emergencia nacen en los '50, como resultado del proceso de urbanización alentado por la sustitución de importaciones y el impulso industrializador del primer peronismo. Están pobladas, en general, por migrantes internos, la mayoría proveniente de zonas rurales, que buscan en las fábricas de las ciudades nuevas oportunidades de vida. Como su nombre lo indica, son sitios pensados como lugares transitorios, de emergencia. Y es lógico: para un chaqueño, un santiagueño o un correntino, la villa era la puerta de entrada a la ciudad, el lugar de paso al que debía resignarse unos años antes de poder acceder el terrenito para edificar una vivienda. En un país industrializado, que todavía se enorgullecía de la movilidad social ascendente y con un mercado de trabajo aún capaz de absorber a nuevos empleados (es decir, la Argentina anterior al colapso del modelo estadocéntrico), la villa funcionaba, al menos imaginariamente, como la escala hacia un lugar mejor.
Se ocupación, por lo tanto, no era planificada, sino el resultado de la agregación de decisiones individuales. Como explica Vanina Lekerman ("Procesos informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos Aires"), se trataba de personas, a lo sumo familias, casi siempre sin experiencia urbana previa, que se iban instalando en las villas al amparo de familiares o conocidos que ya vivían allí. Y como la forma urbana no siempre es resultado de la planificación de los urbanistas inspirados sino el saldo precario de los procesos socioeconómicos, las villas se configuraron en trazas irregulares e intrincadas, en donde el espacio se aprovechaba al máximo: pasillos estrechísimos entre casilla y casilla, construcciones precarias, hacinamiento. Hasta el día de hoy las villas sextuplican la densidad poblacional media en el área metropolitana. El objetivo no era crear un barrio sino encontrar un lugar donde vivir hasta conseguir algo mejor.
En los últimos 30 años, en el marco de una sociedad cada vez más fragmentada, con amplios sectores excluidos de los mercados de trabajo y una polarización social cada vez más marcada, el área metropolitana de Buenos Aires sufrió, al igual que otras grandes ciudades como Córdoba o Rosario, un proceso de dualización, entre un corredor norte rico y un sur pobre. En este contexto comenzó a surgir, a principios de los '80, un nuevo fenómeno: los asentamientos, la ocupación organizada de tierras que, tras el fin de la dictadura, se multiplicó rápidamente, en particular en la Capital y el conurbano. Los asentamientos son villas que se asumen como permanentes, con todo lo que esto implica en términos de imaginarios de sus habitantes, perspectivas de futuro y relación con el Estado. Constituyen, en palabras de Denis Merklen ("Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires"), una nueva forma de producción del hábitat.
A diferencia de la ocupación familiar de las villas, los asentamientos se realizan mediante una acción colectiva organizada, lo cual los emparienta con las experiencias de lucha por la tierra vigentes desde hace muchos años en países con una tradición de baja cohesión social y distribución regresiva del suelo (el caso del Movimiento Sin Tierra de Brasil es el más publicitado pero no el único).
Los asentamientos no son percibidos como una solución habitacional provisoria sino como algo permanente, lo que tiene amplias consecuencias en la forma de ocupación del suelo. Como el objetivo no es buscar un lugar de paso sino una residencia, se configuran en trazados urbanos amanzanados, regulares y planificados, imitando el damero característico de las calles de Buenos Aires, muchas veces previendo espacios libres para futuros emprendimientos comunitarios o públicos, como la sala de infantes, la canchita de fútbol o el comedor comunal. El objetivo es asimilarse al resto de la ciudad, normalizarse, sentirse un barrio más, con la paradójica consecuencia de que la ocupación ilegal de la tierra lleva a estrategias de organización que buscan cumplir las exigencias legales en términos de utilización del suelo, medidas de los lotes, etc.
Así, suele ocurrir que, luego de la ocupación, se busque algún tipo de legitimación por parte del Estado, y es muy común que los ocupantes de los asentamientos reclamen su derecho a convertirse en propietarios mediante la compra de las tierras. Como señalan María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan Ignacio Duarte ("Magnitud y crecimiento de villas y asentamientos en el Area Metroplitana de Buenos Aires en los últimos 25 años"), esto lleva a muchos de sus habitantes a rechazar el adjetivo "villero", al que asocian a condiciones de hacinamiento, promiscuidad y delito.
En todo caso, las ocupaciones urbanas informales avanzan. Hoy existen en el área metropolitana de Buenos Aires 819 villas y asentamientos que reúnen a más de un millón de personas (aunque podrían ser más debido a las dificultades para llegar a un dato fehaciente). En 1981, la población que vivía en villas y asentamientos representaba al 4,3 por ciento del total del conurbano, en 1991 al 5,2 por ciento, en 2001 al 6,8 y en 2006 ya llegaba al 10. El aumento es enorme si se tiene en cuenta que, entre 1981 y 2006, la población del conurbano se incrementó 35 por ciento, mientras que la que vive en tierras informales aumentó 220 por ciento. Entre 2001 y 2006, de cada 100 habitantes nuevos del conurbano, 60 se ubicaron en tierras informalmente ocupadas. Como es lógico, las villas prevalecen en la Capital y el primer cordón, mientras que los asentamientos, en general más nuevos, son más comunes en el segundo (todos datos de María Cristina Cravino, Juan Pablo del Río y Juan Ignacio Duarte).
Por supuesto, la tipología villas / asentamientos es –citemos a Weber–- ideal. Es posible encontrar todo tipo de situaciones intermedias, áreas que comienzan de un modo y se transforman, en un proceso muy dinámico y condicionado por miles de variables: la reconfiguración de la "ciudad formal", la creación de nuevos polos de prosperidad, el modelo socioeconómico, que puede revitalizar ciertas industrias (y por lo tanto ciertas zonas). Pero la tipología vale para el análisis: la villa como una respuesta familiar a los déficit de vivienda en el marco de un modelo todavía inclusivo, y los asentamientos como una reacción colectiva, que demuestran la capacidad de organización y de lucha de los sectores populares pero también su conciencia acerca de las carencias habitaciones como un problema permanente, como si supieran que no hay lugar para ellos en la ciudad.
© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados

Tierra en el ojo P/12

El país  |  Domingo, 26 de diciembre de 2010

Tierra en el ojo

Por Horacio Verbitsky
El jefe de gabinete con Angelini, Garay y Blanca Arce. De espaldas, Enzo Pagani.
Al cabo de tres semanas de conflicto, comienza a advertirse que el problema básico sobre el que se montan las operaciones políticas de desgaste no es el de la vivienda sino el del acceso a la tierra urbana. Nunca antes el Estado había construido tantas viviendas como en los últimos siete años. Sin embargo, esto no es suficiente, así como el crecimiento macroeconómico y la vertical reducción del desempleo no bastaron para acabar con el núcleo duro de la pobreza, que requiere de otro tipo de intervenciones. El mercado ha hecho la asignación menos eficiente de un bien escaso como el suelo. Los barrios cerrados ocupan el doble de la superficie que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero viven en ellos 15 veces menos de personas. El hecho es que en las villas de la Capital se ha agotado la tierra disponible y en las del Gran Buenos Aires escasea. Esto se observa tanto en las construcciones en altura, con edificios de hasta cinco pisos en Retiro, como en la especulación inmobiliaria, por la que los alquileres en esos asentamientos tienden a converger con los del resto de la ciudad, de modo que sus precios quedan fuera del alcance de muchos presupuestos. Este conocimiento debería servir para encontrar la solución. La investigación del juez federal Daniel Rafecas sobre la ocupación del Club Albariño avanza en esa dirección: tanto los detenidos como el prófugo forman parte de una organización especializada en la intrusión de terrenos para construir y alquilar. El primer detenido, Guillermo Ramón Ferreira, maneja un centro comunitario de Ciudad Oculta, a doscientos metros del Club Albariño, que de día presta servicios sociales y de noche se convierte en bailanta. Parte de su poder deriva de su trabajo como capataz de obras, por lo cual cada día decide quiénes ganarán un jornal. El segundo detenido, Reinaldo Silvero González, ya había encabezado otra toma de tierras en Ciudad Oculta, hace tres años. Además de usurpación deberá responder por lavado de dinero: cuando lo atraparon conducía una carísima camioneta doble cabina último modelo. Además de los setenta lotes para viviendas que esperaban obtener de la ocupación sus planes incluían la construcción de otro centro comunitario/bailanta. El prófugo, Regino Acevedo, cobró hasta 2008 del gobierno de la Ciudad y forma parte del Movimiento Social Metropolitano, rama villera del PRO. Esto le permite decidir sobre la asignación de las pocas viviendas que ha construido la Corporación Buenos Aires Sur durante la administración de Maurizio Macrì. El presidente de la Corporación es el dirigente duhaldista Humberto Schiavoni, quien fue jefe de gabinete de ministros durante el fugaz interinato presidencial de Ramón Puerta y hoy es jefe de campaña de Macrì. Otros de los dirigentes del MSM aparecen en las fotos de esta página en compañía del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, del legislador Enzo Pagani y del titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), Federico Angelini. Ellos son Adrián César Garay, de la Villa 1-11-14, del Bajo Flores, y Blanca Arce, quienes junto con el prófugo Acevedo forman parte del grupo que dirige Miguel Angel Rodríguez, a quien llaman "El Turco" o "El Comandante", quien explota todo tipo de negocios ilegales vinculados con el gobierno de la Ciudad desde los tiempos de Carlos Grosso. Ahora es el turno del PRO. Angelini es rosarino pero proviene del bussismo y llegó al macrismo a través del ex legislador tucumano Pablo Walter, asesor del ministro Esteban Bullrich. Las fotos fueron publicadas en su muro virtual por un asesor de Angelini, Sebastián Fernández Cerdeña. Rodríguez debió renunciar a un empleo formal en el área de Vivienda de la Ciudad cuando se reveló que había sido condenado a una pena de prisión por la venta ilegal de licencias de taxis. Pero siguió vinculado en forma menos ostensible, a través del legislador Pagani. La UGIS también paga trabajos de mantenimiento en las villas, que se asignan a las empresas que organizan o controlan esos punteros. El macrismo no sólo mantiene nexos con los ocupantes, sino también con los denominados vecinos de Lugano que reclaman la desocupación del club y que agredieron con bombas incendiarias, nafta y neumáticos a las fuerzas policiales que formaron un cerco para separar a ambos bandos. El presidente del Club Albariño es Jorge Sampedro, Corea, el histórico culata de la UOM que acompañaba a José Rucci en el último minuto de su vida. Su Unidad Básica está a pocos metros del club ocupado. Varios de los torturados a golpes en el Hotel Internacional de Ezeiza el 20 de junio de 1973 lo señalaron como el responsable, cargo que el ex boxeador Corea niega. Su hermano Alfredo Sampedro tiene una empresa constructora y su jefe político es el duhaldista Eduardo Rollano. En tiempos de Grosso, Alfredo Sampedro tuvo una pelea a cuchillo con un pariente de Julio Carlos Capella, el hombre de la fotografía que avanzaba armado sobre los ocupantes del Parque Indoamericano. Algunos dicen que el duelo ocurrió con su padre, Carlos Roberto Capella, empleado del Club Atlético Boca Juniors y del gobierno de la Ciudad, pero otros señalan que fue con su tío, Jorge Luis Capella, quien trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones en la misma sección que Victoria Giovenco, la hija del guardaespaldas de la UOM que murió en 1974 cuando le estalló un explosivo que intentaba colocar. También forma parte del grupo de Corea el ex legislador Carlos Elías, El Chapa. Su hijo, Chapita Elías, es uno de los responsables de la zona sur designado por el macrismo. Este entramado de relaciones políticas y personales es parte del universo de Lugano y Mataderos que responde a Cristian Ritondo, de privilegiada relación con la comisaría 48 de la Policía Federal, que ya padeció el relevo de dos sucesivos jefes. Ritondo es el heredero político de Miguel Ángel Tomanzano, si tal cosa puede decirse en serio. De ambos dependió Migraciones durante el interinato presidencial de Duhalde. Ritondo es legislador de PRO, pero asistió al lanzamiento de la campaña presidencial de Duhalde. Del acuerdo también participa el primo inteligente del jefe de gobierno, Jorge Macrì, el principal partidario de una alianza electoral. Esta semana tuvo un almuerzo público con la esposa de José Luis Barrionuevo para discutir en qué condiciones, dado que ambos jefes aspiran al mismo sitial. Junto con Pagani, Ritondo elaboró el proyecto de escrituración de tierras ocupadas en las villas que fue la señal de largada para las ocupaciones de diciembre.
© 2000-2010 www.pagina12.com.ar  |  República Argentina  |  Todos los Derechos Reservados